IU solicita al Gobierno que aclare qué pasará con el proyecto Castor y si reclamará los 1.350 millones de euros ya abonados

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Europa Press. – Izquierda Unida ha reclamado al Gobierno que aclare qué piensa hacer ante el desmantelamiento del proyecto Castor y, específicamente, si contempla reclamar los 1.350 millones ya abonados a la concesionaria Escal UGS en concepto de indemnización.

Así, su diputado Ricardo Sixto, que preside la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso, ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Baja, en la que también pregunta al Ejecutivo si contempla promover una auditoría con la que evaluar «posibles negligencias y responsabilidades» en este proyecto.

Sixto, diputado encuadrado en el grupo confederal de Unidos Podemos, recuerda además que el propio Tribunal Constitucional anuló a finales del pasado año varios de los artículos del decreto ley que cubrió esta indemnización a la mercantil Escal UGS, participada por ACS (66,7%) y la canadiense CLP (33,3%).

Una indemnización aprobada «a toda prisa» por el Gobierno del PP tras la paralización del almacén submarino Castor, critica el diputado de la coalición de izquierdas, y anulada porque el Constitucional consideró incorrecto la utilización de un decreto ley «al no existir justificación para no recurrir a una norma ordinaria».

En este sentido, Sixto señala que al anular toda la parte del decreto ley que calculaba la cuantía de la indemnización, fijaba el mecanismo de pago y lo concretaba, el Tribunal Constitucional «declara nulos los artículos que preveían la indemnización y también puede entenderse que deroga todos los efectos que pueda haber producido, en particular la propia indemnización».

Esto anularía no sólo los 1.350 millones, cifra ya entregada a las empresas y financiada por distintas entidades financieras, sino los casi 4.700 millones que, contabilizando los intereses, deberán devolver los usuarios de gas en España a través de sus recibos en los próximos 30 años, según concluye el diputado de IU.

Ribera insta a Bruselas a iniciar el desarrollo de estrategias para la reducción de emisiones a largo plazo

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Europa Press. – La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido a la Comisión Europea que comience a trabajar en el desarrollo de estrategias para la reducción de emisiones a largo plazo con el objetivo de conseguir que sean nulas en 2050, así como que «impulse» un actualización de la contribución del bloque comunitario en el Acuerdo de París que refleje un incremento a partir de 2020.

«Lo que queremos es pedir a la Comisión Europea que se ponga a trabajar ya en la estrategia a largo plazo para que la pueda presentar antes de la próxima Cumbre del Clima, pero que también impulse una actualización de esa contribución comunicada a Naciones Unidas hace dos años para adecuarla a la realidad hoy ya en Europa y para facilitar lo que deberá ser el incremento de ambición a partir de 2020″, ha explicado a su llegada a la reunión de ministros de Medio Ambiente de la UE en Luxemburgo.

Ribera ha explicado que son «al menos doce» los socios europeos que apoyan la declaración del «Grupo de Crecimiento Verde» en la que exigen a Bruselas el desarrollo de «escenarios de completa reducción de emisiones» para «llegar a las 0 emisiones en 2050». «Significa producir más con menos, asegurar la capacidad de recuperación de materiales para que se conviertan de nuevo en materiales secundarios en la cadena de producción», ha explicado.

En este sentido, Ribera ha afirmado que la economía circular supone para España «transformar de forma importante sus incentivos fiscales, su seguimiento del impacto que tiene en la industria y una capacidad de facilitación por parte de las administraciones públicas».

 

Emisiones de Turismos

Los ministros de Medio Ambiente también han debatido la propuesta de Bruselas sobre reducción de emisiones de turismos y furgonetas, que a juicio de Ribera es «insuficiente» a pesar de que «permite avanzar y dar una oportunidad de aceleración» al proceso de cambio de la industria del automóvil.       

