Convenio para aumentar en un 30% la producción de energía renovable en Navarra

El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, y el de Red Eléctrica Española, Luis Atienza, han firmado un acuerdo que incrementa la capacidad de suministro y evacuación de electricidad y con ello posibilita aumentar en un 30% la producción de energía renovable para 2016.

Antes de firmar este convenio ha tenido lugar la inauguración de la subestación de Muruarte de Reta, con una línea de 60 kilómetros de longitud hasta Castejón y una capacidad de transporte de 400 kv. Esta infraestructura se completará en un futuro con una segunda línea hacia Vitoria, que igualmente incrementará la capacidad de evacuación.

El presidente Sanz ha precisado que el acuerdo suscrito hoy «es muy importante porque es una batalla más en la guerra contra la crisis«, al igual que otras medidas adoptadas por el Ejecutivo, entre ellas el acuerdo que también se ha suscrito con ocho entidades bancarias para facilitar la concesión de créditos.

«Estamos dando los pasos que hay que dar desde una sociedad avanzada y con capacidad», ha precisado Sanz, y por eso ha querido transmitir a los ciudadanos un menaje de confianza ante una crisis que hará que los ciudadanos pasen dificultades, pero «desde sus instituciones se están dando los pasos necesarios».

En este sentido Luis Atienza ha destacado que mediante este convenio se podrán alcanzar los 1.536 kw de generación de energía renovable instalada en Navarra para 2016, frente a los 1.088 de capacidad actual.

Este potencial, unido a la futura línea con Vitoria, permite a Navarra «afrontar las necesidades de futuro ciertas» y esto, ha subrayado, representa «un activo muy importante» ya que la sociedad moderna conlleva un aumento del consumo energético y además este sistema es «el principal vector para la integración de las renovables«.

Por lo tanto según Luis Atienza se requiere «una red muy robusta, muy flexible y muy interconectada para que el suministro esté permanentemente garantizado» y al mismo tiempo atender «la gran variabilidad en la producción» de las energías renovables, en especial la eólica.

«Para salir de la crisis hay que invertir y hacerlo en lo que incrementa el potencial de futuro, tanto de renovables como de proyectos industriales», ha comentado, y ha añadido que sin embargo que existe «un problema de aceptabilidad» social para el desarrollo de infraestructuras eléctrica y sobre todo de líneas eléctricas.

La razón, ha puntualizado, es que cuando «la electrificación es casi completa» la justificación de nuevas instalaciones resulta «más compleja» y se necesita «mucha pedagogía» y «la complicidad» de las instituciones, por lo que ha agradecido la actitud del Gobierno de Navarra que además, según ha asegurado Sanz, está convencido de la necesidad de «reducir drástricamente» los trámites administrativos para estas instalaciones, «y esa es otra batalla que vamos a ganar».

Polémica sobre los aspectos ambientales del gasoducto península-Islas Baleares

El Ayuntamiento de Dénia (Alicante) ha amenazado con paralizar en un plazo de diez días las obras de construcción de gasoducto península-Islas Baleares si la empresa adjudicataria, Enagás, no le entrega diversa documentación sobre aspectos ambientales.

El departamento de Medio Ambiente del consistorio ha remitido un informe a Enagás en el que advirtierte de que incoará un expediente de paralización de los trabajos si antes de diez días no recibe los documentos requeridos.

Concretamente, se pide el proyecto de restauración ambiental de la ribera del río Racons y la zona dunar, firmado por el técnico competente, los planos de detalle de las actuaciones de restauración ambiental a realizar tanto en la ribera del Racons como en la duna y también un plano de localización del acopio de la arena extraída en el dragado de las obras.

Recuerdan que todos estos requisitos ya le fueron pedidos a Enagás en enero y que la documentación recibida entonces «adolecía de una serie de deficiencias» que evitan que el ayuntamiento pueda realizar las funciones de inspección ambiental que le corresponden.

En cuanto al volumen de arena extraído y el lugar de acopio de la misma, se trata de un aspecto que ha suscitado la preocupación de los vecinos y que el consistorio tiene «especial interés» en vigilar.

– Enagás ha afirmado su disposición a proporcionar al Ayuntamiento de Dénia toda la documentación que solicite sobre aspectos ambientales de los trabajos.

Fuentes de Enagás han informado que la compañía ha facilitado al consistorio toda la información que ha pedido en el pasado y que sigue «a su disposición» para continuar aportándole la que requiera ahora o en un futuro.

Con una longitud de 267 kilómetros y 21.881 tubos de hierro formados en hormigón, de 12,2 metros cada uno, la nueva línea energética permitirá integrar a las Baleares en el sistema gasista español.

La obra comenzó a ejecutarse el pasado octubre entre Palma e Ibiza mientras que el tramo entre ésta última y la península, a través de Dénia, se inició el pasado enero.

