La Comisión Europea admite a trámite una denuncia de las gasolineras desatendidas contra España por las prohibiciones de las autonomías

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Europa Press.- La Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) contra España por su inacción ante la proliferación de normativas en las diferentes comunidades autónomas en contra de las gasolineras desatendidas. La asociación señala que, tras varios meses en los que la Comisión realizó una investigación preliminar de los hechos denunciados por la AESAE, la semana pasada tomó la decisión de admitir a trámite el expediente.

Como parte del proceso, asegura, el Ejecutivo comunitario ha procedido a enviar la preceptiva carta al Estado español en la que se recogen los hechos fundamentales que constituyen la base del argumento de la Comisión y se esboza la valoración jurídica de los mismos. El Gobierno tendrá de plazo hasta el 8 de julio para presentar sus alegaciones. LA AESAE había presentado su denuncia en julio al considerar que las normativas autonómicas en contra de las gasolineras automáticas constituyen «una clara restricción al libre mercado», en línea con la posición del organismo regulador, la CNMC.

Entre las legislaciones incluidas en la denuncia de la AESAE se encuentran las de Navarra, Castilla-La Mancha, Valencia, Baleares y Murcia, mientras que las que están en tramitación son las de Madrid, Asturias y Extremadura. Posteriormente, indica, esta denuncia fue ampliada el 16 de diciembre, con la Ley de Castilla y León y el proyecto legislativo en tramitación en Euskadi.

Un senador se niega a comparecer en el Parlamento de Cantabria sobre el fracking porque no es de competencia autonómica

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Europa Press.- El senador del PP por Cantabria, Javier Fernández, no comparecerá en el Parlamento regional para explicar la postura que como parlamentario de la Cámara Alta mantiene respecto al fracking porque, a su juicio, la Cámara regional «carece de toda competencia para ejercer el control de los miembros de otros poderes del Estado como las Cortes Generales» y, a su juicio, acudir sentaría un «precedente inconveniente».

Fernández, exconsejero cántabro de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que había sido citado por el Parlamento regional para comparecer el 17 de marzo, ha dado a conocer públicamente que no comparecerá en la Comisión de Medio Ambiente y Política Social del Parlamento de Cantabria tal y como se le había solicitado. La comparecencia de Fernández fue solicitada por el grupo socialista y fue aprobada con el apoyo de todos los grupos, a excepción del PP, que se abstuvo.

El senador popular ha explicado que ha consultado la pertinencia de comparecer en el Parlamento de Cantabria con los servicios jurídicos del Senado, con los del grupo popular y con el propio presidente de la Cámara Alta, Pío García-Escudero, también del PP, y le indicaron que sería «sumamente inconveniente asistir» a la comisión para explicar su postura. A su juicio, sentar este «precedente» podría abrir la puerta a «desfile» de parlamentarios nacionales por las distintas Cámaras regionales. Fernández ha explicado que ha tomado su decisión de no comparecer «en contra de su interés personal» pero cree que está «obligado» a ello por una «cuestión de principios» y de respetar el papel que tienen las instituciones.

Dar explicaciones ante los cántabros

El que fuera consejero de Medio Ambiente durante la etapa de Ignacio Diego (PP) como presidente del Gobierno de Cantabria ha opinado que, como senador, tiene que dar explicaciones sobre su postura en cuestiones como el fracking ante la sociedad cántabra y el electorado de la comunidad autónoma, pero no ante un parlamento autonómico. Y es que ha defendido que los senadores «no se encuentran sujetos o ligados a mandato imperativo» y no deber rendir cuentas de su actuación en el Senado ante el Parlamento ni ante ningún parlamento regional puesto que, a su juicio, esto «supondría limitar su independencia».

