La CNMC critica el uso de los peajes eléctricos y de la regulación energética como «instrumento político»

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Europa Press.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha criticado el uso como «instrumento político» de la regulación energética en aspectos como la fijación de los peajes eléctricos «en más ocasiones que las justificables».

Asimismo, ha subrayado que la determinación de los peajes «no puede ser un instrumento político que beneficie a unos u otros en función de las necesidades del momento», sino que tiene que ser algo establecido con «absoluto rigor» y en línea con una serie de parámetros comunes con otros países de la Unión Europea. Marín Quemada resaltó que le llama mucho la atención que el Ministerio de Energía esté en una posición distinta a la de las directivas comunitarias y a la de los reglamentos de aplicación directa y haya restado competencias a la CNMC que sí tienen otras agencias independientes de otros países comunitarios.

«Eso comprenderán ustedes que no podíamos dejarlo pasar», apuntó Marín Quemada, quien ha explicado que, después de que sus intentos de conversación, escritos, cartas, entrevistas y un requerimiento previo no hayan dado el resultado previsto, no han tenido «más remedio» que llevar al Gobierno al Tribunal Supremo. Así, reconoció que nunca pensó que en su vida de servidor público tuviera que hacer algo así y ha admitido que ha sido una decisión «compleja» que ha tomado el Consejo de la CNMC para defender sus competencias.

Nadal vaticina que el precio de la luz será «bastante menor» en 2018 que el año pasado

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Europa Press / EFE.– El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, vaticina que el recibo de la luz de 2018 será «bastante menor» que el del año pasado. En este sentido, Nadal recordó que en los dos primeros meses del año el recibo para un consumidor medio bajó con respecto al mismo periodo de 2017 «del orden de un 7,5%» debido a que «las circunstancias son mejores este año».

El ministro ha recordado la falta de agua que hubo en 2017, un año que ha calificado de «muy malo», a la que se sumaron los altos precios que alcanzó el gas en el mercado. Así, valoró las medidas del Gobierno para bajar o mantener congelados en los últimos años los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados, que es la parte sobre la que el Ejecutivo tiene capacidad de decisión. «El año pasado los elementos coyunturales fueron muy malos y este año son sustancialmente mejores. Cuando la situación coyuntural es buena, el efecto sobre el recibo final se nota», señaló Nadal en referencia a las mejores condiciones climáticas en este inicio de 2018.

Ha subrayado que «es muy importante que todas las propuestas que se hagan de energía sean siempre pensando en que deben ayudar a bajar esos costes, no aumentarlos», y considera que todas las que está viendo de otros grupos parlamentarios «es para aumentarlos». El ministro ha indicado que en el precio de la electricidad también incide con qué se produce y eso, «a medio plazo, es decisión de la política energética» porque «no es lo mismo, por ejemplo, producir con energía nuclear o sin ella».

Por otra parte, Nadal defendió la necesidad de cambiar la Ley para modificar los aspectos en los que las compañías eléctricas están sobrerretribuidas por actividades que realizan, como son las redes de alta tensión y las redes de distribución. Ha añadido que al regulador le preocupa que las inversiones estén sobreretribuidas, pues por cada euro de más que las empresas usuarias de energía pagan al sector energético, disponen de un euro menos para pagar en salarios o invertir en innovación y mejorar su capacidad exportadora.

«En algunos elementos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dicho que sí están sobrerretribuidas y en algunos elementos Red Eléctrica, como operador del sistema, ha dicho que sí, y por eso le trasladamos a los parlamentarios que tenemos autoridades independientes que nos están diciendo que en algunos elementos están sobrerretribuidas, y para cambiar esta situación tendríamos que cambiar la Ley», apuntó Nadal, añadiendo que ahora corresponderá a los grupos parlamentarios saber «si quieren trabajar en favor de los consumidores en la manera que les propongo».

Nadal reconoció que el tema de la retribución de las compañías es una discusión en la que «siempre va a haber una tensión», ya que las empresas «van a querer cobrar lo más posible» y el deseo del Gobierno va a ser siempre que sea «una retribución equivalente al riesgo que realmente están asumiendo». «Entre regulado y regulador siempre hay una relación de amor-odio», sentenció respecto a la relación de su departamento con las eléctricas.

