Donoso reacciona de esta forma ante las intenciones de Industria de que la normativa entre en vigor antes de julio. Para Donoso, la posición de Industria «va en contra de todos los países del entorno», donde se está promoviendo el autoconsumo sin este tipo de peajes. En Portugal no es necesario pagarlo hasta un límite de potencia, mientras que en Francia no solo no se contempla su aplicación, sino que se estudian incentivos, según explicó Donoso. «Sigue sin haber diálogo con el sector» sobre este ámbito por parte del Gobierno, al tiempo que se aprecia una «voluntad inflexible en la paralización del autoconsumo, lo que supone una limitación a la libertad económica de los ciudadanos y de las empresas», señaló.

Por otro lado, UNEF explica que Murcia, Andalucía y Extremadura estudian o han aprobado medidas compensatorias para mitigar los efectos del «impuesto al Sol«. La propia asociación está celebrando encuentros en varias ciudades españolas para mostrar su posición de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Su principal pretensión es que se reduzcan a nivel autonómico los trámites administrativos al autoconsumo y se les apoye frente al Gobierno central. «Pedimos eso más que subvenciones, que no nos gustan», señaló Donoso.

En uno de estos encuentros, la Junta de Extremadura ya anunció medidas para simplificar los trámites para la legalización de autoconsumo y compensaciones económicas a los autoconsumidores si se aprueba el peaje de respaldo. Baleares ya simplificó los trámites para favorecer los proyectos en las islas, al tiempo que Murcia ha impulsado también una ley en la que apoya esta actividad reduciendo los costes administrativos y en la que no se cierra la puerta a una compensación para mitigar el efecto del peaje de respaldo.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado, Soria defendió que en el Gobierno «somos partidarios de que cualquier consumidor que desee instalarse» equipos de generación «pueda hacerlo».

Sin embargo, precisó que aquellos que instalen equipos conectados a la red para abastecerse cuando no tengan recursos tendrán que pagar un peaje.

«No se trata de un impuesto al sol», afirmó, sino «sentido común» porque de no abonar este peaje, el autoconsumidor «estaría siendo financiado por el resto de consumidores».

Los carburantes están «plenamente alineados»

Respecto a los precios de los carburantes, Soria sostuvo que la reducción de los precios de la gasolina y el gasóleo está «plenamente alineada» con la del resto de países europeos, y de hecho, «se han reducido más en España que en la Eurozona», debido fundamentalmente a que el nivel de fiscalidad es inferior al del resto de Europa y al desplome del crudo.

Así, apuntó que durante la segunda mitad de 2014 el abaratamiento de los carburantes en España fue superior al registrado en países como Francia, Inglaterra o Italia. «No obstante, el precio sin impuestos en España es ligeramente superior a la media de la eurozona, a causa de las diferencias en el coste de la logística y comercialización», añadió.

En este sentido, Soria valoró las medidas puestas en marcha por el Gobierno para fomentar la competencia en la distribución de carburantes y auguró que la nueva Ley de Hidrocarburos contribuirá a la bajada de precios, puesto que su papel es «velar por la traslación de la cotización» del crudo al precio de venta de manera «lo más rápida posible» y, «en caso de desajuste, tomar medidas para incrementar la competencia en el sector».

A este respecto, indicó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo han introducido un «incremento significativo» de apertura de nuevas estaciones de servicio independientes, con la apertura sólo en 2014 de unas 300 estaciones de servicio nuevas de las que más del 80% corresponden a distribuidores independientes.

Castor y ATC

En cuanto al almacén Castor, Soria aseguró que la solución adoptada por el Gobierno ha sido «equilibrada», con la extinción de la concesión de explotación del almacén subterráneo, la hibernación de las instalaciones y su asignación a Enagás, quien se encargará de las labores de mantenimiento y de realizar los estudios necesarios para adoptar una decisión definitiva que determine su futuro.

Soria indicó que la renuncia y el pago a Escal de la indemnización de 1.350 millones de euros no implica la extinción de la responsabilidad que esta y sus accionistas debieran, en su caso, afrontar por su gestión del proyecto y que sería exigida, si procede, una vez se dispongan de todos los elementos de juicio necesarios.