«Considero que el Parlamento de Cantabria no puede realizar peticiones de esta naturaleza a miembros de otros poderes del Estado, como son miembros del Poder Judicial o miembros del Poder Legislativo, como tampoco podría hacerlo a miembros de otras Administraciones Públicas, como, por ejemplo, los ministros, cuyo control corresponde a las Cortes Generales», argumentó Fernández. Eso sí, el exconsejero expuso su postura respecto al fracking e insistió en su oposición a esta técnica de extracción de gas no convencional en Cantabria. Fernández ha defendido la «autonomía» de cada comunidad para decidir sobre la práctica del fracking en su territorio y, por ello, considera que «no es correcto» que esta técnica se prohíba con carácter general.

Salvemos Doñana propone a la Junta andaluza que acuda al Tribunal de Luxemburgo contra la autorización al almacén de gas

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Europa Press.- Miembros de la Plataforma Salvemos Doñana se reunieron con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, para solicitar a la administración andaluza la garantía de que el Gobierno andaluz está actuando y valorando sus opciones para parar el proyecto Marismas Occidental del almacén de gas natural en Doñana, que ya está en marcha, y el compromiso de mantener «hasta las últimas consecuencias» esta oposición oficial a convertir Doñana en almacén industrial.

En particular, Salvemos Doñana ha requerido a Fiscal que la Junta de Andalucía «pase a la acción» para paralizar el proyecto industrial y, concretamente, solicitan que se acuda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, radicado en Luxemburgo. Los asistentes consideran que ha sido un encuentro necesario para intercambiar información y planificar las actuaciones a llevar a cabo para continuar trabajando para la paralización del proyecto mediante acciones políticas, movimiento social y actuación jurídica.

Durante la reunión, los miembros del colectivo solicitaron el informe remitido en febrero a la Comisión Europea, pero fueron informados de que dicho documento se encuentra aún en tramitación por el Ministerio competente y no ha sido remitido a Bruselas. Asimismo, trasladaron a Fiscal la necesidad e importancia de sustituir los proyectos industriales de gas natural en la zona protegida y su entorno inmediato por «proyectos integrados y respetuosos con su incalculable valor», la creación de empleo verde y el uso de energías limpias. Por su parte, el consejero reiteró a los asistentes su «oposición tajante, tanto personal como del Gobierno andaluz, al proyecto dentro y fuera del espacio protegido».

Fiscal expresó a Salvemos Doñana su intención de mantener el trabajo tanto en el ámbito político como en el seguimiento «exhaustivo» de las obras para el cumplimiento de todos los condicionados de la Autorización Ambiental Unificada y las leyes aplicables y en el estudio por parte del gabinete jurídico de la Junta de las posibilidades legales para saber si hay alguna forma jurídica de paralizar el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana. En este sentido, los miembros de la plataforma hicieron hincapié a Fiscal de que, en última instancia, es necesario recurrir al Tribunal de Luxemburgo contra la autorización del Gobierno central dada al proyecto industrial de almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana.

La Junta de Castilla-La Mancha insta al Gobierno a «prohibir de manera taxativa» el fracking en todo el territorio nacional

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Europa Press.- El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha instado al Gobierno de España, que es quien tiene las competencias específicas en materia de energía, a realizar «una prohibición taxativa» de la práctica del fracking en toda España «al menos hasta que no haya garantías de que no hay ningún problema para la salud pública y para el medio ambiente».

Así lo ha solicitado el consejero durante su visita a Molina de Aragón, en Guadalajara, una de las zonas afectadas por los proyectos de fracking que pretendían implantarse en la región y «a los que no se puso freno durante la anterior legislatura», según ha recordado el Gobierno regional. Martínez Arroyo ha señalado también que Castilla-La Mancha será territorio libre de fracking a partir del día 9 de marzo, una vez que la Mesa de las Cortes dé luz verde a la ley elaborada por el Gobierno regional para hacer inviable en la práctica la fractura hidráulica en la región.

El consejero indicó que, para sacar adelante esta iniciativa, el Gobierno regional contó con el apoyo de Podemos y deseó que «el PP se sume también a la prohibición del fracking en Castilla-La Mancha» para conseguir alejar de manera definitiva estos proyectos. El consejero reconoció «el esfuerzo y el trabajo» de las Plataformas que se crearon en su momento para luchar contra el fracking en Castilla-La Mancha y que contribuyeron «a que esta iniciativa haya llegado a buen fin», afirmó.

