La eólica y la fotovoltaica se repartirán otros 3.000 MW en una subasta antes del verano

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EFE.- La industria de las renovables volverá a repartirse otros 3.000 megavatios (MW) de potencia instalada con la convocatoria de una nueva subasta que anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en las jornadas para abordar la Ley de Cambio Climático. El anuncio se produce después de que el pasado 17 de mayo se celebrara otra puja por 3.000 MW, en la que los adjudicatarios ofertaron descuentos máximos, con lo que no percibirán primas o ayudas a la inversión, tan sólo la retribución del mercado.

El presidente del Gobierno señaló queesta nueva subasta, que se celebrará antes del verano, tampoco tendrá «un coste añadido para el consumidor» y ha afirmado que los trámites para llevarla a cabo ya se han iniciado. De hecho, el Ministerio de Energía ya ha elaborado el borrador de real decreto, que se tramitará con carácter de urgencia, para la convocatoria de la subasta, en la que sólo se otorgará nueva capacidad para nuevas instalaciones de energía eólica y fotovoltaica.

Según explica el borrador, en la puja celebrada el pasado mayo, en la que se presentaron ofertas por el triple de los 3.000 MW que se han adjudicado, no lograron asignación proyectos eólicos y fotovoltaicos que suman un alto volumen de potencia y que podrían ponerse en funcionamiento, si consiguen incluirse en el marco retributivo de una subasta que les facilitaría la financiación. Por ello, el Ministerio ha decidido que esta vez la convocatoria sea sólo para esas dos tecnologías, y que se mantenga el procedimiento y las reglas de asignación utilizados en la subasta de hace una semana, que considera que fue «muy satisfactorio».

Sin embargo, las normas que los recogían fueron recurridas ante el Tribunal Supremo por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que afirma que el criterio para resolver empates en las ofertas, el mayor número de horas de funcionamiento de una instalación, les discriminaba frente a la eólica, que obtuvo en esa subasta 2.979 MW, frente al único con que se hizo la fotovoltaica y los 20 MW logrados por otras tecnologías.

El Gobierno, que después de la moratoria que aprobó a principios de 2013 a la concesión de ayudas a las renovables ha celebrado dos subastas, una de 700 MW y otras de 3.000 MW, pretende avanzar en el cumplimiento del objetivo europeo de que en 2020 el 20% del consumo de energía provenga de fuentes renovables. Sólo con la entrada en funcionamiento de los proyectos que se adjudicaron la semana pasada para instalaciones que tienen que estar en marcha antes de 2020 el Ministerio estima que la capacidad renovable de España se incrementará un 10%.

El anuncio de una nueva subasta renovable ha sido acogido de manera desigual por el sector, pues mientras desde la industria eólica se ve como una buena noticia, a las asociaciones fotovoltaicas les suscita dudas. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) cree que la nueva convocatoria es buena para todo el sector renovable, mientras que la UNEF, aunque también la considera positiva, cree que hay reformar su diseño con respecto a la anterior para que sea «verdaderamente competitiva» y sirva para abaratar los precios al consumidor.

En el caso de la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, Anpier, su presidente, Miguel Martínez-Aroca, ha expresado sus sospechas de que con ella se trate de beneficiar a alguna gran compañía, como Iberdrola, que no se adjudicó megavatios. Por su parte, el director general de la Asociación de Productores de Energía Renovables (APPA), José María González Moya, ha pedido una planificación de convocatorias que acabe con la «improvisación», que haya cupos por tecnologías (solar, eólica y otras) y que se modifique el mecanismo de adjudicación, que perjudica a la fotovoltaica.

Un modelo bajo en carbono

Rajoy anunció que su equipo va a activar los mecanismos necesarios para llevar a cabo la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono, en el que se ha comprometido a que habrá una apuesta firme por las energías renovables. Rajoy ha subrayado que España «estará a la altura» del reto que presenta la lucha contra el cambio climático, y que para ello va impulsar «un cambio de modelo», destacando también que esta transición «es el futuro y España no puede quedarse atrás», ya que «la descarbonización de los sectores productivos abre todo un campo de posibilidades para estimular el empleo y la competitividad».