Polémica sobre los aspectos ambientales del gasoducto península-Islas Baleares

El Ayuntamiento de Dénia (Alicante) ha amenazado con paralizar en un plazo de diez días las obras de construcción de gasoducto península-Islas Baleares si la empresa adjudicataria, Enagás, no le entrega diversa documentación sobre aspectos ambientales.

El departamento de Medio Ambiente del consistorio ha remitido un informe a Enagás en el que advirtierte de que incoará un expediente de paralización de los trabajos si antes de diez días no recibe los documentos requeridos.

Concretamente, se pide el proyecto de restauración ambiental de la ribera del río Racons y la zona dunar, firmado por el técnico competente, los planos de detalle de las actuaciones de restauración ambiental a realizar tanto en la ribera del Racons como en la duna y también un plano de localización del acopio de la arena extraída en el dragado de las obras.

Recuerdan que todos estos requisitos ya le fueron pedidos a Enagás en enero y que la documentación recibida entonces «adolecía de una serie de deficiencias» que evitan que el ayuntamiento pueda realizar las funciones de inspección ambiental que le corresponden.

En cuanto al volumen de arena extraído y el lugar de acopio de la misma, se trata de un aspecto que ha suscitado la preocupación de los vecinos y que el consistorio tiene «especial interés» en vigilar.

– Enagás ha afirmado su disposición a proporcionar al Ayuntamiento de Dénia toda la documentación que solicite sobre aspectos ambientales de los trabajos.

Fuentes de Enagás han informado que la compañía ha facilitado al consistorio toda la información que ha pedido en el pasado y que sigue «a su disposición» para continuar aportándole la que requiera ahora o en un futuro.

Con una longitud de 267 kilómetros y 21.881 tubos de hierro formados en hormigón, de 12,2 metros cada uno, la nueva línea energética permitirá integrar a las Baleares en el sistema gasista español.

La obra comenzó a ejecutarse el pasado octubre entre Palma e Ibiza mientras que el tramo entre ésta última y la península, a través de Dénia, se inició el pasado enero.

Red Eléctrica invertirá 734 millones hasta 2013

Red Eléctrica invertirá 734 millones de euros entre 2009 y 2013 en la Comunidad Valenciana y construirá cincuenta nuevas subestaciones en un plazo de ocho años, ha anunciado su presidente, Luis Atienza.

Esa inversión se destinará a la construcción de nuevas subestaciones eléctricas, al desarrollo del AVE, a la interconexión con Baleares –proyecto Rómulo-, a la evacuación de energías renovables y al refuerzo estructural de la red.

Durante la inauguración de la nueva sede de la delegación regional de Red Eléctrica en Valencia, Atienza ha explicado que ese «esfuerzo inversor» se llevará a cabo para atender la evolución de la demanda que en el ciclo económico entre 1995 y 2008 creció un 90 por ciento en esta Comunidad.

Atienza ha reconocido que son «muchas» las infraestructuras que hay que atender, entre ellas el plan de energías renovables, que requiere una «red flexible y sólida«, y ha recordado que el plan eólico de la comunidad prevé una potencia de 3.500 megavatios «y hay que hacerlo viable».

Otro demandante de electricidad es el AVE, que requiere alimentación «en muy alta tensión» y que ello no altere la calidad del servicio.

A ello se suman las desalinizadoras y el proyecto de interconexión eléctrica entre la península y Baleares, por el que se pondrán en servicio las estaciones conversoras de Sagunto (Valencia) y Calvià (Mallorca).

Respecto a esa interconexión submarina, Atienza ha avanzado que una vez se disponga de la declaración de impacto ambiental se iniciará de forma inmediata la construcción de las estaciones conversoras (que garantizan su operación para la unión de los dos sistemas eléctricos) «para estar en condiciones de llegar a que el primer cable pueda estar en pruebas a finales de 2010«.

El segundo cable subterráneo entrará en funcionamiento en la primavera de 2011 según las previsiones del proyecto Rómulo que, con una inversión para la construcción del enlace de 375 millones de euros, conectará Baleares con la península a través de un cable submarino de 237 kilómetros y una profundidad máxima de 1.485 metros.

Atienza, que ha hecho referencia a la «incomprensión social» que generan las grandes infraestructuras eléctricas, ha indicado que no dispone de una previsión de evolución de la demanda durante este año, aunque ha avanzado que las tasas negativas de crecimiento serán «más suaves» que las registradas a principios de 2009.

Red Eléctrica invertirá 734 millones hasta 2013

Red Eléctrica invertirá 734 millones de euros entre 2009 y 2013 en la Comunidad Valenciana y construirá cincuenta nuevas subestaciones en un plazo de ocho años, ha anunciado su presidente, Luis Atienza.

