El Defensor del Pueblo pide información sobre el posible riesgo sísmico del proyecto de almacén de gas natural en Doñana

Europa Press.- El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, exige información sobre el proyecto de explotación y almacenamiento subterráneo de gas natural por si puede suponer una amenaza medioambiental para el Espacio Natural de Doñana. Es la primera acción que se conoce después de asumir el cargo de forma interina tras el cese por fin de mandato de Soledad Becerril.

Según indicó la institución, ha recibido varios informes que advierten del riesgo sísmico de este proyecto y, por ello, ha pedido al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si dicho riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas. El proyecto de explotación y almacenamiento de gas se divide en cuatro subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta lo que, a juicio del Defensor, podría alterar el resultado de la evaluación.

Según los informes recibidos, las declaraciones de impacto ambiental no evalúan en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero. Por ello, considera necesario conocer el criterio del Instituto Geológico y Minero de España con carácter previo a la formulación de resoluciones sobre esta cuestión. La Institución añade que mantiene una estrecha colaboración con el Defensor del Pueblo Andaluz, que también sigue una actuación sobre diversos impactos en el Espacio Natural de Doñana.

Andalucía insiste en la «veracidad» del informe del CSIC que advierte de la vulnerabilidad de Doñana ante el almacén gasista

Europa Press.- El Gobierno andaluz ha insistido en defender la «veracidad» del informe de geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que pone de relieve la situación de máxima vulnerabilidad de Doñana y su entorno como resultado de las obras del almacén de gas natural que construye la multinacional Gas Natural Fenosa. Además, ha reprochado al PP que está lanzando mensajes sobre su supuesta «falsedad» con el objetivo de defender los intereses de la citada empresa.

El portavoz Juan Carlos Blanco ha querido dejar claro que la Junta no tiene intención alguna de dar una autorización medioambiental a ningún pozo que se pueda situar dentro del Parque nacional, por mucho que el PP esté lanzando «mensajes sobre la supuesta falsedad» de unos informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Asimismo, ha señalado que si el PP quiere defender “los intereses de Gas Natural y tratar de defenderlos es su responsabilidad».

Ha recordado que un informe del CSIC habla de «riesgo sísmico» de los pozos, ya incorporado a un informe del Defensor del Pueblo Andaluz, que ha sido remitido al Gobierno andaluz. Blanco ha indicado que llama la atención que el PP cuestione la «veracidad de ese informe, que es oficial y que ha sido elaborado por geólogos del CSIC y que, sin embargo, parezca muchos menos interesado en hablar del contenido del mismo y de esa posibilidad de riesgos sísmicos».

Antoñanzas (Viesgo) pide que la política energética apoye la «electrificación de la economía»

Europa Press.– El presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, ha considerado «fundamental» que la política energética apoye «de una forma clara y estable» la «electrificación de la economía«. Así lo ha defendido durante un encuentro organizado en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), bajo el título Revolución en el sistema energético: energías renovables, consumidores activos y mercado.

Según Antoñanzas, es «imprescindible» que el marco regulatorio apoye la transformación del sector ya que “la disrupción tecnológica, la descentralización y la innovación están cambiando los paradigmas tradicionales, derribando barreras y descubriendo sinergias entre las distintas partes de la cadena de valor».Por ello, según indicó el presidente de Viesgo, la compañía ha apostado por liderar la digitalización del sector, con proyectos de innovación tecnológica dirigidos a ser transparentes, a facilitar la vida de sus clientes y a optimizar la operación de la red de distribución aumentando la capacidad de integración de las energías renovables.

“Imperativo legal” apostar por renovables

Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reivindicado las energías renovables pues, según ha dicho, «son el futuro», y ha llamado a apostar por ellas no sólo porque hoy en día es un «imperativo legal», sino también «por pura lógica» ante la realidad, cada vez más notoria del cambio climático.Revilla ha opinado que el calentamiento del planeta es «innegable» y ha puesto como prueba de ello las alteraciones climáticas que se están dando en España y en Cantabria, donde entre abril, mayo y junio apenas se han producido precipitaciones y se ha registrado una media de temperatura más elevada de lo que hace unos años era habitual para la época.

