Rajoy y Nadal aseguran que no se tomarán «decisiones políticas» sobre Garoña y defienden la profesionalidad del CSN

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se ha pronunciado sobre si reabrirá o no la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), alegando que tiene 6 meses antes de tomar la decisión. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que el Gobierno no tomará «decisiones irresponsables» ni «políticas» sobre Garoña y ha defendido la profesionalidad de los miembros del consejo y técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en la elaboración del informe sobre la planta.

La diputada socialista burgalesa, Esther Peña, acusó al PP de «no decir la verdad» sobre este tema «jugando» con los trabajadores de Garoña y con la comarca a la que, según ha recordado, les prometieron un plan de recuperación de empleo que siguen esperando «desde hace 5 años». Del mismo modo, señaló que la planta «no es segura» tal y como, a su juicio, demuestra el informe del CSN en el que se piden inversiones de seguridad a la empresa que gestiona Garoña, Nuclenor, y apunta que el PP busca con esta reapertura lanzar un «globo sonda» para mantener las centrales nucleares en España y favorecer a las compañías eléctricas.

En este sentido, el ministro acusó al PSOE de «querer sacrificar a los trabajadores y a la comarca» para «hacer política y llevarse votos» y ha indicado que su departamento no tomará decisiones «por motivos ideológicos» ni se precipitará en la toma de decisiones sobre un tema de seguridad. «Todas las decisiones las vamos a tomar de manera sosegada«, insistió. Nadal valoró positivamente que el PP esté «abriendo un proceso de audiencia pública» antes de tomar una decisión «para que todo el mundo opine» y rechazó las declaraciones del coportavoz de Equo, Juan López de Uralde asegurando que toda la comunidad social y política está en contra de la reapertura.

«No es igual la opinión de los trabajadores, de las empresas, de la Junta de Castilla y León y del Gobierno vasco, de las diputaciones», ha apuntado el titular de Energía, que también ha señalado que se escuchará a las asociaciones ecologistas. «Es de recibo que todo el mundo reciba la información», afirmó. Uralde reprochó a Nadal que el trámite que va a llevar a cabo el Ejecutivo se inicie pidiendo su opinión a la empresa dueña de Garoña cuando «se está jugando la seguridad de las personas y con el medio ambiente» al reabrir una central «obsoleta» y que «no aporta ni un kilovatio a la red», por lo que «no tiene impacto en el precio de la luz«.

Del mismo modo, ha dudado de la imparcialidad del CSN al hacer el informe sobre la reapertura. Uralde denunció que hace años se le impusieron a la central unas inversiones para poder renovar su actividad, y ahora, sin que se hayan llevado a cabo las reformas, se pronuncie a favor de la reapertura. En este sentido, recordó que la mayoría de los miembros del CSN fueron propuestos por el PP. «Me preocupa que dude de la independencia del CSN», ha reconocido Nadal. ¿Piensa que los técnicos no son profesionales y no cuidan la seguridad nuclear del país?, cuestionó el ministro, que reivindicó que éstos son «los más reputados de Europa».

Rajoy escuchará “a los interesados”

Por su parte, el presidente del Gobierno señaló que antes de tomar una decisión deben cumplirse algunos trámites, entre ellos, que el Ejecutivo escuche «a todos los que tengan interés» en este tema. Así respondió Rajoy a la pregunta formulada por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, acerca de las intenciones del presidente sobre la reapertura de Garoña. Esteban le recordó que «la posición mayoritaria», tanto social como política, es favorable al cierre y mostró su temor de que el PP ponga en marcha la central y que luego sea apagada por una decisión posterior, teniendo que pagar los costes que eso conlleva los ciudadanos.

El portavoz nacionalista ha destacado que Garoña es la planta más antigua de España, que su reactor es del mismo tipo del de la central de Fukushima (Japón)y supone «simplemente el 0,4% de la potencia instalada en España» y no llega al 6% de la potencia nuclear en el país. «Esto no va a abaratar el precio de la electricidad, ni mucho menos, es una central vieja y tiene riesgos, no le vemos ningún sentido», ha destacado en su discurso.

«Entiendo sus argumentos y sus razonamientos pero soy el presidente y tengo que cumplir los trámites que dice la ley», ha insistido Rajoy, quien ha apuntado que primero es Nuclenor, la empresa gestora de la planta, quien debe pronunciarse y después el Gobierno comenzará la ronda de contactos. Además, ha precisado, después de que el Ejecutivo tome una decisión, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también tendrá algo que decir.

«En todo caso les escucharemos a ustedes y todas las instituciones que han manifestado su intereses» sobre este tema, ha asegurado el presidente que ha destacado que sí hay instituciones favorables a la reapertura de Garoña, como la Junta de Castilla y León. Del mismo modo, Rajoy ha defendido su actitud, que ha calificado como las «más prudente, razonable y sensata», de «estudiar a fondo» los razonamientos de unos y de otros» antes de tomar una decisión. «Intentaremos tomar la mejor decisión en defensa de los intereses de todos», concluyó.