Además, subrayó que la solución financiera adoptada supone «una notable reducción de costes para el sistema gasista y para el consumidor por los menores costes financieros, el aumento del periodo de amortización y la drástica disminución de costes de operación y mantenimiento».

Sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca), el ministro precisó que hasta la fecha el Consejo de Seguridad nuclear (CSN) no ha manifestado «en ningún momento» a Industria que el emplazamiento elegido «no sea válido» para la construcción de la instalación.

Un sector de la minería «competitivo»

Por último, en cuanto al plan de cierre para el carbón, Soria lamentó que «a ojos de la Comisión Europea es un plan de cierre irrevocable» y señaló que el pasado mes de diciembre finalizó la vigencia del real decreto que regula las restricciones y que diciembre de 2018, es la fecha límite para dar las ayudas al carbón y en enero de 2019 tiene que funcionar exclusivamente aquella minería que sea competitiva que no hayan recibido ayudas.

Así, aseguró que «el objetivo final» es que exista a partir de 2018 un sector de la minería energética en España «competitivo y que pueda seguir operando sin ayudas públicas», como establece la Unión Europea.

A este respecto, se refirió a la reciente reunión de la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras, en la que se analizó la propuesta de un nuevo incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en desnitrificación de instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono, «lo que constituye un incentivo a su consumo».

En un acto para hablar sobre reindustrialización y que se celebró en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, Soria recordó que lo importante es «poder revertir la tendencia persistente» al aumento del coste de la electricidad. «Cada vez que pagamos la factura de la luz, pagamos no sólo el precio de la energía, también impuestos y los peajes necesarios para tener la electricidad», añadió.

Asimismo, al ser preguntado por las diez demandas de arbitraje interpuestas por los recortes a las renovables en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, con sede en Washington, el ministro de Industria defendió que todas las medidas incluidas en el conjunto de reales decretos, órdenes ministeriales y leyes de los últimos tres años en relación al sector de la energía, y en concreto a los incentivos de las renovables, se ha realizado «en base a la doctrina del Tribunal Supremo de España».

Soria apuntó que ante «la recesión de nuestras vidas» y el cierre de empresas y la tasa de paro «no es posible» garantizar una rentabilidad del 15% «ocurra lo que ocurra», si bien en la actualidad se ha fijado una rentabilidad «razonable» del 7,5%.

El ministro defendió el recorte a las renovables ante la necesidad de reducir los gastos del sistema eléctrico y conseguir poner fin al déficit de tarifa, sobre el que puntualizó que el relativo a 2014 habrá presentado «un pequeño déficit o un pequeño superávit».

Por otro lado, reconoció que el fracking es la gran revolución energética de los últimos años. «Las extracciones en Estados Unidos están cambiando las políticas energéticas no sólo allí, sino en el resto del mundo. La caída del petróleo se debe, en parte, a este hecho que, además, genera puestos de trabajo y ha permitido reducir el precio del gas tres veces por debajo del europeo», dijo.

Política industrial

Respecto a la industria, Soria señaló que el principal objetivo del Gobierno desde el inicio de la legislatura ha sido aumentar su peso respecto al PIB, ya que «de lo contrario, por bien que vaya la evolución en servicios y el sector turístico, no seremos capaces de disminuir las tasas de paro a niveles razonablemente admisibles».

El ministro explicó la importancia de la contención del déficit y de las reformas estructurales para «reindustrializar» España, así como en una política «activa basada en dar apoyo a sectores que tengan un efecto tractor sobre el resto de la economía, como el aeroespacial, el naval, la automoción o las telecomunicaciones», por su efecto tractor.

Así, defendió la batería de reformas puestas en marcha por el Gobierno para la reindustrialización, «que están dirigidas a responder a la falta de oportunidades para los jóvenes españoles», así como para «disminuir el empleo y frenar la fuga de talentos».

Estos datos aparecen en las previsiones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo recogidas en los informes de seguimiento del sector elaborados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Estos recortes, sumados al incipiente aumento de la demanda, permitieron a Industria aplacar el déficit de tarifa, cuyo importe imprevisto en 2014, y a falta de la última de las 14 liquidaciones del ejercicio, asciende a 170 millones de euros. En enero de este año, la desviación con respecto al equilibrio presupuestario apenas alcanza los 2,5 millones de euros.

