García-Page destaca que la decisión del Gobierno de paralizar el ATC es «coherente» con lo que siempre defendió Castilla-La Mancha

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Europa Press.- El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado de «coherente» la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de paralizar el permiso de construcción del Almacén para Residuos Nucleares (ATC) proyectado en el municipio conquense de Villar de Cañas, como siempre defendió la región. «Muy cerca del objetivo. La decisión del nuevo Gobierno de España es coherente con lo que desde un principio hemos defendido desde Castilla-La Mancha: evitar un atropello a nuestra tierra», destacó García-Page en Twitter.

Posteriormente, ha afirmado que supone también el «reconocimiento» de que «todo el procedimiento del basurero nuclear encerraba mucha más basura que la nuclear», y en este sentido ha precisado que espera que esto se termine conociendo porque «ha costado muchos millones a la sociedad española». El presidente cree que el Gobierno central revisará toda la estrategia de gestión de residuos y que con esta decisión ha hecho lo «prudente», que es paralizar el proyecto, algo que considera «ya es bastante».

Supone igualmente que cuando el Ejecutivo plantee una estrategia global, habrá una alternativa al ATC, y en este sentido, ha apostillado que de momento hay almacenes temporales y que «si no se va a prolongar la vida útil de las nucleares, esto va a suponer menos residuos» y por ello será «menos necesario hacer un cementerio nuclear«. En todo caso, ha puntualizado que, independientemente de que España quiera tener un ATC, su Ejecutivo insiste en que éste no, porque es una chapuza que responde a intereses todavía más sucios y más peligrosos que la nuclear».

Asimismo, ha especificado que le gustaría que se retirara el pleito que mantiene el Estado contra la declaración de ampliación de protección medioambiental de la Laguna de Hito. A su juicio esto también sería «coherente» porque no ha sido circunstancial. «Está anulado judicialmente y legalmente el Plan de Ordenación del municipio», ha resaltado García-Page, por lo que cree que Castilla-La Mancha tiene «las de ganar».

Según ha especificado, para este año el Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal, cuando era ministra de Defensa, tenía planteados 145 millones de euros «de derroche más a los españoles para enterrarlos en ese basurero nuclear». García-Page ha lanzado su deseo de que esos 145 millones se dediquen ahora a la protección social y ambiental en «homenaje» a quienes han estado «batallando» por este objetivo. Por lo que respecta a que alternativas podrían plantearse ahora para Villar de Cañas, el presidente reitera que desde el Gobierno regional hay planteamientos alternativos» de energías renovables que a su juicio pueden generar más riqueza a todo el entorno y asegura que están en disposición de «tirar hacia adelante con ello sin dudas».

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, ha recalcado que se ha conseguido «uno de los hitos más importantes de esta legislatura en Castilla-La Mancha», algo que se ha realizado «conversando con el Ministerio para la Transición Ecológica y con el Gobierno central, como se deben hacer las cosas». «Todos tenemos que remar en la misma dirección, que es la de los intereses de los ciudadanos, y en Castilla-La Mancha los ciudadanos no querían un cementerio nuclear», subrayó, recordando que «algunos decían que no había diferencia, que los gobiernos del PP y el PSOE eran igual e iban a perjudicar a Castilla-La Mancha», y ante esto, reivindicó, «la realidad pone de manifiesto que no era cierto«.

Por otro lado, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, destacó que el Ejecutivo autonómico «puede estar muy satisfecho porque se ha cumplido en parte uno de los objetivos» de la legislatura. Aunque reconoció que «no es el último paso», argumentó que si el planteamiento del Gobierno de España de que a partir de 2028 no haya centrales nucleares en España consigue el visto bueno de Europa supondrá el «principio del fin» y eso «demuestra que hay otra forma de crecer y hacer política». El portavoz del Gobierno ha avanzado que el proyecto de ampliación de la Laguna del Hito, próxima a la zona del ATC, «sigue adelante», ya que es «una forma de proteger el medio ambiente».

Una «misión» de europarlamentarios visitará en septiembre la zona de Doñana en la que Gas Natural desarrolla su proyecto gasístico

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Europa Press.- La Mesa de la Ría de Huelva anunció que la visita de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo se llevará a cabo entre los días 19 y 21 del próximo septiembre y pasará por Sevilla, Doñana y Madrid. Desde la Mesa de la Ría han valorado «muy positivamente» esta visita y esperan «que sea el comienzo del fin de estos proyectos que hoy ya son una realidad» en la zona en la que Gas Natural pretende construir un gasoducto.