«Vamos a seguir apostando por las renovables de manera más eficiente, pero también por usar menos energía, por reforzar la transparencia y por mantener la estabilidad para evitar el déficit de tarifa del pasado», añadió. El Gobierno, subrayó, elaborará un plan a largo plazo para avanzar hacia la descarbonización, que tendrá objetivos renovables y de eficiencia, y en el que se tomarán «decisiones coherentes entre sí, adaptadas a los avances tecnológicos«. Decisiones que «contarán con la participación» de todos los actores implicados porque «la causa lo exige y lo merece».

Ha apuntado también que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética conllevará un «nuevo modelo productivo y de consumo», e implicará la protección de los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático. El presidente ha concluido que la lucha contra el calentamiento es «una de las encrucijadas más importante en la historia», y que «hay que tomar medidas urgentes». «La lucha contra el cambio climático es una responsabilidad tan grande que nos va a dar la medida de cada sociedad. La respuesta está en nuestras manos», sentenció.

Por su parte, el comisario europeo de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, felicitó al Gobierno por haber puesto en marcha esta ley, que junto a los planes integrados de Clima y Energía y la estrategia de descarbonización a 2050, será «un instrumento fundamental» para el cambio de modelo en España. El comisario subrayó que el cumplimiento del Acuerdo de París requiere «una transición energética de gran magnitud, que implicará la sustitución de los combustibles fósiles por un desarrollo masivo de las energías renovables».

Datos como que la capacidad de generación renovable añadida a nivel global supera a la de cualquier otro tipo de energía desde 2015 o que 146 países cuenten ya con medidas de apoyo a las renovables indican que «estamos ante una transición irreversible», ha insistido. El comisario ha resaltado que la futura Ley de Cambio Climático «es política a largo plazo» y «requiere de un gran acuerdo». «Estamos ante políticas que exigen altura de miras y que no pueden estar sujetas a los avatares electorales», ha indicado, por lo que el proceso para acordarlas debe ser «transparente, abierto y participativo».

El banco alemán Portigon demanda a España ante el Ciadi por las renovables tras el fallo a favor de Eiser

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EFE / Europa Press.- Portigon, el antiguo banco público alemán WestLB, presentó una demanda contra España ante la Corte Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) por el cambio en el marco retributivo de las energías renovables, según los registros de la entidad. Se trata de la primera demanda presentada ante este organismo, desde que el Ciadi multó a España con 128 millones de euros, más intereses, por los perjuicios causados a tres plantas termosolares promovidas por el fondo británico Eiser Infrastructure.

Esta nueva demanda es la 28ª presentada por diversos inversores internacionales contra España ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, al considerarse perjudicados por el recorte en la retribución de las energías renovables. La demanda de Portigon, cuyos propietarios eran el Estado de Renania del Norte-Westfalia y las cajas de ahorro alemanas, está elaborada por el bufete británico Freshfields Bruckhaus Deringer. Los laudos del Ciadi «son definitivos y obligatorios respecto de las partes en la diferencia», aunque el convenio que regula esta institución contempla algunas posibilidades, limitadas, de recurrir y nunca «ante los tribunales locales sobre la base del derecho interno o de otros tratados».

No obstante, ante el fallo del tribunal de arbitraje en el caso de Eiser, el Ministerio de Energía consideraba que “no podía ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante» para otros casos. Además, a juicio del Ministerio, tampoco cuestionaba la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno. Lo cierto es que el laudo estimaba parcialmente la demanda de Eiser Infraestructure Limited y Energía Solar Luxembourg en relación a las consecuencias, para las tres instalaciones termosolares, de la reforma eléctrica ejecutada en 2013 y 2014.

La anterior demanda ante el Ciadi contra España databa del mes de agosto, cuando Cordoba Beheer recurrió el recorte aplicado a las renovables. Las denuncias ante los organismos internacionales contra España se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos por el Gobierno del PP en la pasada legislatura. Hasta el pasado fallo del Ciadi, solo se había resuelto uno de estos procesos internacionales, presentado por la firma Charanne and Construction Investment ante la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC). En este caso, en el que se abordó el recorte de 2010, los jueces dieron la razón a España.