 La titular de Transición Ecológica ha afirmado que «Es imposible lograr la descarbonización de la economía si no hay un proceso gradual, importante, serio y sostenido de cambio y descarbonización en nuestro modelo de movilidad», ha remarcado, para después añadir que se trata de un «desafío de primer orden» que «ya está teniendo respuesta en muchos países del mundo» y «del que Europa no se puede descolgar».     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ribera defiende su aval al impacto ambiental de Castor porque era «frívolo» ir contra el criterio de los organismos técnicos

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió su decisión de avalar el proyecto Castor cuando era secretaria de Estado de Cambio Climático en 2009, alegando que hubiera sido «frívolo» por su parte haber «sustituido el criterio de todos los organismos técnicos y administrativos» que no pusieron objeción a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del almacén de gas.

Durante la sesión de control al Ejecutivo, la ministra ha recalcado que «nadie recurrió» la declaración ambiental que ella firmó y con la que autorizó el polémico proyecto Castor durante el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según explicó, la DIA fue «elevada» para su firma después de un «complejo» trámite en el que participaron «más de 20 organismos» administrativos y técnicos. Asimismo, ha destacado que «nadie objetó» cuando tuvieron la oportunidad de hacer «comentarios y observaciones» sobre la propuesta de resolución que les fue comunicada sobre el proyecto.

«Me parece frívolo pensar que un secretario de Estado puede sustituir el criterio de tantos organismos técnicos y administrativos», aseveró, insistiendo en que tampoco nadie recurrió la declaración de impacto ambiental una vez firmada. Además, señaló que posteriormente se confirmó que la tramitación «se había realizado correctamente» y «sin complicación«. De hecho, ha apuntado que el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, confirmó que la evaluación de impacto ambiental «había sido correcta». En cualquier caso, la ministra sostiene que un proyecto como Castor «tiene una tramitación enormemente extensa» y cree que «ahora» lo que debe hacer el Gobierno es «afrontar» qué hacer con la instalación.

Por su parte, el diputado del PP, Teodoro García Egea, preguntó al Ejecutivo las consecuencias económicas y sociales que para España ha tenido el informe de impacto medioambiental favorableque Ribera firmó en relación al Castor y ha reprochado al Ejecutivo socialista que «cuando las cosas van mal o se toman malas decisiones en un Gobierno socialista» se eche la culpa a los técnicos. Según ha señalado, la firma para autorizar Castor cuando Ribera era secretaria de Estado es «una clara incompatibilidad sobre su cargo».

Para García, la firma de aquella DIA propició un incremento de la factura del gas y «ha sacudido los bolsillos de los españoles» además de generar una «bomba retardada» que acabó estallando en forma de proyecto fallido, además de numerosos terremotos en la costa mediterránea. «Castor nos ha costado lo mismo que 10 líneas de AVE«, denunció el diputado popular.

En septiembre de 2013 el anterior gobierno suspendió la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, y en 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, participada por la compañía ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. De esta manera, el Ejecutivo, mediante un real decreto-ley, estableció una indemnización de 1.350,7 millones de euros para Escal UGS, promotora del proyecto, que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

En Comú (Unidos Podemos) exige a Ribera que frene el gasoducto MidCat entre Francia y España a través de Cataluña

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Europa Press.- En Comú Podem ha exigido a la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la paralización del proyecto MidCat de interconexión energética a través del gasoducto entre España y Francia, tras el informe remitido a la Comisión Europea que cuestiona su viabilidad económica y su impacto sobre el medioambiente.

Para ello, el diputado Josep Vendrell ha registrado una proposición no de ley para su debate tanto en el Pleno del Congreso como en la Comisión de Energía, en la que reclama al Gobierno rechazar esta interconexión. Asimismo, Vendrell pide al nuevo Ejecutivo que promueva reuniones con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para que rechace la solicitud de inversión de Enagás, recordando que en junio del año pasado el regulador condicionaba la entrada de este proyecto en el sistema gasista a su aprobación definitiva, y esta a las decisiones que se tomaran, de forma coordinada, entre España y Francia.

«Ante la no idoneidad del proyecto demostrada por el análisis independiente coste-beneficio desfavorable entregado a la Comisión Europea, el propio regulador debería rechazar las solicitudes de inversión de Enagás», considera Vendrell, que señala que la propia Comisión de Regulación de la Energía de Francia informó de que el proyecto aumentaría los precios de la energía, sin que la infraestructura incidiera en la seguridad de suministro.