Nadal insiste en que tener objetivos de renovables más ambiciosos provocará picos de precios en la factura de la luz

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha insistido en que introducir objetivos de uso de energías renovables cada vez más ambiciosos supondrá que se produzcan con más frecuencia picos en los precios de la electricidad como los ocurridos durante la ola de frío de enero.

En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha reprochado a Nadal que haya «tirado la toalla» y se haya «resignado» a que los precios de la energía vayan a subir este año 100 euros. «Me suena a misterio de rosario, a conformismo, a eso de prometo llevar con resignación las penas, incomodidades y tribulaciones que deba sufrir«, ha añadido.

El ministro había afirmado que España se deberá «acostumbrar» a precios de la energía más altos en algunos momentos, palabras que recordó Baldoví. «Tiene mucha experiencia en política y sabe que las preguntas no pueden hacerse en base a titulares sesgados, sino a lo que el ministro dijo con precisión. Y yo, desde luego, no dije lo que usted acaba de decir», ha espetado Nadal. A renglón seguido, ha explicado que sus palabras se referían a una «cuestión meramente técnica» como es el que «a medida que se introducen más objetivos medioambientales de renovables, el sistema tiene más energía rígida e interrumpible y, por tanto, es más difícil su gestión».

«Así que con cierta frecuencia habrá esas puntas de invierno, como los 10 días de altos precios que tuvimos en enero, y tendremos que tener más sistemas para la gestión de la demanda, que hoy en día están muy poco desarrollados en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno», ha añadido el ministro, asegurando que «cualquiera que sepa de energía corroborará» esta consideración.

A renglón seguido, Nadal ha subrayado que el Gobierno ya ha hecho lo que está en su mano para contener el precio de la electricidad, congelando la parte fija del recibo, y señaló que fomentar el autoconsumo abarata la factura para quienes instalan este tipo de sistemas pero «la aumentan para los demás». «Creo que eso no es justo», zanjó.

Sin embargo, las explicaciones de Nadal no convencieron al diputado de Compromís, que se ha preguntado «para qué queremos un ministro de Energía» si ya ha renunciado a tomar medidas para intentar bajar el coste de la energía. «¿Por qué no intenta parecerse a los países que tienen la electricidad más barata? Sería más inteligente. No nos pida que recemos el rosario, que nos resignemos. Líbrenos de incomodidades y tribulaciones. Bájenos el recibo de la luz», exigió el parlamentario valenciano.

Rajoy plantea escuchar a «todo aquel que quiera opinar» sobre Garoña y saber si Nuclenor quiere hacer efectiva la reapertura

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Europa Press / EFE.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está a la espera de conocer las opiniones de «todo aquel que quiera opinar» respecto a la solicitud de renovación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y cree que es “muy importante” saber «si las empresas propietarias están de acuerdo en abrir, o no», respecto a la solicitud de Nuclenor de renovar la licencia de explotación de Garoña hasta el año 2031, cuando la planta alcance 60 años de edad.

Nuclenor, el titular del reactor burgalés es una sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola. Además, Rajoy aseguró que, antes de la decisión final, ya ha solicitado manifestar su opinión a la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, Navarra, La Rioja «y algunos más». Finalmente, confirmó que el Gobierno no tiene aún «decisión tomada» y que aún tiene un plazo «de 6 meses para resolver” si da definitivamente o no luz verde a la reapertura de la central.

Decisión del Ministerio de Energía

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió por 4 votos favorables y uno en contra avalar la operatividad de esta planta hasta 2031 siempre que Nuclenor cumpla un decálogo preciso de medidas de seguridad para garantizar su buen funcionamiento. El Ministerio de Energía es el encargado de decidir si concede o no esa autorización para que la central vuelva a conectarse a la red y por cuánto tiempo, según el presidente del CSN, Fernando Martí, una vez finalizado el pleno de su organismo.

Fuentes del departamento encabezado por Álvaro Nadal aseguraron que durante los próximos meses habrá «contacto y diálogo» con todos los agentes implicados en el futuro de Garoña y, especialmente, con empresas, comunidades autónomas y organizaciones ecologistas. Aún en el caso de que la central recibiera el permiso definitivo para recuperar su operatividad y volver a producir electricidad, no podría hacerlo de inmediato, ya que primero sería necesario garantizar los requerimientos de seguridad, cuyo coste dijeron desconocer los consejeros del CSN. El futuro de Garoña es especialmente importante para la gestión de la energía nuclear en España ya que sienta precedente para que una central de este tipo pueda operar más allá de los 40 años.

Exigen ceses en el CSN

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Vitoria aprobó una moción en la que se exige el cierre definitivo de Garoña y el cese del presidente del CSN, Fernando Martí, organismo regulador que considera necesario «despolitizar«. El texto ha salido adelante con los votos favorables del PNV (5) y PSOE (4), EH Bildu (6), Podemos (2) e Irabazi (1) y el rechazo del PP.