Además, el responsable regional de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene competencias específicas para prohibir el fracking de manera directa, por lo que se ha elaborado una ley que «en la práctica» imposibilita el desarrollo de proyectos de fractura hidráulica. En Castilla-La Mancha pretendían instalarse 5 proyectos de fractura hidráulica, que afectarían a las provincias de Guadalajara, Albacete y Ciudad Real. Con la medida actual serán inviables en la práctica.

El Tribunal Supremo admite un recurso de la patronal fotovoltaica UNEF por el alza de cargos al autoconsumo en Baleares

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Europa Press.- Al tiempo que varios expertos del sector fotovoltaico destacaron que el autoconsumo representa «una alternativa viable que aporta beneficios económicos y medioambientales para todos los ciudadanos, no solo a los que apuestan por él», la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de la Unión Fotovoltaica Española (UNEF) contra la orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en la que se revisan los peajes eléctricos para 2017.

Fuentes de UNEF indicaron que la presentación del recurso responde a dos motivos. El primero de ellos consiste en que la norma prevé un incremento de los cargos a la energía autoconsumida en Baleares. El segundo motivo se refiere al cálculo de los cargos generales al autoconsumo. La asociación considera que no existe una metodología clara para este cálculo, lo que se traduce en una falta de transparencia. Esta falta de metodología, indican desde UNEF, también llama la atención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha dejado constancia de ella en sus informes recientes.

La orden establece que el cargo transitorio por la energía autoconsumida, conocido popularmente como impuesto al sol, se comenzará a cobrar en 2017 en Ibiza y Formentera, hasta ahora exentas de su pago. Además, en Mallorca y Menorca, donde hasta la fecha se disfrutaba de una rebaja de este componente, no solo se produce una subida, sino que la misma es tal que supera las referencias establecidas para la Península.

Estos incrementos se producen pese a la rebaja del 9% en la parte fija para todo el territorio nacional para los autoconsumidores domésticos, que son los que tienen una potencia inferior a 10 kilovatios (kW). Estos autoconsumidores no pagan de forma transitoria en ninguna parte de España el conocido como impuesto al sol, que se aplica sobre el término de energía a contratos con potencias contratadas superiores a 10 kW.

Beneficio al medioambiente y sociedad

En una jornada organizada por UNEF en la feria Genera, el director general de la patronal, José Donoso, señaló la oportunidad que representa la integración del autoconsumo en los edificios. Donoso subrayó que con el autoconsumo «ganan todos», tanto los autoconsumidores como la sociedad, porque se genera energía limpia, esencial para combatir contra el cambio climático, y barata, «que contribuye a reducir el precio de la energía para los consumidores».

Asimismo, también se debatió sobre la integración de la tecnología fotovoltaica en la edificación. Los expertos aseguraron que éste es el momento de apostar por la integración de la fotovoltaica en los edificios, que consumen el 40% del total de la energía a nivel europeo, según indicó UNEF. Además, valoraron la importancia de avanzar en la integración de la fotovoltaica en la edificación para cumplir con las líneas definidas en el paquete de invierno de la Comisión Europea, que pretenden, entre otros objetivos, descarbonizar el stock de edificios a 2050.

Los permisos para explorar hidrocarburos mediante fracking en Castilla y León, País Vasco, Navarra y Cantabria se extinguen sin prórroga

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Europa Press.- Los permisos para explorar hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking) se han extinguido sin prórroga al denegar el Ministerio de Energía, la solicitud de suspender los permisos Angosto-1, Enara, Usoa, Mirua y Usapal. Así consta en una orden ministerial que publica el BOE, respecto a los permisos de investigación otorgados en noviembre de 2006 a Enara y en enero de 2008 al resto.

