Es la primera vez que dos consejeros, uno designado a instanacias del Partido Popular y otro designado a instancias del Partido Socialista suscriben un voto particular conjunto. Y ha sido, en el caso de la propuesta de nuevo real decreto de retribución de la generación de electricidad mediante la tecnología solar fotovoltaica el que ha hecho que dos consejeros elaboren un voto discrepante conjunto a lo aprobado por la mayoría.

Los dos consejeros, Carmen Fernández Rozado y Luis Albentosa están de acuerdo con la propuesta incluida finalmente en el dictamen aprobado por la CNE de que no haya cupo desde septiembre de 2008 hasta que entren en vigor las primeras convocatorias con arreglo al nuevo decreto. Asimismo valoran positivamente la mecánica general que establece la propuesta de Real Decreto y el Informe elaborado por los servicios técnicos de la Comisión, en la medida que propone a su juicio un marco con estabilidad jurídica futura. Pero van mucho más lejos en la articulación del período transitorio, principal punto flaco, a su juicio, de la propuesta de Real Decreto.

Señalan como mayor carencia la inexistencia de una regulación específica para el período transitorio, que cifran en quince meses. En concreto, lo dibujan del 30 de septiembre de 2008 al momento en que los proyectos de la primera convocatoria de 2009 (se realizaría en marzo de ese año), se completan. Es decir, ese período transitorio se alargaría hasta 31 de diciembre de 2009, como poco.

Fundamentalmente su desacuerdo se centra en dos cuestiones: en primer lugar, el salto retributivo de los 45 c/€ por kWh actuales, a los 29 (para instalaciones en suelo) que propone el Real Decreto, algo que consideran como excesivamente brusco. Su segundo punto de desacuerdo es que la energía solar fotovoltaica no pueda participar en el mercado eléctrico.

En el primer caso, según se recoge en el voto particular que ha publicado el organismo, los dos consejeros, cifran su propuesta en un mayor coste de únicamente 2 millones de euros, en términos de prima equivalente (diferencia entre el precio pagado por esta energía y su coste en términos de lo pagado en el mercado eléctrico por esa misma energía) frente a la aprobada por el Consejo de Administración de la CNE.

Las razones que aducen en su voto particular son que la gradualidad de este período transitorio no puede centrarse únicamente en la potencia instalada, debiendo graduarse también la evolución de las tarifas que retribuyen la energía eléctrica producida. Por ello, consideran que el descenso desde la tarifa actual es excesivamente brusco. Del mismo modo, consideran que el R.D. al no incentivar las instalaciones de menos de 100 kW incentiva a las de mayor potencia, y conforme pueden éstas ir creciendo de tamaño puede empezar a resultarles interesante participar en el mercado mayorista para evitar la discriminación con el resto de tecnologías.

Estas dos propuestas fueron desbancadas por la mayoría integrada en este caso por la Presidenta del organismo Maite Costa, y los consejeros, Jaime González, Jorge Fabra, Sebastiá Ruscalleda y José Sierra (este último designado a instanacias del Partido Popular).

Los dos consejeros señalan también en su voto particular que las razones económicas esgrimidas para la reducción de tarifas eléctricas (refiriéndose al sistema en su conjunto), es decir, la necesidad de ajuste tarifario derivado de las existencia del déficit de tarifa, debe realizarse en el marco de un análisis detenido y conjunto de todas y cada una de las partidas del coste de suministro eléctrico. En este sentido, señalan que la retribución de las tecnologías en régimen especial no son las responsables del déficit tarifario, ni deben ser las responsables de solucionarlo. Por tanto, señalan que no sería procedente aplicar este criterio sobre la energía solar fotovoltaica, porque incidentalmente sea el momento en que se debe proceder a cambiar su regulación debido a la extinción del modelo contemplado en el R.D. 661/2007, es decir porque sea el primero cuyo marco retributivo y regulatorio se somete a revisión.

Frente a las críticas a los incentivos a las energías renovables. Calidad de la regulación y seguridad jurídica

Del mismo modo, señalan como un factor distorsionador y “causante” del parte del boom actual de la energía solar fotovoltaica a la propia regulación actual, que ha provocado que inversiones que se tendrían que haber realizado con posterioridad (al límite de final de septiembre fijado) se han adelantado, así como de la presión al alza de los precios de los bienes de equipo e instalaciones que podrían haberse reducido en la medida que han ido disminuyendo los costes de las industrias suministradoras.

