Nadal: “Hubo precipitación del Gobierno socialista con las renovables por ideología e intereses”

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EFE.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, asevera que con las energías renovables el Gobierno socialista se «precipitó por ideología e intereses». En una entrevista con el diario El País, Nadal explica que «el gran problema que hubo en las políticas que llevaron al déficit tarifario fue que se tomaron decisiones como si la tecnología hubiera avanzado cuando no lo había hecho, y el coste todavía era muy alto».

«Fue una precipitación clarísima por un deseo ideológico, aparte de que siempre hay intereses detrás de las cosas», señala el ministro de Energía, que añade que con más paciencia, no habría sido tan caro ni se tendría esa gran hipoteca a 25 años por las primas. Agrega Nadal que «no hay que dejarse presionar por los intereses económicos» y que el Gobierno estará vigilante con los precios de los carburantes.

En ese sentido y tras recordar que las subidas de impuestos corresponden a Hacienda, el ministro de Energía manifiesta que en un contexto de subida del petróleo, el aumento de impuestos energéticos no le gusta. Destaca que «las prioridades de esta cartera son la eficiencia energética y las renovables» y que «la mejor energía es la que no se consume y, por tanto, no se tiene que producir«. «He solicitado al Banco Europeo de Inversiones financiación para el plan Juncker. Supondrían por lo menos 200.000 empleos en construcción y se crearían empresas especializadas«, explicó Nadal.

El Congreso acuerda pedir una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para cumplir los compromisos con la Unión Europea

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Europa Press / Servimedia.- El PP y la oposición llegaron a un acuerdo en el Congreso para pedir al Gobierno una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con la que España pueda «integrar y armonizar la legislación» y llegar a cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en estas materias. De este modo se consensuó un texto transaccional a la iniciativa original del PP, que contó con el apoyo de PSOE, Ciudadano y Podemos.

El texto cuenta con una docena de puntos, entre los que destacan las propuestas de promover políticas nacionales para reducir emisiones, crear un Plan Nacional de Energía y Clima, concienciar sobre el problema del cambio climático y dotar al sector de la financiación adecuada para llevar a cabo todas estas iniciativas. El documento también insta al Ejecutivo a establecer un marco de ecoeficiencia en la gestión energética; mejorar la retención natural de carbono con el desarrollo de técnicas de captura y almacenamiento en sumideros que disminuyan la concentración atmosférica de CO2; y promover una política de movilidad y transporte sostenible así como actuaciones de eficiencia energética en el sector residencial.

Además, los partidos piden al Ejecutivo que impulse la adaptación eficiente de España al cambio climático, promoviendo la explotación y el escalamiento hacia estilos de vida más sostenibles y menos dependientes del carbono. En este sentido, el texto recuerda que España se ha comprometido a reducir, el 20% de sus emisiones para el 2020 y el 40% para el 2030, con respecto a los valores registrados en 1990. En la propuesta se especifica que son objetivos «ambiciosos» pero también «realistas».

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se mostró «satisfecho con el acuerdo» que, a su juicio, muestra «la evolución del trabajo en esta Cámara» de cara a «combatir el fenómeno del cambio climático». Desde Podemos y, a pesar de haber firmado este acuerdo, su portavoz Iñigo Errejón, subrayó la necesidad de tomar más medidas adicionales, como «abolir el impuesto al Sol y cambiar el modelo energético del país a uno más sostenible».

Desde la tribuna del Congreso, la diputada del PP, María Luz Bajo, ha celebrado el «espíritu de consenso» de todas las formaciones políticas en esta materia para intentar poner en marcha una ley que, a su juicio, «llega en el momento idóneo», cuando se ha ratificado el Acuerdo del Clima de París. La popular, se ha mostrado segura de que, para elaborar la proposición de Ley, el Gobierno va a plantear «un proceso abierto y participativo» que implicará de manera transversal a diversos ministerios, así como a las administraciones autonómicas y locales. Del mismo modo, ha señalado que se contará con los «actores relevantes en la lucha contra el cambio climático, como el colectivo investigador, el empresarial y las ONGs.

