El Tribunal Supremo eleva a 10,3 millones lo que debe pagar Red Eléctrica a Endesa por el apagón de 2007

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Europa Press.- Al tiempo que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Endesa en contra de la refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas, el alto tribunal ha aumentado de 8,3 a 10,3 millones la cantidad que debe pagar la compañía Red Eléctrica a Endesa y concluye que las dos empresas fueron corresponsables del incendio de la subestación eléctrica Maragall en Barcelona el 23 de julio de 2007, que originó un gran apagón.

Así lo estableció el alto tribunal después de la estimación parcial de un recurso presentado por Endesa contra una sentencia de la Audiencia de Barcelona, dentro del litigio que mantenían desde hacía años las dos compañías eléctricas por el incidente que afectó a unos 320.000 afectados. El apagón se debió a la caída de un cable de 110.000 kilovoltios en la subestación de Collblanc, que se desplomó sobre el parque de transporte de REE de 220 kilovoltios y, como consecuencia, se perdió tensión en las subestaciones de Urgell y Maragall.

Recurso contra la refacturación territorial

Por otro lado, se admitió a trámite el recurso que la compañía eléctrica planteó en contra de la orden ministerial publicada en enero en la que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas. En un anuncio publicado en el BOE, el Supremo concede un plazo a las partes interesadas para personarse en el caso, que afecta a los consumidores de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La orden ministerial, la ETU/35/2017, recoge los términos en los que los consumidores de estas comunidades autónomas asumirán los tributos autonómicos aplicados en 2013. De esta forma, se cumple una sentencia del Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio. La nueva refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa en septiembre del año pasado. Con su orden ministerial, Energía cumple la sentencia y evita una multa del Supremo. Según los cálculos de Energía incluidos en la memoria del borrador, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros en 2017, o 0,489 euros al mes, para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013.

El importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual. En la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña o los 0,05 euros anuales de La Rioja.

El Gobierno escuchará las propuestas de los diferentes partidos políticos antes de tomar su decisión sobre Garoña

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Europa Press.- El Gobierno está dispuesto a escuchar la posición de los distintos grupo políticos acerca de la central nuclear de Santa María de Garoña antes de tomar su decisión sobre la reapertura de esta instalación, para lo que dispone de un plazo de seis meses desde la publicación del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), según fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Energía considera que en el caso de Garoña se plantea el debate de establecer si la decisión ha de restringirse al caso particular de la central y tener un contenido técnico o si debe contemplarse de forma más amplia y tener en cuenta las posiciones políticas. «Garoña es el primer peldaño de un debate en el que se debe ver si se tomará una decisión singular, central a central, o general», indican las fuentes, antes de considerar que la resolución la ha de emitir un Gobierno en minoría y que «no es bueno» tomar decisiones sobre política energética que no tengan continuidad en el tiempo.

En todo caso, desde Energía niegan que el Gobierno quiera usar el posible cierre de Garoña como moneda de cambio para lograr el apoyo del PNV a los Presupuestos del Estado y se muestran expectantes ante la posible presentación por parte del PSOE de una proposición de ley sobre el cierre de la central. Una ley sobre un caso único, advierten, no se puede realizar.

En el caso de Garoña, ven «interesante ver las alegaciones para encuadrar el debate» acerca del futuro del parque nuclear español. La posición del Ejecutivo al respecto pasa por defender la importancia de todas las tecnologías del mix y parte de la premisa de que cerrar las nucleares puede encarecer un 25% la electricidad. Para Energía, Garoña será el «telonero» de las decisiones sobre la continuidad de las nucleares, que se podrían plantear en la actual legislatura, indican las fuentes. La decisión sobre la renovación de la licencia de Almaraz ha de tomarse en 2020.

El Gobierno pide al Constitucional que plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo sobre la financiación del bono social

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Europa Press.- El Gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional que plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca del mecanismo de financiación del bono social anulado a finales del año pasado por el Tribunal Supremo, según indicaron fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

El recurso de amparo ante el Constitucional se presentó en febrero y en él el Gobierno argumenta que el Supremo interpretó una directiva comunitaria sobre política energética, para lo que el tribunal no tiene potestad, ya que su función se restringe a la valoración de la legislación nacional. El Gobierno también considera que el Supremo incurrió en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber planteado precisamente la cuestión prejudicial ante el TJUE que ahora el Ejecutivo solicita al Constitucional. Energía considera necesario que se consulte al tribunal de Luxemburgo después de que una sentencia del TJUE avalase en septiembre la traslación al sector eléctrico de unas ayudas en Francia vinculadas con la tarifa de gas.

