La Consejería de Economía y Hacienda de Madrid abrió el pasado 31 de enero un expediente informativo por la facturación de las compañías eléctricas algunas de cuyas conclusiones han sido dadas a conocer por el Consejo de Gobierno y de las que ha informado a la prensa el vicepresidente Ignacio González.

El Ejecutivo madrileño califica de «confusa» para las compañías y los consumidores la legislación actual y apunta que ha ocasionado un «caos histórico» en las facturas de la luz en los últimos meses.

«La facturación, con lecturas estimadas, parece querer encubrir una subida muy superior al cuatro por ciento«, según una nota del Gobierno regional, que para unos 400.000 abonados madrileños – los que consumen más de 500 kw/h/mes – «la penalización por kw/h extra consumido ha subido un 125% en el último año».

La subida del cuatro por ciento de media se corresponde a un ochenta por ciento de los consumidores, ya que el recargo establecido, según la Comunidad, no ha tenido en cuenta aspectos como el número de habitantes de la casa o la existencia de personas mayores o niños.

El Ejecutivo madrileño subraya que la transición a la liberalización total del sector se ha llevado a cabo con «errores» como la desaparición de la tarifa nocturna, «a la que pusieron remedio cuando ya las compañías habían cobrado una media de cien euros a todo el que tenía este tipo de contrato».

La Comunidad también denuncia el «empeño» de Industria en facturar mensualmente con el pretexto de hacer que el consumidor pueda entender y planificar mejor su consumo y apunta que «el principal problema es que el Ministerio no ha regulado hasta la fecha el método de estimación».

Respecto a la futura Oficina de Defensa del Consumidor, que quiere poner en marcha el Ministerio de Industria, se trata de «una solución apresurada y que en la práctica no permitirá resolver el problema de los consumidores», según el Gobierno madrileño.

En esta línea, afirma que esa Oficina «puede suponer una injerencia en las competencias de protección al consumidor trasferidas a las Comunidades desde hace años.

La titular de Energía recalcó en Bruselas, durante su intervención en un foro sobre energía solar termoeléctrica, que el actual debate sobre el modelo energético mundial supone «un momento de oportunidades» para «dar el salto» y posicionar a Castilla-La Mancha como un modelo en el mundo.

En este sentido, la consejera recordó que la comunidad autónoma manchega ya es «líder en producción de energía eólica y solar fotovoltaica», lo que ha permitido que el 60% de la energía eléctrica que se consume en Castilla-La Mancha proceda de fuentes renovables.

Esta «posición privilegiada» en el ámbito de las energías limpias ha hecho posible el compromiso asumido por Castilla-La Mancha de convertirse en 2012 en la primera comunidad autónoma cuyo consumo de energía eléctrica proceda en un 100% de fuentes renovables, recordó la consejera.

Además, Fernández también hizo referencia en su discurso a la energía solar termoeléctrica, que «abre un montón de oportunidades porque aún puede desarrollarse tecnológicamente mucho más».

«Estamos hablando con el sector de la energía termoeléctrica«, aseguró la consejera porque, añadió, este tipo de energía limpia potenciará «empleo de calidad y con valor añadido» y atraerá inversiones que «queremos que lleguen a Castilla-La Mancha».

Elevar a rango de ley el fomento de las energías renovables, dotar de facilidades administrativas al sector y apostar por las inversiones en infraestructuras -12.000 millones de euros hasta el 2012- son las claves que, a juicio de la consejera, han llevado a esta comunidad a situarse «a la cabeza de España y de bastantes regiones de la UE» en energías renovables.

Para que los vecinos no tengan que costear esta instalación, se utilizarán los ingresos generados por la venta de la energía producida para amortizar las cuotas mensuales de devolución del crédito. Además, se habilitan hasta 15 años de amortización del préstamo.

Según el consistorio, gracias a este acuerdo será más fácil para cualquier persona que resida en Rivas o que tenga instalada su empresa en la localidad acogerse a «Rivas Solar», un programa que pretende extender el uso de la energía producida por el sol en el municipio y avanzar en la sostenibilidad medioambiental.

El Ayuntamiento de Rivas asegura que las condiciones de financiación a las que pueden acceder los solicitantes de placas solares, gracias al acuerdo firmado, «mejoran las más ventajosas que se pueden hallar hoy en día en el mercado»: financiación de hasta el 100% de la inversión; un plazo de respuesta a las solicitudes de financiación de 48 horas como máximo; un plazo de amortización de hasta 15 años, y un periodo de carencia de hasta seis meses.

La zona elegida para la construcción de estas centrales es el entorno emeritense, ya que todas se encuentran en un radio de pocos kilómetros entre si. El enclave fue escogido debido a la proximidad al gasoducto de Almendralejo, a las conexiones eléctricas por la línea Guillena-Bienvenida-Almaraz, su cercanía con las autovías A-5 y A-66 y por ser una zona con disponibilidad de agua.

Los tres proyectos, que han contado con una inversión próxima a los 700 millones de euros, aportarían una potencia instalada de 2.300 MW, con la que se abastecería tres veces la demanda eléctrica anual de toda la región. En concreto, la de Alange (promovida por Iberdrola) contaría con 850 MW y 242 millones invertidos, mientras que la de La Zarza (impulsada por ELG) tendría 400 MW y 164 millones. Por último, la de Valverde (creada por Siemens y Advanced Power) sería la más ambiciosa, al desarrollar 1.060 megavatios con 276 millones de inversión.

En la actualidad, los trámites de autorización ambiental de los tres proyectos por parte del Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Extremadura han coincidido en tiempo, aunque la decisión del Ejecutivo extremeño está condicionada a que Medio Ambiente dé su visto bueno a los proyectos.

De todos modos, en el caso de que el Ministerio diera su aprobación, la Junta parece proclive a rechazar alguno de estos diseños de ciclo combinado. La idea del Ejecutivo pasa por aprobar una central, que probablemente fuera la de Iberdrola, y a medio plazo permitir la construcción de otra más, dejando fuera la de Valverde de Mérida. La razón es que la Junta quiere evitar que la cercanía entre las centrales y que estén conectadas a la misma red de gas y la misma red de evacuación eléctrica.