Castilla y León gravará los residuos por el desmantelamiento de Garoña y exige un plan de reindustrialización

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Servimedia.- La Junta de Castilla y León modificará el impuesto de afectación medioambiental para gravar los residuos nucleares que quedarán tras el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. Así lo anunció hoy el vicepresidente y consejero de la Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien consideró una «grave error» la decisión del Gobierno de cerrar la planta.

De Santiago-Juárez se preguntó si el que adoptó esta decisión pensó en el millar de trabajadores que dependen de esta planta, y exigió al Ejecutivo central que «lidere» un plan de reindustrialización para la zona. Asimismo, trasladó a los que están de vacaciones y se alegrarán por esta noticia, que en vez de tomarse una cerveza en un chiringuito, visiten el norte de la provincia de Burgos.

En una rueda de prensa solo media hora después de la que ofreció en Madrid el ministro de Energía, De Santiago-Juárez aseguró que la decisión se comunicó ayer en una reunión en Valladolid entre Álvaro Nadal y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la que se mostró que el Ejecutivo autonómico «no comparte esta decisión política del Gobierno de España».

Así, incidió en que es «una mala noticia para los trabajadores, para Castilla y León y para España» y cuestionó si quien la ha tomado «ha pensado en los trabajadores». Durante años la Junta, continuó, siempre ha defendido el mantenimiento de la central, «siempre que fuera segura», pensando en los empleados. «Algún día alguien se dará cuenta del error», subrayó, para asegurar que la Junta siempre ha apostado por que la energía nuclear fuera una parte del mix energético en un país en el que «no sobra la energía».

Además, el vicepresidente informó de que la Junta «se reafirma» en su decisión de implantar un tributo cuya recaudación irá a financiar un plan de ayuda al empleo de la zona. Lo hará, indicó, a través de la modificación del actual impuesto sobre afectación medioambiental, creando un nuevo hecho impositivo sobre el combustible nuclear depositado en Garoña porque, explicó, «ahora la central se convierte en un depósito de residuos radioactivos».

También criticó a las empresas, sobre todo a Iberdrola, quien todavía «no nos ha dado ninguna explicación» y han actuado primero pidiendo reapertura y luego «escondiéndose». Por ello, insistió se pondrá en marcha este impuesto que es «sensato y de sentido común» y del que todavía no se han hecho cálculos de cuánto podría ingresar la Junta de Castilla y León por este concepto.

Indicó que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha remitido hoy una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle la puesta en marcha y «el liderazgo» del Gobierno en un plan para la reindustrialización de la zona Norte de Burgos en el que participen las empresas Iberdrola y Endesa, que componen Nuclenor. Estas compañías, dijo, tienen que participar porque se han beneficiado muchos años de Garoña. Ha de ser, dijo, un plan «dinámico» que cree riqueza y empleo y en el que colaborará la Junta.

Además, el vicepresidente hizo un recorrido por la historia de este asunto que, dijo, comenzó por «un capricho ildeológico» del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que continuó con una «pésima gestión» del exministro José Manuel Soria, al que dijo «no iba a dedicar ni un minuto más». Tras ello, unos cambios de rumbo y una situación y unas «incoherencias» en una situación política como la actual donde el PP no tiene mayoría.

«La Junta tiene la sensación de haberse quedado sola como en Fuenteovejuna: todos a una pero frente a Garoña», remarcó, para añadir que han estado solos en el plano político, interno y externo y sólo ha apoyado la decisión de su continuidad la Asociación de Municipios Nucleares.

En todo caso, dijo, es una decisión que tendrá consecuencias «indeseables» para la competitividad energética, para la dependencia energética y para el gasto de las familias.

Canarias tendrá 3 áreas marinas de demostración eólica que producirán 310MW

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EFE.- Canarias contará con tres áreas de ensayo para instalaciones de energía eólica marina en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, en las que empresas de este sector podrán probar sus proyectos y mostrarlos a sus clientes y donde se generarán 310 megawatios para volcar a la red canaria.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha informado de esta plataforma de ensayo de energía eólica marina, que cuenta con el apoyo del Estado, a los representantes de las empresas más representativas de este sector en España en una reunión celebrada hoy en Las Palmas de Gran Canaria.

