Nadal asegura que «el coste eléctrico sería hoy 10 veces más barato si se hubiera tenido paciencia» con las renovables

/2 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, afirma que la luz sería «hasta 10 veces más barata en España si se hubiese tenido un poco de paciencia» a la hora de llevar a cabo instalaciones de renovables.

En este sentido considera que España fue líder en energía solar a costa de instalar «todo y muy caro», lo que actualmente «se ha visto repercutido en el recibo». «Hemos invertido mucho dinero en una tecnología que hoy en día nos parece obsoleta«, ha apuntado. Así, lamenta que el coste del megavatio por hora era entonces de 490 euros, mientras que en la última subasta se situó por debajo de los 40 euros, ha apuntado.

Aunque ha destacado que el coste de la energía en España «está bajando», Nadal reconoce que es «de los más caros de Europa» debido al coste adicional en renovables que arrastra el sistema. En este sentido, ha explicado que España cuenta con 10.500 millones de euros de sobrecoste por decisiones políticas del pasado que se anteponían al precio y la competitividad. «Pagamos 7.000 millones en primas a las renovables, que son las más caras del mundo porque se instalaron en una etapa en la que costaban mucho esas instalaciones«, lamentó.

Según Nadal, en España se instaló una tecnología «muy madura y cara» y «ni siquiera se subían los precios al tiempo que los costes», lo que generó un déficit que ahora se está pagando. «Nuestro país tiene una de las energías más caras por decisiones que se tomaron en el pasado sin importar los costes ni lo que iban a durar en el tiempo», ha apostillado, un lastre que España aún pagará «durante muchos años«.

El Gobierno subvencionará hasta el 80% de proyectos municipales de autoconsumo de electricidad en localidades de menos de 20.000 habitantes

/0 Comentarios/en , , , , , , /por

Europa Press.- El Gobierno subvencionará hasta el 80% de proyectos desarrollados por municipios de menos de 20.000 habitantes encaminados a la mejora de la eficiencia energética, entre los que se incluye la instalación de placas solares de autoconsumo de electricidad. En el caso del autoconsumo fotovoltaico, tanto aislado como conectado a la red eléctrica, los proyectos elegibles por el programa estatal deben tener una potencia instalada superior a 5 kilovatios (kW) y conllevar inversiones de entre 50.000 y 1 millón de euros.

Estos detalles aparecen recogidos en el real decreto 616/2017 acerca de la concesión de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono como parte del programa Feder para el periodo 2014-2020. La norma permitirá destinar 336 millones de euros a estos proyectos. El porcentaje de cofinanciación con fondos Feder varía en función de los índices de desarrollo establecidos por el programa. Va del 50% en Madrid, Cataluña, Navarra, País Vasco, Baleares o Aragón al 80% de Andalucía, Asturias, Extremadura o Galicia.

El programa identifica 16 medidas concretas, entre las que se incluyen el autoconsumo en sus diversas modalidades, así como geotermia, instalaciones solares de calor, redes de distribución de fluidos térmicos o sistemas de bomba de calor. Al combinarse con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el plan permitirá movilizar más de 500 millones de euros y se convertirá en la mayor ayuda en el ámbito de la eficiencia energética destinada hasta la fecha a los pequeños municipios. Para obtener la ayuda, estos municipios deberán reducir las emisiones de dióxido de carbono mediante la ejecución de proyectos singulares de ahorro y eficiencia energética, movilidad urbana sostenible y uso de energías renovables.

Nadal no ve «mal» una revisión de los impuestos creados en 2012 a la nuclear para comprobar si son «adecuados»

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.– El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, considera que «no está mal» que se acometa una revisión que permita establecer cómo de «adecuados» son los impuestos establecidos por el Gobierno en 2012 a la tecnología nuclear. «Hay que hacer un análisis serio. No está mal que hagamos una revisión y veamos qué adecuados son los dos impuestos que pusimos», afirmó el ministro.

Desde su punto de vista, resulta conveniente realizar un análisis económico «serio» sobre las tecnologías hidráulica y nuclear «que revele quién tiene razón» acerca de si son rentables o no lo son. «No comparto la idea de que las nucleares no son rentables», ha apuntado el ministro, para quien esto se comprueba al ver las cotizaciones en Bolsa de las empresas propietarias.  «Las nucleares son las que hay en España. Si se pudiera poner una nuclear cuando se quisiese, se podría ver la rentabilidad», inquirió Nadal, para quien al afirmar que las centrales nucleares no son rentables «se juega con la falta de conocimiento del regulador, que no tiene un mecanismo de mercado que revele cuánto de rentable es eso«.

