Podemos pide al Gobierno el desmantelamiento de la central nuclear de Cofrentes en 2021 porque es «innecesaria»

Europa Press.- Unidos Podemos ha presentado en el Senado una moción por la que insta al Gobierno a desmantelar la central nuclear de Cofrentes (Comunidad Valenciana) en 2021, cuando cumpla 37 años de operación, porque es «innecesaria» y a no autorizar la construcción dentro de la central del almacén temporal individualizado (ATI) para sus residuos.

El grupo parlamentario explica que la autorización de Cofrentes expira en 2021, cuando llegue a los 37 años de vida útil, y señala que esa edad es superior a «lo aconsejado por la Agencia Internacional de la Energía». La moción, para su debate en la Comisión de Energía de la Cámara Alta, se ha presentado después del último suceso nuclear que la planta comunicó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al producirse una desconexión de la red exterior por la parada automática de la turbina a consecuencia de la vibración de uno de sus cojinetes.

Para Unidos Podemos las centrales españolas están «envejecidas y agotando su vida útil» y destaca que Cofrentes es «una de las mejores pruebas de ello» en España. La central valenciana empezó a funcionar en octubre de 1984 y alcanzó su plena capacidad de producción en enero de 1985. Esta central recibió un permiso de 25 años y en marzo de 2011 se prorrogó otros diez años, hasta 2021. Además, la moción reclama que de manera «urgente» se apruebe un Plan Estatal de cierre de las centrales nucleares en España y de sustitución progresiva por fuentes de energías limpias y renovables.

En ese contexto, el grupo parlamentario advierte también de que los residuos que las centrales generan, «muy tóxicos y peligrosos, permanecerán activos durante miles de años». Por ello, Cofrentes insta también a no autorizar la construcción del almacén temporal individualizado de residuos radioactivos dentro de los terrenos de la planta porque es «innecesario» puesto que la central dispone de capacidad de almacenaje suficiente hasta 2021.

La moción de la formación morada asegura que la central de Cofrentes es «absolutamente prescindible» en el sector energético español. Cofrentes tiene una potencia de 1,1 GW en un momento en el que las subastas de renovables de 2017 han adjudicado unos 8 gigavatios entre eólica y fotovoltaica que no tardarán mucho tiempo en estar disponibles y que podrán compensar el cierre de todo el parque nuclear español, que suma 7,6 gigavatios. La senadora de Unidos Podemos, Vicenta Jiménez, considera “una irresponsabilidad” por parte del Ministerio competente ampliar la vida de una central con tan malo historial de incidentes considerando, además, que las recomendaciones del AIE especifican los peligros que conlleva el funcionamiento de centrales con una tecnología tan obsoleta».

La Diputación de Badajoz es galardonada por invertir 2,5 millones de euros para construir puntos de carga para coches eléctricos

Europa Press.- La Diputación de Badajoz ha recibido el Premio Jaulín 2018 en Defensa de la Naturaleza en la categoría nacional en su XXXVII edición. Desde que crearon estos premios en 1981 han sido galardonadas personalidades, asociaciones, empresas o diversas entidades en reconocimiento a su implicación en la conservación de la Naturaleza. A la entrega de premios acudió el diputado del Área de Desarrollo Sostenible de la Diputación de Badajoz, Francisco Farrona.

En concreto, este Premio Jaulín 2018 ha sido otorgado por el Proyecto de Electrolineras que desarrollará durante 2018 el Área de Desarrollo Sostenible: consiste en la inversión de 2,5 millones de euros para la dotación de puntos de carga para coches eléctricos, a distancias mínimas de 35 kilómetros convirtiéndose en un ejemplo de utilización de los recursos de la Administración Pública para acabar con los condicionantes de la movilidad eléctrica.

El Plan de Movilidad Sostenible de la provincia de Badajoz tiene como objetivo la implantación de electrogasolineras en la provincia y la adquisición de 200 vehículos eléctricos para todos los municipios. Para Farrona, esta medida permitirá a los ciudadanos visualizar las posibilidades y beneficios de este tipo de coches además de contribuir al desarrollo de un modelo sostenible. Los premios Jaulín en Defensa de la Naturaleza los otorga el Ayuntamiento de Jaulín (Zaragoza) desde el año 1981 cuando se pusieron en marcha en sus tres modalidades: Aragón, España e Internacional.

