CCOO de Industria solicita al Gobierno garantizar el futuro de la minería y la presencia del carbón en el ‘mix’ energético español

Europa Press. – CCOO de Industria ha mantenido una reunión con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) y con responsables del Ministerio para la Transición Energética, en un encuentro en el que el sindicato ha pedido la necesidad de adoptar «de forma inmediata» medidas para avanzar en el sostenimiento de la actividad minera para la extracción de carbón autóctono, ligado a la presencia de las centrales térmicas dentro del ‘mix’ energético español.

Según informaciones del sindicato, acudieron a la reunión con «la prioridad» de buscar fórmulas que permitan, en el corto plazo, la entrada de carbón autóctono en las térmicas. En este sentido, han señalado que su objetivo es «aliviar la insostenible situación que padecen, con especial crudeza, los trabajadores de la minería privada».

Así, CCOO de Industria cree que «deben primar las necesidades como país, en beneficio de la ciudadanía, de las personas trabajadoras y de la industria, por encima de otros intereses». Por todo ello, solicita planificar una transición energética «justa», en la que se planteen medidas que clarifiquen y garanticen «un futuro estable» tanto a los trabajadores como a los territorios afectados.

Por último, el sindicato considera que es «el momento de anteponer a los intereses económicos de las eléctricas el interés general de las comarcas mineras y del conjunto de la ciudadanía», ya que el carbón, especialmente el autóctono, «juega un papel primordial como energía de respaldo y elemento regulador de los costes eléctricos».

Ciudadanos pide explicaciones a la ministra Ribera sobre «su papel en la planta Castor»

Europa Press.- La diputada nacional de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Castellón, Sandra Julià, ha pedido «explicaciones» a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «sobre su papel en la planta Castor». La formación ha registrado una pregunta en el Congreso en la que cuestiona «por qué no figuran en la Declaración de Impacto Ambiental, de la que la ministra fue responsable, las medidas que se contemplaron para estudiar la sismicidad de la zona y el posible impacto de la puesta en marcha de la instalación».

La parlamentaria ha señalado que «desde Ciudadanos queremos conocer qué medidas plantea el Gobierno, una vez conocido el fallo del Tribunal Constitucional que acordó declarar inconstitucionales y nulos los artículos del decreto que establecían una indemnización para las empresas promotoras del proyecto Castor por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los seísmos registrados en la zona». Por ello la diputada de Ciudadanos lamenta que «el capitalismo de amiguetes y la irresponsabilidad de unos pocos hayan causado estragos no solo en el medioambiente sino también en los bolsillos de todos los españoles».

Ciudadanos no ve «serio» que el Gobierno paralice el ATC nuclear, respaldado con consenso parlamentario, mientras Equo celebra esta decisión

Europa Press.- Mientras el coportavoz de Equo, el diputado Juan López de Uralde, ha valorado positivamente la paralización, por parte del Gobierno, de los trámites para la construcción del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos (ATC), lo que ha considerado el «principio del fin» de este proyecto, desde Ciudadanos han criticado la decisión del Gobierno. Para los naranjas, «no es serio condicionar la política energética del futuro con 84 diputados» cuando había un consenso parlamentario en este sentido.

Ciudadanos ve «imprescindible» que España cuente con un ATC «por motivos de seguridad y eficiencia» y «sin perjuicio de una localización que debería elegirse por consenso». «España necesita una planificación seria de verdad, nacida del consenso político y de un nuevo Plan general de Residuos», indicaron. Para Ciudadanos, el país necesita este plan porque las piscinas de residuos de las centrales españolas se están desbordando, y porque enviar los residuos de una sola de estas centrales a Francia cuesta más de 40.000 euros al día.

«El almacenamiento de residuos nucleares es un tema lo suficientemente grave como para que Sánchez se dedique a dinamitar consensos», denuncian los naranjas, para quien el Gobierno «no puede reconocer que no tiene un mix energético cerrado mientras la ministra adelanta cierres de centrales nucleares». «No puede ser que el Congreso instara al Gobierno de Zapatero a poner en marcha el ATC y que luego llegue Sánchez y lo paralice para lograr un titular. El PSOE debe dejar de jugar con las nucleares», ha concluido.