Los dos impuestos a los que aludió el ministro se refieren a los de la Ley 5/2012, que entraron en vigor en enero de 2013 y que, entre otras cosas, condujeron a Iberdrola y a Endesa a detener la actividad de la central nuclear de Garoña. La ley contemplaba varios impuestos a las actividades del sector eléctrico con el objetivo de acabar con el déficit de tarifa. De los gravámenes, dos afectan a la nuclear, que son el que se aplica específicamente a los residuos y el del 7% a la producción de electricidad. Este último impuesto será analizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de que el Tribunal Supremo haya planteado dudas sobre su constitucionalidad.

Por otro lado, Nadal ha afirmado que la energía nuclear debe mantenerse en el mix energético porque, de no ser así, el recibo de la luz se encarecería un 25%. Según ha dicho, es un coste «excesivo» para la sociedad liberarse de los residuos nucleares a cambio de encarecer el recibo de la luz en un 25%. «Sube un 25% porque esa oferta ahora es insustituible con la tecnología que tenemos hoy y con la que tendremos los próximos años».

Para Nadal, lo primero es «la decisión pública de qué mix queremos para los próximos años». «Desde mi punto de vista la energía nuclear tiene que contar», ya que, según ha explicado, no existe ninguna tecnología que consiga trabajar continuamente sin emitir CO2 y a precio de mercado. Según el ministro, su objetivo es «que no suba el precio» de la electricidad, así como cumplir los objetivos medioambientales. «El objetivo de otros sí es que suba el precio», ha apuntado Nadal, que considera que «eso es lógico» pero que no se pueden «poner de acuerdo».

Garoña acumula 115 millones en provisiones para su desmantelamiento mientras el Gobierno mantiene que decidirá atendiendo las alegaciones de «todos”

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que el Gobierno no ha tomado aún ninguna decisión sobre la central nuclear de Garoña (Burgos) y que no lo hará hasta conocer las opiniones y alegaciones de «todos» los interesados en la cuestión. Por su parte, Nuclenor, la sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola que opera la central nuclear, acumula provisiones de 115,15 millones de euros para el predesmantelamiento tanto de la planta burgalesa como de su 2% en Trillo.

Esta cifra aparece recogida en el último informe anual de auditoría de Nuclenor, en el que la firma EY publica un párrafo de énfasis en el que llama la atención acerca de la situación de desequilibrio patrimonial en la que se encuentra la sociedad. Al referirse a la actividad de predesmantelamiento, Nuclenor recuerda que el proceso puede ser «reversible» si se produce un cambio en las circunstancias. Tras la emisión del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que Garoña cumpla 60 años de operación y llegue a 2031, el Ministerio tiene hasta el 8 de agosto para decidir si autoriza la continuidad de la central, momento en el que sus operadores deberán tomar una decisión al respecto.

Nuclenor declara en sus cuentas anuales de 2016 unas pérdidas de 67,15 millones de euros en 2016, lo que supone elevar un 47% los números rojos de 45,65 millones de euros del ejercicio anterior. La cifra de negocios de la sociedad ascendió a 6,5 millones de euros de euros el año pasado, frente a los 8 millones de euros de 2015. Procedió de los ingresos obtenidos por la venta de energía de la participación del 2% que tiene Nuclenor en la central nuclear de Trillo.

La sociedad presenta a cierre del año pasado un patrimonio negativo por importe de 38,35 millones de euros, un desequilibrio patrimonial que supone que se encuentra en causa de disolución. Ante esta situación, los accionistas de Nuclenor acordaron en enero una aportación adicional de 14,3 millones de euros, desembolsada en febrero. Además, en marzo el consejo de la sociedad propuso a sus accionistas la realización de una aportación adicional de 26,8 millones de euros. En todo caso, Nuclenor declara créditos concedidos a Endesa e Iberdrola cuyo saldo a cierre de 2016 asciende a 55,16 millones de euros, repartidos a partes iguales entre los dos socios.