También el PSOE ha valorado positivamente el «contexto de unanimidad» que se ha reflejado en esta propuesta y espera que la futura norma «promueva un modelo de crecimiento verde» que sea «más sostenible y menos dependiente de la quema de combustible fósil» de lo que es ahora. Más crítica ha sido la representante de Unidos Podemos, Rosa Martínez, quien ha acusado al PP de tener «poca memoria» a la hora de redactar la transaccional y exponer los datos conseguidos por España en reducción de emisiones. Así, la diputada ha explicado que si las emisiones bajaron en los últimos años es «consecuencia de la desaceleración económica de la crisis» y ha apuntado que en 2015 las emisiones han registrado un repunte.

Para Martínez, la nueva norma deberá servir para que el Gobierno «se tome en serio la lucha» contra el cambio climático y para ayudar a transformar el modelo productivo del país. «Pongan recursos y voluntad política para cambiar de rumbo» señaló Martínez, quien definió la situación ambiental como «la violación masiva más grande de la historia» y uno de los «mayores retos de la humanidad».

También reclamó «voluntad política» el diputado de Ciudadanos, José Luis Martínez, que recordó que España es el país peor situado de Europa en cuanto a renovables y pidió la anulación del impuesto al Sol. A su juicio, si se quiere lograr una mejora en esta materia, España debería liderar la acción europea. Finalmente, los representantes de PNV, Esquerra Republicana (ERC), la antigua Convergència y Bildu han decidido abstenerse después de mostrar su contrariedad en el debate porque el texto transaccionado no especifica en su totalidad el ámbito competencial que, en esta materia, tienen algunas autonomías.

Piden objetivo 2050: 100% renovable

La Alianza por el Clima, formada por más de 400 organizaciones ecologistas, sindicales y de cooperación al desarrollo, entre otras, difundió un documento de propuestas para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que elaborará el Gobierno, en el que fija como objetivo para 2050 que el 100% de la energía proceda de fuentes renovables. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió el pasado noviembre en la Cumbre del Clima de Marrakech (Marruecos) a poner en marcha una ley de cambio climático para que la economía española sea menos contaminante, algo que ya anunció en diciembre de 2015 durante la cumbre climática mundial celebrada en París (Francia).

Esta coalición se pondrá en contacto en los próximos días con representantes de la Oficina Española de Cambio Climático y de los principales partidos políticos para dialogar sobre la futura ley prometida por Rajoy. El documento que difundieron propone como objetivo de mitigación que la norma sea «lo suficientemente ambiciosa para avanzar hacia un futuro energético descarbonizado en 2050», es decir, que la totalidad de la energía provenga de fuentes renovables y no de combustibles fósiles (petróleo, gas o carbón).

Nadal cree que el bono social aborda “con efectividad” la pobreza energética al cubrir a 7 millones de personas

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró que el bono social eléctrico aborda «con bastante efectividad» el conjunto del problema de la pobreza energética al cubrir a unos 7 millones de personas. En este sentido, Nadal indicó que, según Eurostat, la pobreza energética en España se sitúa en un 10% de personas «que tienen alguna dificultad o mucha dificultad en acceder a la energía y que les cuesta pagar el recibo», ligeramente por encima del 9,6% de la media europea.

Así, Nadal consideró que ese porcentaje de pobreza energética equivale «más o menos» a los 7 millones de personas que cubre el bono social, que consiste en un descuento de hasta el 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW). El ministro destacó que el actual esquema de financiación del bono social, que hacía que fuera asumido por las matrices de las grandes eléctricas, que representan aproximadamente el 94% del mercado, debe ser encauzado después de la sentencia del Tribunal Supremo que lo considera discriminatorio, para lo que es necesario «hablar con el resto de partidos políticos».