En todo caso, la Mesa de la Ría anunció que realizará «una petición a esta comisión para que alguna reunión tenga lugar en Huelva; por un lado, por ser la ciudad desde donde se lanzaron las denuncias que iniciaron el procedimiento, y por otro, para que desde el Parlamento europeo se entienda que los proyectos gasísticos no son más que la prolongación del Polo Químico de Huelva, que ya en el Puerto Exterior tiene una alta concentración de depósitos de gas, que estarán conectados con aquellos que se quieren realizar en el subsuelo de Doñana«.

Cabe recordar que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo confirmó el pasado 21 de marzo la intención de enviar una misión de investigación al espacio natural para la segunda mitad del año 2018 y remitir cartas al Estado y la Junta de Andalucía para recabar información sobre los posibles riesgos sísmicos de la iniciativa y las medidas que se están implementando en la zona a cuenta de la misma. Lo hizo tras acoger ese mismo día las intervenciones del coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a cuenta del proyecto de Gas Natural en Doñana.

Sin embargo, la Eurocámara no consideró oportuno acceder a la petición elevada por Izquierda Unida en el sentido de instar a la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental al considerar que el órgano adecuado para hacer este requerimiento son los entes judiciales de los Estados miembros. La Comisión Europea se mostró de acuerdo con los peticionarios en el sentido de la «salvaguarda» de Doñana en tanto que es un espacio protegido, como Parque Nacional y por la inclusión de algunos espacios de su entorno en la Red Natura 2000, recordando la apertura de una investigación de oficio por las peticiones.

En lo tocante a las competencias del Parlamento Europeo, éstas se circunscriben a vigilar la correcta aplicación por parte de las autoridades españolas de la normativa medioambiental, razón que ha justificado una investigación de los cuatro subproyectos, denominados Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar, en los que se concluye ausencia de infracción al haber sido sometidos a evaluación ambiental conforme a normativa, ya que «no se exige evaluación conjunta».

Asimismo, la Eurocámara también aludió a que todos los proyectos han acabado con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, aun siendo consciente de que la metodología utilizada «ha sido criticada por peticiones e instituciones«. Por tanto sí accedió a realizar la visita para investigar las condiciones del espacio «muy de cerca», según precisó en marzo la presidenta de la Comisión de Peticiones, la sueca Cecilia Wikström, que añadió que «creo que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos».

García-Page solicita a la ministra Batet definir la nueva financiación autonómica, paralizar el ATC y mejorar las infraestructuras viarias

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Europa Press. – El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mantenido una reunión de trabajo con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en la que se han tratado diferentes asuntos de interés para la región relacionados con estas áreas de Gobierno, entre ellas el nuevo marco de financiación autonómica o el carpetazo definitivo al proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la provincia de Cuenca.

El Gobierno regional ha aprovechado el encuentro para trasladar a la titular de Política Territorial y Función Pública un documento con las demandas de Castilla-La Mancha en estas materias, como paso previo a la reunión que el presidente del Ejecutivo autonómico mantendrá próximamente con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Además, García-Page ha compartido con Meritxell Batet la necesidad de abordar todos aquellos proyectos e infraestructuras en materia de ferrocarril y carreteras que el anterior Ejecutivo central dejó sin ejecutar, a la vez que ha trasladado a la ministra el posicionamiento de la región en asuntos prioritarios para Castilla-La Mancha como la paralización del cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) o las reclamaciones en materia de recursos hídricos, haciendo especial hincapié en el trasvase Tajo-Segura.

El jefe del Ejecutivo regional ha defendido, también, la necesidad de revisar los parámetros de cumplimiento de los objetivos de déficit que fueron impuestos por el anterior Gobierno central a las comunidades autónomas.