Tras la sentencia del Supremo, el Gobierno impulsó junto al PSOE y Ciudadanos un decreto ley sobre pobreza energética en el que se incluye un nuevo mecanismo de financiación del bono social en el que se carga el coste de esta ayuda sobre las comercializadoras. Sin embargo, la sentencia del Supremo también obliga a indemnizar con cerca de 500 millones de euros a las principales eléctricas por haber costeado el bono social de la luz en los últimos años. La ejecución de esta indemnización depende ahora de la decisión del Constitucional. De ejecutarse, se cargará sobre la tarifa eléctrica o sobre los Presupuestos, aunque esta segunda opción es menos probable.

Energía cree que el coste de los 3.000 MW nuevos de renovables puede ser de apenas 40 millones al año

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Europa Press.- El Ministerio de Energía cree que los proyectos que ganen la próxima subasta de 3.000 megavatios (MW) de potencia renovable estarán «muy cerca de mercado», de modo que su coste regulado puede oscilar entre 30 y 40 millones de euros anuales para el sistema eléctrico, según fuentes del departamento ministerial.

Las fuentes se muestran convencidas de que la introducción de nueva potencia renovable ahora sí podrá realizarse a un precio competitivo y contraponen el escenario actual con lo sucedido con el real decreto 661/2007. Por ejemplo, en aquel momento el precio del megavatio hora (MWh) fotovoltaico alcanzó los 490 euros, frente a entre 55 y 66 en la actualidad, aseguran. Energía calcula que, si se instalase ahora toda la potencia renovable incorporada desde 2007, el coste en incentivos regulados «habría sido 5.000 millones de euros inferior a los 7.000 millones actuales». La subasta se celebrará previsiblemente en este primer semestre.

Coste máximo de 176 millones

Según la memoria de orden ministerial en la que se regula la subasta, el coste máximo anual para el sistema derivado de la retribución a la inversión a los 3.000 MW renovables será de 176 millones de euros anuales a partir de 2019. Este escenario es el más costoso de los contemplados por Energía. Esta subasta, en la que la eólica y la fotovoltaica se presentan como las tecnologías con más opciones de adjudicarse megavatios, permitirá elevar en un 10% la potencia de renovables actualmente instalada en España, que supera los 30.000 MW. Esta será la segunda subasta después del levantamiento el año pasado de la moratoria a la instalación de nueva potencia renovable primada.

Sobre el autoconsumo de electricidad, el Gobierno se muestra dispuesto a incorporar novedades como parte de su acuerdo de investidura con Ciudadanos siempre y cuando esta actividad se realice de forma «eficiente». A partir de esta premisa, se atenderán los casos particulares de autoconsumo en los que una instalación no solo no genere sobrecostes, sino que contribuya a abaratar los de distribución. En esos casos, se podrán adoptar medidas para incentivar la instalación de sistemas de autoconsumo. El Gobierno, aseguran las fuentes, considera que hay margen para realizar mejoras técnicas en la normativa sobre autoconsumo y ha solicitado a los distintos grupos políticos que remitan sus propuestas sobre la materia.

Energía revisa los precios de referencia previstos del mercado eléctrico para retribuir a las renovables hasta el año 2019

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó la orden ministerial en la que establece los precios de referencia para calcular la retribución a las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos en el semiperiodo regulatorio comprendido entre 2017 y 2019.

La orden ministerial, la ETU/130/2017, establece las retribuciones específicas de cada tipo de instalación en función de los distintos aspectos contemplados en el cambio de modelo retributivo aprobado por el Gobierno en 2013, entre los que figuran el tipo de tecnología, la antigüedad, la potencia instalada o los costes de inversión. El Ministerio indica que esta actualización, prevista en la Ley del Sector Eléctrico, permite garantizar una rentabilidad razonable del 7,4% a las instalaciones. Así, señala que la revisión va a suponer un incremento de la retribución de las instalaciones renovables, de cogeneración y de residuos de unos 600 millones de euros al año, y «todo sin subir los peajes».

La Ley Eléctrica establece que, al finalizar cada semiperiodo regulatorio de 3 años, se revisen para el resto del periodo regulatorio las estimaciones de ingresos por la venta de la energía en el mercado. Asimismo, establece que, al finalizar cada periodo regulatorio de 6 años, se podrán revisar todos los parámetros retributivos de las instalaciones tipo, excepto la vida útil regulatoria y el valor estándar de la inversión inicial. En la revisión llevada a cabo del precio del mercado para los próximos tres años se ha considerado el precio del mercado de futuros para ese periodo. En cuanto al precio del mercado para el segundo periodo regulatorio, éste se revisará en el año 2020, tal y como establece la normativa.