El viceconsejero de Industria, Energía y Comercio, Adrián Mendoza, ha explicado que las tres áreas marinas se prevén crear en el sureste de Gran Canaria, en Tenerife y al oeste de Fuerteventura, en zonas idóneas para el desarrollo de la energía eólica marina, que cuentan con una profundidad de entre 60 y 200 metros.

Mendoza ha señalado también que en septiembre se celebrará una primera reunión en Madrid para conformar el grupo de trabajo, en el que participarán representantes de otros ministerios implicados, como los de Medio Ambiente y Fomento, para mejorar la coordinación de todas las instituciones implicadas con vistas a reducir los plazos necesarios para obtener el permiso de ejecución.

El director general de la empresa Esteyco, Carlos García, compañía que desarrolla un prototipo de 5 MW en colaboración con la Plocan que espera tener funcionando en aguas de Jinámar, en Gran Canaria, a final de este año o a principios del próximo, ha calificado de «muy interesante» la iniciativa del Gobierno canario porque servirá para la producción de energía y permitirá «demostrar los proyectos al resto del mundo».

El director general de la compañía ACS Industrial, Jose Alfonso Nebrera, cuya empresa se dedica al área de la energía del medio ambiente y el transporte sostenible y opera en todo el mundo, ha insistido también en la importancia de este espacio de ensayo marino, y ha señalado que Canarias tiene unas circunstancias «muy interesantes».

Las islas son un lugar adecuado por sus aguas, su combinación favorable de viento y oleaje y sus comunicaciones, lo que permite traer a clientes y también a investigadores para que trabajen en el archipiélago, ha señalado Nebrera, quien se ha referido a los problemas que existen en la regulación de este tipo de proyectos y que, en su caso, han impedido el desarrollo del proyecto denominado Flocan 5, en el que trabajan desde hace años.

Mendoza ha afirmado que a los prototipos que se instalen en la futura plataforma de Canarias se le facilitarían los permisos y trámites pertinentes, una cuestión que implica años, como ha sido el caso del prototipo de Estoyco, que ha precisado de más de dos años.

La Junta de Castilla y León asegura que el Gobierno sacará una norma para mantener la central térmica de Compostilla

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EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, destacó el compromiso del Ministerio de Energía con la continuidad de la central térmica de Endesa en Cubillos del Sil (León), a la que la principal accionista, Enel, ponía fecha de cierre en 2020.

Tras reunirse con el secretario de Estado de Energía, la consejera ha asegurado que el Ministerio realizará los cambios normativos necesarios «con lo que le será muy difícil a Compostilla cerrar». «Es una implicación clara del Gobierno», ha recalcado la consejera. Por otro lado, la consejera ha remarcado que el Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras ha destinado hasta la fecha más de 11 millones a la puesta en marcha de 4 proyectos empresariales en la comarca del Bierzo.

El PSOE andaluz pide que la Junta reclame al Gobierno revisar la DIA de los proyectos de gas en Doñana

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Europa Press.- El PSOE ha anunciado el registro de una proposición no de Ley en el Parlamento andaluz para que la Junta emprenda las acciones oportunas, tanto administrativas como en su caso judiciales, ante el Gobierno de España, a través del Ministerio de Medio Ambiente, para solicitar la revisión de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los 4 subproyectos de almacenamiento de gas de la empresa Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural Fenosa, en el entorno de Doñana.

Todo ello, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Evaluación Ambiental, con el fin de que se realice una nueva evaluación del proyecto en su conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que fue subdividido (Saladillo, Marismas Occidental, Aznalcázar y Marismas Oriental). La vicesecretaria general del PSOE de Huelva, María Márquez, explicó que la iniciativa también solicita que la Junta emprenda las acciones oportunas para que se paralice la ejecución del subproyecto Marismas Occidental, que cuenta con autorización sustantiva de marzo de 2016 del Ministerio competente en materia de Energía, hasta que no se lleve a efecto la revisión de las DIA antes citadas.