MidCat, gasoducto que uniría Francia con España a través de 450 kilómetros en su tramo por territorio español, está reconocido como Proyecto de Interés Común (PIC) por parte de la Comisión Europea, una condición que la formación catalana de Unidos Podemos busca revisar. Así, pide al Gobierno que solicite a la Comisión que no proporcione fondos públicos a este proyecto.

En su iniciativa, Vendrell se apoya en el último informe realizado por la consultora Pöyry en el que, critica, no queda acreditada la posible reducción de las tarifas y se cuestiona la viabilidad económica. Es más, sostiene que la consultora «explicita que el proyecto obedecería, en todo caso, a intereses de Francia, y que la apuesta por combustibles fósiles tendría para España un importante impacto sobre el territorio«. Por otro lado, también apunta a la «contradicción» que supone, a su juicio, la apuesta por un mayor peso de las energías renovables y apoyar infraestructuras gasísticas.

Además, Vendrell incide en la división del proyecto original, ya que primero se desarrollaría el denominado STEP I, que uniría España con Francia, y después se conectaría la parte sur de Francia con el norte del país, con el proyecto STEP II. Un «troceo» que Vendrell critica porque «dificulta los controles y trámites administrativos” y el riesgo que expone a España ya que la posibilidad de que la segunda fase no se desarrolle «dejaría un agujero económico y medioambiental que volvería a ubicar a España en la vanguardia de Estados con infraestructuras en desuso y abandono» que, además, acabaría repercutiendo en la correspondiente factura energética.

Las organizaciones ecologistas reciben «con esperanza» el nombramiento de Hugo Morán como secretario de Estado de Medio Ambiente

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Europa Press.- Las organizaciones ecologistas han recibido «con esperanza» el nombramiento de Hugo Morán como secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica y valoran su conocimiento del área al tiempo que confían en tener una buena interlocución con él.

Así, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, valora el nombramiento porque estima que Morán «conoce bastante bien» los temas ambientales, en los que lleva «mucho tiempo trabajando», por lo que su nombramiento «no es nada desdeñable».

Sin embargo, ha añadido que hasta ahora no ha estado en una postura de «tal responsabilidad administrativa» y desconoce hasta qué punto podrá llevar a la práctica «ideas que se defienden más fácil desde otra posición.

Por su parte, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, acoge su nombramiento «con esperanza» por su profundo conocimiento de los asuntos que deberá asumir. «Se sabe la materia», ha comentado.

Entre sus deseos para el nuevo secretario de Estado espera que biodiversidad, contaminación o calidad del aire ocupen un lugar «importante» en su trabajo y confía en mantener «al menos» la misma interlocución que con el gobierno anterior, con el que se reunían cada 45 días. «La legislatura es corta incluso si llega al final y es necesario estar en constante contacto», ha manifestado.

Desde SEO/BirdLife, su directora ejecutiva Asunción Ruiz, también destaca su trayectoria orgánica en el PSOE y el «demostrado» compromiso de Morán con el medio ambiente. En todo caso, le insta a que ahora ese compromiso se materialice en una acción efectiva para recuperar el tiempo perdido en la conservación de la naturaleza.

«Para que la transición sea realmente ecológica tiene que reconectar al Estado con la biodiversidad del país, nuestro principal patrimonio. Y por supuesto, para conseguirlo SEO/BirdLife ofrece su colaboración y conocimiento», ha manifestado.

En la misma línea, el secretario ejecutivo de WWF, Juan Carlos del Olmo, ve «muy positivo» su nombramiento por su trayectoria y conocimiento de los temas de medio ambiente y agua y «sus choques» con agricultura. Así, ha subrayado que Morán ha estado a cargo de estos temas y conoce bien las implicaciones locales de las políticas ambientales por su trabajo a nivel local y autonómico en el partido para que este avanzara en esa dirección.