Garoña se encuentra parada desde finales de 2012, cuando Nuclenor decidió suspender su actividad en respuesta a los impuestos eléctricos de la Ley 15/2012. En su informe, Nuclenor señala que a 31 de diciembre de 2016 la central de Garoña continúa en la situación administrativa de cese de explotación y continúan las tareas de predesmantelamiento, cuya duración aproximada es de 3 años, aunque puede ser «reversible». Para que sea «reversible», no solo se requiere el dictamen favorable del CSN para alargar su vida útil y la autorización del Ministerio de Energía, sino también el visto bueno de Endesa e Iberdrola.

El Ministerio de Energía tiene de plazo hasta agosto para tomar una decisión sobre Garoña, aunque está pendiente de abrir el plazo de alegaciones a las distintas partes. Sin embargo, la postura de los dueños de Garoña no puede estar más distanciada respecto al futuro de la central nuclear. Así, mientras que Endesa quiere esperar a conocer la postura del Gobierno, Iberdrola propuso desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación.

Iberdrola defiende que en las actuales condiciones el negocio nuclear no es viable. En la junta general de accionistas, el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, que aseguró que «los impuestos y obligaciones» que afectan a las nucleares hacen que el 50% de sus ingresos se tengan que destinar a hacer frente a esas obligaciones, pidió «analizar el marco regulatorio y fiscal» en esta materia de cara al futuro.

En concreto, la filial que agrupa los intereses nucleares del grupo energético, Iberdrola Generación Nuclear, registró unas pérdidas de 309,3 millones de euros en el ejercicio 2016, con lo que acumula unos números rojos de 1.075 millones de euros desde 2013. No obstante, el ministro Nadal puso recientemente en duda que la nuclear sea un negocio en pérdidas. «Tengo la sensación de que son más rentable de lo que están diciendo, pero su obligación es decir que pierden, a ver si bajan los impuestos«, afirmó.

Sin abrir plazo de alegaciones

Por otro lado, el ministro reconoció que el Gobierno «todavía» no ha iniciado el procedimiento de audiencia pública en el que las partes interesadas puedan alegar y presentar sus comentarios sobre la cuestión. «Es una decisión que importa a mucha gente y toda la gente puede tener la oportunidad de presentar alegaciones», ha comentado Nadal, que admite que las posturas «no son coincidentes». El ministro aseveró que el Gobierno «no va a tomar una decisión» sin que se abra ese plazo, se cierre, se estudien y tomen en consideración todas esas alegaciones y sin haber escuchado «a todas las partes». 

Energía regulará el cierre de centrales térmicas sin el apoyo de PSOE y Ciudadanos, que denuncia la falta de diálogo

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- Ciudadanos ha lamentado la falta de negociación por parte del Gobierno sobre la regulación del cierre de centrales térmicas de producción eléctrica y ha reclamado que se fije un Pacto de Estado de Energía previo a cualquier decisión al respecto tras el anuncio del Gobierno de que regulará el cierre de estas plantas sin el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, lo que impedirá que la norma pueda convalidarse en el Congreso de los Diputados y adquirir rango de ley.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, indicó que a su departamento le habría gustado «un edificio más amplio y más sólido» para regular el cierre de las centrales térmicas, pero «no ha sido posible». Nadal se preguntó si, ante la sobrecapacidad del sistema eléctrico, la clausura de las plantas debe responder a decisiones empresariales o a una planificación del mix en función de los objetivos nacionales. Después de mostrarse partidario de la segunda opción, advirtió de que la normativa europea es «escueta» en este asunto.

«Habrá que decidir primero el mix y luego tomar decisiones», señaló, antes indicar que ha hablado con «diferentes fuerzas parlamentarias para plantear un cambio normativo con rango de ley» para que los cierres se apliquen «de forma ordenada». «He hablado con el grupo socialista y no tiene interés por una norma por el estilo», afirmó. «Si no podemos hacer un desarrollo normativo amplio de estas características, en el que prime la política energética sobre las decisiones empresariales, sí podemos hacer una regulación sobre estas cuestiones lo más amplia posible», indicó. «Haremos lo que podamos con el rango reglamentario», afirmó Nadal.

Ciudadanos denuncia falta de diálogo

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, subrayó que el Ejecutivo no puede regular el cierre de centrales térmicas sin un pacto previo que fije la política energética del futuro. «Con Ciudadanos nadie se ha sentado a hablar del tema», ha lamentado la portavoz de Energía del grupo parlamentario de Ciudadanos, que registró en el Congreso una pregunta por escrito para reclamar al Ejecutivo información sobre sus planes en este sentido y, además, ha reclamado la comparecencia del ministro del ramo, Álvaro Nadal.