Esa inversión se destinará a la construcción de nuevas subestaciones eléctricas, al desarrollo del AVE, a la interconexión con Baleares –proyecto Rómulo-, a la evacuación de energías renovables y al refuerzo estructural de la red.

Durante la inauguración de la nueva sede de la delegación regional de Red Eléctrica en Valencia, Atienza ha explicado que ese «esfuerzo inversor» se llevará a cabo para atender la evolución de la demanda que en el ciclo económico entre 1995 y 2008 creció un 90 por ciento en esta Comunidad.

Atienza ha reconocido que son «muchas» las infraestructuras que hay que atender, entre ellas el plan de energías renovables, que requiere una «red flexible y sólida«, y ha recordado que el plan eólico de la comunidad prevé una potencia de 3.500 megavatios «y hay que hacerlo viable».

Otro demandante de electricidad es el AVE, que requiere alimentación «en muy alta tensión» y que ello no altere la calidad del servicio.

A ello se suman las desalinizadoras y el proyecto de interconexión eléctrica entre la península y Baleares, por el que se pondrán en servicio las estaciones conversoras de Sagunto (Valencia) y Calvià (Mallorca).

Respecto a esa interconexión submarina, Atienza ha avanzado que una vez se disponga de la declaración de impacto ambiental se iniciará de forma inmediata la construcción de las estaciones conversoras (que garantizan su operación para la unión de los dos sistemas eléctricos) «para estar en condiciones de llegar a que el primer cable pueda estar en pruebas a finales de 2010«.

El segundo cable subterráneo entrará en funcionamiento en la primavera de 2011 según las previsiones del proyecto Rómulo que, con una inversión para la construcción del enlace de 375 millones de euros, conectará Baleares con la península a través de un cable submarino de 237 kilómetros y una profundidad máxima de 1.485 metros.

Atienza, que ha hecho referencia a la «incomprensión social» que generan las grandes infraestructuras eléctricas, ha indicado que no dispone de una previsión de evolución de la demanda durante este año, aunque ha avanzado que las tasas negativas de crecimiento serán «más suaves» que las registradas a principios de 2009.

Extremadura obliga a las eléctricas a regularizar las facturas desde noviembre

El director general de Ordenación Industrial, Energética y Minera, José Luis Andrade, recordó que el consejero, José Luis Navarro, anunció el pasado 19 de febrero el apoyo de la Junta de Extremadura al borrador de resolución remitido por el Ministerio de Industria, para que todas las empresas distribuidoras de España aplicaran un único criterio.

Andrade ha explicado que dicha resolución debería haber entrado en vigor con fecha 1 de marzo, pero «dado que desde el Ministerio no se ha tomado ninguna determinación al respecto, la Junta de Extremadura ha decidido actuar en defensa de los intereses de los usuarios extremeños, en aplicación de sus competencias».

El expediente informativo abierto por la Dirección General de Ordenación Industrial, Energética y Minera, motivado por las reclamaciones presentadas por los usuarios, confirma que cada empresa ha utilizado un procedimiento diferente para la estimación de los consumos, al no existir un método único fijado por el Ministerio de Industria.

Pese a que dicha actuación por parte de las distribuidoras de energía eléctrica no puede ser considerada una irregularidad sancionable, sí ha generado un gran número de reclamaciones de los usuarios afectados, por lo que la Junta de Extremadura estima que se deben volver a calcular las facturas emitidas a los usuarios domésticos a partir del 1 de noviembre, utilizando las lecturas reales tomadas cada dos meses.

Según la resolución de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, las empresas distribuidoras recalcularán y regularizarán el importe de las facturas con los siguientes criterios: el término de energía se regularizará considerando las lecturas reales, dividiendo el consumo real entre el número de días y aplicando en cada día la tarifa vigente; y el recargo por exceso de consumo se aplicará sobre consumo real, comparando el consumo diario promedio con los límites establecidos.

Por tanto, «si existieran diferencias entre el importe emitido en las facturas y el importe recalculado según los criterios establecidos en esta resolución, las distribuidoras tendrán la obligación de abonar la diferencia en la siguiente factura ordinaria que emitan, notificando además esta regularización», concluyó el director general.

Asimismo, «cuando se dé un nuevo cambio de tarifa eléctrica no será necesaria una nueva resolución de la Consejería, ya que ésta continuará en vigor».

Extremadura obliga a las eléctricas a regularizar las facturas desde noviembre

El director general de Ordenación Industrial, Energética y Minera, José Luis Andrade, recordó que el consejero, José Luis Navarro, anunció el pasado 19 de febrero el apoyo de la Junta de Extremadura al borrador de resolución remitido por el Ministerio de Industria, para que todas las empresas distribuidoras de España aplicaran un único criterio.