Finalmente, ha elogiado también su «coherencia a lo largo de los años» y su defensa de las posturas ambientales más avanzadas incluso en temas como agua o energía «incluso en los momentos más complicados». Por ello, cree que hará buen equipo con la ministra de Transición, Teresa Ribera, y le pide que en el ejercicio de su cargo recupere el «peso real» de la biodiversidad, que hasta ahora era «la última pata del Ministerio«.

ERC cree que el euskopeaje, que reduce la factura eléctrica para las industrias vascas, puede ser una ayuda ilegal

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Europa Press.- Esquerra Republicana (ERC) cree que la reducción de la factura de la luz a empresas en determinados territorios, consecuencia de la diferenciación en tarifas con similares tramos de tensión, puede constituir una ayuda de Estado ilegal. Así consta en las preguntas registradas por su portavoz de Energía en el Congreso, Joan Capdevila, con las que esta formación reclama corregir unas diferencias que considera discriminatorias. Tiene además efectos en los Presupuestos de 40 millones de euros para compensar esta reducción de ingresos.

El diputado se refiere a los peajes de acceso a la red, diferentes entre los tramos de tensión entre 1kV a 30kV y 30kV a 36kV. Una distinción que, argumenta Capdevila, «responde a la decisión discrecional del Gobierno para establecer políticas que favorezcan más a determinados territorios». De hecho, los valores unitarios fijados para retribuir a las compañías eléctricas distribuidoras son los mismos en el tramo 24kV y 36kV, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) avala que la diferenciación «no está justificada por motivos técnicos».

Pacto entre PP y PNV

Esta distinción, relata Capdevila, se acentuó además con el abaratamiento de la tarifa para el tramo de 30kV a 36kV, en virtud del acuerdo entre el PP y el PNV para la aprobación de los Presupuestos de 2017, lo que benefició a 1.250 empresas de 6 comunidades, la gran mayoría del País Vasco. Todasellas se beneficiaron de un ahorro estimado en unos 50 millones de euros anuales, reduciendo el coste del MWh en un 43%, reduciendo aún más una tarifa que ya les era más favorable por la distinción realizada a partir del acceso a la red en la tensión a partir de 30kV.

Esquerra denuncia que los efectos de esta medida «son selectivos territorialmente» y, además, pueden constituir una ayuda de Estado en favor de las empresas beneficiadas que compiten a nivel de todo el territorio comunitario, pero es que además tiene un coste para las arcas públicas, en la medida en que los propios Presupuestos dotan con 40 millones las cuentas de la CNMC en concepto de compensación por la reducción de ingresos en el sistema eléctrico.

De las aproximadamente 4.450 compañías que no se beneficiaron por el peaje, al estar conectadas a un tramo inferior de tensión, 3.277 están ubicadas en Cataluña, y según ERC deben afrontar un sobrecoste en su factura por la distinción de unos 300 millones de euros. Por todo ello, Capdevila reclama al Gobierno a «aplicar medidas correctoras» para que las empresas conectadas a redes de distribución de entre 25kV y 30kV cuenten con las mismas tarifas.

Monago pide «certezas» a Pedro Sánchez y al presidente extremeño Vara sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz

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Europa Press / EFE.- El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ofrezcan «certezas» a los extremeños, especialmente a los que residen en la comarca de Campo Arañuelo, sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz.

Así lo ha indicado teniendo en cuenta que el PSOE de Pedro Sánchez llevaba en su programa electoral el cierre de las centrales nucleares, por lo que ha preguntado, en caso de llevarse a cabo, si tiene una «alternativa» a la planta de Almaraz para la generación de riqueza y empleo en la zona. «Los municipios del norte de Cáceres necesitan certezas en este tema y conocer la alternativa de Sánchez y Vara, y no valen los casinos», espetó Monago.