En la moción se reclama además que se inicien «de inmediato» los trámites para «desmantelar» Garoña y se pide al Gobierno Vasco que inste a sus dos representantes en el comité asesor del CSN a «defender» el criterio del Ayuntamiento de Vitoria. Asimismo, se solicita a los servicios jurídicos municipales que «estudien» la posibilidad de acudir «a cuantas instancias judiciales sea posible» si el gobierno central finalmente autoriza la reapertura de la planta. El PP ha intentado sin éxito la aprobación de una moción alternativa que los grupos han rechazado por «escasa» y «quedarse corta».

Facua ve «escandalosa» la decisión

Por otra parte, Facua considera «escandaloso» que el CSN «se vaya a saltar» los requisitos que ellos mismos habían exigido para la central de Garoña (Burgos) y que ahora autoricen o den luz verde a su reapertura. La asociación considera que la supuesta independencia del organismo «queda ahora en entredicho» y «lamentablemente, todo apunta a que el Gobierno va a proceder a saltarse la voz del Congreso, donde mayoritariamente los grupos de la oposición rechazan la reapertura de las nucleares».

A juicio de Facua, el CSN ha tomado esta decisión de permitir la reapertura de Garoña «saltándose sus propios requisitos», una decisión que a su juicio «pone por encima los intereses de las eléctricas de la seguridad de los ciudadanos» y ha recordado que el supervisor exigió a los dueños (Iberdrola y Endesa) unas obras y actuaciones previas que no han llevado a cabo. Asimismo, advirtió de que éste va a ser el punto de partida para la reapertura de otras centrales mucho más importantes, como puede ocurrir de forma inmediata con la de Almaraz.

Facua reitera que se opone a la reapertura de las centrales nucleares en España, forma de producción energética «que no es segura ni para las personas ni para el medioambiente y que por lo tanto debe dejar de utilizarse en el sistema eléctrico español». Por el contrario, considera que el Gobierno debe apostar por formas de generación más baratas «y sobre todo más seguras y menos perjudiciales para el medioambiente».

El Gobierno considera que Garoña «no se puede utilizar como precedente para el resto de centrales nucleares que están funcionando»

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para alargar la vida útil de la central nuclear de Garoña (Burgos) “en ningún caso es un precedente” para peticiones futuras de otras plantas que están abiertas y funcionando “ya que es una central singular que ya lleva cuatro años cerrada».

«La decisión que tomemos sobre Garoña no prejuzga lo que podamos hacer en otras centrales», reiteró el secretario de Estado, que citó Almaraz y Trillo. «Es radicalmente distinta a una central que está en funcionamiento», sentenció. Por otro lado, recordó que la decisión definitiva sobre si la central vuelve a operar es de Nuclenor, la empresa titular formada por Iberdrola y Endesa. «Nosotros tenemos que conceder la autorización o no y hacerlo por un plazo concreto», señaló Navia, quien añadió que «son las empresas las que tienen que valorar si esa autorización les permite continuar».

En todo caso, aseguró que «no se va a abrir sin hacer las inversiones que ha exigido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)». «Eso no supone ninguna duda y se van a cumplir todos los requisitos de seguridad», apostilló. Así, advirtió de que en cada caso que se produzca a futuro acerca de una petición de ampliar la vida útil de 40 años de una central nuclear, el debate será «las inversiones necesarias para continuar».

«Lo que se pueda hacer en otras centrales será radicalmente distinto», señaló. Navia indicó que el Ministerio de Energía cuenta ahora con un periodo de 6 meses para tomar una decisión sobre el informe del CSN respecto a Garoña y que, para ello, se abrirá un periodo de audiencia pública para «oír a todo el mundo», teniendo en cuenta las alegaciones que se puedan presentar. El Ministerio de Energía mantendrá reuniones con comunidades autónomas, organizaciones sociales y ecologistas y empresas para conocer su postura y tomar una decisión. «Todavía no está definido un calendario de reuniones y no sabemos si serán conjuntas o bilaterales», señaló.

Burgos exige el cierre definitivo

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Burgos exige al ministro de Energía que no avale la reapertura de Garoña e inicie las medidas necesarias para proceder, de manera inmediata, al cierre definitivo de las instalaciones y posterior desmantelamiento. Con los votos del PSOE, Ciudadanos, Imagina y la edil no adscrita Silvia Álvarez de Eulate, y el voto en contra del PP, y la abstención de otro concejal no adscrito, procedente del PP, el pleno municipal aprobó esta moción de urgencia presentada por C’s.

Una vez el CSN ha emitido informe favorable a la reapertura, Ciudadanos considera que es el momento de que Burgos se posicione públicamente contra la central nuclear. El aporte energético de Garoña es «marginal», ha afirmado el edil de Ciudadanos, Jesús Ortego, quien también ha incidido en que «no existe acuerdo político» sobre la reapertura de la central y además Nuclenor como empresa propietaria «tiene dudas». «El momento político es diferente y la central también está en un momento técnico diferente», así que Burgos debe exigir al Ministerio de Energía que no avale su reapertura.