En conjunto, señalan que la calidad de la regulación española ha sido responsable del proceso de inversión tan importante en el sector de las energías renovables y evidencian las críticas vertidas desde distintos sectores a los incentivos a estas tecnologías, señalando la existencia de sectores que tienen ayudas y no han reducido sus costes, ni han mejorado tecnológicamente. Abogan por un marco de seguridad jurídica y regulatoria, porque los costes de la inseguridad jurídica no siempre se perciben y no siempre se quieren ver”. Así, la inestabilidad regulatoria puede provocar tanto el retraimiento de la inversión, como la sobreinversión, lo que en definitiva encarece el funcionamiento del sistema.

El Consejo de Ministros aprobó el nuevo Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011, un conjunto de medidas urgentes que se suman a las que ya están en marcha y que contribuirán a reducir el consumo de petróleo, gas y carbón y la dependencia de las importaciones.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que el plan servirá además para reducir las emisiones a la atmósfera de CO2 y mejorar la sostenibilidad ambiental.

El ahorro de energía es «el camino que debemos seguir y el que seguiremos recorriendo», dijo de la Vega.

El nuevo plan, que tendrá un coste de 245 millones de euros, se compone de 31 medidas articuladas en cuatro líneas de actuación, dos centradas en los edificios y el transporte (el sector que acapara la mayor parte de las iniciativas), una de carácter transversal y otra específica de ahorro de electricidad.

Con su aplicación España podrá ahorrarse la importación de 6 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep), destacó la vicepresidenta.

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) duplicará su presupuesto, hasta alcanzar los 120 millones anuales, para financiar las nuevas iniciativas.

Los planes del Gobierno

El Gobierno ha puesto en marcha otros dos planes de ahorro de energía, uno para el bienio 2005-2007 y otro, que convivirá con el aprobado , para el periodo 2007-2012.

De entre las 31 medidas, que fueron detalladas por el titular de Industria, Miguel Sebastián, el pasado martes en el Congreso, destaca la intención del Gobierno de reducir la velocidad en la entrada a las grandes ciudades, la limitación de la temperatura en los edificios y la sustitución de bombillas incandescentes por lámparas de bajo consumo.

Antes de tres meses el Gobierno hará una propuesta para reducir en un 20 por ciento de media los límites de velocidad en las vías de acceso a las grandes ciudades y sus circunvalaciones.

Para fomentar el transporte público se negociará con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) una línea de apoyo a los planes de movilidad urbana, se construirán carriles Bus-Vao en las ciudades de más de medio millón de habitantes y se acordará con CCAA y ayuntamientos la extensión del horario de apertura del metro los fines de semana.

Asimismo, El Ejecutivo hará un proyecto piloto consensuado con el sector de automoción para contar con un millón de vehículos híbridos y eléctricos en 2014, primando en la medida de lo posible su producción nacional.

Para reducir el consumo de electricidad, se repartirán gratuitamente mediante vales de regalo en la factura eléctrica bombillas de bajo consumo. En total se regalarán 49 millones de bombillas durante 2009 y 2010.

A partir de ahora la temperatura en los edificios de uso no residencial (excepto hospitales y otros casos especiales) será de 26 grados como mínimo en verano y 21 grados como máximo en invierno.

En el ámbito empresarial, la Administración dará facilidades para la financiación de las empresas de servicios energéticos (especializadas en optimizar la gestión energética de empresas y familias) y les dará preferencia en sus contratos mediante el desarrollo reglamentario de la Ley de Contratos del Sector Público.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha sido el encargado de explicar el paquete de 31 medidas que el Gobierno pondrá en marcha, de manera urgente, para intensificar el ahorro y la eficiencia energética de nuestro país. Esta serie de medidas, que vienen a reforzar el Plan de Eficiencia y Ahorro Energético 2008-2012, han nacido fruto de la continua subida del precio del petróleo en los últimos meses.

Según explicó Sebastián ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, el valor del petróleo se ha duplicado en el último año y ha encarecido la factura energética en 17.000 millones, así como las materias primas. «Nos encontramos ante la tercera crisis del petróleo» y para combatirla es necesario a corto plazo el ahorro de energía y a largo plazo el fomento de las energías renovables, dijo. Además, el ministro destacó que el fomento de la eficiencia energética y el ahorro ayudarán a mejorar la renta nacional, la competitividad, el empleo y el medio ambiente.

El Plan se ejecutará entre 2008 y 2011 y tiene como objetivo reducir el consumo de energía en 44 millones de barriles de petróleo, lo que equivale a un ahorro de 6 millones de toneladas de crudo, o lo que es lo mismo, al 10% de las importaciones anuales de petróleo de España.