Habla de renovables y nuclear

En cuanto a determinar la competencia, Nadal indicó que en el caso de las personas de extrema vulnerabilidad es una materia que debe ser competencia de las instituciones y de las comunidades autónomas, mientras que el tema del bono social debe ser asumido por las compañías eléctricas. Al cierre de mayo de este año, había 2,4 millones de consumidores acogidos al bono social, lo que, a una media de 3 personas por vivienda, corresponde a unos 7 millones de ciudadanos.

Respecto a las renovables, Nadal criticó que hubo «una irresponsabilidad muy grande» en su desarrollo en el periodo de 2007 a 2009 en el que «se invirtió demasiado rápido en demasiada cantidad y a unos precios desorbitados», lo que hizo que ahora los españoles estén pagando 6.500 millones de euros al año en el recibo de la luz durante 25 años. «Hubo una irresponsabilidad muy grande en los años 2007, 2008 y 2009 y esa factura hay que pagarla, ajustando precios y costes y pagando la deuda», añadió al respecto.

Asimismo, Nadal defendió la necesidad de mantener las nucleares dentro del mix energético si se quiere cumplir con el objetivo de «un mundo sin emisiones de CO2«. «Es muy difícil prescindir de las nucleares, ya que son las que permiten trabajar 7 días a la semana y 24 horas diarias, eso nunca me lo va a dar la renovable», reivindicó.

Reunión con Abel Caballero (FEMP)

También en relación con la pobreza energética, el ministro se reunió con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para analizar las medidas que se pueden adoptar. Caballero, alcalde socialista de Vigo, ya instó al Gobierno el pasado mes de noviembre a que adoptase con urgencia las medidas necesarias para evitar las consecuencias de la pobreza energética. Se trata, según Caballero, de que «bajo ningún concepto se corte el suministro energético a todas aquellas familias en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de ese suministro».

Concretamente, se trasladó al Gobierno que los Ayuntamientos informarán sobre la situación socioeconómica de aquellas personas o familias que no pueden hacer frente al pago de los suministros energéticos para mantener unas condiciones de vida dignas, de tal modo que no se pueda realizar ningún corte de suministro energético «sin un informe previo que verifique la situación socioeconómica del afectado y las necesidades que hayan podido ocasionar el impago». La Junta de Gobierno de la FEMP recordó en su petición que los Servicios Sociales municipales están preparados para dar a conocer a las compañías suministradoras la situación de los afectados.

El Gobierno eleva un 8,7% la retribución a renovables, cogeneración y residuos para 2017, hasta 7.071 millones de euros

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital elevó un 8,7% la retribución a las renovables, la cogeneración y los residuos para 2017, con un incremento de 568,6 millones de euros, desde los 6.502,43 millones de euros que abonarán en 2016 a los 7.071 millones de euros que destinará en 2017.

Según consta en el borrador de propuesta de orden de revisión de los parámetros retributivos a las instalaciones de producción de energía a partir de renovables, cogeneración y residuos, la principal partida corresponderá a la fotovoltaica, que percibirá un total de 2.530,7 millones de euros, 65,9 millones de euros más. Por su parte, la retribución correspondiente a la eólica ascenderá a 1.476,8 millones de euros, con un incremento de 212 millones de euros, mientras que la termosolar percibirá 1.337,2 millones de euros, 43,8 millones más. Mientras, la cogeneración registrará en un su partida un incremento de 173,5 millones de euros, hasta los 1.067,5 millones de euros, frente a los 894 millones de euros para 2016.

El Ministerio reconoce incrementos en las partidas de todas las tecnologías, aunque menores que en el caso de la eólica, solar, termosolar y cogeneración. Así, para la biomasa eléctrica la orden recoge un incremento de 26,4 millones de euros, hasta los 289 millones de euros; en el biogás una partida de 6,5 millones de euros más, hasta 52,4 millones de euros; en la combustión de residuos un total de 20,7 millones de euros más, hasta 135,1 millones de euros; en la hidroeléctrica 9,7 millones de euros más, hasta 88,2 millones de euros, y en el tratamiento de lodos y aceite 10 millones de euros más, hasta 93 millones de euros.

