Podemos exige saber el contenido de la reunión de Nadal con las energéticas mientras Compromís pregunta por la MAT

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Europa Press / EFE.- Compromís ha pedido que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, comparezca en el Congreso para aclarar la situación de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) a su paso por la Comunidad Valenciana después de que el Gobierno autonómico aprobara su paralización. Mientras tanto, En Comú recrimina al Gobierno su «falta de transparencia» al haberse enterado en los medios de la reunión que Nadal mantuvo recientemente con las principales compañías energéticas. Asimismo, exigió conocer el contenido del encuentro.

Así, la formación catalana ha presentado en el Congreso una batería de preguntas inquiriendo al Gobierno por esta reunión, desvelada por Expansión. Según este medio, Nadal mantuvo un encuentro con representantes de los grandes operadores de gas y electricidad en España en el que se analizaron las próximas reformas en el sector energético y se sugirió a las empresas que hicieran sus propuestas al respecto.

En este sentido, En Comú quiere saber si ése fue el propósito de dicho encuentro, las propuestas que pusieron sobre la mesa las empresas, y si el propio Gobierno en funciones presentó alguna en concreto. Asimismo, preguntan si el Ejecutivo considera correcto «celebrar reuniones a puerta cerrada con representantes de grandes grupos energéticos sin que haya información pública al respecto» y señalan que actuaciones como estas «en ningún caso ayudan a ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública».

La MAT en Comunidad Valenciana

Por su parte, Compromís está promoviendo iniciativas en todas las instituciones para que se paralice la MAT, que en su primera fase se prevé que atraviese 16 localidades de Castellón y que Red Eléctrica de España quiere seguir desarrollando por toda la Comunidad Valenciana. La diputada de Compromís Marta Sorlí criticó la actitud del Gobierno central, que hasta ahora no ha contestado a ninguna pregunta parlamentaria sobre la MAT. Compromís preguntó en agosto sobre la situación actual de la MAT, la declaración de impacto medio ambiental y sobre quién asumiría la responsabilidad en caso de efectos adversos sobre la salud.

La subasta de interrumpibilidad se celebrará entre el 14 y el 18 de noviembre

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha convocado para la semana comprendida entre el 14 y el 18 de noviembre la próxima subasta del servicio de interrumpibilidad que ofrecen las industrias consideradas grandes consumidoras de electricidad. En una resolución publicada en el BOE, la Secretaría de Estado de Energía fija estas fechas para la celebración del procedimiento y explica que los bloques de potencia interrumpible se asignarán para el 2017.

En estas pujas, los grandes consumidores de electricidad lanzarán ofertas por entre 7 y 13 bloques de 90 megavatios (MW), que suman entre 630 y 1.170 MW, y por entre 286 y 394 bloques de 5 MW, que suman entre 1.430 y 1.970 MW, una cantidad que finalmente será fijada por el secretario de Estado de Energía. El precio de salida para cada megavatio del bloque de 5 MW será de 160.000 euros, frente a los 310.000 euros por cada megavatio del bloque de 90 MW. En ambos casos supone una rebaja respecto a la subasta procedente, cuando el precio de salida en el bloque de 5 MW fue de 200.000 euros y el de 90 MW, de 340.000 euros.

Cada uno de los bloques de producto de 5 MW o 90 MW que se pretenda adjudicar será subastado por el administrador en una subasta de precio descendente. Con la reforma energética, el Gobierno creó un mecanismo de subasta competitiva para repartir entre las industrias el llamado servicio de interrumpibilidad, por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico. De esta forma, el Ministerio organiza una serie de bloques que se asignan a los interesados dispuestos a cobrar una compensación menor.

La primera subasta, celebrada a finales del 2014, generó críticas de varias empresas, especialmente de Alcoa, que amenazó con el despido de trabajadores si no obtenía un precio competitivo para la electricidad. Industria realizó a los pocos días una nueva puja que mejoró las condiciones para estas empresas, que ahora reclaman la compra de bloques de megavatios de menor tamaño y periodos más largos para el servicio de interrumpibilidad. Con la reforma energética, el coste para el sistema eléctrico asociado a la interrumpibilidad ha quedado recortado de unos 750 millones de euros a cerca de 550 millones en la actualidad.