Todo ello después de que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, afirmara que «no parece que la falta de actividad de Medio Ambiente pueda verse justificada” tras no haber recabado más información sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación y almacenamiento de gas en el Parque Natural de Doñana, a pesar de que el órgano competente sea el Ministerio de Energía o que las cuestiones ambientales correspondan a la Junta de Andalucía. Así lo expresa Fernández en un documento en el que pide al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas.

Al respecto, el PSOE pide en la proposición no de Ley que la Junta «apoye» el informe del Defensor, al que «debe hacer caso el Gobierno central», y que se apoya asimismo en un informe elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que apunta a los riesgos sísmicos y a la contaminación del acuífero 27. Márquez insistió en que los socialistas onubenses piden al Gobierno y al PP que «se unan al clamor existente y renuncien a utilizar el subsuelo de Doñana como un almacén de gas», así como que responda a la petición, elevada por el PSOE, para que el presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones al respecto.

La socialista ha recordado que en el entorno del Espacio Natural de Doñana «se ha explotado históricamente el gas natural existente en el subsuelo, existiendo diversos emplazamientos, pozos y gasoductos, pertenecientes a Gas Natural». No obstante, ha continuado, en los últimos años, dicho grupo empresarial «ha querido reforzar su actividad gasista en dicho entorno con la presentación de los citados 4 nuevos proyectos en municipios de las provincias de Huelva y Sevilla», los cuales se encuentran en distintas fases de tramitación administrativa en los distintos ámbitos competenciales, estatal y autonómico.

Desde 2011, precisó la socialista, la Junta de Andalucía ha cuestionado, en numerosos debates sustanciados al respecto tanto en el Parlamento autonómico como en las Cortes Generales, que se haya realizado un adecuado estudio de los efectos sinérgicos y acumulativos de los 4 proyectos sobre el medio ambiente y, en especial, sobre los Espacios de la Red Natura 2000, máxime cuando la nueva actividad a realizar consiste en un almacenamiento permanente de gas. Esta situación, ha insistido Márquez, «le ha llevado a mantener una correspondencia con Medio Ambiente, Ministerio que en ningún caso ha reconocido defectos en la evaluación de los efectos sinérgicos ni problemática alguna por la fragmentación de proyectos de las mismas características en un mismo ámbito territorial».

Izquierda Unida pide la comparecencia del presidente del CSIC para explicar los «riesgos» del proyecto de Gas Natural en Doñana

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Europa Press.- Mientras Podemos pide desde Andalucía la dimisión del presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, y que el organismo aclare su postura «oficial» sobre el proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana, la diputada andaluza de Izquierda Unida, Eva García Sempere, ha registrado la petición de comparecencia urgente del presidente de la agencia estatal para que explique los posibles «riesgos», tanto sísmicos como de contaminación, del proyecto.

García Sempere solicita que el responsable del máximo organismo público científico y de investigación del país explique en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso todos los datos de que disponga en relación a ese «proyecto de gaseoducto de Doñana, sobre el riesgo sísmico que puede suponer la ejecución total o parcial del proyecto y sobre el riesgo de contaminación o afecciones graves al acuífero de Doñana«, la mayor reserva de la biodiversidad en Europa.

La parlamentaria de Izquierda Unida por Málaga, encuadrada en Unidos Podemos, considera «muy importante que el presidente del CSIC se explique y que se le pueda preguntar en sede parlamentaria, mucho más ante las sucesivas polémicas que ha protagonizado al frente del organismo científico en relación a este delicado asunto«. Así, ha recordado que «ante las reiteradas exigencias de asociaciones, grupos ecologistas, sindicatos como CCOO y formaciones políticas para que el CSIC tomara cartas en el asunto y se implicara en la protección de este patrimonio natural», la respuesta «ha oscilado entre la completa falta de iniciativa o el entorpecimiento al trabajo que realizan otros representantes de la comunidad científica».

García Sempere hace referencia a un informe, sin autoría definida, emitido por investigadores del CSIC a petición del Defensor del Pueblo andaluz y que es «contundente», según la diputada de Izquierda Unida, en contra del proyecto de Gas Natural al señalar, entre otras cuestiones, que «debido a que los 4 proyectos actúan sobre el mismo acuífero y el mismo sistema de placas y fallas, se considera que el riesgo sísmico que representa este proyecto es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener su aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que se subdividió, sea valorado adecuadamente por un equipo científico independiente y multidisciplinar».