La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE e Imagina, que creen que es «prácticamente imposible» que la nuclear reabra, porque ya no interesa a las eléctricas desde el punto de vista económico. En el lado contrario se ha posicionado el PP; el edil César Rico rechazó el «cierre político» de Garoña y ha apostado por que sean los propietarios los que decidan el futuro de la central nuclear.

Finalmente, el pleno del Ayuntamiento ha acordado pedir a Energía que no avale la reapertura de la central nuclear y tome las medidas necesarias para hacer posible su cierre definitivo. Al mismo tiempo, se ha instado a la recuperación y actualización del Plan de Reindustrialización de la zona de influencia, aprobado en 2010 pero paralizado tras la llegada del PP al Gobierno. El PSOE ha defendido que se aprovechen los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para incluir una partida que permita sacar nueva convocatoria del Plan Reindus este año.

Iberdrola recurre ante el Tribunal Supremo la normativa sobre los nuevos márgenes de comercialización de la tarifa regulada

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EFE.- Iberdrola ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real decreto que estableció la nueva metodología para calcular los márgenes de las comercializadoras encargadas de suministrar la electricidad a los clientes acogidos a la tarifa regulada. El recurso, presentado por Iberdrola Comercialización de Último Recurso e Iberdrola Clientes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha sido admitido a trámite. Anteriormente, ya habían recurrido la nueva metodología Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo.

En concreto, el recurso de Iberdrola se dirige contra el real decreto 469/2016, aprobado el pasado 18 de noviembre, que fija la nueva metodología para calcular los márgenes de comercialización. El Gobierno calculó que el cambio en el margen de comercialización supondrá una subida del recibo del 0,04%, unos 25 céntimos anuales. La anterior metodología, aprobada en 2014 mediante otro real decreto, fue anulada por el Tribunal Supremo a través de tres sentencias. Iberdrola también ha recurrido la orden que fija los costes de comercialización para las comercializadoras de referencia que se deben incluir en el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada. 

Nadal tendrá en cuenta a las comunidades autónomas, las organizaciones ecologistas y las empresas en la decisión final sobre Garoña

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró en el Senado, en referencia a la posible reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), que tendrá en cuenta la opinión de las comunidades autónomas implicadas, las organizaciones ecologistas y las empresas propietarias, Iberdrola y Endesa, antes de tomar la decisión definitiva. Así lo explicó Nadal al responder una pregunta sobre qué pasará con Garoña del senador de Podemos, Ignacio Bernal, durante la sesión de control al Gobierno de la Cámara Alta.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aceptó con condiciones la solicitud de autorización de reapertura de la central burgalesa hasta 2031, una promesa electoral de Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2011. Ahora la decisión definitiva recaerá en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que debe aprobar en el plazo de seis meses una orden ministerial. El ministro aseveró que “la seguridad es lo prioritario cuando hablamos de energía nuclear». En todo caso, afirmó que el Gobierno basará su decisión en «el interés general» y «teniendo en cuenta lo que tengan que decir las partes implicadas». Además, añadió que «quiere que el precio de la luz baje ante todo y sobre todo».

«Hay que tener mucho cuidado con las decisiones irresponsables porque salen muy caras y les sube el precio de la electricidad a los ciudadanos y lo que este Gobierno quiere es que ese precio baje. Ustedes están en otra cosa, hacer apuestas ideológicas que en el pasado a este país le han costado 10.000 millones de euros de sobrecoste al año en el recibo de la luz», ha puntualizado Nadal. En este sentido, ha apostado por un sistema suficientemente diversificado que cumpla con los compromisos medioambientales y «salga lo más barato posible» para el ciudadano.

Lo cierto es que tanto el actual ministro, Álvaro Nadal, como su predecesor en el cargo, José Manuel Soria, han asegurado en reiteradas ocasiones que la decisión del Ministerio seguirá lo establecido por los técnicos del organismo regulador CSN. Por su parte, Bernal pidió al ministro «cerrar todas las centrales nucleares y Garoña la primera» y expresó su temor de que pueda suponer una indemnización «en diferido» a Iberdrola y Endesa por lo que le exigió «no repetir la operación Castor».Además, acusó al Ejecutivo de «haber montado este teatro con Garoña para abrir la puerta a la ampliación de la vida útil de todas las centrales nucleares del país».

Bernal asegura que a su grupo le consta que hay un dictamen técnico preliminar que refleja que no se han cumplido las medidas de seguridad exigidas a la empresa gestora de Garoña en abril de 2015. Por ello, cree que ahora se plantean «dos mapas». El primero, que se reabra Garoña sin cumplir los requisitos de seguridad, con el “riesgo” que supone para la población civil y el medio ambiente; por ello, ha pedido al titular de Energía que le diga mirándole a la cara, «no voy a abrir un Fukushima en la provincia de Burgos». Y el segundo, el pago de una millonaria indemnización.