Industria prevé subastar 1.000 MW de renovables antes de fin de año y hasta 2.000 MW en 2017

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Europa Press / Servimedia.- Mientras desde el PSOE advierten de que «con la actual política energética España no cumplirá el objetivo del 20% del consumo final bruto de energía con fuentes renovables en 2020 y el máximo responsable será el Gobierno del PP», el Ministerio de Industria, Energía y Turismo traza sus planes y prevé subastar 1.000 megavatios (MW) de potencia renovable antes de que concluya el año, conforme a principios «lo más tecnológicamente neutrales posible«, según indicaron fuentes del sector.

Según los planes transmitidos por la Secretaría de Estado de Energía al sector, a la subasta de este año le seguirán otras nuevas en el ejercicio 2017, en el que se licitará una potencia adicional de entre 1.000 y 2.000 MW. Industria toma esta decisión con el propósito de cumplir el objetivo europeo de que en 2020 el 20% del consumo final de electricidad proceda de fuentes renovables. Las medidas actuales, sostiene, permiten alcanzar cerca del 19%, por lo que será necesario adoptar otras adicionales. De este modo, los planes para lograr el objetivo pasan por incrementar los actuales objetivos de biodiésel y por licitar una potencia renovable adicional de entre 2.000 y 4.000 MW.

Para las subastas, Industria prevé mantener el mecanismo ensayado en la primera puja, celebrada a comienzos de año. En concreto, prevé mantener la inversión en bienes de capital, o Capex, como referencia para la presentación de las distintas ofertas, en vez de un precio por megavatio hora. La subasta también seguirá utilizando criterios marginales de asignación, a pesar del riesgo de que esta práctica incentive la presentación de ofertas temerarias. No obstante, sí se producirán algunos cambios, como no reservar cupos por tecnologías y aplicar el principio de neutralidad tecnológica. Además, se estudia valorar por primera vez el grado de maduración de los proyectos renovables que se presenten a la competición, con el objetivo de primar los proyectos más avanzados.

 “España no cumplirá el objetivo”

Por su parte, el responsable de Economía, Empleo y Sostenibilidad de la Comisión Gestora del PSOE, José Muñoz Lladró, avisó de que «con la actual política energética España no cumplirá el objetivo del 20% renovable en 2020” y subrayó la apuesta del PSOE por «un nuevo modelo energético basado en las renovables«, con optimización de los recursos disponibles, en el marco de un Pacto de Estado de energía. El responsable socialista expresó su sorpresa por la «rotunda afirmación» del Gobierno en funciones de que España cumplirá con sus compromisos europeos, «cuando las energías renovables siguen sufriendo un estancamiento sin precedentes».

«En 2015 en el mundo se instalaron 150.000 megavatios de energías renovables y en nuestro país sólo 27», denunció. «El hecho de que el Gobierno quiera celebrar una subasta de 1 gigavatio antes de finales de año deja de manifiesto que su objetivo central no es hacer una clara apuesta por las renovables, sino simplemente cumplir con los objetivos fijados por la Unión Europea. Exigimos que el Gobierno defina una planificación a medio plazo, con un calendario de subastas, para que el sector se reactive y se capten las inversiones. Lamentamos el lenguaje triunfalista del Gobierno, que oculta el reconocimiento de que si no se toman medidas España no cumplirá con el objetivo comunitario», concluyó.

La revisión del margen de comercialización de la luz podría elevar la factura hasta 10 euros al año

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Europa Press / EFE.- La propuesta de revisión elaborada por el organismo regulador Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) del margen de comercialización incluido en los contratos de electricidad con precio regulado puede elevar el recibo entre 4 y 10 euros al año con respecto a los niveles actuales. Esta conclusión es la que extrae la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), que hace referencia así a la revisión pendiente de este margen que pagan 15 millones de usuarios del PVPC desde 2014.

En la actualidad, las eléctricas repercuten 4 euros por kilovatio (kW) al año a los clientes con el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) en concepto de margen de comercialización, si bien el Tribunal Supremo ha considerado insuficiente este coste y ha obligado al Gobierno a revisarlo, lo que aún no se ha producido. CECU indica que, con la propuesta de la CNMC, el nuevo margen anual de comercialización ascendería a 5,24 euros por kWh para los peajes 2.0 A, así como a 4,93 euros para los 2.0 DHA con discriminación horaria y a 6,46 euros para los 2.0 DHS.