Entre las compañías y fondos internacionales que han llevado a España ante el Ciadi figura Eurus Energy, una sociedad participada en un 60% por el conglomerado empresarial japonés Toyota que cuenta con 552 MW de renovables en España. En noviembre del 2015 se cursó la demanda de un grupo de bancos alemanes entre los que figuran Landesbank Baden-Württemberg, HSN Nordbank, Landesbank Hessen-Thüringen Gironzentrale y Norddeutsche Landesbank-Gironzentrale. Anteriormente, se tramitaron las denuncias presentadas por Watkins Holdings, junto a otras sociedades como Repier, Northsea Spain, Parque Eólico Marmellar y Parque Eólico La Boga, y por las sociedades Hydroxana Sweden e Hydro Energy 1, SolEs Badajoz y los fondos OperaFund Eco-Invest, que tiene licencia de Malta, y Schwab Holdings, radicado en Estados Unidos.

También la alemana E.ON, la firma portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation, registraron su denuncia ante el organismo, así como las firmas alemanas KS Invest y TLS Invest, además de un grupo de inversores alemanes encabezado por Matthias Kruck. Estos arbitrajes de origen alemán se suman a los iniciados anteriormente por Steag, BayWa, RREEF y un consorcio en el que participa RWE. El Ciadi también registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN. Además, el organismo había iniciado la tramitación, entre otras, de las demandas de Infrared, Masdar y Antin, que ya se encuentran en fase avanzada, así como de Renergy, Nextera o el resuelto de Eiser.

Navia (Energía) advierte de que nadie debe invertir en renovables en España pensando que las condiciones de partida son inmutables

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EFE.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha advertido, en referencia a los cambios que pueda haber en las legislaciones de apoyo a las renovables, que ningún inversor debería invertir pensando que las políticas y las condiciones de inicio son «infinitas y sin límites«.

Daniel Navia ha aseverado que el cambio de legislación que hizo España, que recortó las primas a las renovables, cuestión por la que recientemente el fondo Eiser ha ganado un arbitraje en el CIADI a España, multada con 128 millones de euros, «no es único e irrepetible» en la Unión Europea. El secretario de Estado de Energía ha afirmado que esas ayudas, que reconoció que en un determinado momento impulsaron «políticas ambiciosas» en renovables en España «no eran sostenibles financieramente».

Navia ha señalado que la aplicación o no de la retroactividad en la normativa de inversiones depende de que sea «sostenible» económicamente y no de lo que se escriba en una directiva, frente a lo manifestado por el eurodiputado socialista José Blanco, quien también intervino en el debate. Blanco, que es ponente de la propuesta legislativa del Parlamento Europeo sobre energías renovables, ha pedido que haya compensaciones «adecuadas» si proyectos en marcha se ven afectados negativamente por una pérdida de los esquemas de apoyo que había cuando planificaron su inversión.

Respecto a las prioridades que se fija España en las negociaciones de los objetivos para el desarrollo de la Unión de la Energía, considera que la primera es «superar la barrera física» que suponela falta de interconexiones entre países y conseguir que esas interconexiones sean un objetivo vinculante de la Unión Europea. En su opinión, cree que España puede ser más ambiciosa en su política de avance en materia de renovables si se hacen las interconexiones y se establece un respaldo financiero para acometer las inversiones que sean necesarias.

Navia ha señalado, por otra parte, que no se puede prescindir actualmente de ninguna tecnología y, con relación al carbón, subrayó que en España, que no tiene acceso al gas ruso ni al del Mar del Norte, aporta seguridad en el suministro en unas condiciones razonables como se vio en enero pasado. Sin embargo, el socialista José Blanco no ve razonable que sólo se contemple el coste inmediato en la lucha contra el cambio climático, pues el beneficio «más inmediato» que se debe perseguir es la salud de los ciudadanos.

Además, ha indicado que si en la última subasta de renovables los proyectos, que no han obtenido primas, se han adjudicado a un coste menor es porque en su día se hizo una apuesta que permitió al sector desarrollarse y ha añadido que, si se quieren seguir abaratando, hay que seguir haciendo una «apuesta importante». También recriminó que la falta de interconexión energética en Europa no puede ser una excusa para no hacer los deberes para ampliar la generación y el uso de energías renovables.