En el caso de los purines, Energía no determina la retribución para este año y para el próximo ya que los anteriores parámetros retributivos fueron tumbados por una sentencia del Tribunal Supremo. Con esta orden, una vez que está próximo a finalizar el primer semiperiodo regulatorio, Energía procederá a la revisión, con efectos a partir de enero de 2017, de las estimaciones de los ingresos estándar por la venta de energía en el mercado y de los parámetros directamente relacionados.

Además, el Ministerio fijó sus estimaciones de precio de mercado para el periodo, con 42,13 euros por megavatio hora (MWh) para 2017, 41,65 euros por MWh para 2018 y 41,82 euros por MWh para 2019, así como ha mantenido en 52 euros por MWh el precio estimado del mercado durante la restante vida útil regulatoria de las instalaciones tipo definidas a partir de 2019. Estas estimaciones son sensiblemente inferiores a las que se recogía para el periodo anterior de 2014 a 2016, que iban de los 48,21 euros para el primer año a los 49,75 euros para el último y que han llevado al sector renovable a estimar unos pérdidas de unos 574 millones de euros en los tres años.

Con motivo de la reforma eléctrica, el Gobierno fijó en 2014 una retribución para las instalaciones renovables para que éstas alcanzaran la llamada rentabilidad razonable. Para las diferentes instalaciones estableció una retribución específica, y con ese objetivo realizó una estimación sobre la base de cuál sería el precio del mercado eléctrico diario. Una vez visto el precio real del mercado, el Ministerio de Energía debe regularizar la retribución percibida por las instalaciones renovables. Sin embargo, la reglamentación solo reconoce compensar por una parte del desvío producido por la mala estimación, mientras que hay otra parte que se pierde y no se recupera, según el sector.

Energía rebajará un 9% en enero los cargos fijos a los autoconsumidores domésticos de electricidad

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Europa Press.- El Ministerio de Energía aplicará para el ejercicio 2017 una rebaja del 9% en los cargos fijos que afrontan los autoconsumidores domésticos de electricidad, esto es, los que disponen de una potencia contratada de menos de 10 kilovatios (kW). Estos autoconsumidores pagarán 8,144 euros por kW a partir de enero para sufragar los cargos fijos, según consta en el borrador de la orden ministerial de peajes eléctricos. Esta cifra contrasta con los 8,898 euros recogidos en el real decreto 900/2015.

Este decreto, de octubre de 2015, exime de forma transitoria a los autoconsumidores domésticos de abonar los cargos variables, que se aplican en función de los kilovatios hora producidos. Aún así, tanto el decreto como la nueva orden ministerial siguen recogiendo un coste para estos cargos variables, pese a su inaplicación temporal. A partir de enero, los cargos variables ascenderán a 0,0431 euros por kilovatio hora (kWh), un 7% menos que los 0,0467 euros recogidos en el real decreto 900/2015. En este epígrafe se recogen diversos costes del sistema eléctrico entre los que no figuran el transporte y la distribución, imputados a la parte fija.

El vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, advirtió de que el Gobierno no justifica adecuadamente en el borrador ni la bajada en el cargo variable ni en el fijo de los autoconsumidores, lo que no hace sino «incrementar la incertidumbre y desincentivar cualquier inversión a largo plazo«, afirma. Morales de Labra cita informes en los que se alude a que la amortización de una instalación domésticos lleva entre 12 y 18 años, si bien resulta «muy grave» que se estén cambiando los números y que el inversor carezca de cualquier certeza. «No te pueden estar cambiando continuamente los números. En un año ya lo han hecho tres veces. Resultan graves estos cambios al impuesto al sol«, asegura.

Morales de Labra también constata, tras el análisis del borrador de la orden ministerial de peajes, que los cargos que se aplican a las empresas que autoconsuman en 2017 en Mallorca y Menorca serán superiores a los del mismo perfil en la Península. Esta circunstancia responde a que a estos autoconsumidores se les imputarán en la parte de cargos variables los costes de las redes eléctricas, lo que no ocurre en la Península. Un cambio que aporta más incertidumbre, critica.