Para García Sempere, «quizás algunos partidos vean normal que el máximo responsable de un organismo científico público escriba cartas para dar explicaciones a la multinacional Gas Natural, implicada en multimillonarios y peligrosos proyectos; nosotras no lo hacemos«. Así, la diputada espera «oír las explicaciones que dé el presidente del CSIC para comprobar de primera mano si su labor está más cerca de una imprescindible independencia científica o de los argumentos de quien depende su nombramiento, en este caso, del ministro de Economía, Luis de Guindos».

Podemos Andalucía pide su dimisión

Por su parte, el grupo parlamentario de Podemos Andalucía, a través de su diputada autonómica Mercedes Barranco, reclamó la «dimisión» de Emilio Lora-Tamayo por el «grave escándalo del que está siendo protagonista» en relación al polémico informe remitido al Defensor del Pueblo Andaluz sobre el proyecto que promueve Gas Natural Fenosa en Doñana, al tiempo que ha solicitado al propio CSIC que aclare su posición «oficial» al respecto de dicho proyecto, que la formación morada rechaza. Así lo ha pedido la diputada Mercedes Barranco en el Parlamento andaluz, que ha criticado la actuación del presidente del CSIC respecto al referido informe que contiene unas «conclusiones contundentes sobre los grandes riesgos sísmicos» que acarrea el proyecto.

Barranco ha relatado que el referido informe está realizado «en base a otro informe que hizo el investigador Miguel de las Doblas», científico cuya relevancia ha destacado porque «fue el que alertó de los peligros de la plataforma Castor», proyecto que está siendo objeto de una investigación «por presunta prevaricación contra el medio ambiente«, de forma que tanto «el Estado como la empresa están siendo investigados y que nos está costando a todos los españoles 1.350 millones en concepto de indemnización por la paralización del proyecto». Además, también ha indicado que entre los investigados figuran miembros del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), porque dicho proyecto contaba con un «informe favorable» de dicho organismo.

Barranco ha incidido en que el informe del CSIC en relación a Doñana «advierte de que, aunque el proyecto se haya troceado en 4 subproyectos, los cuatro afectan a un único acuífero, el acuífero Almonte-Marismas, y a una misma zona sísmica, placa o falla», de forma que «alerta de que si el proyecto se pone en marcha sería sumamente peligroso por los riesgos sísmicos» y «pide que se paralice el proyecto en virtud del principio de precaución que establece la Unión Europea, y que se haga una investigación por un equipo multidisciplinar e independiente de los riesgos sísmicos del proyecto«.

La diputada de Podemos ha criticado que «lo más inaudito» tras conocerse dicho informe son las «declaraciones inadmisibles» que a su juicio ha realizado el presidente del CSIC, poniéndose «de lado de las grandes empresas del Íbex 35; en este caso de Gas Natural Fenosa«, además de que «deslegitima la opinión de uno de los científicos más prestigiosos en temas sísmicos, y echa piedras sobre su propia institución poniendo en cuestión el buen trabajo de los científicos del CSIC». Tras insistir en que «es sumamente grave que el presidente del CSIC se dirija a Gas Natural para rendirle pleitesía», Mercedes Barranco ha reclamado «su dimisión» y ha recordado que el presidente del CSIC «es nombrado por el Consejo de Ministros».

Asimismo, ha anunciado que Podemos va a solicitar la comparecencia en el Parlamento de Andalucía del delegado institucional del CSIC en Andalucía, Miguel Ferrer, y del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, «para que aclare esta situación y explique las medidas legales que la Junta va a llevar a cabo para paralizar el proyecto de gas». En ese sentido, Barranco está convencida de que «ya ha llegado el momento» de pasar a la acción para paralizar el citado proyecto de Gas Natural. Asimismo, la parlamentaria de Podemos ha considerado también «fundamental» que el CSIC aclare la «propia posición oficial del organismo sobre Doñana».