Nadal presume de que España tiene energía renovable “sin prima” pero el Ministerio no descarta introducir cambios en las subastas

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EFE / Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, no descarta analizar el sistema de subastas de renovables para que en un futuro puedan «ser más efectivas» o para que exista la posibilidad de cupos para tecnologías que se queden fuera. Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, subrayó que ahora, «por primera vez», España cuenta con energía renovable «sin prima» y que, además, «va a ser autóctona» porque las empresas que lo han obtenido producen «mucho» en España.

Nadal ha defendido que España debe «llegar a un objetivo del 20% de renovables» en 2020 y por eso apoya que se realicen subastas como la que se celebró el pasado 17 de mayo. Ha expuesto que así se tendrá una cuota de renovables superior a la de otros países como Alemania y Reino Unido y ha defendido que el criterio para adjudicar proyectos fuera que «tuviera el precio más bajo». Para el ministro, «esto supone que no le va a costar un sólo euro a los consumidores» y ha abogado por planificar cómo será la energía que se consuma en el 2030 desde una manera «realista» porque entiende que «no se puede prescindir de ninguna fuente de energía actual».

Subastas de renovables «más efectivas»

Navia señaló que en la subasta de renovables, en la que se adjudicaron 3.000 megavatios (MW) verdes, hubo «muchísima oferta, tanto de eólica como de fotovoltaica, en costes muy competitivos», por lo que ahora hay que ver «cómo se aprovecha» este hecho para el futuro. El secretario de Estado no considera la fotovoltaica como una tecnología «marginal», ya que acudió con mucha oferta a la subasta, aunque finalmente apenas se adjudicó un megavatio mientras que la eólica se hizo con casi la totalidad de la potencia en juego. Navia subrayó que será necesario ver cómo la fotovoltaica puede entrar «de la forma más efectiva posible«.

No obstante, aseguró que la consideración de coste tiene que seguir siendo «fundamental» a la hora de decantarse por una tecnología, aunque añadió que sí que es posible que se puedan introducir cambios en las subastas futuras de renovables «para que sean más efectivas o para que, si hay bolsas de tecnologías que no pueden entrar, entren«. Por otra parte, Navia indicó que el Gobierno está trabajando en el recurso contra el laudo arbitral del Ciadi, en el que se da la razón a Eiser Infraestructure por el recorte a las renovables, aunque señaló que se cuenta con un plazo de 120 días para presentarlo. «Estamos trabajando en ello y se trata de prepararlo de la mejor forma posible», aseguró.

El Gobierno no prevé bono social para el gas natural porque hay alternativas y ya hay precio máximo al butano

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Europa Press.– El Gobierno no contempla extender al gas el bono social pues considera que el gas natural no es un producto «indispensable», no se consume en todo el país y la alternativa, la bombona del butano, ya tiene un precio máximo regulado que «garantiza» que sea «accesible al cliente socialmente vulnerable». Así ha respondido al portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que había pedido saber si el Ejecutivo tenía previsto impulsar medidas «para paliar la pobreza energética vinculada al consumo de gas».

En su contestación, el Gobierno justifica que el gas natural «no es un producto indispensable en el entorno doméstico como lo es la electricidad», pues aduce que existen «otros productos sustitutivos», poniendo el ejemplo del butano, y además subraya que «no está implantado en todo el territorio nacional». Asimismo, apunta que los consumidores de gas natural «se han beneficiado de la congelación de la parte regulada del recibo durante los últimos tres años, además de reducciones en el coste del gas durante 2015 y 2016».

Además, añade que con el fin de «contribuir a la protección de consumidores que concurren en circunstancias de vulnerabilidad, se ha mantenido un precio máximo regulado de la bombona de butano» que, sostiene, «es inferior al del resto de países de la Unión Europea». En este sentido, el Ejecutivo defiende que esta medida «actúa de facto como una protección de estos consumidores frente a variaciones bruscas en los mercados internacionales, y garantiza que es accesible al cliente socialmente vulnerable», lo que le permite afirmar que «desde esta perspectiva, se puede asemejar a un bono social«.