Equo arremete contra el ATC

Por su parte, López de Uralde ha recordado que la aprobación del ATC fue «una decisión mal tomada desde el comienzo» porque la localidad elegida para su ubicación, Villar de Cañas (Cuenca), era la cuarta opción en cuanto a condiciones técnicas. «La decisión de ubicar el almacén en Villar de Cañas fue política, por presiones de María Dolores de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha», ha señalado, para apuntar que, si hubiera sido una decisión técnica, no se hubiera decidido llevar el ATC a un lugar «alejado» de las centrales nucleares. «No era el más adecuado porque se estaba nuclearizando otra región», ha insistido.

Para López de Uralde, los análisis del suelo en el que se iba a construir tampoco eran los más adecuados, según los informes realizados. Además, ha destacado que en Castilla-La Mancha ha habido conflictos entre municipios y la población por la protección del espacio natural de la zona. «El retraso que llevaba era muy notable, debía estar funcionando en 2015 y ni siquiera en 2018 hay visos de que entre en funcionamiento. Esto abre una cuestión muy relevante sobre si realmente hay que dejar de producir residuos radioactivos», ha declarado.

Aún así, cree que estos residuos no supondrán un problema en un futuro próximo si no se construye el ATC. El coportavoz ha explicado que todas las plantas tienen su almacén temporal individual (ATI). «La problemática sería si se alarga la vida de las centrales y no hay espacio para los nuevos residuos. Es ahí donde puede haber conflictos«, concluyó.

El PSOE contra el PP

En lo que respecta al PSOE, se han felicitado por la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de paralizar los trámites del ATC recordando que fue el PP el que «se empeñó en instalar en Castilla-La Mancha lo que nadie quería, pese a que los informes técnicos lo desaconsejaban». Así se expresó la diputada autonómica socialista Ana Isabel Abengózar.

«Estamos de enhorabuena», indicó Abengózar, que añadió que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, «ha sido sensible con las reivindicaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha y de García-Page sobre la no idoneidad de ese basurero nuclear» en Castilla-La Mancha. Una infraestructura que «el PP se empeñó en instalar» en la región, demostrando que «es verdad que para ellos lo primero es el partido y después los castellano-manchegos». A su juicio, los populares «nos han tratado como ciudadanos de segunda».

El PP opta por esperar

Por su parte, el diputado autonómico del PP, Carlos Velázquez, ha preferido esperar a ver «en qué se materializa» el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, ha destacado que las cosas «que están diciendo que van a hacer» desde el Gobierno central «al final no las hacen», siendo el de Pedro Sánchez un Ejecutivo «que está caracterizado por hacer muchos anuncios pero no poder hacer nada con poco más de 80 diputados».

“Buena noticia” para Izquierda Unida

Finalmente, Izquierda Unida de Cuenca ha valorado la suspensión de la tramitación del ATC como una «buena noticia, trabajada durante años por la ciudadanía conquense y castellano-manchega que, por fin, encuentra recompensa al esfuerzo«. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cuenca, Jacobo Medianero, señaló que desde su formación están «contentos porque es una victoria sin duda, un paso muy grande hacia el olvido definitivo de una infraestructura negativa para la zona donde se instale».

Medianero explicó que coincide con la Plataforma contra el ATC, «como no podía ser de otra manera, en que es preciso que se deniegue la autorización previa o de ubicación lo que daría carpetazo final«. «Y es que esta paralización, a pesar de ser un paso hacia el fin del proyecto, no significa de por sí el final definitivo», indicó.

Por otro lado, Medianero cree que el Ministerio debe trabajar ahora «en el cierre paulatino de las centrales nucleares para poder seguir avanzando en el camino de las energías renovables, sostenibles y sin residuos que no sabemos cómo gestionar». Además, ha añadido que ese cierre «es la única opción para saber con seguridad cuantos residuos tenemos y que soluciones existen a su almacenamiento». Medianero ha indicado que, tras registrar una pregunta sobre esta cuestión en el Congreso, esperarán para registrar la Proposición No de Ley que su grupo parlamentario tiene preparada «hasta analizar bien la paralización y ver los siguientes pasos del Gobierno del Estado».