Barranco ha criticado que «esta maraña pueda servir al final para lavar la cara del PSOE respecto al proyecto de almacenamiento y extracción de gas», cuando éste, según apostilló, «no sería posible sin la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que emitió el Gobierno andaluz aun sabiendo que incumplía directivas europeas, que había sido troceado y que no cumplía la legislación básica».

No obstante, la diputada de Podemos agradece la «rectificación» que, a su juicio, está protagonizando el PSOE «en los últimos tiempos», y le ha dado la «bienvenida a la defensa de Doñana», de la que Podemos Andalucía nunca se ha salido desde su llegada al Parlamento autonómico, según reivindicó Barranco. En esa línea, garantizó que Podemos mantendrá una actitud de «oposición leal» y «apoyará» al Gobierno de Susana Díaz «si está realmente interesado en paralizar el proyecto», para lo cual le ha exigido que «vaya de una vez a los tribunales, actúe de una vez por todas y se deje de la política de anuncios«.

El Defensor del Pueblo no ve «justificada» la «falta de actividad» de Medio Ambiente ante el almacén gasista en Doñana

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, asevera que «no parece que la falta de actividad del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAPAMA) pueda verse justificada» tras no haber recabado más información sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación y almacenamiento de gas en el parque Natural de Doñana (Huelva), a pesar de que el órgano competente sea el Ministerio de Energía o que las cuestiones ambientales correspondan a la Junta de Andalucía.

Así lo expresa Fernández en un documento en el que pide al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas, después de que Greenpeace haya interpuesto una queja formal advirtiendo en este sentido y con el objetivo de «parar esta barbaridad», según ha calificado la ONG. Tras esta queja, Fernández inició una actuación con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en relación con la «insuficiencia» de la evaluación ambiental practicada de los 4 proyectos que integran el gaseoducto en Doñana, y que se realizaron de manera independiente para cada uno ellos, y «no conjunta como exige la legislación», según apunta en el documento.

Así, el escrito señala que «no se puede fraccionar el objeto de un proyecto de manera que se altere el resultado de la evaluación». En este sentido, en su respuesta ante la petición del Defensor del Pueblo, la Administración señaló que los 4 proyectos «se diseñaron para ser independientes en su funcionamiento» y, por ello, las evaluaciones están por separado, según el escrito. Sin embargo, a juicio del Defensor del Pueblo, la Administración «no aclaró» qué se considera como «independientes en su funcionamiento» y «parece obvio que los proyectos forman parte de un proyecto global como es la infraestructura gasística».

Además, sobre la respuesta oficial, Fernández señala que la institución «esperaba» que la Secretaría de Estado hiciera una «valoración efectuada por los órganos competentes del departamento y no un resumen de los comentarios del promotor sobre la evaluación del riesgo sísmico». Por otro lado, el Defensor del Pueblo también señala en el documento la «incoherencia» que supone que, por un lado, la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental elaborase una DIA «sin tener todos los datos necesarios» e «impusiera al promotor que realizase nuevos estudios», y que, sin embargo, después se otorgara autorización «sin un pronunciamiento previo» del órgano competente para «validar correctamente dichos estudios». «Todo parece indicar que la DIA fue incompleta«, señala Fernández.

Informe del CSIC y sismicidad

Por otra parte, el escrito explica que el Defensor del Pueblo andaluz, que también sigue actuaciones en relación con las potenciales afecciones en el espacio natural de Doñana en colaboración con su homólogo nacional, aporta un informe del delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Andalucía y Extremadura que señala que «no se han evaluado en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero» y pide que se tenga en cuenta. El proyecto de explotación y almacenamiento de gas se divide en 4 subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta, lo que podría alterar el resultado de la evaluación.

Por todo ello, Fernández ha pedido al IGME un informe concluyente sobre sus conclusiones alcanzadas en la evaluación ambiental practicada de los 4 proyectos en relación con el riesgo sísmico y, especialmente, en lo relativo al almacenamiento subterráneo de gas y su impacto sobre el acuífero. También ha solicitado al IGME una copia de los informes emitidos en el procedimiento de la DIA de los 4 proyectos de gas en Doñana; y una copia del informe emitido después de que se diera luz verde a uno de los cuatro proyectos, que es el único que, de momento, cuanta con autorización.