Susana Díaz pedirá a Pedro Sánchez que paralice el proyecto del almacén gasista de Naturgy (Gas Natural) en Doñana

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Europa Press.- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, adelantó que de entre las peticiones que trasladará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su encuentro que tendrá lugar en La Moncloa el próximo 23 de julio, estará la petición de que paralice el proyecto de Gas Natural en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

Díaz se pronunció así en el Parlamento andaluz donde el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, le ha preguntado por las propuestas y demandas a trasladar al Gobierno central. Ante esta cuestión, la presidenta ha dejado claro que sus reivindicaciones «no han cambiado» a pesar del cambio de color en el Ejecutivo central y trasladará «las mismas» exigencias a Sánchez que ya trasladó a Mariano Rajoy cuando acudió a Madrid hace 2 meses. En definitiva, la presidenta trasladará a Sánchez las misma reivindicaciones «de justicia» para la comunidad que ya trató con Rajoy el pasado mes de abril.

En este sentido, ha manifestado que espera que el Gobierno de Sánchez «apoye» la «defensa» de la Junta de Andalucía de paralizar el proyecto gasístico que Gas Natural pretende instaurar en el suelo de Doñana. Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida ha apuntado que el marco de interlocución con el Gobierno «ha cambiado» pero la situación de Andalucía «es la misma» y en ella está incluida la «amenaza» del proyecto gasístico en Doñana.

Maíllo (Izquierda Unida Andalucía) aboga por un modelo de transición energética «eficiente, con carácter planificador, sostenible y público»

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Europa Press.- El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, ha abogado por «apostar por un modelo de transición energética eficiente, con carácter planificador, sostenible y público». Así lo ha apuntado al asistir a las jornadas Transición Energética: hacia un futuro 100% renovable.

«Un encuentro en el que se está configurando un modelo energético que, en el fondo, es un modelo de país», reivindicó Maíllo, que reitera que «cuando hablamos de un modelo energético renovable estamos hablando de un modelo que tiene mucho que ver con la lucha contra el cambio climático, con la justicia social y la redistribución de la riqueza. Mientras, afrontamos un modelo actual energético que si tiene una característica es su opacidad, su control por parte de una minoría o su ausencia de planificación».

Por ello, el coordinador de Izquierda Unida ha defendido «un modelo de transición energética eficiente, con carácter planificador, sostenible y público». Así, en este sentido, ha saludado «las prácticas que se desarrollan con la creación de cooperativas que configuran una nueva forma de tratamiento de esta energía sostenible». Sin embargo, Maíllo destaca que, «a pesar de ser una tierra que tiene todo lo que necesita para crear una energía eólica y solar en mejores condiciones que otras regiones de Europa, nos encontramos con países del centro de Europa que producen más energía renovable que Andalucía».

Para ir hacia este futuro 100% renovable, según ha apostillado, habría que recuperar la normativa sobre energía renovable que el anterior Gobierno de Rajoy eliminó. Para ello, «hace falta una política energética autónoma y la promoción de experiencias como la agroecología o modelos de desarrollo urbanos sostenible», según ha puntualizado el coordinador andaluz de Izquierda Unida. Mientras tanto, en la Unión Europea, tal y como explicó la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, «este año se ha estado negociando el conocido como paquete de invierno. Para ello, le hemos puesto una especial importancia a la parte de autoconsumo», ha detallado.

«Potenciar las prácticas de autoconsumo es muy importante para países como España, que se ha visto afectado por las malas prácticas del anterior gobierno del PP. Por ello, en este sentido, se han hecho modificaciones importantes en cuanto a cómo se puede fomentar este autoconsumo en el marco de esta directiva», ha afirmado la eurodiputada de Izquierda Unida. Finalmente, López ha remarcado que «desde Izquierda Unida no apostamos por el modelo de los grandes oligopolios. Hay que apostar por un modelo de energía que sea de uso particular, más individualizado, que no sea tan contaminante y que esté sujeto a elementos de la democratización de la energía», según ha concluido.

Recurren el archivo de la querella contra cuatro exministros del Gobierno y el empresario Florentino Pérez por el proyecto Castor

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Europa Press. – Los impulsores de la querella contra cuatro exministros del Gobierno y el empresario Florentino Pérez por presuntas irregularidades en el proyecto del almacén de gas Castor han presentado un recurso de apelación contra el archivo del caso por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Según ha informado la Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització, entidad que presentó la querella, consideran que los hechos indiciariamente demuestran «una interacción entre poder político y poder económico que ha dado como resultado una deuda de 1.350.730.000 euros más intereses para la ciudadanía y una empresa beneficiada con sumas importantísimas sin concurso público».

«A nuestro entender estos hechos deberían conllevar por sí mismos la apertura de una investigación de oficio por la propia Fiscalía Anticorrupción», ya que, según afirman, se permitió una infraestructura inútil y generadora de una deuda importante sin generar ningún tipo de responsabilidad ni a la constructora ni a los responsables políticos que autorizaron dicha construcción.

