Los sindicatos exigen al Gobierno que cumpla la «hoja de ruta» marcada para el sector del carbón

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EFE.- Representantes de los sindicatos SOMA-FITAG-UGT y CCOO exigieron al Gobierno, a través del delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, que se cumplan los acuerdos firmados en los que se establecía la hoja de ruta a seguir para el sector del carbón.

El secretario general de SOMA, José Luis Alperi, ha indicado que «no van a permitir que con un marco de actuación acordado y firmado se quiebre y altere la hoja de ruta firmada». «El sector vuelve a estar en una situación dramática y lo que queremos es recuperar el diálogo. Es necesario encontrar la voluntad política para quebrar lo que el PP está haciendo, que es intentar cerrar el sector», indicó Alperi. Así, preguntado sobre si puede favorecer la situación la posible formación de Gobierno de manera inminente, Alperi ha manifestado que «no se trata de que haya o no cambio de Gobierno porque ya hay un marco de actuación acordado y ahí no influye que haya Gobierno en funciones«.

Por su parte el representante de CCOO, Damián Manzano, ha indicado que comienzan nuevas protestas del sector del carbón, que está «en fase terminal». Por ello ha exigido al Gobierno central del PP que cumpla los compromisos firmados en 2013. «Lo mínimo que tiene que hacer cualquier Gobierno y cualquier partido es cumplir lo que está escrito y firmado«, ha insistido Manzano, que añadió que las movilizaciones «llegarán hasta donde tengan que llegar en una situación de dramatismo como la que vive el sector de la minería». Los sindicatos mantendrán un encuentro, el próximo día 20 con el presidente del Principado, Javier Fernández, a quien exigirán que la administración regional impulse las medidas necesarias para el consumo del carbón asturiano.

El Cabildo de Gran Canaria pide al Gobierno renovar las instalaciones de telecomunicaciones que frenan el desarrollo de la eólica

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EFE.- El Cabildo de Gran Canaria ha pedido al Ministerio de Fomento renovar las instalaciones de telecomunicaciones obsoletas, incluidas en el plan de afecciones aeroportuarias de la isla, que frenan el desarrollo de la energía eólica. La renovación de esas infraestructuras, de hecho, «cuesta apenas 6 millones de euros, menos de la mitad de lo invertido por el Estado en otros aeropuertos como Málaga y Valencia, donde el coste para superar esta situación fue de 15 millones«, asegura la corporación insular.

La institución destaca que «hace años que el desarrollo eólico en el este de Gran Canaria está encorsetado debido a estas obsoletas instalaciones, algunas de hasta 60 años de antigüedad», que, además, «apenas se usan» en varios casos. Razones por las cuales insiste en demandar la actualización de esos sistemas de control, una medida que subraya que permitiría «incrementar en un 15% la superficie en la que ubicar aerogeneradores con los que producir energía limpia».

Un aumento de superficie que proyecta promover la corporación mediante una modificación de un plan especial destinada a «liberar hasta 5 millones de metros cuadrados para el desarrollo eólico» y que prepara actualmente su Consejería de Política Territorial. Por todo ello, el Cabildo de Gran Canaria reitera que demanda a Fomento “la actualización de los sistemas de control adoptando las acciones necesarias para reducir las afecciones aeronáuticas, sin que hasta el momento haya recibido respuesta».

Cuenca cuenta con 250 MW fotovoltaicos, el 27% del total en Castilla-La Mancha, según Anpier

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EFE.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) destacó que el sector tiene instalados 250 megavatios (MW) de energía fotovoltaica en Cuenca, lo que supone el 27,7% de los 900 que hay en Castilla-La Mancha. Estas instalaciones están en manos de 3.000 familias en Cuenca, 12.000 en el caso de la región, y Anpier asevera que «los drásticos recortes retroactivos» que el Gobierno central ha impuesto al sector «han obligado a la gran mayoría de las 62.000 familias productoras españolas a refinanciar sus instalaciones».

«Un esfuerzo financiero que volatiliza los retornos que el Estado ofreció a este sector», indicó Anpier, que no duda en calificar la situación de «caos sectorial generado por la reforma Nadal-Soria» y está recorriendo 22 ciudades de la geografía española para exigir soluciones al Gobierno. Asimismo, la asociación ha dicho temer que el sector sufra nuevos recortes a finales de 2019 que «desmoronaría al sector sin ya más opciones de refinanciación» y ha defendido que el sector ha cumplido una labor social al desarrollar una tecnología que «ya permite al ciudadano acceder a una fuente generadora limpia y muy barata».