Precisamente, el tope máximo del butano fue cuestionado por los socialistas por considerarlo insuficiente, ya que denunciaron que el precio máximo de venta de la bombona de butano se había incrementado en un 20% desde julio de 2016. Así, según advertían, la bombona de butano cuesta 13,52 euros, un 4,89% más que el anterior precio. En este sentido, lamentaban que la subida fuera la cuarta revisión bimestral consecutiva al alza. Por ello, el PSOE preguntó al Gobierno por las causas que sustentan este incremento acumulado de la bombona de butano y también si tenía previsto aprobar un bono social para la bombona de butano con el fin de garantizar el acceso a esta fuente de energía a los colectivos desfavorecidos.

Méndez de Vigo cree que no se hará un decreto para subastar las centrales térmicas que cerrará Endesa

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Europa Press.- El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que no tiene «constancia» de que el Gobierno prepare un decreto para subastar las centrales térmicas de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) si Enel, actual propietaria de Endesa, procede a su clausura.

Méndez de Vigo ha afirmado que, por la información de que dispone, el Ejecutivo no está elaborando un proyecto de real decreto para subastar las centrales térmicas con el fin de garantizar el suministro y la competitividad en caso de que Enel optase finalmente por clausurarlas. «Desde mi conocimiento, no existe», pero «no soy la enciclopedia británica«, ha precisado Méndez de Vigo, quien aseguró no tener «constancia» de que exista tal proyecto de real decreto ley, si bien apuntó que consultará al ministro de Energía, Álvaro Nadal, sobre este asunto.

Acusaciones de Nadal contra Enel

En cualquier caso, Méndez de Vigo ha recordado que Nadal ya se mostró en contra del cierre de las centrales térmicas en distintas localizaciones, como en las provincias de Teruel y León. De hecho, el ministro acusó a Enel, principal accionista de Endesa con un 70% de su capital, de «hacer política para los italianos a costa de los consumidores y trabajadores españoles», y subrayó que éste es «el origen del problema» para las centrales térmicas de carbón de Endesa en Andorra y Compostilla, cuyo cierre anunció Enel para 2020.

Por su parte, la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, criticó el «supuesto ejercicio de amedrentar» a Endesa con la posibilidad de obligar a subastar desde «un euro» las centrales térmicas de carbón si se decide su cierre. Gastón se refirió de ese modo a las declaraciones realizadas por la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, en las que aseguraba que el Gobierno central está redactando un decreto, que llevará al Congreso, con el objetivo de subastar las térmicas si Enel optase por su clausura y para garantizar el suministro y la competitividad.

Rajoy abrirá este jueves las jornadas para definir el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inaugurará este jueves 25 de mayo las jornadas España, Juntos por el Clima, que tendrán dos días de duración y en las que se establecerán las bases para elaborar el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En la sesión inaugural participará también el comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete.

Por su parte, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, clausurarán las jornadas, en las que participarán representantes de las Administraciones, políticos, empresas, sector financiero, las ONGs, sindicatos y científicos, que expondrán sus propuestas sobre la futura Ley, que deberá dar respuesta para construir un nuevo modelo de desarrollo sostenible bajo en carbono y resistente al cambio climático, según los compromisos asumidos al ratificar el Acuerdo de París. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente señala que «pretende recoger todas las aportaciones posibles» para elaborar el anteproyecto de Ley con «la máxima participación y consenso».

Según ha definido el Ministerio organizador, servirán para reflexionar en profundidad sobre los aspectos necesarios para establecer el marco normativo en materia de cambio climático y transición energética en España, que facilite el cumplimiento con los objetivos internacionales y europeos. Las jornadas se estructurarán en 5 sesiones de trabajo dedicadas a: El sector agrícola, ganadero, forestal y de la alimentación; La importancia de la adaptación al cambio climático en España; Las soluciones de las ciudades: sector residuos, residencial y movilidad urbana; Un modelo de transporte sostenible y bajo en carbono y La energía y la industria en la transición hacia un modelo bajo en carbono.