Así, la querella se dirigía contra los exministros Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa y José Manuel Soria, así como el exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana Juan Cotino; Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritaria de la mercantil ESCAL UGS S.L. (quien tenía la concesión del almacén de gas); el presidente de la mercantil ESCAL UGS S.L., Recaredo del Potro; y el exsecretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo Ignasi Nieto.

Tras estudiar los hechos denunciados, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 concluyó que la construcción de las instalaciones a las que se refería la querella no responde a una idea aislada ni peregrina, sino que fue acorde con una política desarrollada en la explotación y suministro de gas, previamente planeada – desde el año 2002 -, y consideró que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal.

La Audiencia Nacional archiva la querella contra 5 exministros y Florentino Pérez por el proyecto Castor

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Europa Press.- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela desestimó y archivó la querella interpuesta contra 4 exministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y uno del de Mariano Rajoy, además de empresarios como Florentino Pérez, en relación con el proyecto Castor, al entender que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal. Los promotores del caso Castor anunciaron que recurrirán la decisión.

La querella del Observatorio de la Deuda en la Globalización se dirigía contra los exministros Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa y José Manuel Soria, así como el exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana Juan Cotino; Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritario de la sociedad mercantil Escal UGS (quien tenía la concesión del almacén gasista); el presidente de la compañía Escal, Recaredo del Potro; y el exsecretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo Ignasi Nieto.

Tras estudiar los hechos, la juez concluye que la construcción del almacén de gas es fruto no de una idea «aislada ni peregrina», sino acorde a la política de explotación y suministro de gas, que se había planteado previamente, en 2002, antes de que los querellados accedieran a sus cargos. Si bien, admite que esta política con los años se comprobó «deficitaria«. La juez añade que las resoluciones que se fueron dictando en las distintas fases del proyecto y cuyas firmas por parte de los querellados determinan su responsabilidad, según el querellante «no aparece» y «tampoco se expone en la querella que se hayan adoptado al margen del procedimiento establecido».

Además, el auto de la juez considera que no parece que la actuación de los querellados se guiase por «un afán de perjudicar los intereses de la Administración adoptando resoluciones injustas, arbitrarias o manifiestamente contrarias a la ley». De hecho, añade que «por el contrario, su actuación fue razonada y documentada». En el auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 ha desestimado la querella planteada por delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración pública. Además, el informe de la Fiscalía, fechado en 18 de junio, solicita que se desestime la querella y se archiven las actuaciones.

De hecho, el auto admite que la actuación podría ser discutida jurídicamente, «tal y como sucedió» pero añade que esta discrepancia se ha resuelto a través de diversos procedimientos en la vía contencioso-administrativa. Asimismo, añade Lamela que tras examinar las distintas resoluciones recaídas no se desprende que la actuación de los querellados fuera arbitraria e incluso en algunos casos la actuación fue amparada desde la Administración, mientras en otros, la estimación se debió a motivos «formales, no de fondo«. En otros, por su parte, el auto de la juez estima que se pone de manifiesto la «complejidad del problema y la falta de doctrina jurisprudencial».

«Pero en ningún caso se puso de manifiesto que la Resolución impugnada adoleciera de una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, estos es, que fuera manifiestamente arbitraria», aclara. De este modo, Lamela señala que no puede estimar que se cometiera delito de prevaricación porque según la jurisprudencia, ese delito se comete cuando se adopta en un asunto administrativo una resolución «injusta, no en el sentido meramente ilegal o contraria a Derecho, sino patente y clamorosamente opuesta al ordenamiento jurídico», y que el agente del hecho obre «con clara conciencia» de la arbitrariedad, algo que «no acontece en el supuesto examinado».

Lamela concluye que esto le lleva «igualmente» a considerar que no se puede estimar los delitos de malversación y fraude a la Administración, puesto que no se desprende del relato de hechos en la querella y en los documentos que la acompañan que los querellados hayan quebrantado los deberes del ejercido de su cargo, «quebrantando una especial confianza, ni que los caudales públicos hayan sido desviados torticeramente de su destino«. A ese respecto, agrega que estas circunstancias tampoco han sido apreciadas en las distintas resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional.