Para la revisión, se recogen los precios de referencia del mercado eléctrico para el próximo trienio. Los incentivos consisten en un complemento para igualar, sobre estos precios base, la rentabilidad razonable contemplada por la normativa. En la orden ministerial, se fija un precio de 42,84 euros por megavatio hora (MWh) para 2017, de 41,54 euros para 2018 y de 41,87 euros para 2019. Las referencias de precios se calculan conforme a lo contemplado en el artículo 22 del decreto 413/2014, esto es, a partir de la media aritmética de las cotizaciones de los contratos de futuros anuales negociados en Omip en los seis meses anteriores a la revisión de parámetros.

Las estimaciones para el nuevo semiperiodo son inferiores a las que se recogían para el periodo anterior de 2014 a 2016, que iban de los 48,21 euros para el primer año a los 49,75 euros para el último. En este primer trienio comprendido entre 2014 y 2016, el precio final medio del mercado fue inferior, de modo que el Gobierno ha tenido que recoger una compensación para las instalaciones por valor de 574 millones de euros, que se va laminando a lo largo de la vida útil de las plantas.

Para 2017, Energía calcula que la retribución a las renovables, la cogeneración y los residuos ascenderá a 7.071 millones de euros, lo que supondrá un incremento del 9% con respecto a la estimación de coste del 2016. De esta retribución, la principal partida corresponderá a la fotovoltaica, que percibirá 2.500 millones de euros. Por su parte, la retribución correspondiente a la eólica ascenderá a más de 1.470 millones de euros, mientras que la termosolar percibirá más de 1.330 millones de euros. Mientras, la cogeneración registrará en su partida un incremento de 173 millones de euros, hasta los 1.067 millones de euros, frente a los 894 millones de euros para 2016.

UGT defiende la actividad de Garoña si se garantiza la seguridad nuclear mientras la Diputación de Álava exige el cierre

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Europa Press.- El diputado general de Álava, Ramiro González, aseveró que Garoña debe cerrarse «independientemente» de las negociaciones que puedan existir entre el Gobierno central y el PNV sobre los Presupuestos, mientras el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendió la actividad de la central nuclear siempre que se garantice la plena seguridad del reactor por su relevancia en términos de abastecimiento de energía a un precio razonable y para mantener la actividad económica y los puestos de trabajo en la zona.

Preguntado por las negociaciones entre Gobierno y PNV, que pasarían por no reactivar la central nuclear a cambio del apoyo de los nacionalistas a los Presupuestos, Álvarez asegura que los cambios de cromos le parecen «un desastre» en política. En este sentido, el secretario general de UGT reclama que las decisiones que se adopten sobre el futuro de Garoña se realicen «por convicción» y no por otras cuestiones «particulares». Pepe Álvarez ha insistido en su convencimiento de que el futuro de la central de Garoña, con más de 40 años de funcionamiento, se debe analizar de forma prioritaria desde una perspectiva de seguridad para, de garantizare esta, poder garantizar un abastecimiento energético a precios razonables.

El líder nacional de UGT no ha dudado tampoco en defender la necesidad de la energía nuclear en el mix energético del país desde el convencimiento de que España no está en condiciones de prescindir «de ninguna fuente de energía», con una reivindicación expresa también a la importancia del carbón autóctono. En este sentido, Álvarez aseguró  pensar expresamente en El Bierzo para advertir del «gran error estratégico del Estado» si se hace desaparecer finalmente la extracción de carbón en España.

Garoña, independiente de los Presupuestos

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, descarta que este asunto pueda ser «moneda de cambio» para un eventual respaldo jeltzale a los Presupuestos. El diputado general, miembro del PNV, advierte de que la planta, sobre cuya reapertura después de varios años de inactividad debe pronunciarse el Gobierno central, debe cerrarse de forma definitiva «independientemente de cualquier negociación». González ha asegurado que la posibilidad de que el PNV apoye los Presupuestos a cambio de la clausura de Garoña «no está sobre la mesa», ya que el cierre de esta central, la más antigua de España, debe llevarse a cabo «sí o sí».

«No hay nada que negociar», aseveró González, que insistió en que Garoña no puede ser «moneda de cambio», ya que para confirmar el cierre de la central «no es necesario un acuerdo político», pues la decisión corresponde al PP. El máximo mandatario de la institución foral recuerda que el presidente, Mariano Rajoy, y el ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguraron recientemente que escucharían las opiniones de «todo el mundo» en torno a este tema. No obstante, ha lamentado no haber tenido la oportunidad de plantear la postura de la Diputación de Álava «cuando queríamos explicársela».