Podemos quiere que Nadal explique en el Congreso la condena a España en el arbitraje por los recortes en renovables

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Europa Press.- Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, rinda cuentas en la Comisión del ramo del Congreso por la condena a España en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial (Ciadi) por los recortes a la energía renovable.

La sentencia, dictada el 4 de mayo, estima parcialmente la demanda del fondo luxemburgués Eiser Infrastructure Limites, compensándola con 128 millones de euros por el perjuicio que, estima el tribunal, sufrió tras sus inversiones realizadas en tres plantas termosolares, a raíz de los recortes a las energías renovables aplicados tras las reformas realizadas por los últimos gobiernos en el sector.

Según Podemos, las conclusiones dictadas en el laudo apuntan a que «España realizó una revisión del régimen regulatorio sin precedentes y basado en premisas totalmente diferentes», considerando el nuevo sistema «profundamente injusto e inequitativo en el modo en que se aplicó a la inversión existente de las demandantes, despojando a las demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión«.

Unidos Podemos critica que el Gobierno habría dejado sin contestar la invitación que los inversores realizaron para pedir una negociación previa bajo el argumento de que se le remitiera el documento redactado en castellano y, posteriormente, sin dar respuesta. Una posición que, continúa Podemos, el arbitraje «valora como contradictoria, al existir un alegato por parte del Gobierno diciendo que el demandante no intentó llegar a un acuerdo«. Podemos pregunta si este hecho es cierto, las razones por las que fue así y por el lugar en el que se «deja al Gobierno no dignarse a responder este tipo de misivas».

Apuntan a la defensa jurídica

Podemos advierte de que los peritajes realizados y las declaraciones de testigos fueron «contradictorias y carentes de solidez», ante lo cual preguntan si el Gobierno ha solicitado a la Abogacía del Estado un informe que explique «los cambios sustanciales en la línea de defensa«, y si es así, qué motivos llevaron a ello. También quieren saber si el Gobierno considera que la defensa jurídica pudo afectar al resultado del laudo.

En este sentido, destacan que la principal alegación habría consistido en la carencia de jurisdicción por parte del Ciadi y que existieron «incoherencias e incertezas en la testifical del director de energías renovables del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)». «Igualmente, la defensa y alegatos de los representantes jurídicos del Estado habrían cambiado sustancialmente a lo largo del proceso», apostillan. Unidos Podemos pregunta al Gobierno si considera que estos representantes del IDAE «estuvieron a la altura en sus testificales» y si han solicitado «las explicaciones oportunas tras las presuntas contradicciones del director de renovables del IDAE».

También destacan que «los propios árbitros consideran los informes periciales aportados por la demandante como completos y profesionales», mientras que la valoración de las conclusiones presentadas por los peritos contratados al efecto por el Gobierno «fueron consideradas poco convincentes». Por esto último, Unidos Podemos cuestiona al Ejecutivo por los criterios que condujeron a la contratación de BDO Abogados a la hora de defender al país en el Ciadi, si se valoraron otras opciones y si se continuarán utilizando sus servicios en el resto de arbitrajes pendientes por esta misma controversia.

El sector eólico prevé inversiones de más de 3.000 millones y 30.000 empleos por los proyectos adjudicados en la subasta

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Europa Press.- Mientras APPA denuncia que la neutralidad tecnológica de la subasta renovable «era falsa y deja fuera a otras tecnologías necesarias», desde el sector eólico prevén que la instalaciones de los proyectos adjudicados en la subasta, que se saldó con la adjudicación de 2.979 megavatios (MW) a esta tecnología, representen unas inversiones superiores a los 3.000 millones de euros, así como la creación de más de 30.000 empleos (directos e indirectos) en el periodo de instalación.

En este sentido, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa al 90% del sector eólico español, asegura que el resultado de la subasta «da esperanza al sector en España, tras varios años de letargo«. Así, subraya que el resultado de la subasta muestra que la eólica es en la actualidad «la tecnología que puede lograr un mayor cumplimiento de los objetivos para 2020 a un menor coste para el sistema«. No obstante, AEE reclama una planificación energética para los próximos años que tenga en cuenta las necesidades energéticas y de descarbonización del país a largo plazo y garantice un mix equilibrado entre las diferentes tecnologías.