El Gobierno fue concediendo prórrogas a estos permisos para explorar hidrocarburos, hasta 2013, luego hasta 2014 y, finalmente, hasta el 19 de junio de 2016 para Angosto 1 y hasta el 18 de febrero de 2017 para Enara, Usoa, Mirua y Usapal. El operador solicitó en 2015 que se interrumpiese el cómputo del plazo de vigencia de los permisos de investigación de hidrocarburos a consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 6/2015 de medidas adicionales de protección medioambiental mediante fracking dictada por la comunidad autónoma del País Vasco.

Por ello, la Secretaría de Estado de Energía concluye que el análisis del programa de trabajos e inversiones del conjunto de permisos de investigación «no permite deducir» que concurran las circunstancias para permitir tal suspensión de plazos, a pesar de que no niega que la aprobación de la normativa autonómica vasca suponía una carga adicional en la tramitación de los sondeos de investigación. Si bien, no aprecia un obstáculo impeditivo para seguir con los trámites.

UGT defiende la actividad de Garoña si se garantiza la seguridad nuclear mientras la Diputación de Álava exige el cierre

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Europa Press.- El diputado general de Álava, Ramiro González, aseveró que Garoña debe cerrarse «independientemente» de las negociaciones que puedan existir entre el Gobierno central y el PNV sobre los Presupuestos, mientras el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendió la actividad de la central nuclear siempre que se garantice la plena seguridad del reactor por su relevancia en términos de abastecimiento de energía a un precio razonable y para mantener la actividad económica y los puestos de trabajo en la zona.

Preguntado por las negociaciones entre Gobierno y PNV, que pasarían por no reactivar la central nuclear a cambio del apoyo de los nacionalistas a los Presupuestos, Álvarez asegura que los cambios de cromos le parecen «un desastre» en política. En este sentido, el secretario general de UGT reclama que las decisiones que se adopten sobre el futuro de Garoña se realicen «por convicción» y no por otras cuestiones «particulares». Pepe Álvarez ha insistido en su convencimiento de que el futuro de la central de Garoña, con más de 40 años de funcionamiento, se debe analizar de forma prioritaria desde una perspectiva de seguridad para, de garantizare esta, poder garantizar un abastecimiento energético a precios razonables.

El líder nacional de UGT no ha dudado tampoco en defender la necesidad de la energía nuclear en el mix energético del país desde el convencimiento de que España no está en condiciones de prescindir «de ninguna fuente de energía», con una reivindicación expresa también a la importancia del carbón autóctono. En este sentido, Álvarez aseguró  pensar expresamente en El Bierzo para advertir del «gran error estratégico del Estado» si se hace desaparecer finalmente la extracción de carbón en España.

Garoña, independiente de los Presupuestos

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, descarta que este asunto pueda ser «moneda de cambio» para un eventual respaldo jeltzale a los Presupuestos. El diputado general, miembro del PNV, advierte de que la planta, sobre cuya reapertura después de varios años de inactividad debe pronunciarse el Gobierno central, debe cerrarse de forma definitiva «independientemente de cualquier negociación». González ha asegurado que la posibilidad de que el PNV apoye los Presupuestos a cambio de la clausura de Garoña «no está sobre la mesa», ya que el cierre de esta central, la más antigua de España, debe llevarse a cabo «sí o sí».

«No hay nada que negociar», aseveró González, que insistió en que Garoña no puede ser «moneda de cambio», ya que para confirmar el cierre de la central «no es necesario un acuerdo político», pues la decisión corresponde al PP. El máximo mandatario de la institución foral recuerda que el presidente, Mariano Rajoy, y el ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguraron recientemente que escucharían las opiniones de «todo el mundo» en torno a este tema. No obstante, ha lamentado no haber tenido la oportunidad de plantear la postura de la Diputación de Álava «cuando queríamos explicársela».

El corredor de cetáceos del Mediterráneo será declarado como Zepim en diciembre y evitará de esta forma las prospecciones petrolíferas

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Europa Press.- El corredor de migración de cetáceos será declarado Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (Zepim) en la cumbre del Convenio de Barcelona de diciembre de 2017, según indicó la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a Alianza Mar Blava.

