Ya desde julio de 2013 los mayoristas propietarios, las petroleras tradicionales ya sean gestores directos o indirectos, o con contratos de exclusividad de más del 30% de las gasolineras no pueden incrementar el número de sus estaciones de servicio ni firmar nuevos contratos de exclusividad, aunque sí pueden renovar los existentes incluso aunque eso signifique superar ese porcentaje. Pero para fomentar más la competencia, los populares vinculan ahora también los límites a las ventas, de modo que superar el 30% de ventas anuales en la provincia también impedirá hacerse con nuevas instalaciones, independientemente de que con ello no se aumente el número total de gasolineras.

El PP, cuyas enmiendas previsiblemente serán aprobadas, considera que es «más justo» establecer el peso de cada compañía en el mercado por volumen de venta. Su objetivo es evitar que los mayoristas reorganicen su red «deshaciéndose de instalaciones de su propiedad con menor negocio y adquiriendo otras con más actividad de manera que, sin incrementar el número de estaciones que controlan, puedan ampliar sustancialmente su cuota de mercado en aquellos ámbitos donde ya superan el 30%«. Además, el Ministerio publicará anualmente un listado de los mayoristas que superan dicho porcentaje, que podrá ser revisado por el Gobierno «a los tres años o cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo aconsejen».

A efectos del cálculo, el Gobierno considerará que son integrantes de la misma red las gasolineras en propiedad, tanto de explotación directa como de cesión a terceros por cualquier título, y las que tienen un contrato de suministro en exclusiva, así como cualquiera perteneciente al mismo grupo empresarial. En el caso de las Islas Baleares y las Canarias el cómputo se realizará de forma independiente para cada isla, al igual que en los casos de Ceuta y Melilla. El incumplimiento de estos límites o cualquier práctica de los mayoristas dirigida a determinar directa o indirectamente el precio de venta del combustible a las estaciones de servicio será considerado infracción grave.

Además, para favorecer la apertura de nuevas estaciones de servicio, se obligará a las comunidades autónomas a incluir en su registro de instalaciones de distribución al por menor todos los proyectos de apertura de nuevas estaciones y su estado de tramitación, y no sólo las que ya están funcionando. Para mejorar la supervisión sobre la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), el PP permite a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «condicionar» la metodología de las tarifas de acceso a las instalaciones de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos y establecer observaciones y recomendaciones para su mejora.

Por otra parte, las enmiendas del PP buscan «ahondar en la transparencia» en el sector de los combustibles, facultando a la Dirección General de Política Energética y Minas a solicitar «en todo momento» una copia de los contratos de suministro en exclusiva entre operadores al por mayor y estaciones de servicio, para «poder supervisar adecuadamente» el cumplimiento de estas limitaciones. Estas enmiendas fueron presentadas fuera del plazo previsto y para poder introducirlas será necesario un acuerdo por unanimidad de la Junta de Portavoces, circunstancia «normal y que sucede con cierta frecuencia» en el trámite parlamentario, según explicó el grupo popular.

Igualmente, se permitirá que las gasolineras que no pertenezcan a la red de su suministrador puedan informar del origen del combustible que venden, publicitando así al mayorista. Y se permite también que los distribuidores al por menor, tanto estaciones de servicio como empresas de venta directa, puedan vender carburantes a otras gasolineras, otra de las cuestiones que el PSOE ha puesto sobre la mesa en alguna ocasión. Según el PP, este cambio implicará que los distribuidores al por menor serán considerados «almacenes fiscales» para poder vender y comprar entre ellos sin tener que cumplir determinados requisitos, aunque sí estarán obligados a informar a la Agencia Tributaria (AEAT) de estas actividades.

En otra enmienda, se amplía la información que distribuidoras y operadores deben remitir a Industria en relación con los precios de los carburantes en sus estaciones de servicio, de modo que también incluya el volumen de venta para conseguir un «mejor seguimiento de las cuotas de mercado de cada operador» y poder «reportar los precios del venta al público de productos petrolíferos a la Comisión Europea a partir de medias ponderadas en función del volumen de venta de cada estación».

Nuevo operador único del gas

El proyecto de ley de reforma de la normativa de Hidrocarburos, de 1998, también crea el nuevo operador único del mercado organizado del gas, sobre el que el PP ha presentado únicamente una batería de enmiendas de carácter técnico junto con algunas precisiones en relación con el régimen retributivo. Así, si el texto original del Ejecutivo preveía que desde un principio fueran los comercializadores los que asumieran el coste de la retribución del operador del mercado, los populares han decidido que transitoriamente se considere un coste del sistema «hasta que se alcancen las condiciones de suficiente liquidez», al considerar que repartirlo en función del gas introducido en el sistema «supondría una asimetría» entre los operadores.