Pedro Sánchez garantiza que habrá una transición energética «justa» con las cuencas mineras asturianas del carbón

Europa Press.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió un mensaje de tranquilidad a la sociedad asturiana y a la zona de las cuencas mineras asegurando que la transición energética se hará con «justicia social» y que su Ejecutivo dará una respuesta «integral» a este reto.

Durante el Pleno de debate sobre su programa de Gobierno, Sánchez ha respondido a las dudas del portavoz de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, quien ha expresado su preocupación por las consecuencias que «el giro copernicano» de la política energética nacional pueda suponer para las cuencas mineras, de las que dependen «decenas de miles de puestos de trabajo». «La ley de cambio climático va a dar una respuesta integral e integrada a estas realidades complejas, y vamos a garantizar esa transición justa», replicó el presidente del Gobierno al diputado asturiano.

El Gobierno nombra nuevo director del IDAE a Joan Herrera, antiguo líder de ICV (Iniciativa por Cataluña – Los Verdes)

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha nombrado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, a Joan Herrera Torres como director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Herrera nació en Barcelona en 1971 y es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Además, está especializado en Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente, con un postgrado en la Universidad Pompeu Fabra.

En la actualidad es profesor asociado de la Universidad de Gerona, donde imparte Teoría de las élites en España. Además, es patrón de la Fundación Energías Renovables y autor de dos libros. Durante la octava legislatura, entre 2004-2008, Herrera fue diputado y portavoz del Grupo Izquierda Verde-IU-Iniciativa per Catalunya Verds, un cargo en el que siguió durante la IX legislatura hasta octubre de 2010. A partir de esa fecha pasó a ser diputado y presidente del Grupo Parlamentario de ICV-EUiA en el Parlamento de Cataluña. Según informa el Ministerio para la Transición Ecológica, su actividad parlamentaria ha estado vinculada a la economía verde, siendo portavoz e impulsor de diferentes iniciativas en materia energética y ambiental.

Ribera asevera que «el diésel tiene los días contados» y que hay que «ir pensando en un proceso de salida»

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acusado al anterior Gobierno del PP de haber utilizado partidas presupuestarias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para financiar el déficit de tarifa en el sistema eléctrico al tiempo que ha manifestado en el Congreso que «el diésel tiene los días contados» y que su «impacto» en la calidad del aire «es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida».

En todo caso, sobre una posible subida de impuestos que pudiera afectar a este carburante, la ministra se remitió a su colega María Jesús Montero, titular del departamento de Hacienda. Respecto a las restricciones al tráfico que preparan ciudades como Madrid, Ribera las ha celebrado como una medida «muy razonable y muy normal» pues cree necesario facilitar la movilidad pero también que ésta «afecte cada vez menos, en la medida de lo posible, a la salud de los ciudadanos». «Evidentemente, el diésel tiene los días contados. Durará más o menos, pero sabemos que su impacto en partículas y en lo que respiramos es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida», afirmó.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno debe plantearse qué «señales fiscales y regulatorias» puede aprobar para acompañar a los gobiernos municipales «en ese proceso de cambio» de la movilidad. La ministra ha aclarado que «no se puede culpabilizar a quien compra» un vehículo diesel, aunque el consumidor debe saber que su precio “no está reflejando el coste real del impacto que tiene ese coche». «Un consumidor responsable es lo mejor que podemos tener, pero para facilitar comportamientos de consumidor responsable tenemos que asegurarnos de que las señales de mercado, las señales fiscales, nos permitan discriminar de una manera intuitiva, natural, sin tener que hacer análisis profundísimos sobre qué significa cada compra», ha concluido.

El PP «vacía» partidas medioambientales

Respecto a sus críticas al PP, Ribera aludió a un «vaciamiento» del presupuesto de Medio Ambiente para cubrir el déficit de tarifa, lo que considera «el descubrimiento más importante y llamativo» que ha hecho al llegar a su departamento. En este sentido, la ministra contrapuso la utilización de estas partidas con la de las subastas de derechos de emisión de gases contaminantes, ya que considera «perfectamente legítimo» y «positivo» financiarlo a través de estos ingresos. «Menos mal que había subastas de emisión y que esos ingresos permitían financiar cosas», ha dicho, haciendo un llamamiento a pensar «en un contexto estructural» y dirigir este gasto «de forma más transparente y más estratégica, que no sustituyendo partidas presupuestarias preexistentes que han desaparecido«.