Rajoy destaca el compromiso de España y Francia en avanzar en los proyectos de interconexiones energéticas

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, destacó el compromiso tanto de España como de Francia de avanzar en los proyectos de interconexiones energéticas, un tema que «afecta a la competitividad de las economías» de ambos. Rajoy indicó que, en el caso del proyecto de la interconexión del Golfo de Vizcaya, se presentará este año para obtener financiación europea, mientras que el del gasoducto del MidCat entre Cataluña y Francia no será presentado hasta 2018.

Sobre el proyecto del Golfo de Vizcaya, Rajoy indicó que hay un estudio de viabilidad y ahora debe ser notificado por el gestor de la red eléctrica gala (RTE) al Gobierno francés. «La ministra Ségolène Royal ha dado instrucción para que se haga de manera rápida. Sabe que aquí nos importa mucho», añadió el presidente del Gobierno. Respecto al gasoducto MidCat, Rajoy subrayó que los estudios van «según el calendario previsto» y que la idea es presentar el proyecto en 2018 para obtener la financiación europea. «Este proyecto será objeto de análisis en mayo por la Comisión Europea, Francia, España y Portugal para poder terminarlo en el tiempo previsto», destacó.

El Gobierno recuerda que la potestad de sancionar a las comercializadoras eléctricas por supuesta publicidad engañosa corresponde a la CNMC

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Europa Press.- El Gobierno considera que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuenta con «una variedad de instrumentos» suficiente para sancionar cualquier actuación irregular de las comercializadoras eléctricas, dejando así en manos del regulador las posibles sanciones por las prácticas que denuncia Facua.

El diputado de Podemos, Josep Vendrell, preguntó por escrito al Ejecutivo sobre las ofertas que algunas comercializadoras eléctricas plantean a los consumidores bajo la excusa de pretendidas rebajas que en realidad pueden llegar a encarecer el recibo de la luz hasta un 68,2% en el caso de los potenciales beneficiarios del bono social. En su respuesta el Gobierno se limita a señalar que la CNMC, organismo encargado de supervisar el mercado y la competencia, ha tenido conocimiento de que «algunas comercializadoras tramitan cambios de suministrador sin consentimiento o con consentimiento obtenido a través de engaño».

En este sentido, cita varios informes del regulador en el que se denuncia que «los consumidores reciben información poco transparente o poco veraz», lo que resulta en contrataciones que, «en muchos casos, empeoran las condiciones contratadas previamente». Sin embargo, el Ejecutivo considera que la Comisión tiene a su disposición «una variedad» de instrumentos suficiente para sancionar este tipo de conductas que «pudieran obstaculizar el cambio de suministrador falseando la competencia» de manera «activa y coordinada», y recuerda que ya están en tramitación diversos expedientes sancionadoras por incumplimientos de esta naturaleza.

Portugal retirará su denuncia ante Bruselas sobre el ATI nuclear de Almaraz para que España permita intervenir a expertos lusos

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Europa Press.- Los Gobiernos de España y Portugal cerraron un acuerdo «amistoso» para resolver la disputa por la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), según el cual Lisboa se compromete a retirar la denuncia que interpuso ante Bruselas mientras Madrid accede a trasladar toda la información «relevante» del proyecto en materia de medio ambiente y seguridad nuclear. El Ministerio de Energía expresó su «satisfacción» con el acuerdo «de buenos vecinos» con Portugal.

La solución fue anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Portugal, Antònio Costa, en una declaración conjunta firmada también por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien ha ejercido de mediador entre las partes. El compromiso pactado establece «un proceso de consulta y diálogo constructivos» entre Madrid y Lisboa, con el objetivo de resolver la controversia creada.

El acuerdo incluye la visita de expertos portugueses y de la Comisión a la central cacereña «en los próximos días», según detalla la Comisión, «tan pronto como sea posible«. Irán representantes de las direcciones de Medio Ambiente y de Energía del Ejecutivo comunitario, así como miembros del Gabinete de Juncker. El objetivo es conocer la tecnología y las características de seguridad previstas en la central.

Se abre un periodo de dos meses de consulta y estudio durante el que, según la declaración firmada por Rajoy y Costa, España «no emitirá ni ejecutará la autorización» para comenzar las operaciones del almacén. Ese tiempo se empleará, por contra, para «examinar y tomar en consideración» las reservas lusas al proyecto y para contemplar medidas para abordar estas dudas.

