El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, condicionó la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz a partir de 2010 a la aprobación de un plan de inversiones extraordinarias de al menos 600 millones de euros. Ese dinero se destinaría a actuar en regadíos y en las zonas tabaqueras y olivareras del norte de Cáceres.

Fernández Vara reclamó esa inversión durante su comparecencia, a petición propia, ante la Pleno de la Asamblea de Extremadura para hablar de la situación económica y del empleo en la Comunidad Autónoma.

El presidente extremeño destacó el sector energético como estratégico para el desarrollo de la región, ya que puede generar más de 10.000 empleos en los próximos años, dijo.

Ante la renovación de la licencia para que Almaraz pueda seguir operando a partir de 2010, Fernández Vara reiteró que la posición de la Junta es que ésta se de por finalizada, salvo que el Gobierno central considere necesaria su continuidad en el mapa energético actual.

Si esto es así, añadió, el gobierno extremeño debería reclamar una serie de contraprestaciones, para lo cual se mostró dispuesto incluso en plasmarlas en una disposición en el nuevo Estatuto de Autonomía.

Fernández Vara precisó que este plan de inversiones podría suplir la falta de fondos europeos para el regadío o para garantizar el futuro del sector tabaquero a partir de 2013 y, en ese sentido, instó a la oposición a que pueda cerrar con la Junta, no más allá del primer semestre de 2009, un plan de actuaciones sobre el cultivo del tabaco.

Cientos de proyectos han sido presentados al concurso para explotar los 2.235 megavatios que subasta la Xunta en un concurso que ha atraído a las mayores empresas energéticas de España y a los principales empresarios gallegos.

La decisión sobre la selección de compañías en base al concurso lanzado por la Xunta para la explotación de energía eólica podría ser comunicado en breve, por parte de una comisión técnica que analiza las candidaturas.

Entre los tres «parámetros axiales» establecidos por la Consellería de Innovación e Industria para la atribución de las concesiones figuran que los proyectos contribuyan al «crecimiento económico» en Galicia, que conlleven un «progreso social» y por último que sean «ejemplares» en cuestión de medio ambiente.

Endesa ha presentado una petición para explotar 717 megavatios en diversos puntos de Galicia a través de su filial Fisterra Eólica, además de pedir la aplicación de otros 14 megavatios pendientes, indicaron fuentes de la empresa.

La citada empresa ya explota actualmente 504 megavatios de potencia eólica en Galicia, además de obtener otros 250 megavatios de producción hidráulica, unos 800 megavatios de ciclo combinado de gas y 1.400 de la central de carbón de As Pontes, en la provincia de A Coruña, precisaron las fuentes.

Otra de las candidatas a la concesión de eólicas es Unión Fenosa, que concurre junto a la italiana Enel, con la que ya está presente en otros proyectos en Galicia, y aspira a conseguir 1.050,8 megavatios de potencia.

Ence, la empresa fabricante de pasta de celulosa, figura también junto a los empresarios gallegos de la construcción Manuel Jove, Jacinto Rey y Epifanio Campo, en la empresa Inverabán, que solicita un total de 638,8 megavatios de potencia.

Castilla-La Mancha se consolida como la primera comunidad autónoma en cuanto a producción de energía eólica, al alcanzar en el primer semestre del año más de 3.200 megavatios de potencia instalada.

Según informó la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla-La Mancha (Aprecam), de los 3.209,36 megavatios de potencia instalada, a la provincia de Albacete le corresponden 1.701,16, seguida de Cuenca (754,1), Guadalajara (468,6), Ciudad Real (202) y la provincia de Toledo con 83,4 megavatios de potencia.

Castilla-La Mancha se mantiene como primer productor de esta clase de energía limpia en el ránking nacional, superando a la hasta ahora primera región eólica de nuestro país, que era Galicia.

El sector eólico, según un informe elaborado por Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica, contribuyó directamente al PIB nacional, en 2007, con 1.933 millones de euros, e indirectamente, por su «efecto arrastre» sobre otros sectores (como la metalurgia o la fabricación de maquinaria y materiales eléctricos) con otros 1.337 millones de euros más.

Esta contribución al PIB por parte del sector eólico es superior a la de sectores como el Cuero y Calzado o el de la Pesca, dice Aprecam, que agrupa a una decena de empresas, entre ellas las principales eléctricas del país. «El sector de las energías renovables se ha convertido en un pilar básico de nuestra industria regional y en un motor de inversión», afirma Aprecam.

De aquí a 2010 el desarrollo de los proyectos que hay concedidos supondrán una inversión de más de 5.000 millones de euros en Castilla-La Mancha.

En la actualidad el 51% de la energía eléctrica consumida en Castilla-La Mancha es cubierta por esta clase de energía limpia y el objetivo es llegar al cien por cien de nuestro consumo en 2012. En la actualidad, gracias a estas energías, se evita la emisión de 2,3 millones de toneladas de contaminantes a la atmósfera.

Para cuantificar la gran importancia del sector eólico en la creación de empleo, Aprecam señala que en el citado estudio de Deloitte se fija la creación de puestos de trabajo en nuestro país por parte del sector en 20.781 empleos directos y 16.949 trabajos indirectos, que suman en total 37.730 personas empleadas gracias a este sector. Las previsiones para el año 2012 son de un total de 55.912 empleos directos e indirectos.