Ha señalado que, pese a las quejas de las eléctricas por cambios en la regulación, «aquí continuamente se está cambiando» a través de los recursos de las compañías eléctricas, un sector del que ha dicho que «prácticamente recurre todas las normas que le afectan para tratar de mejorarlas en su favor». «Cuando los tribunales les dan la razón, que a veces ocurre, no muchas veces, eso va en perjuicio del consumidor y es un cambio de regulación realizado a través de la vía judicial», ha añadido Nadal, que ha afirmado que él también piensa que otros cambios que benefician al consumidor «los podríamos hacer también nosotros por la vía legal».

Arranca el proceso para transponer la directiva europea que obliga a los titulares de calefacciones centrales a instalar contadores individuales

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Europa Press.- Los titulares de instalaciones centralizadas de calefacción y refrigeración de edificios estarán obligados a instalar contadores individuales siempre que sea viable técnica y económicamente, según consta en la propuesta de decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. La normativa, que actualmente se encuentra en trámite de audiencia y periodo de alegaciones hasta el 3 de abril, pretende así completar la transposición de la Directiva Europea de eficiencia energética.

Así, para completar la transposición de la directiva, el decreto pretende fijar para los titulares de instalaciones térmicas centralizadas existentes en los edificios la obligación de instalar contadores individuales que midan el consumo de calor y frío de cada consumidor, siempre que sea técnicamente viable y económicamente rentable. Excepcionalmente, en el caso de la calefacción, y siempre que no sea técnicamente viable el uso de contadores individuales, se impone la obligación de instalar repartidores de costes de costes de calefacción o sistemas alternativos, siempre que esta opción sea económicamente viable.

Para el análisis, los titulares contarán con una guía que aprobará en una orden el Ministerio de Energía y con la se deberá realizar una primera evaluación de la rentabilidad económica de la instalación en su vivienda o edificio de los contadores o, en caso de no ser técnicamente viables, la de repartidores de costes o sistemas alternativos para el caso de calefacción. En el caso de resultar positiva la valoración de la viabilidad técnica y de la rentabilidad económica, el presupuesto deberá incluir el periodo estimado de recuperación de la inversión de la instalación y el compromiso de ofrecer la instalación en régimen de pago aplazado en 10 años.

Se considerará que la instalación es rentable cuando el periodo estimado de recuperación de la inversión sea inferior al número de años de retorno de la inversión fijado en la orden ministerial. En el caso de ser acreditada la viabilidad, el titular deberá proceder a la instalación de los sistemas de contabilización individualizada en un plazo máximo de 15 meses.

Nadal anuncia que el Gobierno propondrá regular por ley el cierre de centrales eléctricas y defiende la térmica de Andorra

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado que el grupo parlamentario del PP en el Congreso va a presentar una proposición de ley para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica con una norma «de rango de ley» que evite “la tentación de algún gran operador de cerrar una central rentable para aumentar los precios”. El ministro ha confiado en el diálogo con los demás grupos parlamentarios para sacar adelante esta normativa.

Nadal ha señalado que el Gobierno ha emprendido una reforma laboral, financiera, energética y administrativa-tributaria, y ve “sorprendente que se le diga al Gobierno que no hay que hacer estas reformas, que hay que revertirlas», lo que considera un error, lamentando que no se proponen reformas alternativas, solamente «críticas». En materia energética, ha sostenido que es necesario reducir las emisiones de CO2 pero sin encarecer el precio de la energía, especialmente en un país como España «que no tiene grandes fuentes energéticas» y que necesita importar la energía que consume.

En la transición hacia las energías renovables y limpias, Nadal apuesta por «evitar correr demasiado», como cree que hizo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que con «prisa» puso la ideología sobre el elemento práctico desarrollando renovables de forma previa al desarrollo total de estas tecnologías. “Pero tampoco quedarse atrás», matizó el ministro, “asumiendo los avances tecnológicos «sin precipitarse, para que el coste no acabe repercutiendo en el consumidor. No obstante, Nadal ha asegurado que las renovables van a ser el «centro» del sistema y que deberán incrementar su peso entre un 27% y un 35%, pero no pueden ser la energía «base» porque no son las que están siempre «sí o sí».