Según ha explicado Alianza Mar Blava, la Dirección General prevé que en unos 6 meses esté aprobada la Orden Ministerial que establecerá un régimen de protección preventiva en la zona frente a las prospecciones de hidrocarburos. Los responsables de la Dirección General estatal, que han valorado el importante número de declaraciones institucionales y de entidades científicas y de ONG recibidas a favor de la protección de este corredor, han explicado a los interlocutores de la Alianza el estado del proceso.

Por un lado, se está trabajando en la Orden Ministerial que establecerá un régimen de protección preventiva en todo el Corredor de Migración de Cetáceos frente a las prospecciones de hidrocarburos y otras actividades lesivas para los cetáceos, como las campañas de adquisición sísmica (sondeos acústicos), grandes productoras de ruido submarino. Según el Ministerio, en marzo o abril, se abrirá un plazo de audiencia pública sobre la Orden, la cual se prevé estaría ya en vigor dentro de 6 meses.

Por otro lado, los trámites con respecto al Convenio de Barcelona «van a buen ritmo«, de tal modo que en mayo se presentará en la reunión del Centro de Acción Regional de Áreas Marinas Protegidas (SPA/RAC) del Convenio, y en la Conferencia de las Partes (COP) que se celebrará en Tirana (Albania) en diciembre de este año, momento en el que se efectuará la declaración oficial de esta Zepim. La Alianza ha animado a los responsables del Ministerio «a seguir con el buen trabajo» para «aumentar la protección de la fauna marina del Mediterráneo y evitar la amenaza que suponen las prospecciones de hidrocarburos al medio ambiente y a la economía de las comunidades ribereñas».

Unidos Podemos tilda de «chantaje inaceptable» incluir el cierre de Garoña en la negociación con el PNV sobre los Presupuestos

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Europa Press.- Mientras la Junta de Castilla y León espera que el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) «no sea el precio» por aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, en cuyo caso advierte de que pediría una «compensación» para la comunidad autónoma, el coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, considera un «chantaje inaceptable» que el Gobierno pueda incluir el cierre de Garoña en las negociaciones con el PNV sobre los Presupuestos.

Así lo ha subrayado el también portavoz de Unidos Podemos en la ponencia parlamentaria encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al ser preguntado en el Congreso sobre las informaciones que apuntan a que el Ejecutivo pueda ofrecer a los nacionalistas vascos cerrar la central burgalesa como gesto de acercamiento a cambio de su apoyo a las cuentas públicas. No obstante, desde el PNV han explicado que no han recibido ninguna oferta en este sentido y que continúan a la espera de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les envíe documentación relativa a los Presupuestos.

López de Uralde ha insistido en que el Gobierno debe clausurar definitivamente esta planta nuclear «porque no cumple las condiciones» fijadas por el CSN para mantenerla abierta, ya ha cumplido su vida útil y es «altamente peligroso» que siga en funcionamiento. Por todo ello, el coportavoz de Equo ha subrayado que debe cerrarse «a cambio de nada» y rechazó que el futuro de la central se use como moneda de cambio en las negociaciones presupuestarias.

Compensaciones de Castilla y León

Según la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, la Junta «no ha podido contrastar» la posible oferta del Gobierno a los nacionalistas vasco. En cualquier caso, reconoció que, de ser cierto, «no sería una buena noticia para Castilla y León», dada la «importancia» de que continúe la central por su repercusión en el empleo rural. «Confiamos en que el cierre de Garoña no sea el precio por aprobar unos Presupuestos, de ser así tendríamos que pedir una compensación para la comunidad», ha sentenciado.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha sugerido que aprobar unos Presupuestos es «más complejo que si se abre o se cierra una central», tras lo que ha insistido en que el Gobierno autonómico mantiene su posición sobre que «si Garoña es segura, debe seguir abierta», tanto por «ser necesaria» para la generación de energía eléctrica en el país, como por su repercusión en el empleo, aunque con la seguridad «por encima de todo».

