La Fundación Alternativas celebró el miércoles el seminario “Los asuntos pendientes en la regulación del sector eléctrico”. Un evento que había despertado enormes expectativas y que no defraudó en ningún momento, salvo la ausencia final del Ministro de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián, justificada por motivos de agenda parlamentaria. La jornada concitó a los principales expertos y responsables en materia de regulación y política energética, del propio Ministerio de Industria, organismos, reguladores, así como de administraciones europeas y de administraciones precedentes. En el acto de inauguración, estuvo también el Presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
La jornada tenía como objetivos ofrecer un balance de los avances realizados a lo largo de los últimos años y de los asuntos pendientes de resolver de la regulación eléctrica, analizar la estructura competitiva del mercado a la luz de los movimientos corporativos y de los nuevos actores del mercado, insistir en la necesaria superación de las tarifas integrales y sus implicaciones, abordar el significado del tercer paquete legislativo europeo, recordar los retos en materia de energía, medio ambiente, renovables y seguridad de suministro y reflexionar sobre la estabilidad como la clave de la buena regulación y de las condiciones para ello.
Juan Manuel Eguiagaray, Director del Laboratorio de la Fundación Alternativas y ex Ministro de Industria y Energía, con el Partido Socialista, abrió la jornada señalando el error político en la gestión de la crisis energética de 1973 en que la subida de precios energéticos incurrió en el error de aislar al país bajo la fórmula de “renunciar a la renta del petróleo” en un intento que tachó de ridículo de proteger a los precios internos de los precios internacionales. Eguiagaray, con el trasfondo del reciente informe sobre Costes y Precios que ha aprobado la Comisión Nacional de Energía (CNE), aludió a visiones nostálgicas del viejo pasado y a quienes han cuestionado el funcionamiento del mercado eléctrico, la existencia de los denominados “windfall profits”, regulación por tecnologías, introduciendo incertidumbres en el funcionamiento del mercado y del sector eléctrico.
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Pedro Marín, Secretario General de Energía: diagnóstico fiel de la situación del sector eléctrico
En este contexto, Pedro Marín, actual Secretario General de Energía hizo un diagnóstico muy fiel de la situación actual del sector eléctrico y señaló, en referencia al contenido de las jornadas que la temática que más le gustaba era la titulada “por una regulación estable”.
Pedro Marín presentó en su intervención la estructura del mercado eléctrico en la que apreció “una estructura muy competitiva” que había evolucionado mucho desde la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico, con la incorporación de nuevos entrantes y los ciclos combinados. Avaló sus tesis en la evolución de los índices de competitividad del sector y presentó como las cuotas en el mercado de generación de Endesa e Iberdrola en el 2007, fueron del 25,8% y 17,9% respectivamente.
Marín señaló el objetivo de que con la desaparición de la tarifa de alta tensión, este año se lograse que el 55 % del mercado estuviera liberalizado y el 45 % a tarifa a final de 2008.
Marín fue preguntado ante los medios de comunicación por dos cuestiones, la renovación del Consejo de la Comisión Nacional de Energía y la posibilidad de que pudiera verse modificado en su tamaño y señaló “que aún no había ninguna decisión al respecto”. Del mismo modo, preguntado sobre el Informe sobre Costes y Precios de la Comisión Nacional de Energía, señaló que ha sido objeto de estudio en el Ministerio, pero que asumir sus postulados “conllevaría modificar completamente la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico”, lo que llevaría aparejado un amplio proceso político y de información pública por su propia naturaleza legal. En todo caso, señalo que esta cuestión actualmente que no está incorporada en la política del Ministerio.
Las primas no se regularán en la Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables.
Entre las principales prioridades que señaló el Secretario General señalo el desarrollo de las interconexiones para aumentar el comercio de energía tanto con Francia y Portugal (favoreciendo el desarrollo del MIBEL, la garantía de la cobertura de la demanda de la electricidad integrando las renovables en el sistema, el fomento de las energías renovables y la promulgación de la Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables (de la que se tendrá un primer borrador en otoño, no incluirá las fórmulas retributivas, cuyo desarrollo se efectuará de forma reglamentaria dada también la evolución de estas tecnologías), la eliminación del déficit tarifario (del que reconoció que los expertos del sector saben mucho pero la sociedad poco, pero que hace que los ciudadanos se endeuden hacia el futuro, de forma poco informada, con clara insolidaridad intergeneracional desde el año 2000 en que comenzó este fenómeno y el cumplimiento de los escenarios de desaparición de las tarifas y desarrollo de la comercialización. Marín aseguró estar confiado de que, al final de todo el proceso de liberalización pendiente habría mejores precios fruto de las tensiones competitivas.