«Tiene que haber una planificación de futuro», ha remarcado sobre esta cuestión Monago, que resaltó además que la central ha puesto en marcha recientemente el almacén temporal de residuos nucleares. Asimismo, ha subrayado que el cierre de las nucleares supondrá un incremento del 20% de la factura de la luz, porque las energías verdes «no están produciendo las 24 horas y las aventuras del socialismo ecologista tienen su repercusión en el recibo«. Monago se refirió a este asunto en Navalmoral de la Mata (Cáceres), donde cuestionó qué está haciendo el presidente de la Junta sobre el futuro de la comarca ante el «horizonte negro» que se le avecina a las nucleares con el nuevo Gobierno.

En este sentido, ha recordado que el PP planteó un plan de regeneración, que superaba los 90 millones de euros, que se recaudan a través del impuesto de instalaciones que incidan en el Medio Ambiente. También ha apuntado que el PP presentó enmiendas a los últimos presupuestos por valor de 2,5 millones de euros «pero el PSOE y Podemos las rechazaron», ha criticado. «Caminamos hacia el cierre de la central nuclear que genera bienestar en la zona y no hay un plan alternativo», ha añadido.

Ribera dice que buscará «soluciones justas» para las regiones del carbón mientras Castilla y León cuestiona tal concepto de justicia

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EFE / Europa Press.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, confía en dialogar con la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para ponerse de acuerdo en lo que se considera como una «transición energética justa» después de que Ribera insistiera en su intención de que España se aleje del carbón como fuente de energía, para lo que aseguró que el Gobierno buscará «soluciones justas» para la reconversión de la estructura productiva de las regiones afectadas.

«Confío en que podamos encontrar soluciones justas y que podamos reforzar el mensaje de que estamos con la gente, de que no hay ningún tipo de conflicto, y que con esas regiones que hoy se sienten preocupadas, inquietas, al revés, tenemos que ponernos manos a la obra generando oportunidades para las personas«, afirmó la ministra. Ribera se expresó en ese sentido en el marco de un consejo de ministros de la Unión Europea sobre Energía. «Es muy importante entender que no es posible facilitar un cambio, modernizar la política energética, obviando a las comarcas y a las personas más afectadas por ese cambio», señaló Ribera.

Además, Ribera destacó que «España está de vuelta» en la Unión Europea a través del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, así como que el Ejecutivo socialista quiera «contribuir» a que el bloque comunitario responda «de manera positiva» a sus desafíos. «El mensaje más importante es: España está de vuelta. España es un actor fundamental en la construcción europea, es un actor de progreso. Entiende que en este mundo completo e interdependiente en el que vivimos, posicionar a Europa de manera progresista y sólida, construyendo confianza entre sus ciudadanos pero también fuera de los límites europeos sobre un modelo económico social y ambiental para el siglo XXI, es capital», ha afirmado.

«Queremos contribuir en este año tan crítico para Europa a responder a los desafíos que tenemos por delante», afirmó la ministra, que añadió que «el Gobierno está comprometido con la gente, con las comarcas». «La transición justa debe de formar parte de ese proceso», agregó la ministra, quien aseguró que abogará por «la generación de empleo» y pedirá «el respaldo de una sociedad solidaria a un proceso de cambio que conlleva la generación de nuevos empleos, de nueva riqueza y de nuevos procesos industriales«. Ribera, que lamentó el «tiempo perdido» en el pasado para acelerar ese proceso, insistió en que esa transición «requiere de una participación de los directamente afectados».

¿Qué es una transición justa?

Castilla y León acepta el concepto de transición justa pero Del Olmo sostiene que habrá que ver que entiende cada parte al respecto. Asimismo, ha defendido que Castilla y León tiene una gran cantidad de energía a través de renovables, más de la que necesita, por lo que no ha admitido que el carbón sea el problema de contaminación en el país, donde hay «muchos coches y otras cosas». Asimismo, la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha reclamado de la nueva ministra de Transición Energética que decida qué porcentaje va a otorgar al carbón en el «mix» energético nacional y el papel en la estrategia nacional que se va a conceder a las plantas térmicas.

Del Olmo solicitará una reunión urgente a Ribera para analizar el cierre de las centrales térmicas

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EFE. –  La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha anunciado que va a pedir una reunión urgente a la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para abordar el cierre de las centrales térmicas.