La Junta de Andalucía pide al IGME el informe que alerta de riesgo en el proyecto de gas de Doñana

Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado que la Junta de Andalucía va a pedir «de inmediato» el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME), «una institución del propio Estado», en el que «se alerta de que existe cierto peligro de inundación que no ha sido suficientemente valorado» en el proyecto de gas de Doñana. «Si esto es así, no hay otro camino más que la paralización«, ha advertido.

Al parecer, el informe advierte de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla al borde del Parque Nacional de Doñana supone un mayor riesgo por inundaciones del inicialmente admitido por la empresa lo que, unido a las nuevas restricciones legales para usos del suelo, arroja dudas sobre la viabilidad del almacén conocido como Marismas Occidental.

El consejero ha asegurado que «si esto es así, no cabe más remedio que hacer caso a lo que le ha pedido la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en un requerimiento que se le envió en diciembre para que paralice inmediatamente la ejecución de Marismas Occidental y haga una declaración de impacto ambiental nueva del conjunto de los 4 proyectos». En este sentido, Fiscal ha recordado que eso es lo mismo que ha pedido el Defensor del Pueblo andaluz y español y ha insistido en que «si este informe es así, que lo hemos solicitado, no hay otro camino más que la paralización, no vemos otra cosa«.

Maíllo (IU) arremete contra Díaz

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, ha exigido al Gobierno la suspensión cautelar del proyecto, ya en marcha, así como también que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se posicione al respecto. Maíllo ha defendido que «no puede cernirse sobre Doñana un proyecto que es una bomba en su subsuelo, de alto riesgo para el parque nacional, toda la zona y todos sus habitantes». Este informe es, según Izquierda Unida Andalucía, «una razón más, y de peso, para que se paralice este proyecto».

Maíllo ha anunciado que su formación solicitará en el Parlamento andaluz la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, «para que haga una valoración del informe del Instituto Geológico y Minero» que alerta de la «alta peligrosidad» de uno de los mencionados almacenes. Para el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, es necesario que el Gobierno de Susana Díaz «se posicione» ya que tras este informe existe «una base que ratifica lo que numerosos colectivos, entre ellos Izquierda Unida, han advertido: el alto riesgo del gaseoducto». Asimismo, ha recordado que varias entidades y la propia Universidad de Huelva alertaron de los peligros de este proyecto, un posicionamiento «ratificado ahora por el informe del IGME.

Facua quiere paralizar Marismas Occidental

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción exige al Gobierno que dé explicaciones sobre el informe realizado por el IGME, perteneciente al Ministerio de Economía, en el cual se considera que Gas Natural Fenosa rebajó la peligrosidad por inundaciones en su estudio de riesgos obligatorios para la autorización de puesta en servicio. Dicho informe, según expone Facua, fue pedido por el Ministerio de Energía, tal y como exige la autorización administrativa del proyecto y el IGME debía revisar la documentación exigida a la empresa sobre el hundimiento del suelo, inundaciones y terremotos antes de tramitar la autorización de puesta en servicio.

6,3 millones subvencionando el proyecto

La asociación ha recordado la subvención concedida por el Gobierno a Gas Natural Fenosa de 6,3 millones de euros para el 2018, que se suma a otros 6,3 millones recibidos en el 2017, por un proyecto como el de almacenar en el subsuelo de Doñana 860 millones de metros cúbicos de gas y critica que se destinen cantidades millonarias de dinero pública a proyectos que pueden resultar perjudiciales para la salud humana o su entorno.

Del mismo modo, Facua cuestiona que el Gobierno, a la hora de conceder subvenciones a los proyectos de Gas Natural Fenosa, no tenga en cuenta informes presentados como el de la Unesco que señalaba este tipo de actividades en Doñana como una actividad poco compatible con la declaración de las marismas como patrimonio de la Humanidad y el Defensor del Pueblo que criticó en un informe, publicado el pasado noviembre, que el emplazamiento de este tipo de proyectos no es una actividad propia de este entorno ante el riesgo sísmico.