También se «reduce» el impacto de la inclusión durante el año 2015 de nuevos almacenamientos subterráneos en el régimen retributivo del sistema gasista, al fijarse que las cantidades devengadas entre la puesta en servicio provisional y el 31 de diciembre de 2014 se incluirán en la liquidación definitiva del pasado ejercicio. Los populares eliminan asimismo la obligación de reingresar a los sistemas eléctrico y gasista las cantidades que figuraban como fondos propios en su balance a 31 de diciembre de 2011, dado que se han «alterado» las razones que justificaban esta imposición al desaparecer la Comisión Nacional de la Energía (CNE), integrada en la CNMC.

Para facilitar la entrada de nuevos comercializadores de gas, se elimina la exigencia de una autorización administrativa previa a las empresas que no sean de la Unión Europea si ya cuenta con el permiso de algún país miembro, y se igualan las exigencias de existencias de seguridad de los nuevos operadores a las de los que ya operan en el mercado. Además, se aclara la obligación de las distribuidoras de gas de realizar las inspecciones obligatorias si el consumidor no ejerce su derecho a elegir libremente a otra compañía y se suprimen las pruebas sobre capacidad económica de los operadores.

También se revisa el régimen de infracciones, incluyendo por ejemplo entre las muy graves el incumplimiento de las limitaciones sobre participación en el accionariado del operador del mercado de gas; y se atribuye la capacidad sancionadora en función de la materia y el territorio y no del autorizador. El PP impone además el silencio administrativo negativo en los procedimientos relacionados con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos; y obliga a publicar en el BOE los actos administrativos y resoluciones.

Finalmente, se permite que el sistema eléctrico asuma los sobrecostes derivados de los cambios de combustible en las plantas de producción eléctrica no peninsulares que no se justifiquen por razones técnicas y a partir del 1 de enero próximo el pago por las obligaciones anuales de ahorro energético será trimestral, y no cuatrimestral. La semana pasada el titular de Industria, José Manuel Soria, abrió la puerta a limitar el peso de las petroleras al animar a los parlamentarios a plantear propuestas en este sentido durante el debate de enmiendas a la totalidad de la ley.

En una entrevista realizada durante la «Egypt Economic Development Conference» que se desarrolla en la ciudad egipcia de Sharm al Sheij, Soria dijo que el sistema para tarifar va a estar listo en los «próximos meses o semanas».

«Estamos pendientes únicamente de retoques, pero puramente legislativos, está preparado el procedimiento y efectivamente a partir de los próximos meses o semanas ya va a estar listo el sistema de tarificación», explicó.

La aplicación de este sistema, que permite al consumidor con un contador inteligente distribuir su consumo de electricidad según sus preferencias, estaba prevista a partir del 1 de abril.

Sobre esta fecha, Soria señaló que «hay ya muchos contadores inteligentes que están funcionando, no hay que esperar al mes de abril».

«Al mes de abril estamos esperando la aprobación de la nueva normativa para interconectar más de siete millones de contadores inteligentes, que ya han sido instalados por parte de las eléctricas, con las comercializadoras», añadió.

También insistió en que aunque hay de plazo hasta 2018 para que todos los consumidores cambien sus contadores de convencionales a inteligentes, «una vez aprobada la normativa ese proceso tenderá a acelerarse».

Nadal dice que la normativa estará «sobre abril»

Por otro lado, y sobre este mismo asunto, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, informó de que la legislación que regulará la facturación del consumo eléctrico hora a hora es «técnicamente muy complicada» y estará lista «sobre abril», aunque se dará a los operadores un plazo «máximo» de adaptación que no determinó. No obstante, los operadores que estén preparados antes, podrán aplicar la normativa sin problemas.

«Más que de nos otros, depende de que se pongan de acuerdo todos los grupos técnicos. La puesta en marcha será a partir de entonces», explicó Nadal durante la presentación en Madrid del proyecto Trans Adriatic Pipeline (TAP).

Respecto a la normativa que regulará la remuneración de la actividad eléctrica extrapeninsular, Nadal afirmó que ésta está ya «a puntito» y con la parte económica ya lista desde hace mucho tiempo.

«Los procedimientos son muy farragosos, hemos estado limpiando procedimientos para que sean los más sencillos posible, pero está ya para mandar al Consejo de Estado«, apuntó el secretario de Estado de Energía.