Energía remite a la CNMC su propuesta para congelar la parte regulada del recibo de electricidad y gas en 2017

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Redacción / Agencias.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las propuestas de órdenes por las que se congelan los peajes de acceso de gas y electricidad para 2017, como viene ocurriendo desde la aprobación de las reformas energéticas, que suponen alrededor de la mitad de los recibos de luz y gas y con los que se pagan los distintos costes reconocidos al sistema.

El resto del recibo, tanto en el mercado libre como en las opciones reguladas (PVPC en electricidad y TUR en gas), lo conforman impuestos y el coste del componente energético, muy vinculado a la evolución de las materias primas, que viven un repunte en las últimas jornadas. Así, Energía reconoce que con esta decisión de congelar los peajes «los hogares verán amortiguado» el impacto de las fluctuaciones alcistas en el coste del gas y el petróleo en los mercados internacionales.

Una vez calculados los costes regulados previstos de los sistemas y el escenario de demanda estimado por el Ministerio para 2017, se tomó la decisión de mantener los peajes en los mismos niveles que en 2016, anunció el Ministerio. Según Energía, las previsiones a futuro apuntan a una “situación equilibrada” entre los ingresos y gastos «que permite la contención de la parte regulada de los precios de electricidad y gas».

Sube remuneración a las renovables

En el caso del sector eléctrico, la propuesta de orden refleja una previsión “moderada” de incremento de demanda eléctrica, en el entorno del 0,7% respecto a 2016. La remuneración del régimen retributivo específico para las instalaciones de producción a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos se incrementa en casi 600 millones de euros respecto de la del año anterior, como consecuencia de la revisión de parámetros retributivos que se llevará a cabo para el segundo semiperiodo retributivos 2017-2019. Además de mantener los peajes de acceso, se congelan los precios unitarios de aplicación a los consumidores eléctricos para la financiación de los pagos por capacidad, es decir, lo que cobran determinadas centrales por estar disponibles.

Incertidumbre en la demanda gasista

En lo que se refiere al sector del gas natural, “a pesar de la incertidumbre en la previsión de la demanda, fuertemente condicionada por la temperatura, se prevé un ligero superávit gracias al mantenimiento de los peajes para 2017”, señala Energía. Además, se proponen nuevos peajes de recarga de buques con gas natural licuado, con objeto de “incentivar el cambio hacia combustibles alternativos con menores emisiones de gases invernadero, así como para incrementar la utilización de las plantas de regasificación”.

Endesa espera «ver un cambio» del Gobierno en la financiación y reparto del bono social

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Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha asegurado que su compañía espera «ver un cambio» tanto en la financiación del bono social de la luz como en los criterios para definir a un consumidor vulnerable, que deberían basarse en los ingresos. Bogas realizó estas consideraciones tras recordar que el Tribunal Supremo anuló el esquema de financiación actual del bono social por considerarlo discriminatorio, teniendo que devolverse las cantidades aportadas por las eléctricas entre 2014-2016.

A este respecto, el grupo ha enviado a las autoridades una propuesta que incluye criterios de vulnerabilidad y señala que debe definirse nuevo esquema de financiación para 2017 en adelante. En todo caso, Endesa mantiene en su plan estratégico la financiación del bono social, con unos 80 millones de euros anuales, aunque consideró que en el futuro se podrían dar varias posibilidades a este respecto, como que sea asumido por el Estado. Además, Bogas afirmó que todavía se está pendiente de abordar algunas cuestiones regulatorias, aunque indicó que hay un nuevo Gobierno «comprometido en concluir» estos frentes abiertos, entre los que figuran los pagos por capacidad o la generación extrapeninsular.

El Gobierno recurre la sentencia del Supremo que anula la financiación del bono social e indemniza a las compañías eléctricas

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, reconoció que el Gobierno ha recurrido la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el régimen de financiación del bono social de electricidad, que contempla indemnizaciones para las compañías eléctricas, si bien afirmó que el Ejecutivo acatará la sentencia. Así lo anunció Nadal en su intervención en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador socialista Nemesio de Lara.