Aunque los términos del acuerdo no obligan a España a detener los trabajos ni a emprender una evaluación de impacto medioambiental, las autoridades españolas sí deberán «abstenerse» de toda medida que pueda ser «irreversible», según indicó el portavoz comunitario en materia medioambiental, Enrico Brivio. Ello supone que las obras «pueden continuar, pero antes debe producirse una consulta» con las autoridades lusas, ha insistido Brivio, para quien es «prematuro» decir si será necesaria una evaluación de impacto, tal y como reclamaba Portugal, o quien debería asumir los costes de ese estudio.

Bruselas explicó que el diálogo reforzado pretende servir de plataforma para la «consulta y evaluación conjunta» de la situación y para entender si la evaluación de impacto medioambiental «es necesaria» o bien la información ofrecida por el Gobierno español será «suficiente». «Es el inicio de un proceso basado en la confianza mutua entre las dos partes», apuntó el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

En su declaración conjunta, Rajoy y Costa han explicado que en un contexto de «inmensos desafíos» para la Unión Europea, las controversias entre Estados miembros que son «aliados tradicionales» deben resolverse «rápidamente», en un espíritu de cooperación y consenso. Se trata de un pacto que «prueba la cooperación pragmática» de los dos países y la voluntad de la Unión Europea de «resolver problemas». En este contexto, y tras las garantías de las autoridades españolas, el Gobierno portugués retirará la denuncia presentada el pasado mes de enero ante la Comisión Europea en contra de España por incumplimiento de la legislación comunitaria.

La mediación de Juncker se inició el pasado 3 de febrero en Malta, según Bruselas, en el marco de la cumbre europea que se celebró en Valeta y que propició un encuentro con las partes en los márgenes de la reunión a Veintiocho. El diálogo entre las partes permitió, además, expresar el compromiso de «acelerar» los trabajos del grupo de alto nivel del Suroeste de Europa en materia de interconexiones de gas y electricidad, para conectar la Península Ibérica con el resto de mercados europeos.

Energía: acuerdo «de buenos vecinos»

Por su parte, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital expresó su «satisfacción» por el acuerdo entre los Gobiernos de España y Portugal sobre la disputa acerca del ATI nuclear de Almaraz, según indicaron fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal. El acuerdo responde al comportamiento «lógico entre buenos vecinos», que desean resolver cualquier diferencia «pronto y bien», y «así se ha hecho entre dos países que siempre han mantenido el diálogo sobre el asunto», explican las fuentes. La consecución del acuerdo se produce poco después de los encuentros celebrados entre las máximas autoridades portuguesas en competencia medioambiental y Nadal y la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

Energía ve necesario aprender a gestionar la volatilidad derivada del mayor peso de las renovables en el mix

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, advirtió de la necesidad de aprender a gestionar el aumento de la volatilidad en los mercados eléctricos derivada de la mayor introducción de las energías renovables. Navia indicó quelas renovables tienen «ventajas evidentes» tanto para el crecimiento económico como para la generación de empleo, aunque destacó que también supone «añadir una volatilidad adicional».

De esta manera, Navia afirmó que en los próximos años va a existir ese aumento de la volatilidad a corto plazo en el sistema eléctrico como consecuencia de los efectos sobre la oferta del aumento de peso de las fuentes de energía renovable, por lo que el paquete de invierno, la hoja de ruta de la Unión Europea hacia la descarbonización de la economía, tiene que «ver cómo se gestiona esta situación», ya que la volatilidad tiene un coste económico».

En este sentido, Navia señaló la importancia de desarrollar las interconexiones para «suavizar esta situación y gestionar la volatilidad», así como de hacer unos mercados «más flexibles, más transparentes y más gestionables». Respecto a la seguridad de suministro, el secretario de Estado de Energía destacó la necesidad de apostar por una mayor integración de los gestores y valoró el «cambio fundamental» en materia de gobernanza que supone el paquete de invierno de la Unión Europea. «Es un paso lógico, si cada vez se va más a mercados integrados hay que tener una regulación integrada», sentenció.

Por su parte, el presidente de Endesa y Enerclub, Borja Prado, valoró la importancia del paquete de invierno, ya que marcará «el rumbo de la política energética de Europa en los próximos años«. Prado consideró que el conjunto de propuestas de la Comisión demuestra el compromiso de la Unión Europea de «liderar» la transición hacia un modelo más sostenible, después de que la COP21 «marcara un antes y un después». Asimismo, destacó que esta apuesta por las renovables generará crecimiento económico y empleo duradero, por lo que es necesario «estar atentos y aprovechar la situación».