En este sentido, Rodríguez ha subrayado que previamente a la regulación debe existir un consenso sobre el mix energético y ha reiterado que debe haber una planificación energética fruto de un pacto y no «improvisando» para que luego «acabe reflejado en el recibo de la luz» de los ciudadanos. «Hay que decidir lo que queremos ser de mayor», incidió la diputada de la formación naranja, para recordar que esto daría «seguridad» de cara al futuro.

La compra de vehículos eléctricos se subvencionará con entre 1.100 y 15.000 euros con el nuevo Plan Movea del Gobierno

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- La segunda edición del Plan Movea, de incentivo a la adquisición de vehículos de energías alternativas y de puntos de recarga, aprobada por el Gobierno, contempla ayudas de entre 1.100 y 15.000 euros para la compra de vehículos eléctricos, híbridos enchufables o de autonomía extendida. El Movea 2017 se enmarca dentro de la Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas impulsada en 2014 y que tiene vigencia hasta 2020.

Este programa, que cuenta con un presupuesto de 14,26 millones de euros que irán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, busca fomentar los vehículos impulsados con energías alternativas como tecnologías que están llamadas a formar parte de la movilidad sostenible gracias a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). El nuevo Movea contempla incentivos de diferente cuantía según el tipo de vehículos, que excluye los propulsados por gasolina y gasóleo e incluye los modelos eléctricos, los de gas licuado de petróleo, los de gas natural comprimido y licuado, los de pila de combustible de hidrógeno, las motocicletas eléctricas. También se apoyará la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos en zonas de acceso público.

«El vehículo que vaya a comprarse ya incluirá en el precio final de venta al público la ayuda», explicó el ministro de Energía, Álvaro Nadal. La cuantía de las ayudas se fijará con diferentes baremos dependiendo del tipo de vehículo y del combustible. La ayuda será a partir de 500 euros para turismos y furgonetas, de 5.000 euros para microbuses y camionetas, y de 18.000 euros para autobuses y camiones. Del presupuesto de 14,3 millones de euros, 10,1 millones de euros corresponderán a vehículos eléctricos, frente a 2,2 millones de vehículos propulsados a gas natural, 1,4 millones de los propulsados por gases licuados del petróleo y 0,6 millones de infraestructuras de recarga de uso público.

El programa finalizará el 15 de octubre o hasta que se agoten los fondos disponibles. En función del tipo de vehículo se recibirá una cuantía de forma que los modelos de GLP optarán a subvenciones de entre 500 y 15.000 euros, mientras que los de gas natural podrán recibir entre 1.000 y 18.000 euros. Además, los modelos de pila de combustible de hidrógeno obtendrán subvenciones a la compra de 5.500 euros, mientras que los vehículos eléctricos, los híbridos enchufables y los de autonomía extendida recibirán entre 1.100 y 15.000 euros.

Igualmente, la horquilla de ayudas para los cuadriciclos eléctricos será de entre 1.950 y 2.350 euros, al tiempo que la de las motocicletas eléctricas oscilará entre 1.000 y 2.000 euros. Finalmente, se incentivará con 1.000 euros la puesta en marcha de un poste de carga convencional, con 2.000 euros uno de carga semirrápida y con 15.000 euros a uno de carga rápida. El Plan Movea establece un precio máximo de venta para los turismos y motocicletas, con el fin de evitar subvencionar los modelos premium. Así, los turismos de gas no podrán costar más de 25.000 euros (sin IVA), mientras que el precio máximo de los turismos eléctricos será de 32.000 euros y el de las motos eléctricas, 8.000 euros.

Las bases de este programa indican que los puntos de venta que deseen adherirse deberán aplicar un descuento adicional de al menos 1.000 euros para todos los vehículos, excepto a cuadriciclos (150 euros) y motocicletas (sin descuento), mientras que, si el vehículo es eléctrico, el centro tendrá que comprometerse a facilitar la instalación de un punto de carga. El Gobierno prevé que esta medida impulse la adquisición de 1.800 turismos y furgonetas eléctricas, así como de 230 motos eléctricas. En el caso de los modelos de gas natural la estimación se sitúa en 240 turismos y furgonetas y 100 camiones, al tiempo que se espera fomentar la adquisición de 1.300 turismos y furgonetas de GLP.