“Oposición radical” del gobierno vasco

Por su parte, el Gobierno autonómico del País Vasco confía en que el Ejecutivo de Rajoy «tome nota» de la «oposición radical, rotunda y claramente contraria» de las instituciones de Euskadi a la reapertura de la central nuclear de Garoña, ubicada en Burgos pero cerca del límite con el País Vasco. El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, indicó que estudiará las «opciones» a su alcance para defender que la central permanezca cerrada. Resaltó que al rechazo social a la central expresado en diversas movilizaciones en Euskadi se suma la postura contraria de la instituciones de Álava, del Parlamento Vasco y del propio Gobierno autonómico. «Nadie en Euskadi comprendería la reapertura de Garoña», aseveró Erkoreka.

Garoña es la central nuclear más antigua de España y lleva parada desde finales de 2012. Su propietaria, Nuclenor, integrada por Iberdrola y Endesa, ha solicitado poder operarla hasta 2031, cuando cumpla 60 años, aunque para ello el CSN le ha exigido una serie de requisitos de seguridad. En este sentido, la Asociación Profesional de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica desveló que las mejoras de seguridad exigidas a Nuclenor en 2015 no se han llevado a cabo y alertó de que el dictamen favorable del CSN «supone un cambio de criterio» y «de facto una exención encubierta al cumplimiento de los requisitos previos».

Energía amplía hasta junio el plazo para realizar la subasta de renovables debido al debate «intenso» sobre sus reglas

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Europa Press / EFE.- Al tiempo que el Gobierno anuncia que quiere sacar adelante «este año» el «amplio» plan de eficiencia energética para 200.000 establecimientos hosteleros que anunció hace unas semanas y que contará con financiación europea, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha afirmado que se ha ampliado el plazo para realizar la nueva subasta de 3.000 megavatios (MW) de renovables hasta el primer semestre» de este año, debido a la «discusión intensa» existente entre los distintos actores sobre cómo debe ser el proceso.

Nadal señaló que el objetivo es realizar el concurso, previsto inicialmente para el primer trimestre y en el que se licitarán incentivos para una potencia de hasta 3.000 megavatios (MW), dentro del primer semestre del año, «pero lo más acelerado posible». El ministro recordó que el concurso se encuentra actualmente en audiencia pública, «opinando todos los interesados sobre qué tipo de subasta les gustaría tener». Así, señaló que se está en un «proceso de diálogo» para hacer la subasta «lo más perfecta desde el punto de vista técnico y lo más neutral desde el punto de vista económico». Esta subasta será la segunda después del levantamiento el año pasado de la moratoria a la instalación de nueva potencia renovable primada.

El Gobierno remitió en diciembre a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la propuesta normativa, formada por un decreto y una orden ministerial, para regular los procedimientos de la subasta. Energía enmarca esta subasta en el compromiso de España de conseguir que el peso de las renovables alcance el 20% en el consumo final de energía en 2020. Actualmente España se encuentra por encima de la senda prevista para cumplir ese objetivo, ya que en 2015 alcanzó un 15,6% frente al 13,8% previsto, incluyendo los biocarburantes.

Hostelería: plan de eficiencia energética

Por otra parte, Nadal prevé que «este año» esté en marcha el «amplio» plan de eficiencia energética para 200.000 establecimientos hosteleros que anunció el Gobierno recientemente, que contará con financiación de fondos europeos. El ministro señaló que ya se está hablando con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), «que quiere proyectos muy grandes, de más de 20 millones de euros», y con las comunidades autónomas y agentes del sector para agregar proyectos. «El objetivo es que esta iniciativa esté en marcha este año, pero es un trabajo complicado. Si hubiese sido más fácil hacerlo antes ya se hubiera hecho. El proyecto es factible, pero hay que echar mucho trabajo, mucha coordinación y muchas horas», dijo.

Se pretende mejorar los actuales sistemas de iluminación de 200.000 locales comerciales en España y sustituirlos por otros más eficientes de tecnología LED. El programa contará también con fondos para mejorar los sistemas de calefacción y aire acondicionado y el aislamiento de los establecimientos.  Para el desarrollo del plan, el Gobierno pretende contar con el apoyo del Plan Juncker de inversión, con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) y con diversos instrumentos financieros del BEI. Para optar a financiación europea es necesario materializar la iniciativa en un gran plan de mejora que cuente con muchos establecimientos, por lo que el Gobierno descarta que los proyectos locales por sí solos y de forma independiente puedan lograr fondos europeos para estas actividades.

Nadal pide «acostumbrarse» a precios más altos de la energía en algunos momentos y prevé 2017 a niveles de 2015

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, indicó que España se deberá «acostumbrar» a precios de la energía más altos en algunos momentos e hizo un llamamiento a tener una demanda más gestionable para poder cumplir los objetivos ambientales. Además, asegura que España cumple la normativa europea actual de peajes y pide mantener su control político.

El ministro ha destacado como retos aumentar la flexibilidad de generación del sistema energético y gestionar el sistema teniendo en cuenta que todavía faltan interconexiones entre países en Europa: «Veo a los Gobiernos más pegados a la realidad, respecto a los planteamientos teóricos de la Comisión Europea», indicó Nadal, defendiendo menos ideología y más tecnología, frente a una confrontación actual entre el deseo de adonde se quiere llegar, especialmente en materia medioambiental, y la realidad. «Se está regulando un mercado europeo que todavía no existe. Hay lugares todavía muy poco interconectados y los diferentes países no fijamos precios de la misma manera» ni en gas ni en electricidad, ha argumentado.