El bono social es un descuento del 25% en el recibo eléctrico para consumidores que cumplan ciertos requisitos como hogares con menos de 3 kilovatios (kV) de potencia, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas o familias con todos sus miembros en paro. Por su parte, el senador socialista urgió al ministro a concretar las medidas que tomará el Ejecutivo para hacer frente a la pobreza energética porque «el frío no envía heraldos» y a solucionar el problema de la financiación del bono social, una vez que el Supremo ha establecido en una sentencia que las compañías eléctricas no deben sufragarlo.

Nadal explicó que tras la sentencia del Supremo, que deja al bono social «sin financiación», el Gobierno ha planteado un incidente de nulidad y la ha recurrido, porque no está conforme con la sentencia, si bien la acatará. En este sentido, subrayó que es «urgente» el diálogo de los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo y evitar que se produzcan los efectos de la sentencia, especialmente porque «ni el resto de consumidores ni el presupuesto público deben pagar esto», tras haber sido financiado por las compañías eléctricas. Nadal defendió la importancia del bono social, ya que beneficia a 2,4 millones de hogares que representan más de 7 millones de personas.

La sentencia del Supremo declara inaplicable el régimen de financiación del bono social al entender que va en contra de las normas comunitarias para el mercado interior de la electricidad. Además, considera que el coste de ese descuento de la luz para las familias más vulnerables se carga de forma discriminatoria a las compañías eléctricas que lo sufragan y que la Administración no ha justificado los criterios con que distribuye el coste de la subvención.

Por otra parte, Nadal también ha tenido que responder en su primer pleno del Senado como ministro a otra pregunta de la senadora de Podemos, María Pilar Garrido, sobre si el Gobierno piensa prohibir los cortes de luz y gas que afectan a familias vulnerables, después de que una mujer de 81 años que vivía sola falleciese recientemente en un incendio doméstico en su piso en Reus, ocasionado por una vela que utilizaba para iluminar el hogar tras llevar dos meses con la luz cortada. A este respecto, tanto el socialista De Lara como Garrido advirtieron al ministro de que «la pobreza energética mata» y que el Estado tiene el deber constitucional de defender la vida digna de las personas.

El titular de Energía aseguró que el suministro es «básico» y «necesario», y defendió que «todos los ciudadanos tienen que tener acceso a él», recordando que la directiva europea energética ofrece actuar en los casos en los que haya dificultades para el mismo. En este sentido, calificó de «lamentable» que se produjese ese caso con una ley autonómica que «se tenía que haber cumplido» y un fondo municipal del Ayuntamiento de Reus con dotación económica. «Había servicios sociales que habían actuado para el suministro de agua y gas de la vivienda, pero sin embargo parece que desconocían la situación sobre el suministro eléctrico«, apuntó Nadal, quien señaló que «había muchos agentes implicados y los medios para que esto no ocurriese».

En cuanto a prohibir el corte del suministro, Nadal sostuvo que las comunidades autónomas tienen la capacidad de hacerlo siempre que respeten lo establecido por el Tribunal Constitucional, que exige que la factura sea asumida por los servicios sociales. Asimismo, indicó que tras el suceso se puso en contacto con el presidente de la Generalitat, el alcalde de Reus y la compañía eléctrica Gas Natural Fenosa para esclarecer el asunto y decirles «hasta qué punto son responsables». «Hay muchas administraciones implicadas, no solo el Gobierno, también las Cortes Generales y las cortes autonómicas», añadió el ministro, que recordó que existen competencias energéticas que corresponden al Gobierno y otras sociales “en exclusiva” correspondientes a las autonomías.

«Esa es la lección que debemos aprender», concluyó Nadal, quien pidió la colaboración de las administraciones y las fuerzas parlamentarias para alcanzar acuerdos que permitan mejorar la actuación en este tipo de situaciones. «Este caso demuestra que es necesario mejorar el ámbito de aplicación de cuestiones energéticas tanto en la legislación y normativa estatal como en las actuaciones autonómicas», apostilló. Precisamente, la Mesa del Congreso acordó pedir a Unidos Podemos que reformule su petición de comparecencia del presidente de Gas Natural Fenosa, Isidro Fainé, por el corte de suministro eléctrico a la anciana de Reus. Asimismo, el Ayuntamiento de Reus abrirá expediente sancionador a las compañías que corten la luz a los colectivos necesitados, en cumplimiento de la ley catalana.