Las nuevas medidas se articulan en cuatro líneas de actuación, dos centradas en los edificios y el transporte (el sector que acapara la mayor parte de las iniciativas), una de carácter transversal y otra específica de ahorro de electricidad.

Reducción en un 20% de los límites de velocidad

Entre las medidas más destacadas, resalta la propuesta para reducir en un 20 por ciento los límites de velocidad en las vías de acceso a las grandes ciudades y sus circunvalaciones, como ya se hizo en su día en Barcelona. En todo caso, el Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado que antes de adoptar cualquier decisión sobre este asunto se hará un estudio con todos sectores afectados y ayuntamientos.

En el ámbito de las técnicas de conducción eficiente se realizarán, asimismo, intensas campañas didácticas y de información dirigidas a los ciudadanos.

En este sentido, también se quiere fomentar la utilización de vehículos híbridos y eléctricos, mediante un proyecto piloto consensuado con las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales. Para ello, se primará la producción nacional y se estima que en 2014 haya un millón de estos vehículos en funcionamiento.

Asimismo, el Ministerio de Defensa permitirá el uso de sus pasillos aéreos para reducir la longitud de las rutas comerciales, hasta un 10 por ciento, con el consiguiente ahorro de combustible.

Para fomentar el transporte público se negociará con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) una línea de apoyo a los planes de movilidad urbana, se construirán carriles Bus-Vao en las ciudades de más de medio millón de habitantes y se acordará con CCAA y ayuntamientos la extensión del horario de apertura del metro los fines de semana y medidas para promover el uso de la bicicleta.

En el ámbito del alumbrado público, el plan prevé mejorar la eficiencia energética de las instalaciones y reducir en un 50 por ciento el consumo energético en iluminación de autovías y autopistas.

Dos bombillas de bajo consumo gratis por cada hogar

Otra de las medidas anunciadas es el reparto, a través de vales de regalo en la factura de la luz, de dos bombillas de bajo consumo por hogar, lo que supondrá alrededor de 49 millones de bombillas gratuitas entre 2009 y 2010. Con esto quiere avanzar en la eliminación completa del mercado de bombillas incandescentes para 2012, objetivo en el que trabaja con la Comisión Europea.

Otro de los puntos fuertes pretende impulsar las empresas de servicios energéticos, especializadas en optimizar la gestión energética de empresas y familias. A partir de ahora la Administración dará facilidades para su financiación y les dará preferencia en sus contratos mediante el desarrollo reglamentario de la Ley de Contratos del Sector Público. Además, las compañías que cuenten con el certificado energético de AENOR tendrán prioridad en la contratación pública frente a otras.

Limitación de temperatura: 26 grados en verano, 21 en invierno

Para reducir el consumo de energía se limitará la temperatura a 26 grados como mínimo en verano y a 21 grados como máximo en invierno en los edificios de uso no residencial, excepto en hospitales y otros casos especiales. Incluso, el Gobierno quiere que sea obligatorio que los nuevos edificios de la Administración cuenten con una calificación energética elevada.

Por otro lado, y dentro también del capítulo de ahorro energético, se ha fijado como objetivo que la Administración reduzca un 10 por ciento el consumo eléctrico en la primera mitad de 2009 con respecto al mismo periodo del año 2008, un porcentaje que se mantendrá en los próximos tres años.

En el ámbito de movilidad, Industria pedirá a las compañías telefonía móvil que garanticen la cobertura en la red de metro de todas las ciudades.

Para desarrollar todas estas medidas, el Gobierno quiere contar con la colaboración de las asociaciones de consumidores y ha previsto firmar este mismo año un convenio con el Consejo de Consumidores y Usuarios para desarrollar campañas informativas sobre el ahorro energético.

Un coste de 245 millones de euros hasta 2011

La aplicación de este surtido de medidas tendrá un coste de 245 millones de euros hasta 2011, que serán financiados en gran parte por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), que duplicará su presupuesto hasta alcanzar los 120 millones anuales. Todo ello permitirá un ahorro de entre 42,5 y 47 millones de barriles de petróleo.

Miguel Sebastián resaltó que el plan será «rentable económicamente», ya que esos 245 millones de euros suponen, al precio actual del barril, un ahorro en la factura petrolífera de 4.104 millones.

Los grupos parlamentarios ven insuficientes las medidas

Por su parte, los diferentes grupos parlamentarios consideran «insuficientes» y «poco ambiciosas» las medidas planteadas por Miguel Sebastián en el Congreso.