«Los estándares de renovables los fija Industria»

Volviendo a las declaraciones del ministro Soria, y preguntado por el recorte en las energías renovables y la reciente noticia de que su departamento no tuvo en cuenta los informes de dos consultoras internacionales, dijo que «los estándares los tiene que fijar el ministerio».

Comentó que aunque recaben asesoramiento, estos estándares no los fijan empresas externas, y agregó que también consultaron a los consumidores y a otros ministerios.

Sobre los informes, Soria afirmó que uno de ellos no fue aceptado porque «no cumplía las condiciones y en el otro se introdujeron modificaciones porque no se habían adaptado a lo que se pedía en el pliego de condiciones».

En cuanto a la evolución del precio de la luz, apuntó que componentes de la tarifa como impuestos y peajes son este año constantes, por lo que lo único que varía es el coste de la energía.

Este coste descendió durante el mes de enero y febrero y por tanto «el precio de la electricidad ha disminuido, pero no sabemos cómo evolucionará el resto del año», subrayó el titular de Industria, Energía y Turismo.

Reunión con el presidente de Egipto

Durante su viaje a Egipto, el ministro de Industria, Energía y Turismo, que estuvo acompañado por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, mantuvo un encuentro con el presidente de la República, Abdelfatah Al-Sisi, y reuniones bilaterales con varios ministros, así como con empresas españolas instaladas en este país.

El titular de Industria intervino en la sesión inaugural de la conferencia, que contó también con la presencia de Al-Sisi, así como de 22 jefes de Estado, primeros ministros y ministros de múltiples países.

El objetivo de la conferencia, que cuenta con la presencia de 20 empresas españolas, es presentar a la comunidad internacional el plan de estabilización y relanzamiento económico de Egipto, acordado con el FMI, y solicitar el apoyo y participación en el mismo de dicha comunidad y de las grandes empresas internacionales.

Asimismo, Industria destacó que el programa de estabilización y relanzamiento de la economía egipcia ofrecerá oportunidades de negocio a empresas de diferentes sectores como el de energía, infraestructuras, servicios o ingenierías.

Durante su reunión con Al-Sisi, Soria manifestó al presidente egipcio el apoyo del Gobierno español al proceso de transición política liderado por las autoridades del país. Además, el titular de Industria expresó «plena solidaridad» de España con Egipto en su lucha contra el terrorismo y su «firme compromiso con los países del sur del Mediterráneo.

Igualmente, Soria mantuvo encuentros bilaterales con algunos de sus homólogos egipcios, como el ministro del Petróleo y Recursos Mineros, Sherif Ismail Mohamed Ismail; el ministro de Transportes, Hany Sayed Mohamed Dahy; y el ministro de Turismo, Khaled Abbas Ramy. También se vio con el ministro de Industria y Comercio, Abdel Nour; al ministro de Inversiones, Ashraf Salman; al ministro de Electricidad y Energías Renovables, Mohamed Hamed Shaker; y a la ministra de Cooperación Internacional, Nagláa Anwar El Ahwani.

Por último, el ministro mantuvo un encuentro con varias empresas españolas presentes en el país y pertenecientes a los sectores energía, infraestructuras, servicios o ingenierías, con el fin de conocer de primera mano sus proyectos, intereses y necesidades.

Las enmiendas a la totalidad, presentadas por el Grupo Socialista, La Izquierda Plural, ERC y BNG, fueron rechazadas por 177 votos en contra, frente a 105 votos a favor y 12 abstenciones.

La devolución de la ley se justificaba por un modelo «caducado» y basado en los hidrocarburos en lugar de en las renovables, impulsar el fracking y no contemplar medidas para estimular la competencia en el sector energético o para proteger a los consumidores.

El portavoz de energía del PP, Guillermo Mariscal, criticó durante su intervención en el Pleno para el debate de la iniciativa la «mala utilización de las enmiendas a la totalidad» y defendió la normativa presentada por el Gobierno.

«Esta ley supone generar y crear las bases para una nueva geopolítica energética», argumentó, y se refirió a su potencial para reducir el coste de la importación de hidrocarburos. Además, la calificó como «el cierre» de las reformas energéticas que se han hecho contando con esfuerzo de familias y empresas españolas y el coraje del Ministerio.

Por su parte, el diputado del PSOE, José Segura, reprochó al Gobierno y al PP que no hayan aceptado las enmiendas del grupo Socialista a otras normativas energéticas («no hemos tenido ningún detalle de comprensión», señaló), al tiempo que apuntó que la ley abarca aspectos demasiado complejos y extensos para un sólo texto.