Andalucía exige paralizar los proyectos

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha señalado que la petición realizada por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, para obtener información sobre el proyecto de explotación y almacenamiento subterráneo de gas natural por si puede suponer una amenaza medioambiental para el Espacio Natural de Doñana, confirma que «hay que parar» estos proyectos. Fiscal ha asegurado que la petición del Defensor confirma a su vez que «hay que analizar los riesgos sísmicos» que, según el CSIC, «no están claros».

Por ello, Fiscal comparte la opinión de Francisco Fernández Marugán porque «confirma», insistió, «lo que llevamos diciendo mucho tiempo y con especial hincapié en los últimos días, que hay que parar el proyecto de gas, más allá que oficiosamente pueda estarlo como parece». Se trata de la primera acción que se conoce del Defensor del Pueblo después de haber asumido Fernández Marugán el cargo de forma interina tras el cese por fin de mandato de Soledad Becerril, indicando Fiscal al respecto que «se estrena de la mejor manera con Andalucía».

La nuclear de Garoña enfrenta a Castilla y León y AMAC, pidiendo su continuidad, frente a País Vasco y Greenpeace

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Europa Press.- La seguridad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) ha generado posiciones enfrentadas en las alegaciones realizadas en el proceso de reapertura de la planta, cuyo plazo ya finalizó y en el que la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipios de Áreas Nucleares (AMAC) apoyan la reapertura, frente a la negativa del País Vasco y las organizaciones ecologistas.

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha asegurado que en las alegaciones presentadas al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la Junta se ha pedido la continuidad de Garoña hasta 2031 porque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «ha garantizado» la seguridad y hasta esa fecha se amortizarían las inversiones exigidas por este organismo, mientras que, de producirse el cierre, «la merma en la actividad económica y el empleo serían inasumibles».

De este modo, la consejera detalló que uno de los argumentos esgrimido a través de estas alegaciones es la carencia de un plan alternativo económico a la central que abarque toda su área de influencia. Del Olmo aseguró que en el documento remitido por la Junta al Ministerio se detalla también la importancia de este tipo de energía para la economía nacional y recordó que su cierre supondría además daños a otras fuentes energéticas autóctonas como el uranio que sirve de combustible para la central.

Asimismo, la Junta aprovechó sus alegaciones para defender también la energía producida a través del carbón autóctono, alternativa energética «más barata» junto a la nuclear, con lo que la supresión de ambas supondría un «lastre grande a la economía nacional». «Defendemos el mantenimiento de la central siempre que haya seguridad para las personas», concluyó Del Olmo, quien insistió en que es la principal fuente de empleo en el valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, ya que en la central trabajan unas 600 personas que pueden llegar a 1.000 cuando está a pleno rendimiento.

En esta línea, aunque con condiciones, AMAC se ha pronunciado también a favor de la «continuidad de la explotación» de la planta en las alegaciones presentadas, «mientras se cumplan todos los requisitos de seguridad establecidos en el informe aprobado por el CSN«. Sin embargo, los municipios han pedido que se revise primero la «efectividad» del Plan de Emergencia Nuclear (PEN) y una «solución segura para almacenar los residuos» ya que el actual Almacén Temporal Individualizado (ATI) «no prevé el almacenamiento de todos los elementos de combustible incluidos en el reactor».

Analizar todos los efectos socioeconómicos

Además, AMAC señaló que «antes de la puesta en marcha» de la central nuclear, «debe disponerse de los planes de información a la población, del programa de formación de actuantes y del programa de simulacros». No obstante, sobre la «merma de la actividad económica», la AMAC destacó que el impacto que produce la existencia de una central nuclear en un determinado área tiende a «provocar un monocultivo industrial» que causa «grandes efectos negativos al finalizar la explotación». Por ello, también han pedido en sus alegaciones que «no se renueve la licencia sin que se conozcan primero los efectos socioeconómicos positivos y negativos» en el entorno.