Durante una visita a la comarca leonesa del Bierzo ha declarado que habrá que esperar un poco para ver qué dirección puede tomar el sector energético porque la ministra acaba de tomar posesión. Sin embargo, ha avanzado que le planteará una reunión con la «máxima urgencia» porque está «bastante preocupada» por las últimas noticias sobre la decisión de Endesa de cerrar las centrales de Compostilla (León) y Andorra.

«Me preocupa enormemente porque el fin de las centrales es el fin de la minería y quiero conocer cual es la postura de la ministra en relación con este tema y explicarle porqué es tan importante el mantenimiento de las térmicas, y no hablo solo de Castilla y León», ha apuntado Del Olmo.

«Somos una Comunidad verde como demuestra que tenemos más energía renovable que nadie y no estamos en contra de la transición climática, pero tenemos que seguir defendiendo el hueco del carbón y la UE así lo ha dicho dando un plazo de transición más amplio hasta 2030», ha asegurado Del Olmo.

Ha manifestado que no va a prejuzgar a la ministra por declaraciones anteriores y ha recalcado que lo mejor es sentarse a dialogar, si bien ha precisado que espera «no tener que echar de menos» al ministro Álvaro Nadal.

Teresa Ribera nombra a Juana Lázaro como subsecretaria para la Transición Ecológica y a Álvaro Abril como director de Gabinete

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Europa Press.- El Gobierno aprobó, a propuesta de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, nombrar a Juana María Lázaro Ruiz como subsecretaria para la Transición Ecológica y como su director de Gabinete a Álvaro Abril Aparicio. La nueva subsecretaria, que encabezará junto a Ribera la transición ecológica, Juana María Lázaro Ruiz, nació en 1950 y es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado.

Representaba a España ante OCDE

Hasta su nombramiento, en la actualidad era consejera de Finanzas en la representación Permanente de España ante la OCDE. Lázaro ejerció como subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda de 2004 a 2011 y previamente ha sido inspectora de Hacienda del Estado en Zaragoza; jefa del servicio de Estudios e Informes y consejera técnica en el Gabinete del subsecretario de Economía y Hacienda, así como asesora del ministro de Economía y Hacienda y directora general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. También fue inspectora de Equipo nº 1 de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Además, Ribera ha nombrado como director de su gabinete ministerial a Álvaro Abril, quien nació en noviembre de 1969 en Valladolid, donde cursó estudios en los ámbitos del Derecho y la Filosofía en la Universidad de Valladolid y en Contabilidad y Marketing en diversas instituciones. Hasta ahora, Abril era coordinador del área de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Ejecutiva Federal del PSOE desde el año 2004. Asimismo, entre 1999 y 2011 ejerció de concejal del Ayuntamiento de Valladolid y fue miembro del patronato de la Semana Internacional de Cine (SEMINCI) entre 1999 y 2011.

“Preparada para la transición energética”

Por otro lado, Ribera considera que, con las mejoras técnicas y la reducción de costes de las renovables, España está en la actualidad «mucho mejor» preparada para hacer la transición energética porque en los próximos 30 años el consumo «energético tiene que ser sumamente eficiente» pero también renovable y, por ello, ha asegurado que apostará «completamente» por estas energías. Ribera cree que en la actualidad hay soluciones técnicas que permiten acceder a energía de calidad sin incidencia en el entorno o «por lo menos minimizándolo» pero añadió que esto requerirá una visión de conjunto «integrada».

En este contexto, ha admitido que es preciso abordar «lo que ha ocurrido» con pequeños inversores que perdieron sus ahorros a consecuencia del fin de las primas a la energía fotovoltaica. «Es algo que no es estrictamente energético pero si tiene que ver en términos de dar respuesta a los pequeños ahorradores que colocaron sus ahorros en estas inversiones», ha manifestado. En cuanto al recibo de la luz ha apuntado que «hoy refleja cosas que hay que revisar», mientras que respecto al coste del cierre de las centrales nucleares considera que ya está «implícito» desde el momento en que operan.