Daniel Navia es el nuevo secretario de Estado de Energía y Eva Valle ocupará la Oficina Económica del Presidente

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Europa Press / Servimedia.- El Consejo de Ministros aprobó este viernes el nombramiento de Daniel Navia como nuevo secretario de Estado de Energía, en sustitución de Alberto Nadal, quien ya ha asumido el cargo de secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. Asimismo, se ha nombrado a Eva Valle Maestro como directora de la Oficina Económica del Presidente, cargo en el que sustituirá a su cuñado Álvaro Nadal, el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Eva Valle es la mujer de Alberto Nadal.

El nuevo secretario de Estado de Energía ocupaba hasta la fecha el cargo de director general de Políticas Financieras, Macroeconómicas y Laborales de la Oficina Económica del Gobierno. Nacido el 5 de mayo de 1977 en Madrid, Navia es licenciado en Económicas por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros. Pertenece al grupo directivo del Banco de España como economista titulado desde 2002, donde ocupó diversos puestos en la Dirección General de Economía y Relaciones Internacionales. Entre 2007 y 2012 fue economista jefe en diversas unidades del Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y director de Relaciones con Bancos Centrales en este mismo banco.

Valle era desde 2013 directora general de la Secretaría Técnica de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y Asuntos Económicos Internacionales en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y, entre 2012 y 2013, fue directora general de Economía Internacional de la Oficina Económica del Presidente. Al igual que los hermanos Nadal, Valle es economista del Estado y ha sido subdirectora general adjunta de la División del Sistema Monetario Internacional y responsable del área del Fondo Monetario Internacional (FMI) del Ministerio de Economía y Hacienda entre 2010 y 2011; asesora del director ejecutivo para España en el Fondo Monetario Internacional entre 2004 y 2009; y asesora del secretario de Estado de Energía y Pyme entre 2003 y 2004.

También ha sido asesora en la Dirección General del Tesoro, así como diversos cargos en la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía desde 2000 a 2002. El nombramiento de Valle y de Navia fue anunciado por el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, al término de la reunión del Consejo de Ministros.

Gas Natural insiste en la necesidad de reglamentar la ley de pobreza energética mientras el Ministerio ofrece colaborar con Cataluña

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EFE / Servimedia.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, explicó que ha ofrecido a la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Reus (Tarragona) su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética. En este sentido, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha pedido más concreción en la ley de pobreza energética, de la que falta crear un reglamento.

Villaseca indicó que la ley de pobreza energética «se tiene que reglamentar» para especificar cómo se tienen que coordinar y llevar a cabo las comunicaciones entre los servicios sociales de los ayuntamientos y las compañías suministradoras. Apuntó, en este sentido, que en la web de la Agencia Catalana del Consumo existen unas «propuestas de protocolo» de actuación, pero que «no es ningún documento que tenga validez legal», y ha subrayado que el propio Parlamento le recordó al Gobierno que estaba pendiente de reglamentar la ley.

«En ausencia de una adecuada reglamentación, que no existe», ha explicado Villaseca, Gas Natural Fenosa ha firmado acuerdos con 400 municipios catalanes que, a través de sus servicios sociales, le comunican los casos de vulnerabilidad y que han permitido atender a 9.000 hogares en situación de riesgo de exclusión. Villaseca remarcó que en Reus existe un convenio de este tipo que funciona desde 2014 y que en este tiempo los servicios sociales han comunicado a la empresa 150 casos de familias en situación de vulnerabilidad. En lo que va de año, se comunicaron 88 casos.