Segura estimó que en materia gasista la propuesta es «claramente insuficiente y carente de un enfoque integral», al tiempo que abogó por suspender los permisos de investigación de hidrocarburos en el mar Mediterráneo y en aguas internacionales cercanas a Canarias y todas las licencias de fracking en tanto no se disponga de informes concluyentes que descarten la existencia de riesgos ambientales.

Además, justificó el rechazo de su grupo por la necesidad de avanzar hacia una transición energética basada en la sostenibilidad económica, medioambiental y social que conduzca a un modelo de crecimiento bajo en carbono, que apueste por las renovables, que reduzca la dependencia energética y que favorezca el ahorro y la eficiencia.

Segura también lamentó la falta de confianza en los organismos reguladores, puesto que el Gobierno se olvidó de reforzar la independencia de la CNMC al no ampliar sus funciones y competencias.

Desde Izquierda Plural, Laia Ortiz, calificó el proyecto de ley como un nuevo «intento de del Gobierno para lavarse la cara» tras las «nefastas decisiones» que tomaron sobre la explotación de hidrocarburos y tachó de «obsceno» los impuestos a la producción de hidrocarburos al suponer «sobornos» para la «compra de voluntades en el territorio» con las que «vencer la resistencia a la explotación de hidrocarburos».

«Quieren convencer con dinero porque no tiene razones», dijo Ortiz, tras aseverar que el proyecto de ley es «climáticamente irresponsable» porque apuesta por consolidar un modelo «antiguo, ineficiente y dependiente» de los combustibles fósiles.

Por su parte, el diputado de CiU, Josep Sánchez i Llibre, apoyó la necesidad de actualizar la normativa de hidrocarburos, por lo que rechazará las enmiendas a la totalidad y presentará muchos cambios parciales para mejorarla, aunque abogó por dar más competencias a las comunidades autónomas en la materia.

Por su parte, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, también reconoció que hace falta una reforma de este tipo, aunque la formación magenta presentará muchas enmiendas parciales para introducir cambios. «No compartimos el clima político antihidrocarburos», dijo, tras recordar que España sigue necesitando mucho petróleo y mucho gas. Aún así, reconoció que habrían preferido un procedimiento «más serio y riguroso» sobre el tema del fracking.

En la misma línea, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, que tampoco presentó enmienda a la totalidad, dijo que votará en contra de las presentadas y dará cierto margen de maniobra al Gobierno para llegar a un acuerdo y mejorar el texto en el siguiente trámite.

En el grupo Mixto, Rosana Pérez (BNG) explicó que la enmienda de su grupo se debe a que el Gobierno persigue un único objetivo con este proyecto de ley: facilitar impulso del fracking y las prospecciones de gas y petróleo con el «claro interés» de beneficiar a intereses especulativos privados y calificó de «chantaje» los nuevos impuestos a los hidrocarburos, que se apoyan «en inversiones multimillonarias y creación de puestos de trabajo que raramente se materializan». Además, criticó que no se hayan incluido líneas para intervenir en el mercado de gasolinas ni en el oligopolio de las petroleras.

De la misma manera, Teresa Jordà (ERC) acusó al Gobierno de querer «comprar una oposición ciudadana» que se ha mostrado contraria a las prospecciones. «Es un chantaje barriobajero», aseveró.

Jordá denunció la «sordera absoluta» del Gobierno ante la realidad «climática» de España y la falta de respeto hacia la voluntad democrática al apostar por el fracking y plantear subvenciones a las comunidades que acepten este tipo de explotaciones. «El fracking no gusta», dijo, tras advertir de que la contestación social es cada vez más creciente y está cada vez más organizada.

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, y el de la Comisión de Industria CC-NC, Pedo Quevedo, denunciaron que el Gobierno siga apostando por las energías «sucias» y hundiendo a las renovables y el autoconsumo. «Aún no he conseguido leer ni una sola palabra a favor del fracking», dijo Quevedo. Por su parte, la portavoz adjunta de Industria de Amaiur, Maite Ariztegui, criticó que el Ejecutivo dé carta blanca a empresarios y gobiernos autonómicos «sin escrúpulos».

Continuará su tramitación parlamentaria

Tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad, las formaciones tendrán que presentar ahora las enmiendas parciales, que serán debatidas y votadas en la Comisión de Industria. Una vez incorporados los cambios, la ley será enviada al Senado para continuar con su tramitación.

En la Cámara Alta el proyecto volverá a enfrentarse al debate de vetos a la totalidad del texto y las enmiendas parciales. Si se incorpora algún cambio, la ley tendrá que volver al Congreso para recibir el visto bueno definitivo antes de que entre en vigor.