Del otro lado, Greenpeace, que ha presentado sus alegaciones, ha esgrimido las «deficiencias derivadas del informe del CSN en cuanto al cumplimiento de las condiciones de seguridad», así como la «falta de un pronunciamiento sobre el plazo máximo de vigencia». Además, la organización ecologista ha alegado que existen «incumplimientos» de la Evaluación de Impacto Ambiental y que los «costes medioambientales e intrageneracionales» de reabrir la central nuclear son «muy elevados».

Asimismo, Greenpeace incluyó en su escrito las «alteraciones» del procedimiento previsto en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) y la «contradicción» en la que incurre la autorización de explotación debido a que sería para «no cargar combustible ni producir electricidad». Por todo ello, Greenpace ha pedido al Ministerio que «finalice con el espectáculo» sobre Garoña, al tiempo que ha señalado que «parece que solo el Gobierno quiere mantener la planta en funcionamiento», después de que la operadora de la central, Nuclenor, no haya llegado a un acuerdo sobre el futuro de la planta.

Por su parte, EH Bildu resaltó que el Parlamento del País Vasco también ha presentado sus alegaciones y recordó que el pleno de la Cámara vasca aprobó el pasado 6 de abril una proposición no de Ley sobre la necesidad de interponer recurso ante la resolución del CSN que posibilita la reapertura de la central nuclear de Garoña y los acuerdos y órdenes del Ministerio de Energía que puedan derivarse en este sentido. Según ha detallado, el segundo punto de este acuerdo recogía el compromiso del Parlamento de «emplear todos los recursos a su disposición para impedir la reapertura de la central nuclear de Garoña«.

La Rioja, otra de las 11 entidades personadas en el proceso, ya adelantó que no presentaría alegaciones pero que instaría al Gobierno al desmantelamiento de la central. Mientras tanto, el titular de Garoña, Nuclenor, tampoco presentó alegaciones por falta de acuerdo entre Iberdrola y Endesa. Por su parte, Ecologistas en Acción, al igual que Greenpace, también afirmó que «la apertura de Garoña es una temeridad».

El CSN emitió a principios de febrero de este año un informe favorable a la renovación del permiso de explotación de la planta burgalesa y, según la legislación vigente, es el Gobierno quien tiene la decisión en sus manos. Así, tras conocerse el informe, el Ministerio señaló que abriría un periodo de 6 meses para conocer y recabar las opiniones de todas las partes interesadas y un periodo de alegaciones.

Energía autoriza a Unión Fenosa Gas, Shesa y OGS la explotación del yacimiento de gas natural Viura en La Rioja

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Europa Press.- El Gobierno ha aprobado un real decreto por el que se otorga la concesión de explotación del yacimiento de gas natural denominada Viura, situado en La Rioja, a las sociedades Unión Fenosa Gas Exploración y Producción (UFG E&P); Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) y Oil and Gas Skills (OGS).

Se trata de un yacimiento convencional de gas natural, con producción de condensados asociada y que no requiere de técnicas de fracturación hidráulica o fracking. De acuerdo con los resultados iniciales, se confirmaron unas reservas mínimas de 3 bcm de gas natural, que suponen en torno al 10% del consumo anual de gas natural en España. La concesión de explotación de gas natural se otorga por un periodo de 30 años, prorrogable por dos periodos sucesivos de 10 años. El otorgamiento cuenta con el informe positivo de la comunidad autónoma de La Rioja y con declaración de impacto ambiental favorable.

La explotación del yacimiento tiene efectos económicos, ambientales y sociales positivos. Desde la perspectiva fiscaly sin considerar otras tributos, se prevé recaudar 26 millones de euros por el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Gas, Petróleo y Condensados, creado por el Gobierno en 2015. Además, los concesionarios deberán compartir parte de sus ingresos por la venta del gas con los propietarios próximos al yacimiento, de forma que los beneficios asociados se repartan de una manera socialmente equitativa.

Padecer pobreza energética en la Barcelona de Ada Colau servirá para no pagar la tasa de alcantarillado

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Europa Press.- El pleno de Barcelona ha aprobado de forma provisional por unanimidad modificar la tasa de alcantarillado para que las personas afectadas por pobreza energética queden exentas de pagarla, por la que unos 7.476 hogares, 18.690 personas, pagarán entre 10 y 15 euros menos al año.