Por eso, ha insistido en la necesidad de apostar por las energías limpias para reducir la contaminación y combatir el cambio climático, un sector éste en el que España «debería aplaudirse» por contar con todos los elementos necesarios para ser una potencia mundial: sol, viento y agua.Asimismo, se refirió al proyecto de ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo por parte de Viesgo, que permitirá aumentar su capacidad en 1.000 megavatios mediante el salto de agua entre diferentes alturas.

Revilla también ha aprovechado para felicitar por la organización de este tipo de foros de debate como el que patrocina Viesgo en la UIMP, cuyas conclusiones tienen que, a su juicio, servir a las Administraciones a la hora de enfocar las políticas públicas.En este punto, ha abogado por que los países pongan en marcha medidas que ayuden a frenar la contaminación del planeta, a lo que no ayuda la decisión de Estados Unidos de salirse del Acuerdo de París.

La Región de Murcia traslada a Cañete su compromiso en la lucha con eficiencia energética contra el cambio climático

Europa Press.- El presidente de la comunidad, Fernando López Miras, se reunió con el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, a quien trasladó «el compromiso del Gobierno regional con los objetivos de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático».

«La comunidad y los 45 ayuntamientos de la Región están implicados para reducir un 20% las emisiones de CO2 antes del 2020″, recordó López Miras, quien añadió que la Administración trabajan también en la consecución de otros retos como la reducción de al menos un 20% en los consumos energéticos y el incremento en la utilización de las energías renovables.

López Miras expuso que, debido a su situación geográfica y sus características socioeconómicas, «la Región de Murcia se encuentra entre las regiones con especial vulnerabilidad a los efectos del cambio climático», y por ello solicitó al comisario que la Unión Europea oriente ayudas e inversiones a las regiones en función de su vulnerabilidad y que este criterio sea tenido en cuenta en la distribución de fondos europeos en la política regional después de 2020. «El Gobierno regional es consciente del impacto que el cambio climático puede tener en términos medioambientales, económicos y sociales en la Región, por eso estamos trabajando en diferentes actuaciones para reducir sus efectos», apuntó López Miras.

Entre las líneas de trabajo destacó el Plan estratégico de adaptación al cambio climático de la Región de Murcia. Este Plan busca la implicación de todos los sectores económicos y sociales favoreciendo acciones específicas con el sector empresarial, con los ciudadanos y con las administraciones locales a través del Pacto de los Alcaldes sobre el clima y la energía para promover medidas de eficiencia energética y al que se han adherido los 45 municipios de Murcia. También se refirió al Plan Energético de la Región de Murcia 2016-2020, cuyo objetivo es fomentar el ahorro y la eficiencia, impulsar el uso de fuentes de energía sostenibles y garantizar el abastecimiento energético.

La Región de Murcia se beneficia actualmente de 6 proyectos de la Unión Europea relacionados con el cambio climático y que, en total, suponen una inversión de fondos europeos de 4,3 millones. Entre ellos están las iniciativas Life Adaptate, que desarrolla una metodología para elaborar los planes de acción para el clima y la energía sostenible; Life Forest CO2, para cuantificar sumideros de carbono forestal. También está en marcha el proyecto Elena-Fuensanta, que persigue implantar sistemas públicos de consumo más eficientes; y Citinvest para introducir nuevos modelos de financiación para implantar sistemas de eficiencia energética; y Rehabilite orientado a mejorar las políticas de eficiencia energética en edificios públicos y viviendas.

Además, la Región incluyó los retos de la energía y el cambio climático en los diálogos ciudadanos que organiza sobre el futuro de Europa con el fin de fomentar la participación de todos los ciudadanos. De hecho, dentro del programa de actos de la Semana Europea de la Energía Sostenible, Murcia acogió un debate ciudadano sobre Clima y Energía, enmarcado en la iniciativa del Comité de las Regiones Reflexionar sobre Europa. Las conclusiones de los debates, en los que participaron ayuntamientos, asociaciones empresariales, ecologistas y colegios profesionales, serán trasladadas a Bruselas como aportación ciudadana regional.

