Aprobado por 181 votos a favor, 6 en contra y 147 abstenciones, el real decreto ley supondrá que la luz no se encarezca hasta 2012 para los consumidores con una potencia contratada de hasta 3 kilovatios (KW) en su primera vivienda, ni para las familias numerosas o con todos los miembros en paro, así como para quienes perciban pensiones mínimas.

Junto al «bono social», el real decreto incluye otras iniciativas como la resolución del problema del déficit de tarifa -la diferencia que se produce cuando los ingresos del sistema eléctrico no cubren los costes- acumulado desde 2000.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, explicó a los diputados que dicho déficit, próximo a los 14.000 millones de euros, dificultaba las inversiones del sector eléctrico, necesarias para garantizar el suministro de energía y mantener el empleo.

Por eso, justificó la decisión del Gobierno de crear un fondo con el que el Estado avalará hasta 10.000 millones de euros del déficit tarifario pendiente de titulizar -convertir los derechos de cobro en títulos negociables-.

Sebastián insistió en aprobar el decreto ley y su convalidación por urgencia para que España gane en «competitividad, seguridad y sostenibilidad».

Asimismo, la aprobación supondrá que el Estado asuma los costes de la producción de electricidad fuera de la península, mientras que las eléctricas costearán el «bono social» y la gestión de residuos radiactivos, añadió Sebastián.

Durante la sesión parlamentaria, el diputado del PP Álvaro Nadal arremetió contra el decreto ley que «sólo sirve para resolver el déficit tarifario y de la peor manera posible», ya que, en su opinión, acabará pagándolo el consumidor con una subida de la luz «descomunal» y «espectacular».

Nadal indicó que el Gobierno «tiene miedo» de esa subida y por ello ha establecido el «bono social», que, insistió, tan sólo garantiza una congelación para «determinados colectivos».

El diputado del principal partido de la oposición consideró también que el decreto ley supone una «confesión implícita» de que en las energías renovables «algo no ha ido bien», ya que se crea un registro que servirá para hacer un seguimiento de la potencia instalada, lo que «dificulta el desarrollo de nuevas instalaciones y supone un atentado contra el sector de las renovables».

En la misma línea, Josep Sánchez Llibre, diputado de CiU, cuestionó la creación de ese registro de «preautorización» para instalaciones renovables, que dijo, invade competencias de las Comunidades Autónomas.

No obstante, justificó el voto favorable de CiU por la necesidad de resolver ya el déficit de tarifa, si bien lamentó la «escasa» concreción de medidas como el «bono social», que afectará a «muchísimos menos consumidores» de los que calcula el Ejecutivo.

Desde el PNV, Pedro Azpiazu valoró la resolución del déficit tarifario y vio positiva la creación del «bono social», por lo que apoyó el real decreto, con la condición de que se evite la misma invasión competencial que criticó Sánchez Llibre y el diputado de ERC-IU-ICV Joan Herrera.

Este último pidió la tramitación como proyecto de ley, entre otras razones, por ser «una cesión a las eléctricas» que acabarán pagando los consumidores en el recibo de la luz.

Desde Coalición Canaria, Ana Oramas advirtió de que quedan aspectos importantes «en el alero», interrogantes para votar que sí al real decreto, que supone un «serruchazo» a la energía eólica en las Islas Canarias; mientras que Francisco Jorquera, de BNG, instó a dar prioridad a los criterios de renta para la concesión del «bono social».

Según informa el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la nueva normativa se aplicará a los clientes acogidos a tarifas de suministro de energía eléctrica con una potencia inferior a los 10 kW, es decir, a la mayoría de los consumidores domésticos y algunas pequeñas y medianas empresas.

La resolución será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y surtirá efectos para las facturaciones hechas a partir del 1 de noviembre de 2008.

Una vez que entre en vigor, al día siguiente de salir en el BOE, se eliminará la «discrecionalidad» en el cálculo de las estimaciones de acuerdo con los datos históricos de cada cliente, precisa el Ministerio.