En cualquier caso, ha dado por sentado que España «va a cumplir sin ningún problema» el objetivo de contar en 2020 con un 20% de renovables. Nadal indicó que ir por detrás de la tecnología hace perder oportunidades de ganar competitividad, pero ir muy por delante también puede generar sobrecostes. Eso sí, el ministro admitió dificultades en el cumplimiento de los objetivos en materia de eficiencia energética. En este punto, lamentó que las inversiones en eficiencia energética hechas por el sector público computen como gasto en lugar de como inversión, algo que considera «demencial», por lo que criticó una normativa «prácticamente inasumible» tanto para el sector público como el privado.

Por otra parte, el ministro argumentó que “hoy por hoy” no se puede prescindir de ninguna energía, ni siquiera del carbón, «a menos que se dé un salto tecnológico», y subrayó la dificultad de hacer compatible el suministro energético, una política razonable de precios y el cumplimiento de todos los objetivos medioambientales. «Estoy a favor de las renovables sí, pero si son baratas», aseguró el ministro para dejar claro que, actualmente, no es posible que el sistema funcione al 100% solo con este tipo de energías, y por ello ha defendido el papel que juegan las nucleares o las térmicas.

Respecto a la previsión de precios de la electricidad en España este año, hizo hincapié en que los precios mayoristas han vuelto a la normalidad en febrero, después de la «casi tormenta perfecta» que se produjo en enero, y ahora los precios de la energía atraviesan una «situación diferente» ya que las circunstancias meteorológicas han cambiado por completo. En esta línea, destacó el «vendaval enorme» en España que ha hecho que los precios de la electricidad estén 20 euros por debajo de Francia y Alemania.

Asimismo, ha destacado que las medidas impulsadas por el Gobierno en el sector del gas, con la introducción del creador de mercado, han contribuido a que el precio del megavatio hora en gas descendiera de 40 a 30 euros. Por ello, aunque no se ha atrevido a aventurar cómo evolucionarán los precios en los próximos meses, dado que dependerá de la meteorología, sí que ha apuntado que parece que los precios de la energía no podrán estar al nivel de 2016, sino que serán «muy similares a los de 2015», lo que ve como «razonable» ya que el petróleo es más caro que en 2016.

Sobre la negociación con Bruselas respecto a la interpretación de la directiva sobre la fijación de los peajes eléctricos, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, Nadal ha asegurado que España cumple la normativa actual, algo que Bruselas discute, pero que con los cambios que se están preparando y que dan más peso al regulador nacional en la fijación de precios, al pretender que pueda establecer la metodología y los precios, el Gobierno quiere mantener «una dirección política en la política tarifaria«. En este sentido, resaltó que «en todos los países europeos hay cierta dirección política», y en este punto recordó que en Francia el ministro de Energía puede vetar la propuesta de precios del regulador.

La Comisión Europea publicará el 17 de febrero el paquete de infracciones en el que decidirá si sanciona y denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no ceder poder al regulador para fijar los peajes de electricidad o si, por el contrario, acepta los compromisos remitidos por carta por el Gobierno en noviembre, cuando comunicó que cambiará la estructura de los peajes, en la medida en que acepta «aumentar las competencias» de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero reivindica un mecanismo de doble lectura en el que la CNMC realizará una propuesta y el Gobierno fijará los precios y quedará a la espera del posterior visto bueno del regulador.

Eso sí, el Ejecutivo español no especificaba qué ocurrirá en caso de discrepancia y pedía un periodo de adaptación para abordar la reforma que debe dar más peso a la CNMC en la fijación de la metodología y de las tarifas en transporte y distribución. Por su parte, el director general adjunto de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Christopher Jones, ha defendido la propuesta de diseño del mercado energético europeo y se ha mostrado convencido de que situará a Europa como líder global en lucha contra el cambio climático con un sistema energético competitivo y eficiente.

Pide a Cataluña evitar ideología

Por otro lado, Nadal instó al Gobierno catalán a no hacer de la política energética y del uso de las diferentes fuentes de energía un «debate ideológico» y a actuar en este ámbito con «sentido común». Así se refirió al documento aprobado en el que se dibuja el modelo energético de futuro que aspira a construir y el ministro subrayó que «tiene que haber mucho sentido común, poner todas las piezas juntas y no usarlo como un debate ideológico» porque lo importante, a su juicio, es «acertar» porque eso daría una ventaja estratégica al país.

El modelo energético de futuro que el Ejecutivo autonómico aspira a construir para Cataluña está basado en las energías renovables y marca como objetivo para el 2050 que el 100% de la energía que se consuma en hogares y empresas proceda de fuentes renovables, además de otorgar un papel importante al autoconsumo. «No creo que podamos prescindir ideológicamente de nada», ha dicho Nadal en referencia a la renuncia a la energía de origen nuclear. El ministro ha señalado que «hay que vivir de realidades y la realidad es que la nuclear es la que nos permite avanzar sin emitir CO2».