Navarra concede 403.000 euros en ayudas a 4 comunidades de Pamplona para reformar sus sistemas de calefacción y agua caliente

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EFE.- El Gobierno de Navarra concedió 403.000 euros de ayuda a 4 comunidades de propietarios de los barrios de Chantrea, San Jorge y San Juan de Pamplona para la reforma de sus sistemas de calefacción y agua caliente. La subvención alcanza el 31% de la inversión, que ronda los 1,3 millones de euros, según indicó el Gobierno que precisa que los copropietarios de San Jorge recibirán 280.063 euros; Chantrea, 64.950 euros; y San Juan 57.837 euros.

El objetivo de estas ayudas es favorecer una reducción del consumo de energía y avanzar en la eficiencia energética de estas redes urbanas. El sistema de gestión compartida es apoyado tanto por directivas europeas como por el Gobierno foral, puesto que el modelo «es muy competitivo y eficiente, y permite incorporar fácilmente energías renovables», según el departamento de Desarrollo Económico. Esas ayudas son compatibles con la deducción fiscal del 15% de la inversión en instalaciones de biomasa para usos térmicos.

Ayudas también para instalaciones renovables

Por otra parte, el Gobierno ha concedido 23.417 euros a los ayuntamientos de Arakil (1.297 euros), Imotz (5.196 euros), Lizarraga (2.850 euros), Oroz-Betelu (2.522 euros) y Valle de Yerri (11.552 euros) por inversiones en instalaciones de energía renovables que rondan los 84.850 euros (subvención media total del 27,6%). Salvo Imotz, que ha apostado por paneles fotovoltaicos para autoconsumo, el resto han implantado sistemas de biomasa. Se trata de las cinco únicas entidades que se han presentado a las ayudas, con las que el Gobierno quiere apoyar la implantación de sistemas solares térmicas, de geotermia, de biomasa, fotovoltaicas y eólicas, con objeto de contribuir a alcanzar los objetivos previstos en el III Plan Energético de Navarra horizonte 2020 y generar ahorros.

Cepsa espera «un rebote» del precio del petróleo y lo sitúa en 70-80 dólares en un plazo de 5 años

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Redacción / Agencias.- Además de explicar las dificultades administrativas que afronta Cepsa para poder reanudar la actividad en la refinería en Tenerife, que lleva 2 años parada, el vicepresidente y consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, está convencido de que se producirá «un rebote» del precio del petróleo y reveló que la compañía prevé que en el plazo de 5 años el crudo se sitúe entre 70 y 80 dólares, frente a los poco más de 50 actuales.

Precios bajos “malos para todos”

Así se expresó Miró, que defendió que ese rango de precios es el necesario para que las empresas sigan invirtiendo y advirtió también de la cara menos amable del petróleo barato. «Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Los precios bajos, muy bajos, son malos para el productor y para el consumidor, para el productor a corto y para el consumidor a largo», prevé Miró. «Llegará un momento en que esto va a pegar un rebote; con precios bajos, hay poca inversión y, si no se invierte, llegará el rebote», auguró Miró, que recordó que en los últimos dos años la inversión del sector petrolero ha caído un 50% sin apenas nuevos proyectos.

En cuanto a la recuperación de los precios, admitió que «es complicada» por factores como la irrupción de Irán o el gran stock de reservas actual, que se sitúa en unos 4.000 millones de barriles, como consecuencia de que la producción sigue siendo superior a la demanda. No obstante, a la hora de apuntar esa recuperación, Miró reconoce que es complicado determinar cuándo arrancará aunque «algunos ya hablan de 2018», según ha apuntado el directivo de Cepsa, para quien el problema está más en la fortaleza de la demanda que en la capacidad de la oferta, por lo que los inventarios jugarán un papel clave.

Por otro lado, defendió la importancia de invertir en el fracking ya que considera que, «a poco que repunten los precios», volverá a ser importante. Por ello, valoró el desarrollo logrado por estas tecnologías en Estados Unidos, país que llegó a ser el mayor productor mundial gracias al fracking. En esta línea, destacó que un estado como Dakota consiguió producir más que algunos países de la OPEP y que otro como Nueva York, donde la técnica está prohibida, llegó a crear 2 millones de empleos.