La central nuclear de José Cabrera (Guadalajara) hace su simulacro anual con un incendio de residuos radioactivos en su ATI

Europa Press / EFE.- La central nuclear de José Cabrera, situada en el término municipal de Almonacid de Zorita (Guadalajara) y la primera que se construyó en España, ha realizado el preceptivo simulacro anual por el que practicaron la respuesta ante un incendio ocurrido en las proximidades del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos radiactivos dentro de la central.

Este simulacro de emergencia, establecido en su Plan de Emergencia Interior con la participación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), comenzó a raíz de la notificación del simulado incendio con una prealerta de emergencia, según explicó el CSN. La actuación del CSN se desarrolló tanto desde la Sala de Emergencias (SALEM) como desde la central, realizando el seguimiento del estado de planta y de las actuaciones del titular para la recuperación de las condiciones de seguridad. Además, se simuló la pérdida de suministro eléctrico exterior y el fallo del generador diesel de emergencia, en cuyas tareas de mantenimiento ha resultado herido un trabajador, evacuado en helicóptero al hospital de Guadalajara.

Ante el supuesto incendio que podría haber llegado a afectar a los contenedores de residuos radiactivos del ATI, se ha declarado la alerta de emergencia y el CSN ha recomendado al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) del Plan de Emergencia Nuclear de Guadalajara (PENGUA) el control de accesos en el entorno de la central nuclear. Además, el CSN ha simulado la activación de su unidad de apoyo a la intervención radiológica, que se ha dirigido a los controles de accesos para coordinar la actuación de los técnicos de las Unidades Técnicas de Protección Radiológica (UTPR).

Por otro lado, las mediciones ambientales que se han llevado a cabo con equipos portátiles han descartado la liberación de radiactividad. El CSN ha mantenido activada la Sala de Emergencias (Salem) y su equipo de retén, tal y como establece el modo 1 de la Organización de Respuesta de Emergencia (ORE). Un suceso de esta naturaleza habría sido clasificado como nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

Comienzan las obras para que toda la red de los Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) sea eléctrica en 2018

EFE.- Arrancaron las obras para electrificar la línea ferroviaria entre la estación de enlace de Inca y Sa Pobla, que se suman a las que se llevan a cabo en el trayecto hasta Manacor, con lo que dentro de un año toda la red de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) será eléctrica.

Ambos proyectos tendrán un coste total de 40 millones de euros que cofinanciarán la Unión Europea y el Gobierno balear, cuya presidenta, Francina Armengol, ha subrayado el carácter estratégico de la electrificación del tren, que contribuirá a que «cada vez sean más los usuarios que utilizan el tren, y que lo hagan de la mejor manera: con más comodidad, más rapidez y más garantías para el medio ambiente». El Gobierno recuerda que tanto en el trayecto Palma-Sa Pobla como en el de Palma-Manacor la supresión de la estación de enlace que conlleva la electrificación supondrá 10 minutos menos de viaje.

El vicepresidente del Ejecutivo, Biel Barceló, presente junto a los consejeros de Hacienda, Catalina Cladera, y Movilidad, Marc Pons, ha puesto el acento en que los trenes eléctricos reducen en un 60% las emisiones de CO2 respecto a los actuales con motor de gasóleo. Pons indicó que las obras que suponen la instalación de 12 kilómetros de catenaria y fibra óptica y la construcción de dos subestaciones eléctricas, no afectarán al tráfico ferroviario porque se llevarán a cabo de noche.

Ciudadanos propone una moratoria a nuevas solicitudes de prospecciones en el Mediterráneo mientras el Gobierno balear pide cuentas a Madrid

Europa Press /EFE.- El Gobierno balear reclamó por escrito al Ministerio de Energía información sobre los datos en los que se amparó su veto en la mesa del Congreso al proyecto de ley para prohibir las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo propuesto desde el Parlamento balear. Mientras tanto, Ciudadanos presentó una proposición no de Ley para pedir que se aplique una moratoria a nuevas solicitudes de permisos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas bajo jurisdicción española en el Mediterráneo.