Para una potencia de 4,4 kW, correspondiente a un consumidor medio, el coste anual por el margen de comercialización asciende a 17,6 euros en la actualidad, mientras que con la aplicación de la propuesta del regulador oscilaría entre los 21,6 y 28,42 euros, de modo que la subida sería de entre 4 y 10 euros al cabo de un año.

El Supremo había declarado nulo el actual coste de comercialización, recogido en el real decreto 216/2014, por no venir acompañado de una metodología para determinar tanto los costes de comercialización como la remuneración razonable de las empresas. La resolución del Supremo fue consecuencia de sendos recursos interpuestos por Gas Natural Fenosa e Iberdrola contra esta disposición adicional por considerar que el margen de comercialización propuesto por el Gobierno era insuficiente para cubrir los gastos en que incurren las empresas que deben ofrecer la tarifa regulada.

La CNMC considera que en los costes de comercialización deberían incluirse costes de captación y fidelización de clientes, costes de contratación, coste de facturación y cobro, costes de atención al cliente, costes financieros y costes de estructura, así como impuestos y retribución por la actividad. El diario Cinco Días publica que el Ministerio de Industria ya suma tres meses de incumplimiento de la ejecución de sentencia que el tribunal le impuso en junio. La medida implica una refacturación para cerca de 15 millones de consumidores.

Unión de Consumidores también alerta

Por su parte, la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana ha advertido sobre la posible revisión al alza del margen de comercialización al tiempo que manifiesta su preocupación por la tardanza en solucionar esta cuestión, que va a provocar que a 15 millones de usuarios le revisen el margen de comercialización que viene pagando desde 2014 y que tengan que abonar la diferencia entre lo que fijó el Ministerio como margen de comercialización y el que se ha calculado con la nueva metodología, que es más elevado y que está pendiente aún de resolver, tras casi un año desde la sentencia del Tribunal Supremo.

No obstante, independientemente del cálculo del margen de comercialización, «es evidente que la factura eléctrica desincentiva el ahorro energético, en tanto que la parte de consumo representa una mínima parte del gasto final. Por lo tanto, tratándose de un suministro básico y esencial para los ciudadanos, es necesario establecer mecanismos encaminados a reducir el importe final de la factura eléctrica, como la reducción de los impuestos que se aplican en la factura, evitando la pobreza energética y que este suministro básico sea más asequible para los ciudadanos», indicaron. Por ello, la Unión de Consumidores reclamó a Industria que se revisen los conceptos e impuestos que se aplican en la factura.

El Tribunal Constitucional levanta la suspensión que pesaba sobre algunos artículos de la ley del País Vasco contra el fracking

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Europa Press / EFE.- El Tribunal Constitucional levantó la suspensión cautelar que se mantenía desde el pasado 3 de mayo sobre algunos artículos de la Ley del País Vasco de medidas de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o más conocida como ley del fracking. La suspensión se aplicaba desde el momento en el que se admitió a trámite el recurso del Gobierno sobre este asunto, que aún está pendiente de resolverse por el tribunal de garantías.

Concretamente, según fuentes jurídicas, el tribunal de garantías da vigencia a los artículos 2 (sobre los hidratos de metano enterrados en el mar), 3, 5 y 6 (el inciso sobre la reposición de la situación alterada a su estado originario) y las disposiciones transitorias primera y segunda de la citada norma. La ley vasca del fracking se aprobó en junio del 2015 a partir de una iniciativa legislativa popular avalada por más de 100.000 firmas y, en un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía esta técnica de extracción de gas de manera genérica, sino que elevaba tanto los requisitos para poder desarrollarla que prácticamente la impedía.

La Ley del País Vasco faculta a las instituciones vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos. El Tribunal Constitucional ya había anulado anteriormente las leyes de Cantabria, La Rioja y Cataluña. Estas tres normas autonómicas prohibían el uso de esta técnica y el Gobierno central las recurrió, al igual que hizo con la del País Vasco.

La ley del fracking del País Vasco fue aprobada en junio del año pasado por el Parlamento vasco sin el apoyo del PNV, formación que sustenta al Gobierno autonómico. De hecho, el Ejecutivo de Vitoria ya advirtió de que «había dudas jurídicas» sobre la legalidad de su contenido al entender que la regulación de esta materia era competencia del Estado. El grueso de la norma salió adelante con el apoyo de EH Bildu, el PSOE y el PP, mientras que UPyD y PNV se abstuvieron. Los jeltzales reclamaban que las vías de protección que incluye el texto se complementaran con una moratoria que impidiera usar esta técnica durante cinco años.