Miró: “De Tenerife nos echarán”

Sobre su negocio de refino en España, lamentó que una de sus tres refinerías, la de Tenerife, lleve ya 2 años paralizadas como consecuencia de las exigencias medioambientales. «Nosotros no nos iremos de Tenerife, nos echarán», apuntó Miró, que explicó que para hacer funcionar la refinería hace falta una declaración ambiental integrada y que, en el caso de la de Tenerife, las exigencias medioambientales son más duras que en ninguna otra parte de España, incluso superiores a las que tienen sus refinerías de Andalucía, la de La Rábida en Huelva y la de San Roque en Cádiz. Teniendo en cuenta además que en las Islas Canarias no hay gas “va a ser muy complicado” poder hacer funcionar la refinería, añadió.

«A mí y al accionista de Cepsa nos duele tener la refinería parada», aseveró Miró, que explicó que el grupo tiene recurrido el plan de calidad del aire que aprobó el Gobierno canario a comienzos de 2014 pero que, “en las condiciones actuales, la compañía no puede arriesgarse a poner en marcha la refinería” ya que, de hacerlo, Cepsa tendría que afrontar además «una campaña de desprestigio que afectaría a nuestra reputación». No obstante, pese a lamentar esta situación y recordando el compromiso con los empleados, Miró relativizó su importancia ya que reconoció que tanto en Europa como en el mundo sobra capacidad de refino y que el mercado «no se ha resentido en absoluto» por la parada de Tenerife.

El Gobierno trabaja en una normativa de seguridad en las gasolineras desatendidas mientras Castilla y León exige que haya empleados

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Redacción / Agencias.- Las Cortes de Castilla y León, con el voto en contra de Ciudadanos, han respaldado la Ley por la que todas las gasolineras deberán contar con al menos un trabajador en el tiempo que permanezcan abiertas para garantizar así la atención a personas con discapacidad y mejorar la cifra de empleos en el sector, una norma que excluye a las cooperativas agrarias siempre que atiendan a sus asociados y no ofrezcan combustible al público general.

Mientras tanto, en el Congreso, el Gobierno en funciones está trabajando en un proyecto de decreto sobre las medidas de seguridad en las llamadas estaciones de servicio desatendidas, es decir, aquellas en las que no hay personal. Según señaló en la Comisión de Industria el diputado del PP, Juan Manuel Juncal, el Gobierno, pese a estar en funciones, trabaja sobre la necesidad de revisar una instrucción técnica complementaria, denominada IP04, relativa a estaciones de servicio.

Aprobada la propuesta del PSOE

Se trata de los puntos de la proposición no de ley (PnL) que llevó a la Comisión de Industria el PSOE y que ha salido adelante. Esa instrucción técnica, según el texto de la PnL, debe «aclarar y hacer más concretas y rigurosas las medidas de seguridad de las estaciones de servicio desatendidas». Junto a este punto, la propuesta del PSOE insta al Gobierno a que se modifiquen, en coordinación con las autonomías, las normas necesarias para obligar a que haya al menos un empleado para atender en horario diurno.

También han pedido «desarrollar y clarificar» los requisitos de seguridad industrial y garantizar la unidad de mercado para que no se produzcan agravios comparativos en los requisitos de acceso de seguridad básicos en las diferentes comunidades autónomas. En definitiva, concluye el texto, se trata de articular e implantar una normativa que «aclare la posición jurídica de las gasolineras desatendidas y garantice la seguridad de estas instalaciones y el cumplimiento de los derechos de los consumidores».

En nombre del PSOE, Begoña Tundidor, explicó que estas medidas, junto a otras, son necesarias para evitar las dificultades que pueden tener las personas con discapacidad para utilizar gasolineras que no cuentan con personal, además de los riesgos a los que pueden estar expuestos. Además, Tundidor advirtió sobre el impacto en el empleo que puede tener la expansión de este tipo de gasolineras desatendidas en un sector que actualmente da trabajo a unas 40.000 personas.

PP y Ciudadanos en contra

Por su parte, Ángela Ballester, portavoz de Podemos, otro grupo que apoyó la exigencia de que haya personal en las gasolineras, destacó la importancia de que «se respeten los derechos de todos los consumidores y en particular el de las personas con discapacidad al acceso a este servicio». Entre los grupos que se opusieron o se abstuvieron, los portavoces del PP, Juan Manuel Juncal; de Ciudadanos, José Luis Martínez, y de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, defendieron la existencia de estas gasolineras por la necesidad de que exista una mayor competencia, lo que redunda en unos menores precios, en la línea de lo defendido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó recientemente un informe en el que pedía que se eliminaran las trabas normativas al desarrollo de estas gasolineras que, a su juicio, aseguran una mayor competencia y unos mejores precios que «benefician» al consumidor final. El informe provocó reacciones de sindicatos y algunos grupos políticos, que criticaban la pérdida de empleo que puede conllevar este tipo de gasolineras, así como problemas de seguridad o de atención a determinados colectivos.