Para ello, considera necesario un calendario de subastas que, «más allá incluso de los objetivos europeos a 2020», tenga en cuenta tanto los compromisos internacionales en materia medioambiental (el Acuerdo de París y los objetivos climáticos para 2030) como los hitos necesarios de cara a una ordenada transición energética. Además, señala que la eficacia real de la subasta se conocerá en diciembre de 2019, cuando todos los proyectos adjudicados estén funcionando y contribuyendo a cumplir los objetivos europeos para 2020.

Así, la AEE confía en que todos los actores implicados en el proceso, como los promotores, fabricantes, entidades financieras y administraciones, «pondrán todo de su parte para ello». La patronal recuerda también que el hecho de que los parques adjudicados en la subasta vayan a instalarse sin incentivos «no quiere decir que los que se construyeron en el pasado no los necesiten», por lo que pide que se respeten los incentivos hasta el final de su vida útil regulatoria, lo que pasa «necesariamente» por no modificar la rentabilidad razonable de los proyectos cada 6 años.

La neutralidad tecnológica era «falsa»

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera que el resultado de la subasta de renovables, con la práctica totalidad de los proyectos adjudicados a la eólica, constata que su neutralidad tecnológica «era falsa y deja fuera a otras tecnologías necesarias». Al respecto, la asociación considera que la fotovoltaica «ha visto bloqueado» su desarrollo, al igual que ocurrió en la subasta anterior en la que ni siguiera se contemplaba esta tecnología.

Además, denuncia que el Ministerio de Energía «juega con la incertidumbre», dado que se han subastado solo 3.000 megavatios (MW) de los 8.500 que el Gobierno considera necesarios, en vez de planificar un escenario previsible de desarrollo y transición energética. Así, APPA espera que, en las nuevas subastas, se corrijan «los defectos denunciados por el sector renovable» y tengan cabida otras tecnologías limpias que, sin subastas específicas, «están condenadas a la parálisis indefinida». «Tecnologías necesarias como la biomasa o la minihidráulica, sufren una moratoria encubierta al considerar solo el coste y no la gestionabilidad o la seguridad de suministro», añade.

La eólica, el 99,3% subastado

De los 3.000 MW que se ponían en juego, la subasta adjudicó 2.979 megavatios (MW), el 99,3% del total, a la eólica, al ser la tecnología que más energía produce por unidad de potencia instalada; 1 MW a la fotovoltaica, el 0,03%; y 20 MW al resto de tecnologías, el 0,66%, según indicó el Ministerio de Energía. El gabinete dirigido por Álvaro Nadal destacó que la subasta, en la que se adjudicó el máximo previsto, se saldó con el máximo descuento posible, «lo que supone la introducción de energía renovable en el sistema eléctrico sin necesidad de primas que supongan un coste para el consumidor».

Las solicitudes presentadas superaron en más de tres veces la potencia adjudicada, “confirmando así el interés de los inversores por el sector de las renovables en España”, añadió el Ministerio, que subrayó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como entidad supervisora de la subasta, validó sus resultados y confirmó que el proceso «ha sido objetivo, transparente y no discriminatorio y que la subasta se ha desarrollado de forma competitiva, lo que ha permitido adjudicar aquellas instalaciones más eficientes y al menor coste para el consumidor».

Esta nueva potencia renovable, que deberá estar en funcionamiento antes de 2020, contribuirá a mejorar la competencia en el mercado eléctrico y reducir la dependencia energética del exterior y supone un paso decisivo para conseguir un 20% de renovables en el 2020, añade Energía. España se encuentra actualmente por encima de la senda prevista de penetración de renovables, al alcanzar en 2015 un 17,3%, por encima del 13.8% previsto para ese año. El Grupo Forestalia, Gas Natural Fenosa, Endesa y Gamesa fueron los grandes vencedores de la subasta al adjudicarse más de 2.600 megavatios (MW).

Nadal subraya el «éxito» de la subasta renovable mientras UNEF y Anpier hablan de “discriminación” y “bloqueo” a la solar

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Europa Press.- Mientras Anpier acusa al Ministerio de Energía de «bloquear» a la solar en la subasta de renovables, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que el resultado de la subasta demuestra que la energía fotovoltaica ha quedado discriminada frente a la eólica y anuncia su intención de presentar una denuncia ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea. Por su parte, el ministro Álvaro Nadal destacó el «éxito muy bueno» de la subasta.