– Primera mesa: Estructura de mercado y precio de la electricidad:
“Los precios de nuestro mercado son fiables”
La primera mesa estuvo moderada por el también ex Ministro de Industria (y de Economía), Carlos Solchaga, quién destacó la importancia de la misma en términos de microeconomía como dinámica de un mercado, en este caso, el elétcico. En la mesa, Ignacio Pérez Arriaga defendió en primer lugar, el mercado como mejor arma y que la tarifa debe ser ‘calculada’ no regulada. Posteriormente, se centró en los postulados del Libro Blanco y se mostró disconforme con la fórmula adoptada en alguna de sus recomendaciones como las subastas de energía primaria, que considera inadecuadas por el plazo que se ejecutan, que considera cortos y que no ayudan a la comercialización y por su, según su parecer, “escaso volumen”. También se mostró en contra de la formula finalmente aceptada por el Ministerio de Industria de regular la garantía de potencia. Discrepó del Secretario General sobre el grado de competencia en el mercado señalando que ‘A mi juicio, aun queda algo de poder de mercado” y abogó por un diseño eficiente de la tarifa de último recurso que no ‘asfixie a los comercializadores’. Reclamó la continuidad de varios estudios y análisis iniciados como la Prospectiva 2030 y el mecanismo de localización de la generación, aspectos en los que consideró que será preciso la intervención de la regulación. También aludió a los CTC’s que consideró que ‘desaparecieron de forma anómala’ y que el Ministerio perdió un elemento de ‘negociación con las empresas’. Calificó el déficit tarifario de ‘despropósito y de que había dejado de ser un problema regulatorio.
Por su parte, Miguel Ángel Lasheras, cuya exposición se centró en los aspectos relativos a la competitividad del mercado centrada en la necesidad de enfocar esta cuestión desde el punto de vista de ‘análisis de comportamiento’ más que de las intervenciones regulatorias para modificar su estructura, asegurando que más participantes no implica mayor rivalidad y que fijarse en la diferentcia entre precios y costes, ‘no es bueno’. En este sentido, aseguró que hay que tener confianza en los precios y en el proceso de formación de los mismos de nuestro mercado. Señaló que la generación de valor del sector eléctrico no ha sido diferente que en otros sectores y que en los expedientes de los órganos de supervisión no se aprecian actuaciones relacionadas con los precios.
Finalmente, Carlos Sallé Director de Regulación de Iberdrola, elogió el diagnóstico que había realizado el Secretario General de Energía, Pedro Marín y añadió que la tarifa eléctrica española se había “desacoplado de la realidad española e internacional”. Señaló que el precio de la energía en España es un 23 % más bajo que en nuestro contexto internacional y evidenció un trastorno de ‘injusticia bipolar en la tarifa eléctrica. Mientras que la tarifa absorbe 6.875 millones de euros de cuestiones que no tienen que ver directa y exclusivamente con el consumo, como la solidaridad interterritorial o el medioambiente, o tiene el tipo más alto de Impuesto sobre el Valor Añadido.
Sallé endureció su discurso cuando se refirió al informe sobre costes y precios de la Comisión Nacional de Energía, que sirve para difundir y propagar ‘mantras intervencionistas’ que buscan llegar a una conclusión que es añadir un componente peyorativo al mercado marginal, afirmar que no funciona, y por tanto cuestionarlo para realimenta la propia intervención. Además cuestionó con datos económicos los supuestos económicos del mismo. Por ejemplo, recogió como no es cierto que las centrales hidráulicas y nucleares estén amortizadas, con ejemplos concretos de centrales muy recientes, (algo que la CNE da por supuesto en su informe), o como no se incluyen los costes fijos, los costes financieros, la detracción de derechos de emisión o las tasas y tributos en las tecnologías que analizó este organismos regulador. Denunció que no se midan los resultados desfavorables que arrojan determinadas instalaciones y señaló a las centrales de ciclo combinado o fuel. También comparó la rentabilidad de las empresas españolas en el mercado español y sus EBITDAS cada vez más reducidos en el mercado interior, que se compensan con la expansión internacional de las empreas, pero que evidencian un funcionamiento anómalo del sector eléctrico.
– Segundo panel: Medio ambiente, energías renovables y garantía de suministro.
Eficiencia e integración de las renovables en el sistema: el futuro pasa por las renovables (y la eficiencia).
La siguiente mesa, estuvo moderada por Alberto Lafuente, ex Secretario General de Energía y abordaba la cuestión de la relación existente entre Medio Ambiente, Energías Renovables y garantía de suministro.
En ella Alfonso González Finat recogió los objetivos fijados por la Unión Europea en materia de energías renovables para el año 2020, el Plan de Acción del Consejo Europeo, así como el desarrollo de los sistemas de apoyo y la coordinación de los Planes Nacionales. En ese sentido dibujó el marco de las políticas europeas en este ámbito.
Por su parte, Alberto Carbajo, Director de Operación de Red Eléctrica de España, se centró en la necesidad de integrar de forma segura las energías renovables en el sistema, para abrir el sistema eléctrico a las miasmas sin deteriorar la seguridad de suministro. En este caso, señaló un número importante de características de este tipo de tecnologías que dificultan su integración como son, que son poco gestionables, los errores y falta de firmeza en sus predicciones, que es preciso tener energía de reserva para facilitar su integración y otras cuestiones como el caso de los huecos de tensión, fenómeno que se producen en las primeras tecnologías de generación eólica. En todo caso, afirmó que REE estaba haciendo todo lo posible para integrar estas tecnologías en el sistema eléctrico, pero que se trata de un compromiso que implica a todos los agentes del sistema, en la medida que es preciso, desde la adecuación de adaptaciones en la tecnologías, la incorporación de los centros de control, más interconexiones o la incorporación de más bombeo en las centrales hidráulicas.