El pool sube un 11,7%

Mientras tanto, el precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzó los 55,46 euros el megavatio hora, un 11,7% más que los 49,66 euros el MWh previos, según datos de OMIE, el operador del mercado. Este precio está muy lejos de los picos alcanzados a finales de enero, en plena ola de frío y con la actividad hidroeléctrica y eólica bajo mínimos. El 25 de enero, la electricidad alcanzó los 91,88 euros el MWh en el mercado mayorista, un nivel que no se veía desde diciembre de 2013. El precio mayorista supone en torno al 35% de la tarifa eléctrica regulada, mientras que el 65% restante depende de los peajes, que fija el Gobierno, y de los impuestos aplicados.

Rajoy asegura que el sector eléctrico está “auditado de una manera continua” y rechaza las medidas propuestas por Iglesias (Podemos)

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Redacción / Agencias.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazó las propuestas que le ha planteado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras las últimas subidas del precio de la luz y ha defendido que el modelo eléctrico «está auditado y se audita de una manera continua» por lo que ha insistido en que no se plantea medidas adicionales tras la pregunta de Iglesias sobre cuánto tiene que subir el precio de la electricidad para que el Gobierno «tome cartas en el asunto».

Iglesias le propuso a Rajoy en el Congreso cinco medidas para abaratar el recibo eléctrico: hacer una auditoría de los costes de generación de la electricidad en España y, si refleja que están muy alejados del precio final, acometer un cambio del sistema de fijación del precio y limitar los «abusos del oligopolio«. De hecho, Rajoy aseguró estar sólo de acuerdo con la primera, si bien ha matizado que «el modelo ya está auditado y se audita de manera continuada».

Asimismo, Iglesias planteó gravar los denominados beneficios caídos del cielo de las centrales nucleares e hidroeléctricas; recuperar la gestión pública de estas centrales hidroeléctricas «cuando caduque la concesión», para «evitar que se esté especulando sobre el agua embalsada»; suprimir el impuesto al sol para favorecer el autoconsumo, y reducir el IVA del recibo del 21% actual al superreducido del 4% o «al menos» al reducido del 10%, en línea con países como Italia (10%), Reino Unido (5%) o Bélgica (6%).

Rajoy vinculó las subidas de precios de este mes tanto a la evolución de las materias primas en un 112% del petróleo, un 130% el gas y un 113% el carbón, y a las condiciones meteorológicas con menos agua y viento que obligaron a producir con centrales más caras. Rajoy recordó que estas subidas afectan a la parte de energía del recibo, que suponen alrededor del 35%, mientras que los peajes que fija el Gobierno y que suponen un 40% llevan tres años congelados e incluso bajaron un 2,8% el año pasado. Rajoy también reivindicó que sin las medidas tomadas para poder congelar esos peajes «estaríamos en una situación peor».

En este sentido, Rajoy ha indicado que la situación de parálisis de varias centrales nucleares en Francia también contribuye al encarecimiento del recibo de la luz. De hecho, Rajoy apuntó que esta situación también se está viviendo en otros países, como Francia, Suiza, Italia o Bélgica, en donde el precio de la electricidad «ha subido más que en España«. El presidente subrayó que producir electricidad con energía hidroeléctrica, «agua o viento», es más barato que con petróleo. «Esto es increíble que haya que explicarlo, porque parece que no se entiende, pero es así. Las condiciones meteorológicas no han ayudado», sentenció.

Iglesias le ha vuelto a afear a Rajoy la presencia de políticos en los consejos de administración de las eléctricas. ¿No le parece impresentable?», le ha apuntado Iglesias. El mercado eléctrico mayorista (pool) cerró enero con unos precios elevados, prácticamente el doble que hace un año, que se traducirán en un alza del recibo de la luz de alrededor del 28,56% para los consumidores acogidos a la tarifa regulada, unos 12 millones del total de 25 millones de consumidores eléctricos.

Bruselas decidirá el 17 de febrero si son suficientes los cambios sobre los peajes eléctricos o sanciona a España

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Europa Press / EFE.- La Comisión Europea publicará el 17 de febrero el paquete de infracciones en el que decidirá si sanciona y denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no ceder el Gobierno la competencia al regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para fijar los peajes de electricidad o si, por el contrario, acepta los compromisos remitidos por carta por el Gobierno para cambiar la legislación, según indicaron fuentes conocedoras del proceso.

El pasado noviembre, el Gobierno remitió una carta a Bruselas en la que respondió a la notificación de procedimiento sancionador presentada por las autoridades comunitarias y se comprometió a «despejar las dudas» y a adoptar las medidas necesarias para «permitir el cierre del expediente», según el contenido de la misiva. En la carta, el Gobierno comunicó que está dispuesto a cambiar la estructura de los peajes, en la medida en que acepta «aumentar las competencias de la CNMC». Sin embargo, habrá un «mecanismo de doble lectura» en el que la CNMC realizará una propuesta y el Gobierno fijará los precios y quedará a la espera del posterior visto bueno del regulador. No se especifica qué ocurrirá en caso de discrepancia.