«No podemos entender cómo si el Ayuntamiento sabía desde 2013 que estaba en situación de vulnerabilidad, no nos ha comunicado nada en estos más de tres años», afirmó el directivo, que tampoco comprende «cómo es posible» que después de dos meses de corte de luz «nadie informara de esta situación». «El Ayuntamiento lo ha hecho en 150 casos, pero desgraciadamente no en este», precisó Villaseca respecto a la anciana con la luz cortada que murió en un incendio en su casa provocado por una vela.

Villaseca cree, en cualquier caso, que ante esta tragedia «no se trata tanto de hablar de responsabilidades», sino de «hacer todo lo posible para que hechos como este no vuelvan a suceder». «La coordinación entre servicios sociales, la compañía y la Generalitat no ha sido la que tendría que ser», ha reconocido Villaseca, en la que ha rechazado que se responsabilice a la multinacional de estos hechos, cuando «es la administración la que ha de poner las reglas del juego».

El Ministerio ofrece su cooperación

Así, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ofreció su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética. Así lo expresó Nadal, que indicó que «la pobreza energética es un síntoma de vulnerabilidad mayor y no solo un problema de energía». A este respecto, recordó que «las competencias en cuestiones sociales son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos», por lo que reiteró su disposición a colaborar con las administraciones implicadas ante la posibilidad de que existan «conflictos» con las compañías eléctricas.

En el caso de Reus, lamentó que «no se pudo actuar de la manera que todo el mundo había deseado», ya que existe tanto un fondo municipal para hacer frente a estas situaciones como una normativa autonómica que no se aplicó. En esta línea, destacó que la mujer fallecida como consecuencia de un incendio provocado por una vela que utilizaba para iluminar su vivienda, al no contar con electricidad, se había beneficiado de ese mismo fondo para pagar el agua.

Cataluña sancionará a Gas Natural

El consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat catalana, Jordi Baiget, advirtió que «sancionarán a Gas Natural Fenosa por el caso de la anciana de Reus que murió, si no le informaron previamente antes de cortar la luz, porque la ley es muy clara». Baiget indicó que la Generalitat está pendiente de recibir la respuesta de la compañía a su requerimiento de información. Asimismo informó de que el Gobierno se reunirá con Gas Natural para «resolver lo que nos falta para cumplir con la ley catalana que es firmar convenios con las compañías para condonar la deuda que generan las familias en situación vulnerable».

El responsable de Empresa y Conocimiento de la Generalitat insistió que «la ley es muy clara y funciona sin el reglamento» que reclama ahora Gas Natural Fenosa. Baiget respondió así al consejero delegado de la energética, Rafael Villaseca. Asimismo, el consejero confirmó que recibió la llamada del ministro Álvaro Nadal para interesarse sobre el tema y los dos coincidieron que las administraciones deben trabajar conjuntamente para evitar otros casos como el de Reus. Desde que está en vigor la ley, la Generalitat asegura que se actuó en 39.000 ocasiones para evitar cortes en los suministros.

En el pacto contra la pobreza energética, Baiget aseguró que uno de los puntos que faltan es el de definir quién debe asumir la deuda de las facturas impagadas. Así, lamentó que «nos hemos reunido 25 veces con las empresas eléctricas para poder llegar a un acuerdo: lo hemos conseguido con las empresas de agua, pero no con las empresas de electricidad». El consejero señaló que «no tiene sentido que las compañías eléctricas con un beneficio conjunto, hasta el tercer trimestre de este año, de 4.500 millones de euros, no acepten el bono social ni firmen convenios de pobreza energética».

Durante su discurso, Baiget reivindicó un pacto empresa-sociedad que integre las «políticas de responsabilidad social empresarial como un valor de cada empresa» y en este sentido, dijo que «cortar la electricidad a las personas vulnerables no es responsabilidad social empresarial». Baiget considera poco «productiva» la petición de Unidos Podemos de que el presidente de Gas Natural Fenosa, Isidre Fainé, comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso. “Tienen la libertad de pedirlo pero los políticos y la Generalitat tienen que trabajar para resolver problemas de pobreza energética”, dijo.