Recurrirán el archivo del caso

Por su parte, los promotores de la querella recurrirán el auto que desestima la querella y pide su archivo. El grupo promotor de la demanda, Caso Castor, está formado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Eso sí, el colectivo evitó pronunciarse sobre el contenido del auto hasta que su equipo jurídico lo estudie detalladamente.

Susana Díaz destaca el potencial que tiene Andalucía en energías renovables

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EFE. – La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha destacado el potencial de Andalucía en el sector de las energías renovables y ha opinado que la apuesta por las tecnologías verdes y por la digitalización pueden colocar al tejido productivo andaluz «a la vanguardia».

Así, Díaz ha inaugurado en Sevilla el I Foro de Inversión de iniciativas tecnológicas prioritarias en energías verdes, en el que ha subrayado que Andalucía ha alcanzado ya indicadores superiores a la media española en el ámbito de las energías renovables.

Junto a ser la zona geográfica española «con más horas de sol», la presidenta andaluza ha destacado que Andalucía fue pionera y es líder en producción termosolar, la segunda productora de energía fotovoltáica, con el objetivo de convertirse en la primera, y acumula también «una potencia importante en biomasa». Ha añadido que Andalucía mantiene ya el 19,7% de consumo de energías renovables, frente al 14,5% de media española, lo que la sitúa «en mejores circunstancias» que el resto de España para alcanzar el objetivo del 32% fijado por la UE para el año 2030.

También ha subrayado que Andalucía ha multiplicado el 240% el consumo de energías renovables en sólo diez años o que el 40% del consumo eléctrico de los hogares andaluces proviene de energías verdes.

La presidenta andaluza también ha recordado que el sector de las energías renovables suma 1.400 empresas andaluzas que mantienen más de 40.000 empleos.

Para expandir este sector, Díaz ha insistido en la reclamación de la Junta de Andalucía al Gobierno central para que construya la línea eléctrica de 400 kilovoltios Caparacena-Baza-La Ribina, que no sólo paliará «el desierto energético» que padecen estas comarcas de las provincias orientales andaluzas sino que también favorecerá exportar la energía que generan sus numerosos parques de aerogeneradores y plantas termosolares.

«La revolución digital lo va a cambiar todo en unos pocos años y Andalucía tiene la ventana de la oportunidad que en otros momentos circunstancias políticas e históricas nos lo impidieron; Andalucía está en condiciones, no sólo de la convergencia, sino del salto definitivo a la modernidad y eso no se entiende sin la apuesta por lo digital, por lo verde y por ahorrar en el consumo energético», ha concluido.

Por otro lado, la directora general de Política de I+D+i en Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Clara Eugenia García, ha opinado por su parte que ya existe suficiente conocimiento sobre las energías verdes y ha subrayado que lo que le corresponde a las administraciones es «actuar de forma responsable».

 

Zaragoza, Barcelona, Cádiz, Madrid y Pamplona se unen para impulsar la transición energética y sumar ciudades al cambio de modelo

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EFE.– Zaragoza, Barcelona, Cádiz, Madrid y Pamplona se han unido para impulsar la transición energética con una declaración conjunta y un vídeo con el objetivo de explicar sus proyectos y sumar más ciudades a este cambio de modelo energético, según indicaron desde el Ayuntamiento de la capital aragonesa.

Las iniciativas a favor de la energía verde, eficiente y las buenas prácticas públicas «demuestran que otro modelo energético es posible» y Zaragoza, junto con Barcelona, Cádiz, Madrid y Pamplona, hace un llamamiento público por ese nuevo modelo energético y de suministro de electricidad verde y local.

«El modelo energético que se ha desarrollado hasta ahora es perjudicial para el medio ambiente y las personas, ya que está basado en el uso de combustibles fósiles que generan emisiones contaminantes y son responsables del cambio climático», destacan las mismas fuentes, que inciden en que la generación de electricidad está centralizada, lo que genera una fuerte dependencia del exterior.

«Esto hace que el sistema sea ineficiente y contribuye a la pobreza energética» y por eso, añaden desde el Ayuntamiento de Zaragoza, algunas ciudades apuestan por liderar un cambio de modelo basado en las energías renovables, el ahorro, la eficiencia, la gestión de la demanda y una generación local, distribuida, que ponga en el centro la ciudadanía y asegure el acceso a la energía a todas las personas.