A pesar de ello, cuando el Gobierno central decidió en abril interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, el gabinete de Urkullu anunció que haría «todos los esfuerzos» para defender las competencias de Euskadi. El Gobierno argumentó que las competencias en materia ambiental no implican vaciar de sus competencias al Estado, sobre todo cuando la normativa estatal establece el sometimiento de estos proyectos a la declaración de impacto ambiental. Consideró además que la legislación vasca viola la normativa estatal sobre régimen minero y energético, y el principio de seguridad jurídica al obstaculizar los permisos, tanto a los ya concedidos o en tramitación, como a las solicitudes que se formulen a partir de la entrada en vigor de la norma.

El PSOE celebra el levantamiento

Por su parte, el PSOE celebró la decisión del Constitucional de levantar la suspensión cautelar de la ley del fracking, que fue recurrida por el Gobierno central y que estará vigente en su totalidad hasta que se resuelva el fondo del asunto. La parlamentaria autonómica socialista Natalia Rojo celebró esta resolución porque «avala la seguridad jurídica» del texto.»Los vascos hemos ganado una nueva batalla utilizando el camino que la propia ley nos ofrecía, sin maximalismos, con los pies en la tierra y haciendo uso de hasta las últimas de nuestras competencias», defendió Rojo aludiendo a que prohibir el fracking de manera literal únicamente hubiera conducido a la «frustración» porque la norma habría sido anulada. 

Industria realizará una nueva subasta de renovables para final de año

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Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo trabaja en una nueva subasta de renovables para final de este año, con el fin de impulsar estas tecnologías para lograr el objetivo de cubrir el 20% del consumo final de energía en 2020 con fuentes ‘verdes’.

En un comunicado, el Ministerio subraya que en esta subasta, destinada a continuar impulsando la penetración de renovables, participarán las distintas tecnologías en concurrencia competitiva.

A principios de este año, el Ejecutivo ya llevó a cabo una subasta de renovables en la que se adjudicaron un total de 700 megavatios (MW) -500 MW de eólica y 200 MW de biomasa-.

Industria señala que España se encuentra «muy por encima» de la senda prevista para lograr ese objetivo del 20% de renovables sobre su consumo total de energía para ese horizonte de 2020.

Según las estimaciones de Industria, España alcanzó en 2014 un 17,3% de penetración de renovables en el consumo final de energía, incluyendo biocarburantes, frente al 12,1% previsto. Para 2015, prevé una cifra similar. «Teniendo en cuenta que fue un año de escaso recurso hidráulico y poco viento, se confirma una tendencia al alza en la penetración de renovables», añade.

Una penetración en torno al 19% con las medidas tomadas

Así, el Ministerio estima que, con las medidas tomadas en los últimos años, España se situará en el entorno del 18,5-19% de penetración de renovables sobre su consumo total de energía en 2020.

En los últimos años se han llevado a cabo diferentes acciones para impulsar la penetración de renovables como la subasta de 700 MW del pasado mes de enero, la introducción de eólica en Canarias (450 MW), un régimen retributivo específico para biogás, biomasa, cogeneración e hidráulica (120 MW), o el aumento de senda de la penetración de biocarburantes en automoción.

Asimismo, Industria destaca que, en cuanto al sistema eléctrico, la penetración de renovables dentro del ‘mix’ de generación no ha dejado de crecer en los últimos años. En el primer semestre del año, el 50,6% de la de la electricidad producida ha sido de origen renovable.

Asimismo, las tecnologías solares -fotovoltaica y termosolar- han pasado de representar el 3,4% del ‘mix’ de generación en 2011 al 5,0% en 2015, incrementándose incluso hasta el 5,6% en lo que llevamos de año 2016.

El Supremo incorpora argumentos del TUE favorables a las compañías eléctricas en su análisis del bono social de la luz

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Europa Press.- El Tribunal Supremo incorporó un escrito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) favorable a las compañías eléctricas en su análisis del nuevo mecanismo para la financiación del bono social de la luz, según fuentes jurídicas. Concretamente estudiará la respuesta emitida por el TUE a una consulta de Francia acerca de la posibilidad de aplicar un bono social del gas con una financiación parecida a la española, en la que varias empresas se encargan de sufragar la ayuda.