El proyecto de ley reconoce un nuevo tributo a las explotaciones y extracciones de petróleo y gas que servirá para compensar a las comunidades autónomas, ayuntamientos y titulares de los suelos donde se produzcan los hallazgos.

Según el Gobierno, este tributo a la exploración y explotación de hidrocarburos permitirá que una parte de los recursos revierta en las comunidades autónomas o entidades locales donde tengan lugar, y si es en el mar a la comunidad autónoma más próxima al lugar de las extracciones.

Un mercado secundario organizado del gas

El objetivo de la reforma, que modifica así la ley vigente desde 1998, es crear un mercado secundario organizado de gas natural, con entrega física, que permitirá obtener precios «más competitivos» y transparentes para consumidores, a la vez que fomenta la competencia y se combate el fraude en el sector.

Además, se posibilitará que cualquier instalador de gas natural habilitado pueda realizar la inspección de las instalaciones receptoras; y se fomenta la entrada de nuevos comercializadores mediante el reconocimiento mutuo de licencias para comercializar gas natural con terceros países con los que se establezca un acuerdo previo.

Respecto a las medidas tributarias en materia de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, la memoria económica del proyecto detalló la creación de un nuevo impuesto sobre el valor de la producción de hidrocarburos de manera que las rentas económicas derivadas de los yacimientos reviertan en la sociedad.

En esta línea, se fija una compensación a los propietarios de los terrenos situados sobre el yacimiento, del 1% del valor de la producción anual de los hidrocarburos mientras dure el periodo de concesión, y se modifican los cánones de superficie existentes, creándose otros nuevos por realizar sondeos y sísmicas.

En concreto, el Gobierno calculó que el nuevo Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados permitiría recaudar hasta 316,3 millones de euros al año, en las estimaciones más optimistas, que se quedarían en apenas 8,4 millones teniendo en cuenta las estimaciones conservadoras.

Por último, para incrementar la eficiencia en el sector de productos petrolíferos y combatir el fraude se establecen ciertas obligaciones de suministro a los comercializadores de gases licuados del petróleo (GLP). Igualmente, se introduce la posibilidad de inhabilitar temporalmente a los operadores de productos petrolíferos para actuar como tales durante la inspección de expedientes sancionadores relativos, entre otros, a fraude fiscal.

Según indicaron fuentes de Industria, «la intención» del Gobierno es que esta normativa «esté finalizada en abril», tras lo que «será necesario dar un periodo de adaptación a las compañías» porque se trata de un proceso que «técnicamente es muy complejo».

En la práctica, esto supone un retraso en la aplicación de la tarifa horaria, que según indicaba el ministro de Industria, José Manuel Soria, en diciembre del pasado año, estaba prevista para abril, una fecha que ya posponía la primera idea de ponerla en marcha en enero.

El pasado año, el Gobierno aprobó un cambio en la tarifa eléctrica, que pasó a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), para vincularla directamente al mercado mayorista con el objetivo de evitar los costes asociados a los intermediarios financieros.

Esto supone que el componente energético del recibo de la luz, que constituye algo más de un tercio del total, depende directamente del precio de cotización de la electricidad en el mercado mayorista en cada momento.

Este precio cambia cada hora en función de diversos factores, básicamente la demanda (se consume más a las diez de la noche que a las tres de la mañana, o un laborable que un festivo) y la oferta, ya que en momento de mucho viento o lluvia se dispara la producción renovable, lo que abarata los precios.

Así, los consumidores que dispongan de un contador inteligente podrán concentrar sus consumos cuando la energía es más barata y desplazarlo, en la medida de lo posible, cuando es más cara.

Para que esto sea posible, Industria tiene que aprobar un reglamento en el que desarrolle técnicamente la forma en que se trasferirá el precio horario mayorista al consumidor, una normativa que todavía está pendiente.

Una vez que se apruebe, será necesario dar un periodo transitorio para que las eléctricas adapten sus sistemas de tarificación a la nueva norma, que según los borradores conocidos hasta ahora será de unos dos meses.

Inicialmente, estaba previsto que la tarificación horaria estuviera en marcha -es decir, con la normativa aprobada y los sistemas adaptados- en enero de este año, una fecha que pospuso a abril y ahora se retrasa de nuevo.

En cualquier caso, sólo los consumidores acogidos al PVPC y con contadores inteligentes tendrán acceso a este sistema de tarifa, mientras que el resto continuará pagando conforme a unos parámetros o medias de consumo como se hace actualmente de manera transitoria.