La fuente destaca que la nueva metodología cumple con el compromiso adquirido con los consumidores, que han denunciado a través de varias organizaciones facturas que no se corresponden con sus consumos, y establece un procedimiento «claro y preciso para evitar errores o interpretaciones».

Las empresas distribuidoras de energía eléctrica dispondrán hasta el 1 de julio para adoptar sus procedimientos informáticos y aplicar el nuevo método.

Desde diciembre de 2008, las eléctricas fueron obligadas por Industria a facturar mensualmente, aunque la lectura de los contadores es bimensual, por lo que uno de cada dos recibos de la luz se basa en estimaciones de consumos anteriores, lo que, según varias asociaciones de usuarios, ha dado lugar a cobros indebidos.

Así se recoge en el Real-Decreto Ley que establece su creación y la solución al déficit de tarifa -diferencia que surge porque los ingresos del sistema eléctrico no cubren los costes-, que publica el Boletín Oficial del Estado y que deberá ser convalidado por el Congreso.

La normativa fue aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros y, según informó entonces Industria, supondrá la congelación de la tarifa eléctrica hasta 2012 para unos cinco millones de hogares.

No obstante, en el Real-Decreto Ley el Gobierno se reserva la posibilidad de variar antes las características del bono social y su financiación, que inicialmente correrá a cargo de doce compañías eléctricas.

Este bono social es la diferencia entre las Tarifas de Ultimo Recurso (TUR), que entrarán en vigor el 1 de julio y a las que podrán acogerse la gran mayoría de las familias, y la denominada «tarifa reducida», que será la que paguen los colectivos más desfavorecidos y supondrá de hecho una congelación en sus recibos, ya que se les aplicarán los precios fijados en enero.

Las eléctricas estiman que esta medida les supondrá un coste total de más de 1.000 millones de euros, según la patronal Unesa, que advirtió de que las TUR -precios máximos que podrán cobrar las compañías- no supondrán un abaratamiento de los recibos.

El Ministerio de Industria deberá publicar una orden que establezca qué usuarios podrán acogerse al bono social teniendo en cuenta sus características sociales, de consumo y poder adquisitivo, para lo que se establecerá un «umbral referenciado a un indicador de renta per cápita».

Hasta entonces, podrán beneficiarse del bono social los usuarios con una potencia contratada inferior a los 3 kilovatios, los mayores de 60 años que perciban pensiones mínimas, las familias numerosas y los hogares con todos sus miembros en paro.

El Real-Decreto Ley establece que el déficit de tarifa, que en el acumulado desde 2000 supera los 16.000 millones de euros, dejará de generase a partir del 1 de enero de 2013, cuando los peajes de acceso serán suficientes para cubrir todos los costes de las actividades reguladas.

Hasta entonces y desde 2009, el déficit no podrá superar los 9.500 millones de euros, según la normativa, en la que se establece que el Estado avalará hasta 10.000 millones de euros del déficit tarifario pendiente de titulizar -convertir los derechos de cobro en títulos negociables-.

Paralelamente, las compañías se harán cargo del cien por cien de los costes de gestión de los residuos radiactivos y combustibles gastados, mientras que los Presupuestos Generales del Estado asumirán de forma escalonada el coste extra de la generación de electricidad insular y extrapeninsular, que asciende a unos 1.300 millones de euros.

Además, la normativa deroga otra anterior por la que actualmente se detrae de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica el mayor ingreso que obtenían las compañías por el cobro en la factura de los derechos de emisión de CO2 cedidos gratuitamente.

Por otra parte, crea un registro de preasignación de retribución para las instalaciones del régimen especial (renovables y cogeneración) con el fin de hacer un seguimiento de la evolución de la potencia instalada y asegurar que se cumple el requisito de que el consumidor cuente con una energía a un coste razonable.