La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Medio Ambiente, insta al Gobierno a destinar dotación presupuestaria adecuada para alcanzar los objetivos ambientales detallados en la Estrategia Marina Demarcación Marina Levantino- Balear. Además, solicita que se acelere la declaración de la Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (Zepim) en el Corredor de Migración de Cetáceos localizado entre las costas de Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Para ello, piden que se reduzca el nivel de contaminación acústica en las áreas de presencia de especies de cetáceos vulnerables y prohibiendo realizar operaciones de prospección sísmica marina con cañones de aire comprimido de alta presión, o por cualquier otro medio, salvo cuando se acredite la utilización de tecnologías inocuas.

Veto a ley de prospecciones

Por otro lado, ante el escrito del Ministerio al Congreso de los Diputados expresando su oposición a la tramitación de la proposición de ley por cifrar su impacto fiscal sobre la recaudación fiscal en 4,7 millones de euros, el consejero de Medio Ambiente de las Islas Baleares, Vicenç Vidal, envió una carta al Ministerio solicitando la cuantificación que supone cada uno de los actuales proyectos de prospecciones de hidrocarburos. Vidal pretende aportar los datos a la Mesa del Congreso para que atienda el recurso presentado por los grupos parlamentarios de la oposición en contra de la decisión de no tramitar el proyecto legislativo y rectifique.

El Ministerio alegó en contra de tramitar la proposición de ley para la declaración de las aguas jurisdiccionales españolas como zona libre de prospecciones de hidrocarburos porque aprobar dicha iniciativa «atendiendo a los proyectos actualmente existentes» en el área, «podría representar un impacto presupuestario mínimo de 4,7 millones de euros«. Vidal expresa en su carta “el enorme interés del Gobierno balear ante la tramitación de todos estos expedientes” y solicita una relación de esos proyectos «actualmente existentes en el área», y una cuantificación de los conceptos de cada uno hasta llegar a la cifra de 4,7 millones de disminución de ingresos del Estado a los cuales hace referencia el Ministerio.

El Gobierno balear considera «absolutamente insuficientes» los argumentos del Gobierno para vetar la tramitación de la ley y recuerda que se han planteado recursos a la decisión de la mesa del Congreso. Vidal considera que las preguntas al Gobierno español que ha registrado Ciudadanos sobre esta cuestión también “expresan las dudas de esta formación acerca de la solvencia de los motivos del Ministerio para oponerse a la tramitación” de la proposición de ley. El consejero confía en que dicho grupo parlamentario aproveche el recurso contra el acuerdo de la Mesa para rectificar su posición o que, como mínimo, espere a las explicaciones del Gobierno antes de ratificar definitivamente su veto.

La central de Cofrentes advierte de que su almacén temporal individualizado (ATI) de residuos nucleares debería estar construido en 2019

EFE.- El almacén temporal individualizado (ATI) de residuos, cuya construcción reclama la central nuclear de Cofrentes, debería estar acabado en 2019, para poder realizar los protocolos de pruebas al año siguiente y estar operativo en 2021 cuando está previsto que se agoten sus piscinas de combustibles.

Así lo ha explicado el director de la central, Tomás Lozano, en una comparecencia en las Cortes de la Comunidad Valenciana, en la que ha defendido que el ATI tiene «absoluta garantía de seguridad incluso en escenarios improbables» como la desaparición de presas, lluvias milenarias o vientos de más de 140 kilómetros por hora. A petición de Compromís y PSOE, Lozano ha comparecido en la Comisión de Medio Ambiente, donde ha manifestado que el ATI «será necesario en cualquier escenario» y, aunque permite «continuar la operación de Cofrentes en 2021,» es «independiente» del proceso de autorización de explotación, que prevén solicitar en marzo de 2020.

Lozano expuso que la planta generó en 2016 el 35% de la demanda eléctrica de la Comunidad Valenciana, evita la emisión de 6,5 millones de toneladas de CO2 al año, su siniestrabilidad laboral es cero, invierte de media 46 millones al año, su seguridad se sitúa en la excelencia y ofrece 750 empleos directos y 800 indirectos. Asimismo, explicó que solicitaron el almacén temporal cuando la empresa pública ENRESA confirmó el retraso en el almacén temporal centralizado (ATC) programado en Villar de Cañas (Cuenca), ya que sus piscinas de combustibles se encuentran actualmente al 88% de su capacidad y prevén que se completen en 2021.