El Gobierno destina 336 millones a eficiencia energética en entidades locales y regula la subasta de renovables

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- El Gobierno aprobó tres decretos dirigidos a «transformar el sistema energético» actual para hacerlo «cada vez más limpio», para lo que destinó 336 millones de euros a la eficiencia, lanzó una nueva subasta de renovables y fomentará la movilidad eléctrica. El objetivo es alcanzar los compromisos de España en materia de cambio climático, con más energías renovables, un sistema más eficiente pero que, a la vez, no afecte al «bolsillo» de los consumidores.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado la aprobación de un real decreto para lograr los objetivos de eficiencia energética que contempla movilizar hasta 508 millones de euros para fomentar la mejora energética tanto en edificios públicos como para viviendas particulares. «Se trata de como tener los mismos niveles de confort pero consumiendo menos», ha dicho Nadal. En concreto, ha indicado que el real decreto incluye una convocatoria de ayudas de 336 millones de euros para corporaciones locales de menos de 20.000 habitantes, que son unas 7.700 entidades locales. «La mayor ayuda nunca hecha y dirigida a las entidades locales más pequeñas», destacó Nadal.

Además, el ministro aseguró que la mejor manera para combatir la actual ola de calor es «la eficiencia energética y el aislamiento» de los edificios, ya que cuando mejor aislado esté un edificio «menos variaciones de temperatura habrá«. Estas ayudas serán otorgadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. Los 336 millones de euros permitirán financiar proyectos de eficiencia energética, calefacción de distrito y movilidad urbana sostenible, desde alumbrado, instalaciones de autoconsumo o edificios públicos, por ejemplo para renovar edificios, puertas o ventanas a 7.700 municipios de menos de 20.000 habitantes, Ceuta y Melilla.

En concreto, para lograr la ayuda los municipios deberán reducir las emisiones de dióxido de carbono mediante proyectos singulares de ahorro y eficiencia energética (en edificación y en infraestructuras y servicios públicos), movilidad urbana sostenible (transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de red viaria, transporte ciclista y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias) y uso de energías renovables (para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas).

Nadal ha añadido que estas cantidades se combinarán con el Fondo Nacional para la Eficiencia Energética, por lo que en total supondrá una movilización de 508 millones de euros. «La política de eficiencia energética más grande que se ha hecho en España y la eficiencia energética es la mejor de las políticas energéticas», subrayó el ministro, que ha valorado que estas ayudas contribuirán a la reducción de emisiones de CO2, pero también beneficiarán a la cohesión social y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en los edificios y espacios urbanos.

A este respecto, el ministro aprovechó para recordar que España, junto a Francia, han pedido a Bruselas cambios en la contabilidad de las inversiones en eficiencia energética para fomentarla, algo que depende de la comisaría europea de Asuntos Económicos y Financieros. Debido a las normas actuales de contabilidad, las Administraciones apenas pueden desarrollar estas inversiones porque generarían un déficit prohibido por la legislación a pesar de que se amorticen a muy corto plazo y así lo exija la normativa comunitaria.

Además, en materia de renovables, ha defendido que el Gobierno ha logrado conciliar que un fomento de las energías más limpias beneficie también a los consumidores, frente a lo realizado «anteriormente», cuando luchar contra el cambio climático aumentando las renovables afectaba económicamente a los consumidores. Nadal ha recordado que el objetivo de España en renovables es de alcanzar un 20% de cobertura en 2020, frente a otros países, como Francia, cuyo objetivo es del 23%; Alemania, con un 18% o Reino Unido, con un 15%.

Así, ha precisado que en la actualidad España está en un 17,3% pero confía en que con la subasta de mayo y las posteriores se alcanzará una cifra del 19,5%, «muy cercana al objetivo» y ha asegurado que en el caso de España «se van cumpliendo los objetivos sin problemas». «Los demás tendrán que hacer un esfuerzo enorme para cumplir en 2020. En nuestro caso se van cumpliendo los objetivos sin problemas», ha defendido Nadal, que ha vaticinado que España será uno de los países con alto nivel de cumplimiento.