La Generalitat de Cataluña recurre la sentencia que anula el protocolo de la comunidad autónoma contra la pobreza energética

Europa Press.- La Generalitat de Cataluña ha presentado un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Barcelona contra la sentencia que declara nulo el protocolo de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

La titular de este Juzgado, Elsa Puig, anuló a principios de diciembre el protocolo por un defecto de forma y de competencias, aceptando el recurso interpuesto por Endesa contra la Agencia Catalana de Consumo (ACC), la Federación Catalana de Municipios (FCM) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM). La Generalitat ha recordado que la anulación de este protocolo no afecta a la lucha contra la pobreza energética, ya que en este ámbito la ley de pobreza energética de 2015 es de aplicación directa y no requiere de desarrollo reglamentario posterior.

En la sentencia, la juez consideró que el contenido del protocolo es propio de una disposición general que no se aproxima a las leyes vigentes en el momento de su aprobación: «De ahí que, no habiéndose aprobado por la Generalitat, es un acto nulo de pleno derecho». En este sentido, el recurso se fundamenta en que el protocolo es una guía que facilita a los servicios sociales la interpretación de la normativa aplicable para desplegar los mecanismos de protección necesarios para los consumidores vulnerables, y no una disposición de carácter general. Aclara que todos los elementos que la sentencia identifica como indicadores del carácter normativo del protocolo son solo prescripciones de la ley que el protocolo se limita a reproducir.

Endesa también alegó como motivo de nulidad el hecho de que el protocolo fuera aprobado por un órgano que considera «incompetente (la ACC), cuando, en su caso, debió de haberlo aprobado el Gobierno de la Generalitat». El recurso de la Generalitat considera que, como el protocolo no es una disposición de carácter general, no se puede considerar que no ha sido aprobado por el órgano competente ni que no ha seguido el procedimiento legalmente establecido.

La juez consideró que la prohibición de interrumpir el suministro es competencia del Estado. La Generalitat recuerda que ni la ley ni el protocolo vulneran la distribución competencial en materia de energía, ya que la normativa no impone ninguna prohibición a las compañías suministradoras, sino que establece que cuando la empresa tenga que hacer un corte de servicio debe solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o familia está en situación de riesgo de exclusión. La Generalitat puntualiza que del protocolo no se derivan sanciones ni ninguna empresa ha sido objeto de expedientes sancionadores basados en este protocolo.

Bruselas autoriza el control conjunto de 9 parques eólicos en Aragón por parte de General Electric y un fondo francés

Europa Press.- La Comisión Europea autorizó la adquisición y control conjunto de 9 proyectos de parques eólicos en Aragón por parte del conglomerado industrial General Electric y de Mirova-Eurofideme 3, un fondo francés de capital riesgo propiedad de Banque Populaire Caisse d’Epargne.

En concreto, Bruselas ha autorizado a estas dos firmas a comprar Ideamgar e Idesamgar 1, dos sociedades de cartera bajo el control de Forestalia Renovables, que poseen 9 proyectos de parques eólicos en Aragón. Mirova-Eurofideme 3 se encarga de gestionar fondos de inversión responsable para inversores institucionales en diferentes categorías de activos, tales como energía procedente de fuentes renovables e infraestructuras básicas, títulos de renta variable sostenibles y bonos verdes. El Ejecutivo comunitario concluye que la operación no plantea problemas de competencia debido a su impacto «limitado» sobre el mercado.

El PSOE ve «inaudito» que nadie del PP explique por qué se pagó la indemnización del almacén de gas Castor

Europa Press.- La vicesecretaria general primera del PSOE en la provincia de Castellón, Ana Edo, considera «inaudito» que después de que el Tribunal Constitucional anulara la indemnización para las promotoras de Castor, «nadie de peso en el PP se haya atrevido a dar la cara» y a explicar qué «extraños motivos» movieron al Gobierno de Mariano Rajoy y el PP «a pagar una indemnización de 1.350,7 millones de euros a Florentino Pérez con nocturnidad, opacidad y alevosía».