En este sentido, ha apostado por mantener el mix energético, en el que la nuclear, el gas y el carbón suponen un 20% cada una, dejando el resto a las renovables. Estas primeras son las únicas que pueden dar servicio en cualquier momento, especialmente en las «puntas», con la nuclear como la más barata, la que no lanza emisiones de CO2, pero que sí que genera residuos difíciles de eliminar; el carbón como la segunda más barata, aunque la más contaminante; y el gas, que es la más cara y emite CO2, si bien en menor medida que la anterior. En este punto, ve como inconveniente que la energía renovable no garantiza el suministro las 24 horas todos los días.

«El Gobierno quiere mantener el carbón, el gas y la nuclear mientras sean rentables», porque suprimir el carbón conllevaría un incremento de los precios de entre el 18% y el 25%, prescindir de la nuclear aumentaría entre un 13% y un 26% los precios y eliminar ambas incrementaría el recibo entre el 38% y el 65%. Por ello, para evitar que se cierren las centrales, el PP presentará en el Congreso una ley para regular el cierre de estas instalaciones, de modo que el cierre de las centrales sea «ordenado, en función de objetivos y garantizando la competencia y el precio». En todo caso, recordó que el PP cuenta con 135 diputados y para aprobar este texto «se necesitan 176».

La proposición de ley está concebida para recoger las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al decreto ya elaborado por el Gobierno, entre las que destaca la de dotar de rango de ley a la normativa. Está ahora, por tanto, a la espera de la posición del resto de grupos, porque «una cosa es predicar y otra, dar trigo», ha apuntado. Nadal ha defendido que, si el hipotético cierre de una central puede distorsionar el mercado, «se pueda parar».

Asimismo, considera que las centrales de carbón son «imprescindibles hasta que no haya cambios sustanciales en el mercado del gas» y ha asegurado que la térmica de Andorra es competitiva, eficiente y es «necesaria para el sistema», aunque ha admitido que Europa no está a favor de ofrecer ayudas directas a estas instalaciones y que su continuidad no depende exclusivamente del Gobierno. Ha advertido nuevamente de que si se cerrasen centrales como Andorra, Compostilla o las nucleares «habría subidas de precios más que sustanciales», apuntando que las centrales de carbón han asumido las puntas de consumo eléctrico y han permitido que no se encarezca más el recibo de la luz.

El ministro, que se encontraba en Zaragoza, ha asegurado que Aragón «se está convirtiendo en una potencia energética» tras las subastas de energías renovables. Asimismo, Nadal ha resaltado el cambio experimentado por España en las dos últimas generaciones, al pasar de ser un país «muy pobre» a situarse «en la media de Europa», y ha señalado que para que un país tenga éxito debe producir los bienes y servicios que otros quieren. Ha recordado, además, que tras la primera y segunda revolución industrial, ahora se está viviendo una tercera revolución energético-climática que consiste «en producir no más energía, sino mejor».

Satisfacción evidente en Izquierda Unida

Por su parte, la alcaldesa de Andorra (Teruel), Sofía Ciércoles (Izquierda Unida), ve el anuncio del ministro «gratificante» pero ha urgido al acuerdo porque «cada vez tenemos menos tiempo». En este sentido, Ciércoles se ha congratulado de que haya dicho que la central térmica de Andorra es «imprescindible», habida cuenta de que el carbón sigue siendo un factor «importantísimo» y «competitivo» y de que la planta es «eficiente» y tiene el suministro «a puerta». Por ello, se ha mostrado satisfecha por la apuesta por el carbón, que «sigue siendo de las energías más económicas», aunque falta que la proposición de ley que ha anunciado el ministro sea aceptada para evitar el cierre de la central.

No obstante, no ha obviado que la planta de Andorra está en una situación «crítica» ya que no ve que Enel o Endesa tome una decisión o que el Gobierno central haga una apuesta «decidida«. Por ello, considera «importante» esta intervención del ministro, al que ha instado a poner en marcha ya las medidas para evitar el cierre y, entretanto, se va trabajando por diversificar la economía y por una transición «justa» que evite el monocultivo actual en la zona.

La alcaldesa ha lamentado también que «la pelota se la van pasando de un tejado a otro», porque Madrid pone las medidas sobre la mesa, pero decide Bruselas. En ese sentido, ha insistido en que «si España lo tiene claro, lo que tiene que hacer es luchar para que así sea», dado que, además, todos los grupos tienen representantes en Bruselas para defender el carbón.