En cuanto al efecto en los discapacitados, Juncal defendió que hay muchas de ellas que sí pueden utilizar este tipo de gasolineras gracias a las innovaciones en los aparatos de expedición y en los dispositivos que utilizan y Martínez apuntó que los problemas de acceso se pueden subsanar con mejoras en los diseños arquitectónicos. Asimismo, el portavoz del PP señaló que en Suecia, país que se puede considerar referente en la atención a personas con discapacidad, actualmente hay un 60% de sus gasolineras sin trabajadores.

Castilla y León las prohíbe

La nueva normativa de Castilla y León modifica la Ley por la que se aprobó el Estatuto del Consumidor y se ha impulsado a instancias del grupo parlamentario popular con el objetivo, como expuso el procurador Salvador Cruz, de establecer garantías, «mejorar» la protección de los usuarios y la accesibilidad, además de actuar de forma «responsable» con el empleo. Cruz ha explicado que las estaciones de servicio deberán tener al menos a un responsable de las instalaciones debidamente formado durante todo el horario en el que permanezcan abiertas, así, ha recordado que la norma establece una moratoria de tres meses para que todos los centros se adapten a la misma.

La exención de las cooperativas agrarias es algo que, a juicio del procurador de UPL, Luis Mariano Santos, no queda claro en esta Ley por lo que «dañará», a su juicio, al mundo rural, motivo por el que finalmente se abstuvo en la votación. Por su parte, el procurador de Ciudadanos, David Castaño, ha incidido en que su grupo no puede apoyar una Ley que, según su lectura, es «contraria a derecho», ya que la normativa estatal básica establece tres tipo de instalaciones de hidrocarburos que son «las atendidas, autoservicio y desatendidas«. Así, ha considerado que con esta normativa las nuevas gasolineras denominadas low cost pierden «su razón de ser».

Sector en Castilla y León

En concreto, se estima que en torno a 60 estaciones de servicio de 1.305 no están atendidas por ningún personal, por lo que esta obligación incluye como beneficio «mayores garantías de seguridad y de protección del medio ambiente», como ha destacado la procuradora popular Irene Cortes, desde el convencimiento de que la presencia de al menos un empleado ayuda a garantizar el correcto suministro de unos «productos peligrosos y contaminantes».

Lorca apuesta por las auditorías energéticas y por una iluminación más sostenible

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EFE.- El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) y el Ayuntamiento de Lorca han suscrito un acuerdo que llevará al primero a realizar auditorías energéticas en las obras del segundo y cambiará 2.000 farolas por otras más eficientes, para lo que será precisa una inversión autonómica de 1,5 millones de euros.

El consejero de Desarrollo Económico de Murcia, Juan Hernández, y el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, rubricaron el convenio por el que el Info elaborará una auditoría de varias zonas del municipio para optimizar los recursos públicos y hacerlos más eficientes, «lo que redundará en un ahorro económico que beneficiará de forma directa a los ciudadanos», según Hernández. Se identificarán aquellas medidas más eficientes que se ajusten a los proyectos de renovación de las infraestructuras. Están previstas mejoras en los sistemas de refrigeración, cerramientos y aislamientos e instalaciones del complejo deportivo Felipe VI, el colegio San Fernando y la casa consistorial, entre otros, que requerirían una inversión de 252.000 euros.

Las mejoras en el alumbrado y en las instalaciones municipales supondrán un ahorro anual de 200.000 euros para las arcas municipales y evitarán la emisión de más de 300 toneladas de CO2 a la atmósfera cada año, lo que equivale a tener en Lorca un bosque con una superficie de 15 campos de fútbol. Estas acciones se enmarcan en el proyecto europeo Elena-Fuensanta que financia el Gobierno regional con fondos del Banco Europeo de Inversiones.

Un 77% de la electricidad que se genera en Extremadura excede a la que se demanda

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EFE.- El consejero de Economía de Extremadura, José Luis Navarro, detalló que el 77% de la producción eléctrica extremeña «se vaya fuera» de la comunidad autónoma, por lo que abogó por que «se tenga en cuenta» la energía exportada al negociar la financiación autonómica. Además, Extremadura cubrió el pasado año el 65% de sus necesidades de energía eléctrica con su producción termosolar y fotovoltaica, con lo que es «un caso único en el mundo», según destacó Navarro en la presentación del Balance Eléctrico 2015 extremeño.