El transporte público pide 500 millones de euros al Ministerio de Transición Ecológica y acelerar la Ley de Cambio Climático

Europa Press.– El sector del transporte público reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que acelere la Ley de Cambio Climático y que ésta incluya al menos 500 millones de euros para el sector después del avance del Inventario español de emisiones de CO2 que revela que en el último año las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) aumentaron un 4,4%, el mayor incremento desde 2012.

La Asociación del Transporte Público (ATUC) recuerda que el tráfico rodado provoca en torno a la mitad de las emisiones de GEI en las ciudades y, de éstas, más del 90% son de coches. En concreto, las emisiones del transporte crecieron en el último año un 2,6%, según los datos publicados por el Gobierno que ahora remitirá a Bruselas para su validación. En este contexto, reclama que el texto de la futura ley recoja un espacio propio para el transporte público como alternativa al vehículo privado, sobre todo teniendo en cuenta las futuras prohibiciones al acceso y aparcamiento en el centro en ciudades como Madrid.

Un parque móvil “muy dieselizado”

Además, justifica la petición también en el hecho de que el parque móvil está «muy dieselizado» pese a que estos vehículos emiten un 15% más de dióxido de carbono por litro de carburante que los gasolina. La ATUC propone que de los 2.100 millones de euros que se ingresarán tras equiparar los impuestos a los carburantes, como mínimo 500 millones se dirijan al sistema de transporte público, tanto para contribuir a su financiación como para inversiones con las que mejorar los servicios y reducir el número de coches en circulación.

En esta línea, la asociación opina que la contribución del transporte público para reducir las emisiones «justifica de por sí» medidas encaminadas a un nuevo modelo de movilidad consensuado entre todas las administraciones competentes en la materia. Entre sus recomendaciones para la Ley de Cambio Climático, la ATUC pide de forma explícita que la futura norma inste al desarrollo de una Ley de Financiación del Transporte Público, de la que España carece actualmente siendo una excepción en toda Europa; así como una financiación estable y compartida entre las distintas administraciones.

Entre sus propuestas también sugiere por el desarrollo de un Plan Nacional de Movilidad Urbana que siente las bases de la movilidad sostenible en las ciudades. Para el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, «no se entendería que la futura ley no reservara un espacio específico para el transporte público, que es la solución más efectiva contra los altos niveles de contaminación en las ciudades y contra las congestiones de tráfico que tantos problemas originan».

Ribera defiende ante responsables del PSOE la necesidad de presentar cuanto antes un borrador de Ley de Transición Energética

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reiterado en la sede madrileña del PSOE que su primera prioridad es presentar «cuanto antes» un primer borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, según confirmó el PSOE. Ribera ha explicado que el Gobierno quiere para esta Ley un «acuerdo sólido, amplio y participado, que atienda todas las necesidades, de todos los sectores, del ámbito público y del ámbito privado, y que garantice una transición ecológica justa y equitativa».

Así, señaló que esta norma servirá de marco para acomodar las leyes y todas las iniciativas en materia de cambio climático que ya se están adoptando por las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PSOE. La ministra anunció que también se presentará próximamente un borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, exigido al conjunto de los Estados Miembros por el Marco de Clima y Energía del Consejo Europeo. Este Plan, según el PSOE, impulsará medidas de eficiencia energética y una alta penetración de las energías renovables.

Transición justa para cada región

La segunda prioridad del nuevo Ministerio es ejecutar un Plan Estratégico de Transición Justa. Para ello, Ribera propone trabajar con agentes sociales y territorios para promover en las zonas vulnerables políticas activas de empleo y de formación, la protección social específica necesaria y planes de transición. «El inmovilismo no crea empleo; al contrario, el inmovilismo supone un lastre para la economía, la competitividad y la modernización«, ha apuntado Teresa Ribera. Según el PSOE, los responsables de gobiernos autonómicos y ejecutivas regionales han dado su respaldo al reforzamiento en las acciones para cumplir el Acuerdo de París a una nueva estrategia de creación de empleo verde.