El Gobierno le retiró competencias a la CNMC en 2014, limitando su capacidad de actuación sobre las tarifas eléctricas, de forma que actualmente este organismo valida la metodología y el Gobierno fija los peajes, que suponen más de un tercio de la factura. Los precios del mercado mayorista eléctrico suponen alrededor del 35% del recibo mientras que el 65% restante corresponde a impuestos y a esos peajes, que fija el Gobierno y que están congelados para este año. Poco después de estrenarse en el cargo de ministro de Energía, Álvaro Nadal se reunió con el comisario Miguel Arias Cañete y otros responsables de ambos equipos para abordar, entre otros, el asunto sobre la regulación de las tarifas eléctricas en España.

Al respecto, fuentes gubernamentales indicaron que España comunicó a Bruselas, dentro del curso habitual de las comunicaciones que regularmente se tiene con la Comisión Europea, que está abierta a mejorar la regulación nacional y clarificar la metodología de tarifas en la línea solicitada. Así, se manifestó la voluntad de estudiar una reforma que sitúe en la CNMC la fijación de la metodología y de las tarifas en transporte y distribución. No obstante, para abordar esta reforma, como ya lo han hecho otros países como Francia, se solicita un periodo transitorio para poder adaptar la legislación. Fuentes ministeriales españolas explicaron que «se está trabajando para hacer una reforma que afecta al organismo supervisor» de manera que han pedido «tiempo a Europa».

En paralelo a la carta enviada de Madrid a Bruselas, el Gobierno y Ciudadanos anunciaron la pasada semana que han alcanzado un acuerdo para reestructurar los reguladores económicos que afectan al dossier. Entre esos cambios, se contempla que la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia quede dividida en dos organismos, uno dedicado a la defensa de la competencia y otro a la regulación de los mercados, como el de la energía. Bruselas espera ahora a ver en qué se traducen las intenciones legislativas manifestadas por el Gobierno y la nueva estructura de la CNMC.

Fuentes comunitarias confirmaron la recepción de la carta y aseguraron que la Comisión se encuentra analizando su contenido. Bruselas no cerrará en ningún caso el expediente solo con esta carta, sino que considera necesaria la aprobación de la nueva normativa. La portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, también confirmó que España remitió esa carta a Bruselas como parte del procedimiento de infracción. «Dado que el procedimiento está en marcha, el Estado miembro tiene que contestar a la Comisión Europea qué es lo que van a hacer para colocar la legislación nacional en línea con la legislación europea. Informaremos cuando el procedimiento esté cerrado o sobre los siguientes pasos si son necesarios», señaló.

La Comisión Europea considera que la asunción por parte del Gobierno de la capacidad para fijar los peajes de luz, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, supone un incumplimiento de las directivas 2009/72-CE y 2009/73-CE. Por este motivo, inició en septiembre de 2015 un procedimiento de infracción que derivó en un dictamen de reprobación cuyo contenido llegó a finales del 2016 a Madrid. Desde ese momento, el Gobierno dispone de un plazo de dos meses para adoptar medidas con el objeto de evitar una sanción y la judicialización del caso.

El Colegio de Comisarios debe decidir ahora si acepta los argumentos presentados por el Gobierno, después de considerar que se infringen las directivas comunitarias en la actual regulación española. Las fuentes aseguran que el dictamen motivado remitido por Bruselas indica, textualmente, que «las directivas exigen la total independencia de cualquier interés público o privado, incluida la intervención nacional, en el ejercicio de las funciones de supervisión de la ARN (Autoridad Reguladora Nacional)». «La experiencia ha demostrado que la eficacia reguladora a menudo se ve obstaculizada por la falta de independencia de los reguladores respecto a los gobiernos», asevera el dictamen.

En la misiva, el Gobierno español también se dice dispuesto a ampliar el número de agentes que gestionan las interconexiones, rompiendo así el monopolio que ahora está en manos de Red Eléctrica y Enagás. No obstante, Madrid supedita esa iniciativa a que la vecina Francia legisle en la misma dirección. Actualmente, hay cinco expedientes abiertos por la Unión Europea en temas de energía, cuatro de ellos que se espera se resuelvan en los próximos meses y un quinto, al que se refiere la citada carta, que el Gobierno quiere evitar que termine en el TJUE.

Tras un primer aviso en febrero de 2015, el 29 de septiembre la Comisión Europea pidió a España, por segunda vez, que adaptara adecuadamente su legislación nacional a la normativa europea sobre la liberalización de las interconexiones de electricidad y gas, ya que de lo contrario referiría el caso al TJUE. En esa llamada de atención, segunda de tres etapas, Bruselas señalaba que «la actual legislación española impide construir y operar interconexiones con otros Estados miembros a empresas que estén fuera del sistema nacional de operadores de electricidad y gas».