Energía asevera que cerrar las nucleares compromete el objetivo de reducir emisiones y defiende una transición ordenada para el transporte

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EFE / Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, defiende una «transición ordenada» en el ámbito del sector transporte de cara a cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 al horizonte de 2030, sin discriminar ninguna de las alternativas existentes. Asimismo, Navia indicó que el cierre de las centrales nucleares sacaría a España de la actual «situación de cumplimiento creíble» de sus objetivos de emisiones de CO2. «Es fundamental no revertir el buen trabajo hecho hasta ahora», subrayó.

Navia destacó la importancia que tiene para cumplir los objetivos de emisiones que no se produzcan “reversiones en las políticas”. En este sentido, indicó que «no podemos tomar decisiones que nos lleven atrás en el cumplimiento de los objetivos» como, por ejemplo, el cierre de las centrales nucleares, lo que incrementaría las emisiones del sistema eléctrico, y señaló además que, las emisiones contaminantes deben reducirse con el menor coste posible pues, si no, acaban no cumpliéndose los objetivos, como ha ocurrido en otros países europeos.

En el ámbito del transporte, Navia se ha mostrado a favor de una «transición ordenada» y ha señalado que parece lógico no discriminar ninguna de las alternativas existentes, promocionando al vehículo eléctrico pero también con el fomento del vehículo de gas y reconociendo que hay un margen para que sigan funcionando durante un tiempo los vehículos que usan combustibles fósiles. «Tenemos margen para promocionar todas las alternativas de movilidad eficiente», ha dicho el secretario de Estado, que ha manifestado que también es “lógico” acompasar los cambios en el sector al desarrollo industrial del país, por lo que en Europa el Gobierno velará por que no se generen ventajas para otros países que cuentan con industrias que España todavía no tiene.

Ha destacado la buena posición en que se encuentra España para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones para 2020 y 2030, ya que en el caso de los sectores ETS, los sujetos a la compraventa de derechos de emisión, la reducción llega al 42% y en los no difusos al 15%, lo que excede del compromiso que tiene España para 2020. Navia considera que «hasta ahora el trabajo se ha hecho bien» y ha pedido continuar así, «sin precipitaciones que supongan cambios drásticos». A este respecto, Navia ve «fundamental» que España sea un «actor relevante» en todas las tecnologías que se planteen, ya que «no podemos ser meros usuarios de las mejoras tecnológicas que se produzcan en el mundo».

Por su parte, el presidente de AOP y BP España, Luis Aires, destacó la importancia del sector del petróleo y la petroquímica como uno de los motores de crecimiento de la economía española, a la que aporta el 2,5% del PIB y más de 271.000 empleos directos e indirectos, representando, además, más del 50% de la energía final consumida en España. Asimismo, Aires señaló «el pilar» para el sector que representa la industria del refino, con un programa de inversión de más de 6.500 millones en los últimos años para su modernización. Por ello cree que el sector «no puede quedarse al margen del debate público» sobre reducción de emisiones para ver qué puede hacer.

Informe sobre emisiones en España

España tiene capacidad para conseguir reducir, a costes eficientes, 46 millones de toneladas anuales de CO2 hasta 2030, cantidad muy superior a la que tiene fijada, según el estudio elaborado por la consultora KPMG con la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Perspectiva para la reducción de emisiones de CO2 en España a 2030. En concreto, KPMG estima que los sectores ETS, sujetos a comercio de emisiones, tienen potencial para llegar a un ahorro con costes eficientes de 22 millones de toneladas anuales de CO2 (14,5 millones correspondientes a generación eléctrica y 7,4 millones a la industria). En el caso de los sectores «difusos» o «no ETS», el ahorro potencial según el informe asciende a 24 millones de toneladas.

El informe indica que ya desde 1990 en España se han reducido un 40% las emisiones de CO2, ahorros que en el caso de los sectores ETS supone un 43% y en los no ETS del 30%. Actualmente, la reducción de emisiones en los sectores ETS está en el 42% desde 2005, muy cerca del objetivo a 2030, mientras que en emisiones difusas es sólo del 13%, frente a un objetivo del 26% para 2030.

KPMG también evalúa los ahorros en el sector del transporte, aunque no recoge dos subsectores (marítimo y aviación), y, además, proyecta cómo será la evolución de la introducción de las nuevas tecnologías de transporte. En general, el transporte tiene un potencial de ahorro de cerca de 8,8 millones de toneladas al año, según el estudio de KPMG, que señala que los coches de gasolinas e híbridos en el escenario analizado reducirán emisiones a menor coste que los eléctricos. También el tren, en términos de coste-eficiencia en reducción de emisiones, es, según arroja el estudio, más eficiente que los autobuses eléctricos.