Respecto a la nueva instalación explicó que su refrigeración es por convección de aire natural, «el método más seguro», estará ubicada al oeste de las torres de refrigeración y, además de estar semisoterrada para evitar cualquier impacto ambiental, está diseñada con los más altos márgenes de sismicidad e inundabilidad. Especificó que estará construida 46 metros por encima del nivel del Júcar, lo que supone 30 metros más de lo que marca el Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana (Patricova) y 2 metros por encima de la cota para sucesos como roturas de presas, vientos o lluvias milenarias.

Respecto a la sismicidad, ha explicado que los márgenes de diseño son «5 veces superiores a lo que establece la normativa sismoresistente aplicable en la zona para edificaciones convencionales», y además ha incidido en que cumplirá todos los criterios nucleares de seguridad. «Es la solución más extendida y se impone como solución temporal al almacenamiento de combustible gastado», ha afirmado.

El director de la central nuclear de Cofrentes ha hecho hincapié en que la política energética en los países occidentales se dirige a «permitir la energía nuclear más allá de los 40 años porque es necesaria para la transición energética cumpliendo los requisitos medioambientales y de rentabilidad». En esa línea ha afirmado que de los 445 reactores del mundo, 115 tienen concedida la operación más allá de 40 años, de ellos 80 de Estados Unidos (de un centenar) y 30 de Europa, con la excepción de Alemania, que ha optado por el cierre progresivo y que, según ha indicado, tiene el segundo precio más caro de la energía en Europa.

Un estudio de Siemens asegura que impulsar el coche eléctrico será esencial para recortar las emisiones un 30% en 2030

Europa Press / Servimedia.- El transporte genera el 41% del total de los gases contaminantes que se producen en Madrid, según un estudio de Siemens basado en datos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid, y que tiene como objetivo dar unas recomendaciones para disminuir los gases contaminantes y mejorar la calidad del aire de la capital. Según el estudio, se puede obtener una reducción del 10% de las emisiones hasta 2030 con la simple mejora del rendimiento de automóviles y otras actuaciones en marcha.

Sin embargo, según estima Siemens, para conseguir el 20-30% sería necesario implantar medidas como incentivar los coches eléctricos, los híbridos enchufables, la eco-conducción, los aparcamientos disuasorios o un sistema de peajes, similar por ejemplo al vigente en Londres, que permitiría una reducción del 20% de emisiones. Otra opción posible que contempla el estudio consistiría en lograr la transición a vehículos de combustible alternativo de todos los autobuses públicos, un 70% de los taxis y un 20% de los coches privados.

Siemens, en colaboración con el Ayuntamiento, ha utilizado la City Performance Tool para la elaboración de este informe, una herramienta que evalúa datos generales de la ciudad, como la población y las dimensiones geográficas, y otros más específicos relacionados con los hábitos de transporte, los edificios y el sistema energético. Además, la presidenta de Siemens España, Rosa García, se ha reunido con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para presentarle este estudio sobre la contaminación de la capital, que tiene en cuenta los objetivos ambientales del equipo de Gobierno municipal para 2020 y 2030 con la intención de determinar cuáles son las tecnologías más eficaces.

Una de las principales conclusiones de este estudio es que el transporte genera en Madrid el 41% de las emisiones de gases de efecto invernadero, muy por encima de los niveles de otras ciudades europeas, como Copenhague y Helsinki, con el 20% y 32%, respectivamente. De ese 41%, 7 toneladas métricas de emisiones de CO2 equivalente, los automóviles privados causan el 80% de la contaminación, es decir, 6 toneladas métricas de CO2 equivalente. Los taxis y los autobuses representan menos de 800 kilotones. El 59% corresponde a las emisiones procedentes de los edificios e infraestructuras.