Para el ejercicio 2014, los informes de la CNMC pronosticaron unos costes eléctricos por valor de 18.975 millones de euros, lo que supone un recorte de 2.081 millones de euros, o del 9,9%, con respecto a los 21.057 millones de euros registrados en el ejercicio anterior.

Para 2015, los costes del sistema, conforme la previsión publicada por el regulador en la primera liquidación de este año, se situarán en 18.421 millones de euros, esto es, 554 millones menos que en 2014 y 2.636 millones menos que el nivel de partida de 2013.

En 2014, el principal recorte fue el de los incentivos al anteriormente conocido como régimen especial, esto es, renovables, cogeneración y residuos, que descendieron un 22%, hasta 7.630 millones de euros. Esta partida disminuirá de nuevo este año, hasta situarse en 6.980 millones de euros.

Mientras, y pese a los recortes también aplicados, el coste total del transporte de electricidad habrá aumentado un 4,8% en 2014, hasta 1.673 millones de euros, y subirá en 2015, hasta situarse en 1.712 millones de euros.

La partida de distribución habrá registrado en 2014 un descenso del 1,6%, hasta 4.986 millones de euros, pero volverá a ascender ligeramente en 2015, hasta 5.041 millones de euros, una cifra muy similar a la de 2013.

Otro coste del sistema es el correspondiente al mecanismo de interrumpibilidad, que pasó de 748 millones de euros a 550 millones de euros en 2014, y que en 2015 quedará fuera de la contabilidad de costes regulados, después de que Industria decidiese trasladar esta partida a la parte de costes de mercado del sistema eléctrico.

Otra partida que desaparece este año de los costes regulados es la moratoria nuclear, cuyo importe rondó los 66 millones de euros en 2014 y habrá quedado completamente amortizada en 2015.

Durante su intervención ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, Soria dejó claro que el Gobierno «es partidario del autoconsumo», pero siempre y cuando el autoconsumidor financie las redes y detalló que no pagará por la energía que produzca, pero sí por los costes de respaldo del sistema y por los peajes si usa las redes.

De este modo, tal y como estaba previsto, la regulación de esta actividad incluirá un recargo para los autoconsumidores que estén conectados a la red, con el objetivo de que contribuyan a sufragar las infraestructuras y servicios de los que disfrutan.

«Si ese autoconsumidor se engancha a la red que está financiada por todos los consumidores es lógico, normal y justo que el autoconsumidor también contribuya«, dijo.

El titular de Industria señaló que el autoconsumidor debe pagar por esos costes correspondientes al respaldo del sistema y por el peaje «si usa o piensa usar las redes», ya que si no contribuye serían el resto de consumidores «los que verían incrementada la factura de la luz para ello».

Asimismo, reiteró que los titulares de instalaciones aisladas, es decir, las que no están conectadas a la red, no tendrán que pagar este peaje.

Por otra parte, Soria consideró «más que razonable» el hecho de que se haya modificado la ponderación entre parte fija y variable de la parte regulada de la factura eléctrica, con el objetivo de favorecer a los mayores consumidores, que a su juicio son familias con hijos y las primeras viviendas.

«Esta reponderación no supone un incremento en la factura», defendió, sino «una transferencia de consumidores a favor de aquellos que más consumen», que se realizó de forma progresiva «en las últimas órdenes de peaje», frente a las segundas viviendas y viviendas vacías, beneficiadas con la situación anterior.

Las subastas disminuyen el coste de la interrumpibilidad

En relación a la interrumpibilidad, es decir, los pagos a industrias electrointensivas por desconectarse del sistema cuando este lo necesita, Soria apuntó que ya se trabaja en una regulación para este año, «que se basará en principios competitivos».

En 2014, por primera vez el servicio de interrumpibilidad se adjudicó mediante subasta, lo que generó cierta polémica cuando algunas grandes industrias que tradicionalmente habían disfrutado de esta retribución no lograron entrar en la primera fase de la puja.