En el caso de la industria, el potencial de ahorro es de 7,4 millones de toneladas anuales de CO2 a 2030, destacando el sector del cemento, con una reducción del 60%, y el refino, con un potencial del 30%. Respecto al sector residencial, su potencial de reducción de emisiones se estima en 9,2 millones de toneladas de CO2, siendo los electrodomésticos los que más aportarían, seguidos de la calefacción y la iluminación. Por lo que respecta al sector comercial, el potencial de ahorro se estima en 6 millones de toneladas de CO2 anuales y las medidas que más contribuirían serían, por este orden, las de iluminación, equipos eléctricos y climatización.

El Gobierno relanza la interconexión gasista con Francia por Cataluña reanudando la tramitación de STEP, el primer paso del MidCat

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Europa Press / EFE.- El Consejo de Ministros ha aprobado restablecer la tramitación de las instalaciones asociadas al proyecto STEP (South Transit East Pyrenees), que consiste en el desarrollo de una tercera interconexión gasista entre España y Francia a través del Pirineo Oriental, primer paso del gasoducto MidCat, que luego debería desarrollarse desde Cataluña al corazón de la Península.

Concretamente, las infraestructuras asociadas a STEP se recogieron en la planificación energética aprobada en 2008. Sin embargo, en 2012, el Gobierno decidió la suspensión de las autorizaciones administrativas de gasoductos planificados para asegurar el equilibrio financiero en el sector del gas. Con el acuerdo del Gobierno se restablece ahora la tramitación de las instalaciones de STEP, suspendidas por dicha decisión, para el desarrollo de una tercera interconexión gasista entre España y Francia a través del Pirineo Oriental, que se sumaría a las ya existentes por Irún (Guipúzcoa) y Larrau (Navarra).

El proyecto pretende incrementar la capacidad de interconexión con Francia para contribuir a la mejora en la seguridad del suministro de gas, así como a la creación de un verdadero mercado energético integrado en la Unión Europea. Fruto de su relevancia, STEP ha sido reconocido por la Comisión Europea como Proyecto de Interés Común (PIC), según el Ministerio de Energía.

Con un coste aproximado de unos 400 millones de euros, que será sufragado en parte por la Unión Europea a través del programa Connecting Europe Facility, destinado a promover inversiones en infraestructuras que fomenten el crecimiento, el empleo y la competitividad, y también por España y Francia en porcentajes aún por definir, constará de un tramo de gasoducto de 106 kilómetros en el tramo español y de 120 kilómetros en el francés. En España las infraestructuras asociadas a la conexión internacional STEP son el gasoducto Martorell-Figueras, en el tramo norte entre Hostalric y Figueras, el gasoducto Figueras-Frontera Francesa y la estación de compresión de Martorell.

El Ministerio señaló que la seguridad de suministro del sistema energético experimentará una notable mejoría con la puesta en servicio de STEP, dado que incrementará el nivel de diversificación de aprovisionamientos y permitiría reaccionar con mayor rapidez, por ejemplo, ante eventuales interrupciones de suministros por gasoducto o incidencias de abastecimiento de gas natural licuado (GNL) a las plantas de regasificación.

Además, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal destacó que su construcción resulta estratégica por «dos razones fundamentales», ya que, en primer lugar, incrementa la capacidad de interconexión de la Península con el resto de Estados miembros, que se encuentra entre las más bajas de la Unión Europea; y, en segundo lugar, contribuye a «la necesaria integración de mercados, a la convergencia en precio y al fomento de la competencia, aspectos imprescindibles de un verdadero mercado interior de la energía que redundará en beneficio del consumidor».

La Península Ibérica tiene uno de los suministros de gas natural más diversificados del mundo, gracias a sus dos conexiones directas con países productores en el norte de África y a sus plantas de regasificación, que son clave para la seguridad de suministro. El incremento de la capacidad de interconexión con Francia permitirá aprovechar ese potencial y avanzar hacia una verdadera Unión Energética. Además, contribuirá a mejorar la competitividad e incrementar la seguridad de suministro.