Del mismo modo, otro efecto negativo de la elevada tasa de uso de transporte privado en Madrid es la deficiente calidad del aire, ya que los coches en Madrid son responsables de más del 80% de los contaminantes PM10 y NOx. De hecho, el problema de la contaminación atmosférica en Madrid es tan acuciante que hay días en los que los contaminantes atmosféricos superaron los niveles permitidos por la Directiva Europea sobre la Calidad del Aire. Para Siemens, «esta huella no sorprende», ya que de los 23.000 millones de kilómetros que los madrileños recorren al año, el 62% se realizan en coche, el 30% en transporte público (trenes regionales, metro y autobuses) y el 5% en taxis, motos y bicicletas.

El Gobierno de Canarias confía en que se cubra el 75% del cupo de 450 MW de potencia eólica

EFE.- El consejero de Economía e Industria del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, confía en que se cubra aproximadamente el 75% del cupo de 450 megavatios (MW) de potencia eólica autorizada para Canarias. Ortega ha indicado que todavía no se sabe cuántos promotores certificarán que cumplen los requisitos establecidos para la construcción de parques eólicos, que deben estar en marcha antes del 31 de diciembre de 2018, límite establecido por el Ministerio.

Actualmente hay 49 parques eólicos, con una potencia de 436,3 MW, que cuentan con cupo específico para instalarse en Canarias, lo que podría permitir que la penetración de energías renovables en relación a la generación aumente del 9,9% al 21% del total de la demanda energética. De hecho, 27 ya tienen autorización administrativa para instalarse, lo que supone un 60% del cupo, 14 están en construcción, y 7 ya cuentan con la puesta en marcha. Además, la Consejería negocia con el Ministerio de Energía para concretar los datos técnicos de la nueva convocatoria de energía eólica y fotovoltaica para Canarias que el Estado se ha comprometido a sacar en 2017.

Por otro lado, el consejero ha participado en la constitución del Observatorio de Energía de Canarias, durante el que ha presentado el documento preliminar de la Estrategia Energética de Canarias 2015-2025 (EECan25), que pretende dar «un paso decisivo en el desarrollo de un modelo sostenible que garantice la máxima penetración de energías renovables y la seguridad del suministro energético en las islas». El Observatorio de Energía de Canarias es un órgano consultivo y asesor del Gobierno de Canarias en materia de estrategia energética, y está integrado por representantes del sector, además de otros agentes económicos y sociales de Canarias, incluidas las universidades canarias, organizaciones sindicales, cámaras de comercio, entre otros.

La EECan25, que incluye muchas medidas que ya están siendo implantadas por su departamento, tiene dos objetivos estratégicos fundamentales, como son incrementar al 45% la participación de las energías renovables para la generación eléctrica, frente al 8% registrado en 2015, y reducir en un 21% las toneladas de CO2 equivalente respecto a 2014, según indicó Ortega. Asimismo, se prevé mejorar la intensidad energética primaria en un 29%. Además, la EECan25 se marca como objetivo reducir el nivel de consumo de energía primaria en las islas.

La consecución de estos objetivos depende, en gran medida, de aspectos externos a la política energética de Canarias, como los marcos normativos europeo y español o la evolución económica mundial, pero la Consejería cree necesario contar con una guía para acometer la transición hacia un nuevo modelo energético. Esta estrategia se fundamenta en el desarrollo de una serie de principios básicos que consisten en crear las condiciones adecuadas para paliar la vulnerabilidad de los sistemas eléctricos insulares; implantar medidas de ahorro y eficiencia energética que ayuden a mejorar la competitividad empresarial y a desarrollar un turismo sostenible; y aprovechar las oportunidades de Canarias como laboratorio natural para la investigación, desarrollo y ensayo de tecnologías verdes.

La EECan25 concreta el desarrollo de las infraestructuras necesarias para garantizar un suministro energético bajo en carbono, diversificado, seguro y de calidad, lo que incluye nuevas instalaciones de generación eléctrica renovables y redes de transporte eléctrico; la puesta en marcha de sistemas de almacenamiento, como el de Chira-Soria; y la implantación del gas natural, además de renovar el parque de generación eléctrica convencional. En el ámbito de las renovables, la EECan25 se centra principalmente en la generación eléctrica a través de energía eólica, tanto terrestre como offshore, fotovoltaica y biogás.