La situación de la distribución en España corre el peligro de asfixia por el pantano administrativo surgido a raíz de la aplicación de la Ley 17/2007. Una ley, que en líneas generales otorgaba con una definición “técnica” de las redes, las líneas de 220 kV y de 400 kV a Red Eléctrica de España. En cambio, según esta normativa las empresas de distribución podían solicitar al Ministerio de Industria que determinados tramos de 220kV y menores, fuesen considerados de distribución, previa solicitud de audiencia a la Comunidad Autónoma y a la Comisión Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía decidió “dotarse” de criterios comunes para decidir en estos casos y, hasta el momento, no se conoce que disponga de estos criterios, ni que haya empezado a aplicarlos. Hay cientos de casos parados como reconoce el propio Ministerio de Industria, con el consiguiente efecto de perjuicio sobre la inversión y los proyectos.

En las islas esta situación tiene alguna particularidad, dado que por la propia forma en que están dispuestas las redes actualmente, operan bajo un modelo en que el operador de transporte y el operador de red radican en empresas diferentes y se acerca al modelo (ISO), frente al modelo (TSO) de la Península en que el operador de transporte y de red son la misma empresa (en este caso Red Eléctrica de España). Red Eléctrica de España actualmente no opera en las islas como transportista, pero la puerta abierta de la Ley 17/2007, aun no resuelta deja en suspenso esta situación. Hasta el momento, las islas contaban hasta el momento con unos muy buenos resultados en sus indicadores de calidad de suministro en términos de tiempo de interrupciones y número de las mismas. Momento en que llega esta Ley y trastorna el funcionamiento del transporte y la distribución. Hasta aquí el trasfondo de la situación que les vamos a comentar y que es de especial gravedad toda vez que afecta a la iniciativa de una empresa atrapada en el trámite legal y en el cambio legislativo de la Ley 17/2007.

Energía Diario destapaba hace un mes la existencia de una reclamación en la Comisión Nacional de Energía desde el 4 de agosto de 2008 de los responsables del Polígono Industrial de Alcudia que precisan una subestación de distribución para continuar con la urbanización de este polígono así como con su desarrollo inmobiliario. Y la tramitación de esta línea de alta tensión, necesaria para que empresas e industrias se instalen en el mismo, se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para sus promotores, así como en un despropósito en el tiempo, convirtiéndose en una trampa para la empresa que ha decidido emprender este proyecto. Un polígono que, para más inri, está situado a 300 metros de una de las Centrales Térmicas de la isla, concretamente la de Es Mutercar, propiedad de GESA ENDESA.

Se trata de un ejemplo de cómo una regulación incompleta, que modifica una situación en funcionamiento de partida, sin mucho sentido y sin la definición de responsables claros, se cuela en una actividad clave para el suministro eléctrico, la organización de la distribución y el trasnporte, lo que permite el pasabola administrativo y también que se instala en los recodos burocráticos que esconden una tendencia al monopolio en las redes.

Energía Diario ha tenido acceso a la documentación del proyecto y a las solicitudes que sus responsables han cursado a todas las Administraciones responsables. Y, el calvario administrativo y legal de esta tramitación es extenuante a la vista de las múltiples comunicaciones que los responsable de la empresa han realizado ya de forma infructuosa. Aunque la tramitación del polígono lleva más de catorce años, la tramitación oficial de la subestación se remonta al menos un año atrás. Todo comenzó en diciembre de 2007 cuando entró la solicitud en la Secretaria General de Energía para que la subestación que precisa este polígono industrial se mantuviera dentro la red de la distribución de la zona, configurándose como una exención a su incorporación a la red de transporte que establece la Ley 17/2007. Esta solicitud se trasladó a la Comisión Nacional de Energía en agosto de 2008, lo que refleja una demora importante ya en el trámite. Desde ese momento, nunca más se supo, a pesar de que el proyecto de subestación ya está pagado por la empresa promotora.

La callada por respuesta

A partir de ahí, el número de instancias a las que han recurrido sus responsables se ha multiplicado: desde al Presidente del Gobern Balear, Francecs Antich, a la Consellera de Trabajo y Formación, Joana María Barceló, la Consellera de Comercio e Industria del Govern Balear, Francisca Vives, al Director General de Industria, Guillermo Fullana y a la directora General de Energía, Magadalena Tugores, en la adminsitración autonómica. También a la Comisión Nacional de Energía, tanto a los consejeros como a la Presidenta y, asimismo, a los nuevos responsables del Ministerio, en la Secretaria General de Energía, Pedro Marín y al Director General de Política Energética y Minas, Jorge Sanz.

Los responsables de la empresa aseguran que ya “se han explorado todo el organigrama del Ministerio de Industria” y no encuentran respuesta a sus peticiones. Por su parte, la CNE sigue sin hacer público sus criterios en materia de calificación de las líneas de transporte y distribución y sigue sin tomar decisiones concretas en los múltiples casos que Industria le ha remitido desde la entrada en vigor de la nueva ley. Como informó ya este medio, la CNE recibió un duro requerimiento desde la Secretaria General de Energía que parece que no ha surtido ningún efecto.

El primer problema es que la puesta en funcionamiento de dicha subestación es también esgrimido por las autoridades locales, en este caso el Ayuntamiento de Alcudia para no conceder las licencias de urbanización del polígono. Por tanto, si no hay energía, no hay licencias, con lo cual no se puede firmar el contrato necesario previo a la urbanización del Polígono. Algo que puede ahogar el proyecto y del que dependen además de la empresa, 400 familias.

La situación es tan desesperada que los responsables han decidido hacer todo lo posible, desde ponerse en contacto con el actual Ministro de Industria, Miguel Sebastián, dirigiéndose a través de su jefe de gabinete para reclamar una solución. También han decidido desesperados hacer llegar su caso a los medios de comunicación e incluso están dispuestos a poner en conocimiento su caso con la Moncloa. La situación ya se vuelve insostenible para estos empresarios.

¿Y si se enteran en Moncloa?