También se ha modificado la tasa de estacionamiento regulado para aplicar un recargo de 2 euros la hora en las áreas verde y azul para no residentes durante episodios de contaminación, de los que se registran entre 2 y 3 cada año, medida de la que quedarán exentos los vehículos ecológicos y de 0 emisiones. La medida ha contado en el pleno con el apoyo del Gobierno de BComú y PSC, ERC, la CUP y el concejal no adscrito, mientras que el grupo Demòcrata se ha abstenido y han votado en contra Cs y PP.

Por unanimidad, también prosperó adaptar las bonificaciones del impuesto de vehículos a las nuevas etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT). Estas modificaciones, junto a la de la tasa de alcantarillado, se han aprobado provisionalmente y pasarán ahora a un periodo de información pública de 30 días, tras lo que los cambios quedarán aprobados definitivamente si no se presentan reclamaciones. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, defendió que se trata de medidas concretas y necesarias, aunque el Gobierno municipal aspira a alcanzar un acuerdo más amplio de cara a las Ordenanzas Fiscales para 2018 para avanzar hacia una fiscalidad más progresiva desde el punto social y ambiental.

Sònia Recasens (PDeCAT) ha criticado que se trata de medidas aisladas que demuestran el fracaso en política fiscal del Gobierno municipal, mientras que la líder municipal de Ciudadanos, Carina Mejías, ha dicho que estas son políticas de propaganda y que la modificación de la tasa de alcantarillado «instrumentaliza la pobreza energética«. El portavoz Jordi Coronas (ERC) ha pedido que al Gobierno de Ada Colau que tenga una actitud abierta y dialogante para negociar las Ordenazas Fiscales para el próximo año.

El Gobierno confirma a los sindicatos mineros que aprobará un decreto para impedir el cierre de las térmicas consideradas “estratégicas”

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Europa Press.– El Gobierno aprobará próximamente un real decreto “para impedir el cierre de las centrales térmicas que considere estratégicas”, según aseguró el secretario de Minería de UGT FICA, Víctor Fernández tras reunirse para abordar el futuro del carbón con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que confirmó este extremo.

«Estamos en contra del cierre de las centrales térmicas porque son necesarias para el país», subrayó Fernández, quien aseguró que, de todas maneras, «el tema prioritario es que se compre carbón autóctono«, ya que apenas se han vendido 2,4 millones de toneladas carbón nacional frente a los 17 millones de toneladas de carbón de importación. «Es inadmisible, debe reequilibrarse», aseveró.

Enel, principal accionista de Endesa, confirmaba en mayo que, en base a la vigente normativa ambiental y teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado, cerraría sus centrales de carbón de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) antes del 30 de junio de 2020. Asimismo, Gas Natural Fenosa también anunció que acometería un «cese paulatino» de la actividad de su central térmica de Anllares hasta 2019.

Por su parte, el secretario de Industrias Extractivas de CCOO, Jesús Crespo, indicó que hay que «dejar al Ministerio que actúe, ya sea a través de un real decreto o de los mecanismos que tenga», para que las justificaciones para el cierre de las centrales «sean mayores de las que se están diciendo«. Asimismo, Energía y los sindicatos han acordado retomar las reuniones, «ya sea como Comisión de Seguimiento o como se quiera», a partir de septiembre, con el objetivo de trabajar por el futuro del sector, indicó Fernández, que mostró su deseo de que estas reuniones tengan carácter mensual.

A este respecto, los sindicatos piden abordar la situación del sector con Europa para que el carbón «siga teniendo futuro» y trabajar en un dictamen para dar a conocer el marco de actuación de la minería del carbón dentro de la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, han propuesto al Ministerio analizar la situación del sector para 2017-2018 y llevar a cabo a partir de 2019 un nuevo plan social. Mientras, Crespo, que valoró que el diálogo con el Ministerio de Energía «se mantenga abierto», insistió en la necesidad de que el carbón nacional siga «siendo parte del mix energético«.