Barcelona, Cádiz, Madrid, Pamplona y Zaragoza son ejemplo de este nuevo cambio de modelo, ya que todas ellas contratan energía verde, hacen frente y trabajan para revertir las situaciones de pobreza energética y promueven el autoconsumo, el ahorro y la eficiencia.

Barcelona y Pamplona han creado una comercializadora pública de electricidad; Cádiz ya dispone de una comercializadora semipública que da servicio a más del 80% de la población; Madrid tiene un contrato de suministro que garantiza que la empresa solo comercialice energía de origen 100% renovable y Zaragoza comprará energía directamente al mercado mayorista.

El Tribunal Constitucional da la razón a Castilla-La Mancha y no ve inconstitucionalidad en su ley antifracking

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Europa Press / EFE.- El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno de Castilla-La Mancha y ha declarado constitucional una parte de la ley antifracking de la Comunidad Autónoma recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de diciembre y por la cual esta normativa se mantenía en suspenso.

Según la sentencia del Tribunal Constitucional, se da así validez a una disposición por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, parte del texto que fue recurrido por decisión del Consejo de Ministros de diciembre de 2017. El Ejecutivo de Mariano Rajoy invocaba el artículo 161.2 de la Constitución «a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos objeto del recurso de inconstitucionalidad». Asimismo, consideraba que la técnica del fracking, al estar ya sujeta a la evaluación previa de su impacto ambiental, ya cuenta con «la necesaria protección ambiental«.

El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra varios preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha. Esta admisión ya suspendía automáticamente la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados tras la invocación por parte del Gobierno en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución, por el cual el Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por las comunidades autónomas. El consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, expresó su «satisfacción y orgullo» ante el pronunciamiento, tras lo que ha agradecido a las distintas plataformas antifracking de la comunidad autónoma su trabajo y apoyo durante todo el proceso.

La ley antifracking de Castilla-La Mancha incluye varias medidas para imposibilitar, en la práctica, el desarrollo de este tipo de proyectos en la región, como por ejemplo exigir que el operador de estas actividades establezca una garantía financiera que cubra las condiciones de autorización y las responsabilidades potenciales por daños al medio ambiente antes de iniciar las operaciones. La norma también recoge que no se concederán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos obtenidos a través de la fractura hidráulica en tanto que no se apruebe un plan estratégico sectorial, que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

Cantabria, La Rioja y Navarra

En su recurso, el Gobierno central argumentó que varios aspectos de la ley incurrían en inconstitucionalidad inmediata por vulneración de competencias estatales, como protección del medio ambiente, y recordó que el Estado aprobó en 2013 la ley del Sector de Hidrocarburos, en la que se autorizaba el empleo del fracking. En este sentido, la sentencia recuerda que por no respetar el contenido de esta ley, se declararon nulas e inconstitucionales las leyes sobre esta materia de Cantabria, La Rioja y Navarra, pues contenían «una prohibición absoluta e incondicionada» de la fractura hidráulica en sus regiones.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que la ley de Castilla-La Mancha ni contiene una prohibición legal expresa de esta técnica de carácter absoluto e incondicionado como en los demás casos citados ni efectúa una remisión incondicionada o en blanco a la Administración para que regule su posible uso. Por lo tanto, la sentencia indica que la ley, al proponer la elaboración de un plan estratégico sectorial, recoge una «norma novedosa y no examinada hasta la fecha» consistente en habilitar a la Administración autonómica para que ésta efectúe una zonificación del territorio y delimite áreas donde la técnica del fracking quede excluida, restringida o permitida.

De este modo, el Tribunal Constitucional señala que «no procede anticipar ni hacer hipótesis sobre los resultados de esa zonificación que se encomienda a la Administración», pues ha afirmado que el Tribunal Constitucional no debe pronunciarse sobre las eventuales o hipotéticas interpretaciones de las leyes, sino que debe responder si las leyes se oponen o no a los mandatos constitucionales.

También señala que «la mera posibilidad de un uso torticero de las normas no puede ser nunca en sí misma motivo bastante para declarar la inconstitucionalidad de éstas». Con todo, el Tribunal Constitucional ha afirmado que la comunidad autónoma puede crear un instrumento normativo como el plan estratégico de la utilización de la fractura hidráulica y que no procede evaluar la adecuación del plan aún no aprobado, de forma que su simple aprobación no puede considerarse contraria al orden constitucional.