Según este balance, la demanda eléctrica de Extremadura el pasado año fue de 4.809 gigavatios/horas, un 3,69% más que en 2014, frente al 1,9% de la media nacional, con lo que fue la comunidad autónoma con el tercer mayor crecimiento y su consumo per cápita anual fue de 4.400 kilovatios/hora. En cuanto a la producción de energía eléctrica, fue de 21.101 gigavatios/hora, un 1,96% menos que la de 2014, debido fundamentalmente a las escasas lluvias de 2015, que provocó una caída del 48% en la energía hidroeléctrica. José Luis Navarro ha destacado que de la producción eléctrica extremeña, el 76,17% fue de procedencia nuclear, en concreto de Almaraz, el 23,76% procedió de las renovables y el 0,07% del gas natural.

En el caso de las energías renovables, Extremadura produce un 104% más de renovables que la demanda eléctrica que consume, un porcentaje que en 2014 se situó en el 136% y que ha achacado a la circunstancia ya mencionada de menos lluvias en 2015. José Luis Navarro además ha resaltado que de los cuatro tipos de energía renovable (termosolar, fotovoltaica, biomasa e hidroeléctrica), el «gran potencial de futuro» de Extremadura está centrado en la termosolar y la fotovoltaica, en la que solo es superada en valores absolutos por Castilla-La Mancha y Andalucía, dos comunidades con mayor territorio que el extremeño.

Sin embargo, ha precisado que porcentualmente mientras que el peso de las dos energías «procedentes del sol» suponen el 9,5% de la demanda la Andalucía y del 23% para Castilla-La Mancha, en Extremadura es del 65%, lo que convierte a la región «en un referente internacional». El consejero extremeño ha señalado que estos datos son resultado del esfuerzo y de las decisiones políticas que se adoptaron en esta materia en España y Extremadura entre 2007 y 2011 y que fueron paralizadas con la llegada del actual Gobierno de Mariano Rajoy.

«De aquella situación se ha pasado a la nada» en cuanto a nuevos proyectos, ha criticado José Luis Navarro, que ha añadido que la «política energética equivocada» contra las renovables llevada a cabo desde entonces «está enfrentada» con la de países como Alemania, Gran Bretaña, Italia o Francia. Pese a todo, Navarro se ha mostrado convencido de que el futuro «es esperanzador» para Extremadura, ya que todos los partidos políticos del arco parlamentario, a excepción del PP, están de acuerdo en apostar por un modelo energético que prime las renovables.

Endesa necesita un «Gobierno en firme» para decidir sobre la térmica de Andorra (Teruel) ante los temores de la minería

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EFE.- Representantes de la mesa por el futuro de la Comarca Andorra Sierra de Arcos protagonizaron un encierro de 48 horas en el Ayuntamiento de Estercuel (Teruel) para denunciar que si la central térmica de Andorra (Teruel) cierra, el sector minero de la provincia desaparecerá. Precisamente la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, señaló tras reunirse con los dirigentes de Endesa, que la empresa necesita «un gobierno central en firme» que negocie ayudas de Bruselas para mantener Andorra.

No hay avances sin Gobierno

Gastón señaló que la empresa «está por la labor de continuar con la vida de la central». Prueba de ello, ha añadido, es que la compañía había negociado con el Gobierno central la posibilidad de recibir ayudas europeas para adaptar esta planta a las exigencias medioambientales. Según les han trasladado, la ausencia de un Gobierno estable y por tanto «un interlocutor» les obliga a aplazar su decisión, pero «en el momento en el que exista un Gobierno central en firme el objetivo es común: mantener la vida de la central». Para ello, Gastón avanzó que el PSOE impulsará un «pacto nacional» en defensa de esta energía, algo que la empresa considera importante para que tenga en cuenta la Unión Europea.

La reunión coincidía con el fin del encierro de 48 horas en el Ayuntamiento de Estercuel, para reclamar que se cumpla el Plan Nacional del Carbón, firmado por el gobierno, las empresas y los sindicatos, y que se mantenga la central térmica de Andorra con carbón autóctono. El encierro ha sido protagonizado por los miembros de la Mesa por la Reindustrialización y el Futuro de la Comarca Andorra Sierra de Arcos, en la que están representados sindicatos mineros, empresas e instituciones. Es la primera de las acciones reivindicativas anunciadas por este colectivo que reclama apoyos para mantener el sector minero en la provincia de Teruel. Miembros de la plataforma tienen también previsto reunirse próximamente con los máximos responsables de Endesa.