Edo cree «que deben ser los actores principales del PP los que expliquen qué hubo detrás de la celeridad con la que Rajoy llenó la caja del señor Florentino Pérez». «Nos parece que en aquella decisión del Gobierno hubo gato encerrado, porque de lo contrario no se entienden las prisas de Rajoy», ha señalado Edo, a quien le parece que «ya es hora» de que los presidentes del PP en la Comunidad Valenciana y del PP de la provincia de Castellón, Isabel Bonig y Miguel Barrachina, respectivamente, «den la cara».

Edo cree que una vez que se produjeron los terremotos, «se debería haber impuesto la cordura». Según ha dicho, «lo lógico era analizar lo que había ocurrido y, una vez que se tuvieran todos los datos encima de la mesa, adoptar las medidas que fuera menester, atendiendo a la realidad económica, social y judicial del momento». «Lo que no tiene ninguna lógica», según la socialista, es que «por su cuenta y riesgo, Rajoy decidiera que los españoles pagaríamos de nuestro bolsillo 1.350,7 millones de euros».

«Menos mal que el hoy presidente de la Generalitat, Ximo Puig, instó al grupo socialista en el Congreso a presentar un recurso que ahora ha dado sus frutos», ha añadido. En este sentido, ha recordado que el Tribunal Constitucional ha anulado el pago de la indemnización», pero, subrayó, «lo que no se ha anulado es su culpa, la que le llevó a regalar 1.350,7 millones de euros a un grupo de empresas, mientras se aplicaba un salvaje programa de recortes».

La patronal APPA considera que los cambios regulatorios en Andalucía, Aragón, Galicia o Castilla-La Mancha ayudarán a impulsar las renovables

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera que las modificaciones regulatorias abordadas recientemente por comunidades autónomas como las de Andalucía, Aragón, Galicia o Castilla-La Mancha ayudarán a impulsar las renovables en España. La patronal destaca que estas autonomías están siendo «las más activas» a nivel regulatorio para impulsar las renovables en sus territorios.

En concreto, APPA señala que Galicia, con su Ley 5/2017, no solo ha impulsado por vía rápida los proyectos adjudicados en las subastas, sino que garantizó la tramitación simplificada para el resto de proyectos que se presentaron antes de diciembre. Asimismo, destaca que Andalucía también ha facilitado la tramitación de acceso y conexión, entendiendo que los trámites administrativos no deben demorar el desarrollo renovable, mientras que Castilla-La Mancha, con el Decreto 34/2017, «curiosamente publicado antes que las subastas de 2017, ha cambiado para bien la tramitación de los nuevos proyectos».

En lo que respecta a Aragón, la patronal considera que es una de las comunidades autónomas que «ha visto recompensado su esfuerzo regulatorio con la concesión de numerosos proyectos en las recientes subastas«. Además, APPA valora el papel «muy activo» de Extremadura en la agilización de los proyectos, lo que se ha traducido en «un importante atractivo para las empresas». La asociación subraya que las subastas implican la posibilidad de instalar 8.700 megavatios (MW) de nueva potencia renovable, con inversiones de 8.300 millones de euros.

El fracking protagoniza una pugna entre PP y PSOE en Castilla-La Mancha sobre las competencias autonómicas mirando al País Vasco

Europa Press.- El PP y el PSOE han discrepado sobre el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central ha interpuesto contra determinados preceptos de la ley antifracking de Castilla-La Mancha. Si la diputada autonómica popular Claudia Alonso ha recordado que en el debate parlamentario de la norma «quedó claro» que la Administración regional no tenía competencias en esta materia, la portavoz autonómica del PSOE, Cristina Maestre, ha recordado al Ejecutivo central que en otras comunidades el recurso «no les ha salido bien«.

Preguntada por este asunto concreto en una rueda de prensa, Alonso ha defendido que de llevarse a término este recurso «será por intromisión de competencias». «Aunque no estemos de acuerdo con que se hagan estas actuaciones en suelo castellano-manchego, que se dediquen a legislar cosas que son de nuestra competencia», le pidió la parlamentaria de la oposición al Ejecutivo autonómico.