Soria destacó que las industrias electrointensivas «se han visto beneficiadas» por las nuevas subastas que, «además de ser más equitativas, han permitido disminuir el coste de este servicio para el conjunto del sistema eléctrico». Por ello, defendió su importancia y aseguró que, cuanto menor sea el coste por este servicio, puede producirse incluso una situación de «superávit en el sistema».

No consta «ninguna irregularidad» sobre el ATC

Asimismo, el ministro señaló que, en base a la documentación presentada por Enresa, a Industria no le consta «ninguna irregularidad» en relación al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).

Respecto a la petición de información adicional por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a Enresa, Soria apuntó que en todo proceso de licenciamiento es «habitual» que este organismo requiera a los licenciatarios «información adicional o aclaraciones».

En esta línea, recalcó que «no estamos hablando de ningún tipo de petición excepcional», y avanzó que las previsiones son que la concesión de autorización previa esté lista a finales del primer semestre de este año, mientras que la autorización para la construcción podría tener lugar «antes de finalizar el presente año».

Sobre la tramitación de la autorización previa para el emplazamiento del ATC, que concede Industria mediante orden ministerial, el ministro precisó que ésta requiere de un informe «previo, preceptivo y vinculante» por parte del CSN, así como de una declaración de impacto ambiental por parte del MAGRAMA, que aún están pendientes.

Soria estimó que el importe máximo de licitación de la obra civil es de 217,7 millones de euros, que pagarán las centrales nucleares, instalaciones que generan residuos de alta actividad y combustible gastado. El presupuesto total ronda los 800 millones de euros. Además, señaló que se han presentado ocho ofertas que ahora están en fase de evaluación.

También recordó que la financiación del mismo, al igual que con los costes de la gestión del combustible gastado y de los residuos radiactivos generados por las nucleares, correrá a cago del Fondo para la financiación de actividades del Plan general de residuos radiactivos, un fondo que se nutre de las tasas que se imputan a los titulares de las atómicas en operación.

El titular de Industria también valoró la «amplia experiencia» y la «solvente trayectoria» del nuevo presidente de Enresa, Juan José Zaballa, quien sustituyó en febrero a Gil-Ortega en el cargo. «Cuenta con toda la confianza del Gobierno y de Industria», agregó.

Con Garoña se actuará conforme dicte el CSN

Sobre la situación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) tras la solicitud de la ampliación de su vida útil, Soria sostuvo que en este caso, como en el resto, se actuará «conforme a lo que dictamine el CSN», de acuerdo a las exigencias existencias y adicionales derivadas de la gestión «posFukushima».

Por otra parte, sobre los proyectos de fracking, Soria defendió las modificaciones de la Ley de impacto ambiental y de evaluación ambiental, si bien dijo ver «totalmente compatible» la defensa del medio ambiente con las explotaciones de recursos energéticos de este tipo.

El ministro indicó que, como cualquier otra actividad industrial, la fractura hidráulica «no está exenta de riesgos» pero estos son «gestionables» y, a su vez, señaló que la protección de las personas y el medio ambiente está garantizada por un «sólido y riguroso» procedimiento de impacto medioambiental.

Con carácter preceptivo y vinculante, en la autorización de cada trabajo, se establecen las condiciones, limitaciones y prohibiciones necesarias para garantizar seguridad medioambiental, detalló el responsable de Industria.

«Esos procedimientos los aprueba el Gobierno pero son elaborados por técnicos del MAGRAMA, que están allí no porque haya un Gobierno u otro, sino porque tienen capacidades más que acreditadas para desempeñar las funciones», valoró.

Además, puntualizó que la Dirección General de Política Energética y Minas no emitió ninguna autorización para la realización de campañas sísmicas marinas en las costas de Cataluña y Baleares, ante la posible prospección sísmica con cañones de aire comprimido que habría realizado la empresa Seabird Exploration en abril de 2013.

En todo caso, matizó que si no se rige por la normativa competente a Industria escaparía a la competencia del Ministerio, y que tampoco se ha incoado procedimiento sancionador alguno «por no haberse apreciado elementos necesarios para ello». «No se ha concluido el examen exhaustivo de los antecedentes recabados», agregó.