Minería depende de la térmica

«Si cae la central térmica cae definitivamente la minería» expuso el alcalde de Ariño (Teruel), Joaquín Noé, que es una de las cinco personas que se encerraron en el Ayuntamiento de Estercuel. Junto a él estaban, el alcalde de Estercuel, Joaquín Lahoz, y representantes de los sindicatos UGT, CCOO y de los trabajadores del sector que se han quedado sin empleo en los últimos tiempos. Noé ha resaltado además que la situación ahora es «todavía peor» que la vivida en 2010 cuando el sector se movilizó porque «entonces parecía que no corría peligro la térmica».

Actualmente el sector vive con incertidumbre la continuidad de la central, ya que Endesa, la propietaria de la central, no se ha pronunciado sobre si va a realizar las inversiones necesarias en materia medioambiental que exige la Unión Europea para que continúe su actividad. La actividad en la mina de Ariño ha tenido que paralizarse porque la central había dejado de comprar carbón y la mina de Estercuel cerrará en 2018 aunque «si la central tuviera intención de continuar podrían replantearse cierres», ha apuntado Noé.

El alcalde destacó que el carbón es el único combustible autóctono del que dispone España para generar electricidad «en cualquier momento, aquí, barato, a pie de central», y aseguró que hay empresas mineras que quieren continuar pero dependen de la decisión de Endesa. Sobre la búsqueda de otros negocios para el futuro de la zona, el edil aseveró que para ellos «la primera alternativa al carbón es el carbón», pero indicó que están trabajando «de forma paralela» para encontrar otras áreas de futuro como la agricultura, el turismo y especialmente la industria. En ese sentido, ha recalcado los esfuerzos en forma de reuniones para implicar a las distintas instituciones y colectivos, pero de momento son «buenas palabras pero nada más».

Unas 1.600 viviendas podrán beneficiarse del plan renove de ventanas de la Comunidad de Madrid para mejorar la eficiencia energética

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EFE / Servimedia.- El Gobierno regional de la Comunidad de Madrid calcula que al menos 1.600 viviendas o edificios podrán beneficiarse de la nueva edición del plan renove de ventanas, con un presupuesto de 800.000 euros, que pretende mejorar la eficiencia energética con un menor consumo gracias al cambio de este tipo de elementos. Las subvenciones pueden llegar a los 70 euros por metro cuadrado de acristalamiento y se abonarán por transferencia, según explicó el Gobierno regional madrileño.

El Ejecutivo madrileño señaló que las ventanas son una de los elementos de los edificios por los que se pierde mayor cantidad de energía, lo que puede suponer un incremento del consumo de entre el 25% y el 30% de media. Para acceder a estos incentivos, el cliente debe acudir a un instalador adherido al plan, que le hará un presupuesto y le informará sobre la posibilidad de poder acceder a las ayudas. Una vez concluidos los trabajos, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, con la que se suscribió un convenio, verificará que todo es correcto y será cuando el titular de la instalación reciba el importe en su cuenta bancaria.

Las ventanas a instalar deben cumplir con unas especificaciones técnicas de aislamiento determinadas y deben incorporar bandas expansivas en su instalación. Además, el incentivo no podrá superar el 25% del coste elegible, ni aplicarse a superficies inferiores a dos metros cuadrados de acristalamiento. Por otro lado, en esta edición también se subvencionará la mejora del aislamiento de cubiertas de las viviendas unifamiliares. Explicó que el objetivo es «emplear este material para mejorar el aislamiento térmico de las viviendas que se construyeron mayoritariamente entre 1960 y 1979, reduciendo así su transmitancia térmica, aumentando el confort y habitabilidad en el interior y reduciendo así la demanda de energía para climatización y, consecuentemente, el consumo energético y las emisiones de CO2 del edificio».

Las ayudas ascenderán a 200 euros por vivienda, salvo que se supere el 25% del coste elegible, en cuyo caso la cuantía del incentivo será del 25% del coste. En el caso de las viviendas unifamiliares, el incentivo de 200 euros se percibirá si se actúa sobre el cerramiento vertical o sobre la cubierta. Si la actuación se realiza sobre ambos elementos, la ayuda será de 400 euros por vivienda.