Las fuentes señalan que la incorporación de este nuevo elemento retrasará previsiblemente hasta finales de octubre o noviembre la sentencia del Supremo sobre el bono social, inicialmente prevista para septiembre. Los abogados de las eléctricas confían en que este documento produzca una sentencia a su favor, ya que el tribunal comunitario se muestra en contra de la discriminación entre empresas al financiar estas ayudas, cuyo coste debería corresponder al Estado. Acepta que el conjunto de las empresas lo financien siempre que no se produzcan discriminaciones.

Cinco Días, que adelanta la incorporación de la resolución del TUE, indica además que Endesa ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional como paso previo a la tramitación de un recurso en contra de la orden ministerial del 10 de septiembre con el reparto del coste del bono social de la luz para 2016. Desde la fijación de la nueva metodología, las principales compañías eléctricas han ido recurriendo todos los repartos anuales de costes fijados en distintas órdenes ministeriales de Industria. En todo caso, la decisión clave del Supremo es la que versa sobre el real decreto de noviembre de 2014 en el que se establecen los principios de la nueva metodología de financiación.

Conforme al esquema de reparto, en el que se tienen en cuenta aspectos como el número de suministros conectados a la red de distribución y de clientes de las filiales de comercialización, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa deberán financiar el 93% de la ayuda, destinada a colectivos vulnerables y que ronda los 200 millones de euros. Concretamente, Endesa financiará un 41% del bono social en 2016, frente al 37,9% de Iberdrola y el 14,7% de Gas Natural Fenosa. Otras 21 sociedades participarán en la asunción de este coste, entre ellas EDP España, con 3,2%, y Viesgo, con un 2,2%.

La factura de la luz ha bajado un 15% en lo que va de año, según el Ministerio de Industria

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Redacción / Agencias.- La factura de la luz para los consumidores domésticos ha descendido en lo que va de año un 15% con respecto al mismo periodo de 2015, lo que supone un ahorro de unos 90 euros para una familia media en los ocho primeros meses del año, según los cálculos difundidos por el Ministerio de Industria.

Según estimaciones del Ministerio, la factura anual de una familia media (acogida a PVPC con 4,4 kW de potencia contratada y consumo de 3.900 KWh/año) en 2016 será unos 124 euros menor de lo que pagaba en el año 2012, lo que supone una bajada del 14,2% en el recibo. Por el contrario, entre los años 2004-2012 la factura anual se encareció en 328 euros, lo que supuso una subida del 67% en el recibo de la luz, indica Industria.

El Ministerio destaca que en 2016 la factura media anual se sitúa en niveles de 2010-2011 y señala que a futuro se prevé que «vaya descendiendo progresivamente, a medida que se vaya amortizando la deuda generada en el pasado y una vez eliminado definitivamente el problema del déficit de tarifa». Industria destaca que la reforma eléctrica desarrollada por el Gobierno en 2012 y 2013 “además de frenar la escalada desorbitada de los precios y hacer que éstos comiencen a descender, ha favorecido al consumidor doméstico, en especial a las familias».

El importe de la factura está determinado, en buena parte, por la evolución de la electricidad en el mercado mayorista, que ha caído en un contexto de bajos precios de las materias primas y bastante peso de las renovables. Así, en los primeros ocho meses de este año se situó de media en 32,7 euros el megavatio-hora (MWh), un 51% menos que en el mismo periodo del año pasado. Junto a este componente, conforman la tarifa esos peajes de acceso, que fija el Gobierno para sufragar las actividades reguladas, como la distribución, el transporte o las renovables, y los impuestos.

Así, según la Encuesta de Presupuestos Familiares publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el peso de la electricidad sobre el gasto total de los hogares se ha ido reduciendo en los cuatro últimos años. De esta manera, en 2012, la luz supuso de media el 2,8% del gasto total de los hogares y en el 2015 su peso bajó al 2,6%. Este descenso del peso del recibo eléctrico en el total del gasto de los hogares de los últimos cuatro años «contrasta con la fuerte subida que experimentó en los años anteriores (pasando del 1,5% en 2006 al 2,7% en 2011)», añade Industria.