Visión distinta tiene la portavoz de los socialistas castellano-manchegos, pues ha afirmado que con este recurso el Gobierno de Rajoy «demuestra una vez más que tiene obsesión por traer a esta comunidad todo lo negativo y quitar lo que necesitamos: ya nos han traído un basurero nuclear y ahora no quieren que se aplique esta norma«. Tras asegurar que el Ejecutivo regional «estará a lo que diga el Tribunal Constitucional», advirtió al Gobierno central que en otras Comunidades Autónomas como el País Vasco, el recurso «no les ha salido bien».

El Gobierno presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica antifracking de Castilla-La Mancha, que argumenta “proteger el territorio”

Europa Press.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reaccionado, después de que el Gobierno central acordara interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley antifracking de la región, destacando que promueve un modelo que «protege el territorio». Madrid recurre determinados preceptos de la ley de Castilla-La Mancha por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medioambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, también conocida como fracking.

El fracking es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas natural o petróleo del subsuelo y el Gobierno entiende que las normas de protección reguladas en la ley manchega vulneran las competencias estatales sobre hidrocarburo y medioambiente. Por ello, el Ejecutivo de Rajoy invoca el artículo 161.2 de la Constitución «a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos objeto del recurso de inconstitucionalidad». Asimismo, considera que la técnica del fracking, al estar ya sujeta a la evaluación previa de su impacto ambiental, ya cuenta con «la necesaria protección ambiental».

En País Vasco sin suspensión

En concreto, el Gabinete de Rajoy concluye que la ley manchega que prevé la elaboración de un plan estratégico para prohibir el fracking «en zonas de restricción y zonas de exclusión» supone «una vulneración de la Ley del Sector de Hidrocarburos, así como la Ley de Evaluación Ambiental». El Tribunal Constitucional ya ratificó en tres ocasiones recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno contra distintas iniciativas legislativas regionales, como sucedió en 2014 en Cantabria o en La Rioja, o en 2016 en Cataluña. En el País Vasco también se redactó en 2016 una ley similar a las anteriores, pero sin una prohibición explícita, contra la que el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, el Constitucional levantó la suspensión.

Castilla-La Mancha: “Protege el territorio”

Por su parte, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Ejecutivo castellano-manchego, Francisco Martínez Arroyo, defendió en su cuenta de Twitter que «frente a un modelo energético insostenible y no respetuoso con el medio ambiente», la Junta «apuesta por otro que genera riqueza y protege el territorio«. «Frente a un modelo de decisiones sin contar con los ciudadanos, un orgullo escuchar la voz de las gentes de CLM @frackingNOguada», señaló el consejero.

Podemos pide a la Junta de Andalucía que explique qué tipo de residuos llegan al almacén nuclear de El Cabril

Europa Press.- Podemos Andalucía ha presentado una solicitud de comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, «para que dé explicaciones en sede parlamentaria sobre cómo pueden afectar a la salud de las personas y al medioambiente los residuos que están llegando al cementerio nuclear de El Cabril».

El parlamentario andaluz de Podemos por Córdoba, David Moscoso, ha demandado al Gobierno andaluz «que haga pública la información de la que dispone, para que los vecinos de Córdoba puedan saber a qué riesgos se les está exponiendo con la llegada de nuevos residuos de alta toxicidad». Podemos ha alertado de que, «según un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), desde 2013 se ha almacenado en el Cabril dióxido de uranio, un emisor de radiación para el que el almacén nuclear no está preparado».

Por este motivo, Podemos ha advertido de la posibilidad de que «vayan a parar a este cementerio nuclear», situado en Hornachuelos (Córdoba), «todos los residuos tóxicos procedentes del desmantelamiento de una generación completa de centrales nucleares, que ya ha comenzado con el cierre de Garoña«. Ante esto, el diputado nacional de Unidos Podemos por Córdoba, Manuel Monereo, ha anunciado que solicitará la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el Congreso de los Diputados «para que dé cuentas sobre la gestión de las instalaciones que Enresa tiene en Córdoba».