El INCIBE alerta de una campaña que suplanta a Endesa bajo el cebo de reembolsar una factura eléctrica mal emitida

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EFE.– El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha detectado una campaña de correos electrónicos fraudulentos que suplantan a la compañía eléctrica Endesa y que pretenden dirigir a la víctima a una página falsa para recibir el reembolso de la factura mal emitida. El engaño consiste en indicar que la factura se ha pagado dos veces, por lo que Endesa va a realizar un reembolso en la cuenta del cliente y esta operación debe ser «confirmada», ante lo cual muestra un enlace.

En este caso, al hacer clic en el correo fraudulento, llevará a una página falsa que suplanta a la de Endesa, que indicará que se debe introducir los datos de pago, introduciendo tanto el apellido como un número de documento (DNI, NIF, NIE). Posteriormente, la página simula una pasarela de pago seguro, cuyo único objetivo es hacerse con los datos de la tarjeta de crédito. El INCIBE, con sede en León, recomienda a quienes hayan recibido un correo de estas características, accedido al enlace y facilitado sus datos que contacten lo antes posible con Endesa para informarles de lo sucedido.

Constituido el Comité Especializado de Seguridad Energética

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EFE.- El Comité Especializado de Seguridad Energética en el Departamento de Seguridad Nacional ha celebrado su reunión de constitución, que ha estado presidida por el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia. La creación de este comité, un órgano de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional que preside el presidente del Gobierno, estaba ya contemplada en la Estrategia de Seguridad Energética Nacional, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional.

La Presidencia del Comité ha impulsado un plan de objetivos, que contempla actuaciones para conseguir un modelo energético sostenible, competitivo y seguro dentro del contexto de transición energética. Entre las funciones del Comité Especializado de Seguridad Energética, está la coordinación y cooperación entre las distintas administraciones públicas competentes, así como entre los sectores público y privado. El principal objetivo en materia energética incluido en la Estrategia de Seguridad Nacional es diversificar las fuentes de energía.

El Gobierno lanzará el próximo mes una convocatoria de energía eólica en las Islas Canarias con 80 millones de euros

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EFE.- El consejero de Economía e Industria del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, señaló que a finales de abril se abrirá una convocatoria de 80 millones de euros para energía eólica en la comunidad autónoma, lo que permitirá «cumplir los objetivos» en materia de renovables. Así lo indicó tras su encuentro con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, y los presidentes de las asociaciones renovables canarias, Enrique Rodríguez Azero (ACER) y Rafael Martell (AEOLICAN).

Ortega ha destacado que espera que esta convocatoria «aporte muchos megavatios» a Canarias y que acerque «poco a poco» a conseguir los objetivos estratégicos fijados para que Canarias tenga un «45% de energías renovables en 2025». Por ello, ha agradecido al Ministerio que a partir «del diálogo y el trabajo» se haya conseguido llegar a un acuerdo que beneficiará a la ciudadanía canaria. Por otro lado, ha anunciado que se celebrará una segunda convocatoria a principios del 2019 que será para energía eólica y fotovoltaica.

Los dos presidentes de las asociaciones de energías renovables se han mostrado también «satisfechos» con ambas convocatorias que permitirán «duplicar la energía» de la comunidad y cubrir la «importante demanda» de las energías renovables. Canarias resalta que los mecanismos puestos en marcha por la comunidad autónoma en coordinación con el Estado han permitido que desde los 53 parques eólicos que tenían en 2015 se pueda pasar este año a 91.

Energía somete a audiencia pública la orden que fijará el reparto de costes del bono social

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EFE. – El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital somete a audiencia la propuesta de orden que fijará el reparto de los costes del bono social entre las comercializadoras eléctricas, según el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según dicta el boletín, la propuesta de orden estará disponible para su consulta durante un plazo de diez días hábiles, a contar desde la jornada siguiente a la publicación en el BOE, para que las comercializadoras eléctricas podrán presentar sus alegaciones.

Hay que recordar que el Consejo de Ministros aprobó en octubre el real decreto que desarrolla la nueva regulación del bono social eléctrico, después de que el mecanismo anterior de financiación fuera invalidado por el Tribunal Supremo. Así, el real decreto fija los umbrales de renta para acceder a esos descuentos en la factura de la luz y además, en la nueva normativa, el bono social será costeado por todas las comercializadoras.

Por último, destacar que las cinco grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo- recurrieron tanto el real decreto como la orden ministerial que lo desarrolla y que establece el nuevo mecanismo de financiación.