Nadal subrayó que ha habido una «magnífica oferta», en la que se ha logrado una demanda que triplicó la oferta, prácticamente una proporción de 3 a 1 de los 3.000 megavatios (MW) subastados. El ministro ha resaltado que haya sido a prima cero porque el consumidor no tiene que pagar un extracoste, lo cual ha calificado de «magnífica noticia», y que evidencia la consolidación en España del sector de energía renovable, que no necesita ayudas.

Nadal ha subrayado que todas las tecnologías han entrado, aunque de una forma muy mayoritaria la eólica, que puede aportar un mayor número de horas, pero que se ha demostrado el «enorme potencial» de las renovables, ya que han quedado fuera parte de la eólica y la fotovoltaica. Ante este hecho, aseguró que el Gobierno «va a tomar nota» y no ha descartado la toma de decisiones para que ese gran potencial energético entre. El ministro se limitó a afirmar, ante el malestar del sector fotovoltaico, que la subasta fue «tecnológicamente neutral» y que el Gobierno ha optado siempre por aquella que produce más horas.

Denuncian la subasta en Bruselas

La patronal fotovoltaica UNEF señaló que, a pesar de haber ofertado al mismo precio que la eólica, a la energía fotovoltaica no se le ha adjudicado ningún megavatio en el proceso. A su juicio, esta circunstancia «pone de manifiesto que esta tecnología ha competido en condiciones de discriminación» y «acredita» lo que la asociación ya ha denunciado anteriormente, esto es, la existencia de ventaja de una tecnología frente a otra.

«El mal diseño y las reglas de la subasta, que han generado una situación de empate entre las ofertas presentadas por la fotovoltaica y la eólica, han dado ventaja a esta última tecnología, que se ha adjudicado la potencia licitada, a pesar de que la fotovoltaica ha ofertado al mismo precio», señala. Para UNEF, «resulta evidente que este diseño, además de incumplir con el principio de neutralidad tecnológica, no permitió ejercer a la fotovoltaica su competitividad». Por este motivo, «además del recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo, presentaremos una denuncia ante la Comisión Europea», afirma.

UNEF recuerda que la tecnología fotovoltaica es una de las más competitivas, al haber reducido sus costes en un 80% en los últimos años, como demuestran las subastas realizadas a nivel internacional, donde esta tecnología ha alcanzado precios récord. «Lamentamos que la fotovoltaica no haya podido tener un papel protagonista en nuestro país» y «este resultado implica una ocasión perdida también para los consumidores, que podrían haberse beneficiado de una reducción mayor en su factura eléctrica si se hubiera hecho un diseño basado en la libre competencia, que hubiera dado lugar a precios récord de las renovables en Europa», señala.

“Bloqueo” a la energía solar

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) considera que la subasta para la adjudicación de potencia renovable constata que el Ministerio de Energía, «con el beneplácito del Gobierno», ha usado «criterios sesgados que penalizaban cualquier pretensión de generación social». «Tal y como reflejan los resultados de la subasta, las pequeñas y medianas iniciativas fotovoltaicas no han tenido ninguna opción, ni siquiera ofertando el máximo de los descuentos posibles, puesto que las condiciones establecidas favorecían proyectos eólicos de  grandes dimensiones, bajo la errónea premisa de que este criterio aporta un precio óptimo para los españoles«, afirma la asociación.

Ante esta situación, la asociación ha iniciado una campaña de denuncia en la que exige un cambio de modelo energético, no solo en lo referido a las tecnologías de generación, sino también a la propiedad de las instalaciones de generación, «ahora concentradas en unas pocos empresas, que actúan en régimen de oligopolio«. Con el eslogan No a una privatización del sol. Los ciudadanos queremos participar en la generación de energía, desde Anpier se exige un nuevo modelo energético que sea «sostenible y social, reclamando el derecho de los ciudadanos a generar su propia energía en hogares y centros de producción».