La Confederación del Transporte y los autónomos de ATA califican de «imprudencia» la posible subida de los impuestos al diesel

Europa Press.- La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) califica de «imprudencia» la posible subida de los impuestos al diésel que estudia el Gobierno y manifestó su «hartazgo» de que desde el Ejecutivo se plantee «de forma periódica» la puesta en marcha de nuevos impuestos que afectan a la actividad del transporte de mercancías por carretera.

Tal como ha explicado la organización, el equiparamiento de la fiscalidad del gasóleo con la de la gasolina equivaldría a una subida de hasta 15 céntimos por litro, lo que repercutiría «de forma negativa» en el conjunto de la economía española, «con una ralentización del crecimiento en el segundo trimestre del año«. «Es difícil de entender por qué el Gobierno se empeña en poner en marcha políticas fiscales que se ceban sobre un sector de actividad, como es el del transporte de mercancías por carretera», han señalado desde la patronal.

Además, la Confederación ha subrayado que el sector no va a aceptar estas nuevas «barreras fiscales», ya que el transporte de mercancías por carretera es una de las actividades económicas que «mayores cargas impositivas soporta«. De esta manera, CETM ha reclamado al Gobierno un trato «equilibrado y justo» ya que el sector genera riqueza y empleo y juega un papel «estratégico como engranaje para el correcto funcionamiento de la industria, el turismo y el comercio».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha alertado de que la subida del impuesto que grava al gasóleo sería «un palo duro» para muchos autónomos que utilizan este carburante como principal materia prima de su actividad. En este sentido, Amor ha asegurado que más de 200.000 autónomos podrían verse afectados por esta medida, lo que preocupa «seriamente» a la asociación, ya que supondría un «importante aumento de los costes que en muchas ocasiones no pueden repercutir y terminan asumiendo». Asimismo, Amor ha pedido a las autoridades que se extienda el gasóleo profesional a otros colectivos como taxistas, repartidores, conductores de ambulancias, agentes comerciales, así como «a aquellos que tienen un vehículos profesional».

Confebus también hace sus reclamaciones

Asimismo, la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ha reclamado que no se aumente el impuesto sobre el diésel para el transporte profesional y, en especial, para el transporte público de pasajeros por carretera. El presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, señaló que esta medida, que pretende impulsar una movilidad más sostenible y eficiente, penalizará al sector del autobús, que inyecta 1.000 millones de euros anuales de media a las arcas públicas. Asimismo, la Confederación recuerda que el autobús contribuye a la disminución de la contaminación causada por el tráfico en las ciudades y carreteras.

Según Confebus, cada autobús puede sustituir entre 14 y 30 vehículos, mientras las emisiones de este tipo de vehículos son seis veces menores que las del automóvil. «Si la promoción del autobús logrará una captación del 20% de los usuarios del coche, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se reducirían en 917.000 toneladas métricas», apunta. Asimismo, Confebus destaca que el uso del autobús ahorra 1.287 millones de litros de combustible. De este modo, concluye que incrementar los impuestos al diésel como estudia el Ejecutivo solo conseguiría incrementar su precio».

El Congreso aprueba las ayudas de 66,6 millones de euros en concepto de apoyo a la movilidad eficiente y sostenible

Europa Press. – El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, que contempla 66,6 millones de euros en concepto de ayudas orientadas a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible.

Así, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) gestionará una partida de 50 millones de euros, que representa un 0,6% del presupuesto de gastos del Estado para este año, al igual que en el ejercicio precedente.

Por su parte, los PGE 2018, elaborados por el antiguo Gobierno de Mariano Rajoy, también recogen diferentes partidas por importe de 16,6 millones de euros para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible, que estarán gestionadas por el Ministerio de Industria.

En concreto, el Gobierno destinará en este tema 80.000 euros a sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entidades del sector público estatal; 80.000 euros a comunidades autónomas; 1,1 millones de euros a entidades locales; 8,84 millones de euros a empresas privadas, y 6,5 millones de euros a familias e instituciones sin fines de lucro.

El Pleno de la Cámara Baja ha aprobado los PGE 2018 tras ratificar 32 cambios introducidos en el Senado, donde el PP cuenta con una mayoría absoluta, rechazando otras 14. La votación de las enmiendas era el último trámite parlamentario antes de su definitiva entrada en vigor, previa publicación de las cuentas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).