El diputado popular Antonio Erias, manifestó sentirse «perplejo y asombrado» al conocer las medidas presentadas dada la actual coyuntura económica, y pidió al ministro que deje la «política de gestos y apariencias» y fomente una energía competitiva que dé respuestas a los problemas de la sociedad.

Sánchez Llibre, diputado de CiU y Francesc Canet de ERC, consideraron las medidas como «insuficientes», mientras que Joan Herrera, diputado de ICV, criticó que el Gobierno plantee ampliar la red de carreteras españolas, algo que en su opinión no haría sino aumentar el consumo y la dependencia energética.

El Ministerio de Industria ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) su propuesta de Real Decreto sobre energía fotovoltaica, que aplicará un recorte de hasta el 35% en las primas y que incluirá además un Plan Renove para las instalaciones de cogeneración, indicaron fuentes del departamento dirigido por Miguel Sebastián y de la Comisión Nacional de Energía.

El recorte de primas a la fotovoltaica atenuará la especulación en torno al sector y ahorrará al Estado en torno a 415 millones de retribución al año. En 2008 se destinarán 800 millones a primas fotovoltaicas, y en 2009 la retribución será de 915 millones, frente a los 1.330 millones que se habrían destinado en un escenario de continuidad.

La nueva regulación asignará primas distintas en función de si las instalaciones son de techo (en lo alto de edificaciones) o de suelo, con el objetivo de incentivar las primeras. Además, las instalaciones tendrán que presentar un aval de 50.000 euros por cada megavatio (MW) instalado, lo que contribuirá a reducir la especulación.

Las instalaciones de techo tendrán una potencia máxima de 2 MW, de modo que el aval mínimo será de 100.000 euros, mientras que la potencia instalada máxima de las de suelo será de 10 MW, lo que obligará a depositar 500.000 euros en la Caja General de Depósitos.

En cuanto a las primas, las de techo se reducirán un 26%, de 45 a 33 euros por megavatio hora (MWh), mientras que la de suelo pasarán de 45 a 29 euros por MWh, lo que supondrá un descenso del 35%. Además, para 2009 se impondrá un techo de 300 MW a la instalación de paneles fotovoltaicos. Para asignar esta potencia, se crearán cada año cuatro registros trimestrales, de 75 MW cada uno.

Si un trimestre hay solicitudes para más de 75 MW, se reduce un 2,5% la prima -la caída podría ser del 10% al cabo de cuatro trimestres-. El porcentaje de bajada de primas al final de cada año, si se produce, equivaldrá al porcentaje de subidas del techo de potencia. Como ejemplo, si en 2009 se recorta un 10% la prima porque ha habido mucha demanda, en 2010 se podrán instalar no sólo los 300 MW del techo, sino un 10% más, esto es, 330 MW.

Para incentivar a las instalaciones de techo frente a las de suelo, Industria no sólo dedicará primas más generosas a las primeras, sino que intentará que de los 300 MW de instalación máximo a al año 200 MW correspondan a tejados. A los edificios se les exigirá que parte de la electricidad generada vaya destinada a la propia alimentación eléctrica del inmueble.

El decreto, que se aprobará probablemente tras el verano, incluye además una cláusula que contempla la posible revisión al alza de las tarifas en caso de que concurran circunstancias como una fuerte subida de los costes. Junto a esto, establece un registro de instalaciones fotovoltaicas antes de su desarrollo, en el que se harán constar la autorización administrativa, la licencia de obra, los avales y los puntos de conexión a la red.

En cuanto al Plan Renove de cogeneración, Industria explica que antes del 31 de diciembre desarrollará este mecanismo mediante una orden ministerial. El plan tendrá como objetivo aumentar la vida de las instalaciones de cogeneración y mejorar su rendimiento. En el texto se establecerán las medidas económicas para alcanzar los objetivos del Plan de Acción 2008-2012.

Este plan de acción está incluido en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012, y toma como base el mejor rendimiento de las instalaciones, el incremento de su vida y la inversión necesaria.

El decreto tiene ahora que pasar por el trámite de la Comisión Nacional de Energía y, posteriormente, una vez superado debe ser remitido al Consejo de Estado.

Las asociaciones empresariales representativas del sector han mostrado fuertemente su posición contraria a la propuesta legislativa del Real Decreto, debido al recorte de retribución y a las cuotas que fija el decreto de nueva instalación de capacidad. Según las empresas, la aprobación del Real Decreto, conforme a sus previsiones, abocaría a una fuerte reconversión del sector.