Para ello el Gobierno aprobó un decreto que regula la nueva subasta de renovables, como la que el Gobierno realizó en mayo de 3.000 megavatios (MW), que estableció un precio mínimo garantizado de 39 euros por megavatio, y estimó que la próxima subasta tendrá «precios más competitivos». Estas subastas premian la fuente de energía que a igualdad de precio genere más horas de electricidad. Y «por eso» ganó la energía eólica, según el ministro. Ahora se celebrará una nueva subasta en la Península con el objetivo de que favorezca a la energía solar fotovoltaica. «Hay capacidad de sobra para hacer una nueva subasta y completar los objetivos de cumplimiento», añadió.

Nadal recordó que en la subasta pasada las solicitudes presentadas superaron en más de tres veces la potencia adjudicada y los adjudicatarios ofrecieron el máximo descuento permitido. Esto supone, según ha explicado, que los proyectos adjudicados se llevarán a cabo sin necesidad de primas adicionales a los ingresos que obtienen por el mercado en el escenario de precios de referencia.

El Tribunal Supremo acudirá al Tribunal de Luxemburgo para determinar la legalidad de los impuestos de la reforma eléctrica

/0 Comentarios/en , , , , , , , /por

Europa Press.- El Tribunal Supremo presentará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine la legalidad de la fiscalidad creada en la reforma eléctrica para acabar con el déficit de tarifa, según indicaron fuentes judiciales.

En concreto, esta fiscalidad, recogida en la Ley 15/2012, incluía el impuesto del 7% a la generación y las tasas sobre los residuos nucleares, así como un canon a la producción hidráulica y un céntimo verde, consistente en la eliminación de las desgravaciones a centrales térmicas. Así, el alto tribunal sigue la recomendación del Tribunal Constitucional, que se mostró partidario de acudir al tribunal europeo para resolver la adecuación de la normativa al derecho comunitario. De esta manera, el Supremo ha abierto periodo de alegaciones a los recurrentes antes de plantear la cuestión al TJUE.

Estos impuestos han recaudado desde su aplicación en 2013 unos 6.950 millones de euros, del orden de 1.900 millones de euros anuales, para evitar la aparición del déficit de tarifa. Esta no sería la primera vez que el Supremo acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso de la Ley que establece las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética también acordó plantear una cuestión prejudicial al TJUE, al tener dudas sobre su compatibilidad con la directiva comunitaria de eficiencia energética.

Asimismo, en el fallo que tumbó el régimen de financiación del bono social de la luz, el Supremo también consideró determinante la jurisprudencia del TJUE respecto a una consulta del Gobierno francés acerca de la posibilidad de aplicar un bono social del gas con una financiación parecida al español, en la que las empresas se encargan de sufragar la ayuda.

Energía no descarta ante ofertas competitivas ampliar más allá de 3.000 MW la potencia renovable a adjudicar en la subasta

/0 Comentarios/en , , , /por

Javier Angulo / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, no descarta ampliar la potencia a adjudicar en la próxima subasta de renovables, que se celebrará en julio, «si las ofertas son competitivas y a costes interesantes para el consumidor». Por ello reconoce que desde el Ministerio han acelerado la tramitación de esta subasta, porque el margen es “estrecho” para que los proyectos eólicos puedan estar en funcionamiento en 2019 y computar para los objetivos de 2020.

Navia aseguró que el decreto permite ampliar los 3.000 megavatios (MW) verdes inicialmente previstos para la subasta, algo que podría suceder ya que en la realizada en mayo hubo mucha oferta, hasta el triple de lo previsto, que «venía por debajo del descuento máximo permitido». «Es indicativo de que hay más capacidad de competir ¿Cuánta más? Espero que mucha, cuanta más, mejor», apuntó al respecto, ya que hasta que no se celebre la subasta en julio no se podrá determinar. El decreto señala que el cupo fijado «se incrementará» por encima de esa cantidad «para permitir la inclusión de potencia de todas aquellas ofertas que tengan el mismo sobrecoste que la última adjudicada», siempre que éste sea nulo o inferior.

De cara al futuro, explicó que se va a tener que seguir incorporando renovables al sistema, pero ya entrados en 2018, aunque habrá que elaborar la planificación energética para conocer la cantidad que tendrá que incrementar España su potencia renovable. No obstante, aseveró que las subastas son, junto a otras fórmulas, la forma de llegar al objetivo que se marque en 2030, sea el 27%, el 30% o el 35%.