Finalmente, Pedro Linares de la Universidad Pontificia de Comillas, señalo que, en el caso español, estamos ante uno de los sistemas más eficientes en materia de desarrollo de las energías renovables y que será preciso avanzar en el abaratamiento progrsivo del mismo. En este caso, señalo la posibilidades que introduce combinar el mecanismo de los certificados verdes con las primas y valorar la necesidad de que existan diferencias retributivas entre los parques eólicos que operan 2.200 horas y los que operan 1,800 horas. En el caso de la energía solar, consideró que hay que replantearse el límite de los 50 MW que tiene nuestra legislación, cuando se sabe que el tamaño óptimo de estas instalaciones está n los 100-200 MW. Del mismo modo, señaló que hay que diversificar los mecanismos de promoción de estas tecnologías, no sólo vía precios, sino también vía I+D+i. También señalo la necesidad de avanzar notablemente en eficiencia y que los resultados de estos dos últimos años, no suponen mejora con respecto a la posición internacional en este campo. Apunto líneas como son es que la propia tarifa recogiera adecuadamente las señales de precio, incentivar la participación de la demanda, los programas de gestión de demanda con incentivos, incorporación de los ‘certificados blancos’ (de reciente implantación en Francia, o que la regulación de la distribución incentive el ahorro energético, además de potenciar la I+D+i y la educación en eficiencia energética y medioambiental.
– Tercer panel: Por una regulación estable.
Bajo la sombra de la inestabilidad regulatoria y el riesgo de la politización.
Finalmente, la mesa que tuvo lugar por la tarde, moderada por el ex Ministro Josep Piqué, abordó la necesidad de una regulación estable. Piqué entonó un cierto mea culpa sobre la bajada de tarifas que ordenó el Partido Popular, el principio del déficit tarifario y la falta de rigor que en ocasiones preside la acción política. Un fenómeno, el de la politización que perjudica los debates sectoriales y las medidas, como en el caso de la tarifa eléctrica o la energía nuclear. Tuvo palabras de afecto para el recientemente desaparecido Pedro Meroño y para Miguel Ángel Fernández Ordóñez, actual Gobernador del Banco de España y en la presentación de los contertulios se olvidó del curriculum de Maite Costa, quien no estaba en ese momento (llegó con la mesa comenzada).
Pedro Rivero, presidente de Unesa denunció que la regulación actual está plagada de disposiciones transitorias y que nunca existieron tantos objetivos compartidos y tantos incumplimientos tan flagrantes como en la regulación del sector eléctrico. Pidió un marco regulatorio estable, mercados robustos y eficientes y señaló que la primera inestabilidad es preguntarse por el propio mercado y denunció que no puede ser que la cuestión principal sea gestionar el propio riesgo regulatorio. “Un criterio de regulación debe respetar lo pasado y eliminar tendencias retroactivas”, apostilló. Señaló que en el futuro las empresa con quien se tendrían que ver las caras es directamente con los clientes.
Claudio Aranzadi, señaló que en nuestro país, el mejor modelo para la asignación de los recursos es el mercado. Aseguró que en un modelo intervencionista quien toma el riesgo son los consumidores. Pero en un modelo liberalizado quienes toman los riesgos son los accionistas de las empresas. En este sentido pidió un marco regulatorio consistente y estable, con el marco de competencia y con las restricciones de la política medioambiental. También señaló la necesidad de separar las consideraciones de eficiencia de las de ‘equidad” que deben abordarse con otros instrumentos como son los impuestos o subvenciones También evidenció las diferentes políticas de competencia de los estados miembros y su ‘falta de sintonía’ En resumen, pidió una regulación coherente, estable, predecible y consistente que disminuya el riesgo regulatorio.
Maite Costa, que se extendió notablemente, con respecto al tiempo que le había concedido el ponente, señaló que el mercado eléctrico español tiene una estructura oligopolística y que haya liberalización implica que haya competencia en los mercados. Señaló que el que haya sectores liberalizados no es contradictorio con la existencia de sectores regulados, como los de las infraestructuras. A estos, señaló hay que garantizar su WACC para que no haya aversión al riesgo por parte de los inversores. Finalmente señaló que la seguridad jurídica y el mantenimiento de la confianza legítima como principios no pueden impedir o petrificar los sistemas regulatorios y , en este caso, se refirió en extenso a la derogación del R.D. 434/2004 por el R.D. 661/2007, y que lo que se debe valorar es si los mecanismos de ‘amortiguación’ de los cambios legislativos son suficients.
Piqué sentenció el debate de esta mesa: “La estabilidad pasa por el mercado”.