Industria carga sobre Endesa, Iberdrola y Gas Natural el 93% del bono social de la luz en 2016

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Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicó en el BOE la orden ministerial en la que se aprueban los porcentajes de reparto de la financiación del bono social para 2016. Tras tener en cuenta aspectos como el número de suministros conectados a la red de distribución y de clientes de las filiales de comercialización, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa deberán financiar el 93% de la ayuda, destinada a colectivos vulnerables.

Concretamente, Endesa financiará un 41% del bono social en 2016, frente al 37,9% de Iberdrola y el 14,7% de Gas Natural Fenosa. Otras 21 sociedades participarán en la asunción de este coste, entre ellas EDP España, con 3,2%, y Viesgo, con un 2,2%. El bono social consiste en un descuento de hasta el 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW). El coste total ronda los 200 millones de euros al año.

La orden ministerial aparece firmada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, después de que el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, que ejerce también la titularidad de la cartera de Industria tras la renuncia de José Manuel Soria por el caso de los Papeles de Panamá, decidiese inhibirse. El ministro de Economía en funciones ya actuó de esta forma en la aprobación de la orden ministerial acerca de los valores retributivos para la operación de las plantas de cogeneración para el segundo semestre del año, así como en la correspondiente a la retribución a la actividad de distribución.

Para inhibirse en la firma de las órdenes y decretos, De Guindos se acoge al artículo 11.2.e de la Ley que regula el ejercicio de los altos cargos de la Administración. Este artículo establece que existe conflicto de intereses cuando el alto cargo tuvo una relación laboral o profesional de cualquier tipo con personas jurídicas o entidades privadas en los dos años anteriores a su nombramiento. Guindos fue consejero de Endesa y miembro de su comité de nombramientos y retribuciones hasta que fue designado ministro de Economía en diciembre de 2011. De firmar una orden ministerial sobre el sector eléctrico, vería además ampliado el plazo de incompatibilidad para trabajar en alguna empresa con actividades relacionadas.

El Gobierno propone a Soria como director ejecutivo del Banco Mundial, donde se dirimen los arbitrajes internacionales de las renovables

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Redacción / Servimedia.- El Gobierno en funciones presidido por Mariano Rajoy ha propuesto al exministro José Manuel Soria, que dimitió tras aparecer su nombre en los conocidos como papeles de Panamá como cotitular de una sociedad ubicada en el paraíso fiscal de Jersey, como candidato para ocupar el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial, donde se dirimen los arbitrajes internacionales por las modificaciones retributivas en España a las energías renovables en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Según informó este viernes el Ministerio de Economía y Competitividad en un comunicado difundido tras el debate de la fallida investidura de Mariano Rajoy, la Comisión de Evaluación de candidaturas a las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) ha seleccionado a los candidatos para cubrir los puestos que corresponden a España en el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD).

En el caso del Banco Mundial, el puesto a cubrir es el de director ejecutivo para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de este año y el 31 de octubre de 2018 y el candidato propuesto es José Manuel Soria. El plazo para presentar candidaturas terminaba este viernes y su nominación, junto a los otros 24 directores ejecutivos propuestos por el resto de países, será votada por los 189 Gobernadores del Banco Mundial.

Soria dimitió después de que se difundiera que era cotitular de la empresa UK Lines Limited con sede en el paraíso fiscal de Jersey. Aunque en un principio lo negó, posteriormente reconoció la existencia de la empresa, creada por su padre y gestionada por su hermano sin que él, según afirmó, supiera nada, aunque en los papeles de Panamá aparecieron documentos firmados por el propio ministro. Finalmente, dimitió en abril.

El Gobierno destacó que «José Manuel Soria tiene una dilatada experiencia sobre todo en la Administración Pública, aunque también en el ámbito docente y en el sector privado. Como alto funcionario del Estado, ha sido ministro de Industria, Energía y Turismo durante la X Legislatura y ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en el Ministerio de Economía, en especial, en el área de comercio exterior».

La Comisión de Evaluación, presidida por la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la que forman parte también la Secretaría de Estado de Comercio, la Secretaría General del Tesoro, la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional y la Dirección General de Política Económica, también ha seleccionado a Fernando Jiménez Latorre para el FMI y a Pablo Gasós y Casao para el BERD.