Eso sí, el secretario de Estado defendió las subastas como el sistema «más efectivo» para alcanzar los objetivos de renovables y se mostró convencido de que se alcanzará el objetivo del 20% en el horizonte de 2020. «Con lo que tenemos ahora mismo aprobado más esta subasta, que no sabemos todavía cuánto vamos a hacer, estaríamos en el 19,5-19,6%. Nos faltan unas 4 décimas a 3 años para el objetivo. A falta de 4 décimas deberíamos ser capaces de llegar al objetivo adoptando medidas en otros sectores», añadió al respecto.

En su participación en el III Congreso Eólico, Navia afirmó que en esta próxima subasta verde es necesario «profundizar en los descuentos», dando mayor margen a competir entre las tecnologías. A este respecto, afirmo que la experiencia de la anterior subasta fue «muy reveladora» y se debe continuar «por ese camino», con una neutralidad tecnológica que sigue siendo «un elemento fundamental». «Es la primera vez que se consiguen unos volúmenes tan significativos sin que el usuario vaya a tener que pagar una prima. Es lógica económica», añadió al respecto. Asimismo, defendió el modelo de subasta utilizado frente a los de otros países, ya que hay que ser «muy conscientes del coste porque en el pasado asumimos unos costes muy elevados».

Asimismo, mostró la predisposición del Ministerio de Energía a «facilitar» que los adjudicatarios del desarrollo de potencia renovable en las subastas puedan completar los proyectos «en plazo». Por otra parte, Navia insistió en que la planificación energética deber ser «fruto del consenso» entre los distintos agentes del sector, las fuerzas políticas y el Gobierno, y en este sentido enmarcó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la negociación del conocido como paquete de invierno de la Unión Europea. “La lucha contra el cambio climático va a condicionar a partir de ahora toda la regulación energética, indicó el secretario.

A este respecto de la transposición de los objetivos europeos, Navia señaló que debe haber «coherencia» entre los instrumentos y los objetivos para que sean alcanzables de forma efectiva, para lo que consideró que se debe avanzar en las interconexiones energéticas. «No vale de nada marcarse objetivos muy ambiciosos si no nos dotamos de los instrumentos. En algún punto del camino nos daremos cuenta que los objetivos son irrealizables. Nuestra gran preocupación es dotar a esos objetivos ambiciosos de unos instrumentos potentes para alcanzarlos de forma objetiva», añadió al respecto.

En cuanto a las acciones para avanzar en soluciones de almacenamiento energético, Navia avanzó que se ha previsto utilizar una parte del superávit eléctrico acumulado para que España cofinancie la parte que le corresponde aportar a los fondos estructurales que recibe para llevar a cabo proyectos de este tipo, así como de incorporación de renovables. Por otra parte, defendió la normativa del Gobierno que reduce la vida útil de las instalaciones de tratamiento de purines, ya que «da mandato total a la sentencia del Tribunal Supremo». «Nuestro trabajo no es ser generosos, sino hacer una estimación técnica de la vida de la vida útil razonable de la instalación», apuntó el secretario de Estado de Energía.

Navia defiende los Presupuestos en materia energética y los considera «responsables» con los objetivos de cambio climático

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha defendido que los Presupuestos Generales del Estado para 2017 en materia energética son «ambiciosos y responsables» con los objetivos de cambio climático para alcanzar las metas para 2020. Navia subrayó que estos objetivos de cambio climático son «un desafío a largo plazo», por lo que es necesario tomar decisiones a ese largo plazo, evitando que sean «costosas para el sistema y para el país».

Asimismo, destacó la reactivación en materia de renovables con la subasta de 3.000 megavatios (MW) llevada a cabo en mayo «con unos costes para el usuario muy positivos» y la nueva por otros 3.000 MW que se realizará en julio. «Ahora tenemos que ser más ambiciosos en materia de renovables, siempre acompañado por las interconexiones», señaló. Con estos 6.000 MW que se subastarán este año, Navia consideró que España se sitúa entre los países «más ambiciosos en renovables, pero sin costes para los usuarios y con unas implicaciones muy positivas».

Respecto a la factura eléctrica, Navia reiteró la intención del Gobierno de «seguir bajando», como se hizo en la anterior legislatura, los costes regulados, siempre que «haya margen para bajarlos». No obstante, pidió al resto de grupos políticos ser «responsables» y no llevar a cabo propuestas que en muchos casos suponen elevar los costes del sistema. «La prioridad es ser responsable y no asumir más costes en el sistema», sentenció.