Portugal retirará su denuncia ante Bruselas sobre el ATI nuclear de Almaraz para que España permita intervenir a expertos lusos

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Europa Press.- Los Gobiernos de España y Portugal cerraron un acuerdo «amistoso» para resolver la disputa por la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), según el cual Lisboa se compromete a retirar la denuncia que interpuso ante Bruselas mientras Madrid accede a trasladar toda la información «relevante» del proyecto en materia de medio ambiente y seguridad nuclear. El Ministerio de Energía expresó su «satisfacción» con el acuerdo «de buenos vecinos» con Portugal.

La solución fue anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Portugal, Antònio Costa, en una declaración conjunta firmada también por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien ha ejercido de mediador entre las partes. El compromiso pactado establece «un proceso de consulta y diálogo constructivos» entre Madrid y Lisboa, con el objetivo de resolver la controversia creada.

El acuerdo incluye la visita de expertos portugueses y de la Comisión a la central cacereña «en los próximos días», según detalla la Comisión, «tan pronto como sea posible«. Irán representantes de las direcciones de Medio Ambiente y de Energía del Ejecutivo comunitario, así como miembros del Gabinete de Juncker. El objetivo es conocer la tecnología y las características de seguridad previstas en la central.

Se abre un periodo de dos meses de consulta y estudio durante el que, según la declaración firmada por Rajoy y Costa, España «no emitirá ni ejecutará la autorización» para comenzar las operaciones del almacén. Ese tiempo se empleará, por contra, para «examinar y tomar en consideración» las reservas lusas al proyecto y para contemplar medidas para abordar estas dudas.

Aunque los términos del acuerdo no obligan a España a detener los trabajos ni a emprender una evaluación de impacto medioambiental, las autoridades españolas sí deberán «abstenerse» de toda medida que pueda ser «irreversible», según indicó el portavoz comunitario en materia medioambiental, Enrico Brivio. Ello supone que las obras «pueden continuar, pero antes debe producirse una consulta» con las autoridades lusas, ha insistido Brivio, para quien es «prematuro» decir si será necesaria una evaluación de impacto, tal y como reclamaba Portugal, o quien debería asumir los costes de ese estudio.

Bruselas explicó que el diálogo reforzado pretende servir de plataforma para la «consulta y evaluación conjunta» de la situación y para entender si la evaluación de impacto medioambiental «es necesaria» o bien la información ofrecida por el Gobierno español será «suficiente». «Es el inicio de un proceso basado en la confianza mutua entre las dos partes», apuntó el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

En su declaración conjunta, Rajoy y Costa han explicado que en un contexto de «inmensos desafíos» para la Unión Europea, las controversias entre Estados miembros que son «aliados tradicionales» deben resolverse «rápidamente», en un espíritu de cooperación y consenso. Se trata de un pacto que «prueba la cooperación pragmática» de los dos países y la voluntad de la Unión Europea de «resolver problemas». En este contexto, y tras las garantías de las autoridades españolas, el Gobierno portugués retirará la denuncia presentada el pasado mes de enero ante la Comisión Europea en contra de España por incumplimiento de la legislación comunitaria.

La mediación de Juncker se inició el pasado 3 de febrero en Malta, según Bruselas, en el marco de la cumbre europea que se celebró en Valeta y que propició un encuentro con las partes en los márgenes de la reunión a Veintiocho. El diálogo entre las partes permitió, además, expresar el compromiso de «acelerar» los trabajos del grupo de alto nivel del Suroeste de Europa en materia de interconexiones de gas y electricidad, para conectar la Península Ibérica con el resto de mercados europeos.

Energía: acuerdo «de buenos vecinos»

Por su parte, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital expresó su «satisfacción» por el acuerdo entre los Gobiernos de España y Portugal sobre la disputa acerca del ATI nuclear de Almaraz, según indicaron fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal. El acuerdo responde al comportamiento «lógico entre buenos vecinos», que desean resolver cualquier diferencia «pronto y bien», y «así se ha hecho entre dos países que siempre han mantenido el diálogo sobre el asunto», explican las fuentes. La consecución del acuerdo se produce poco después de los encuentros celebrados entre las máximas autoridades portuguesas en competencia medioambiental y Nadal y la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.