Andrade ha explicado que dicha resolución debería haber entrado en vigor con fecha 1 de marzo, pero «dado que desde el Ministerio no se ha tomado ninguna determinación al respecto, la Junta de Extremadura ha decidido actuar en defensa de los intereses de los usuarios extremeños, en aplicación de sus competencias».

El expediente informativo abierto por la Dirección General de Ordenación Industrial, Energética y Minera, motivado por las reclamaciones presentadas por los usuarios, confirma que cada empresa ha utilizado un procedimiento diferente para la estimación de los consumos, al no existir un método único fijado por el Ministerio de Industria.

Pese a que dicha actuación por parte de las distribuidoras de energía eléctrica no puede ser considerada una irregularidad sancionable, sí ha generado un gran número de reclamaciones de los usuarios afectados, por lo que la Junta de Extremadura estima que se deben volver a calcular las facturas emitidas a los usuarios domésticos a partir del 1 de noviembre, utilizando las lecturas reales tomadas cada dos meses.

Según la resolución de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, las empresas distribuidoras recalcularán y regularizarán el importe de las facturas con los siguientes criterios: el término de energía se regularizará considerando las lecturas reales, dividiendo el consumo real entre el número de días y aplicando en cada día la tarifa vigente; y el recargo por exceso de consumo se aplicará sobre consumo real, comparando el consumo diario promedio con los límites establecidos.

Por tanto, «si existieran diferencias entre el importe emitido en las facturas y el importe recalculado según los criterios establecidos en esta resolución, las distribuidoras tendrán la obligación de abonar la diferencia en la siguiente factura ordinaria que emitan, notificando además esta regularización», concluyó el director general.

Asimismo, «cuando se dé un nuevo cambio de tarifa eléctrica no será necesaria una nueva resolución de la Consejería, ya que ésta continuará en vigor».

Cantabria aprobará la semana que viene su Plan Eólico

La vicepresidenta de Cantabria, Lola Gorostiaga (PSOE), ha hecho este anuncio durante la presentación de una campaña informativa que el Gobierno llevará a 25 municipios para que los ciudadanos conozcan las ventajas de esta energía limpia y sepan que la implantación en su territorio de aerogeneradores es una «necesidad«, pero también una «oportunidad«.

Gorostiaga ha defendido el Plan Eólico como un medio para incrementar la producción de energía mediante fuentes renovables y una oportunidad para crear una industria vinculada al I+D+i y para generar un nuevo modelo de crecimiento industrial capaz de crear empleo estable, de calidad, tanto en zonas rurales como urbanas.

La instalación de los parques, que ocuparán el 2 por ciento del territorio de la comunidad autónoma, supondrá una inversión directa por parte de las empresas adjudicatarias de 2.000 millones de euros, con lo que se crearán 500 empleos.

Pero además, los molinos de viento atraerán una inversión indirecta de 1.000 millones de euros para crear una industria paralela de I+D+i, vinculada al desarrollo eólico, ha explicado Gorostiaga, quien ha destacado el beneficio económico de estos proyectos para los ayuntamientos. La energía que generen los parques será suficiente para abastecer a más de un millón de hogares.

El Gobierno de Cantabria aprobará la semana que viene el Plan Eólico, una vez que ha recibido el visto bueno del Consejo de Estado y del Comité Nacional de la Energía.

Cantabria ha sido una de las últimas comunidades autónomas en incorporarse a la energía eólica, ya que la instalación de parques de aerogeneradores está bloqueada desde hace siete años por una moratoria que se decretó para valorar el impacto de estas instalaciones sobre el paisaje de la comunidad autónoma.

Su único parque, el de Cañoneras (18 megavatios), en el municipio de Soba, se inauguró hace un año y responde a una autorización tramitada antes de la moratoria de abril de 2001.

Cantabria aprobará la semana que viene su Plan Eólico

La vicepresidenta de Cantabria, Lola Gorostiaga (PSOE), ha hecho este anuncio durante la presentación de una campaña informativa que el Gobierno llevará a 25 municipios para que los ciudadanos conozcan las ventajas de esta energía limpia y sepan que la implantación en su territorio de aerogeneradores es una «necesidad«, pero también una «oportunidad«.

Gorostiaga ha defendido el Plan Eólico como un medio para incrementar la producción de energía mediante fuentes renovables y una oportunidad para crear una industria vinculada al I+D+i y para generar un nuevo modelo de crecimiento industrial capaz de crear empleo estable, de calidad, tanto en zonas rurales como urbanas.

La instalación de los parques, que ocuparán el 2 por ciento del territorio de la comunidad autónoma, supondrá una inversión directa por parte de las empresas adjudicatarias de 2.000 millones de euros, con lo que se crearán 500 empleos.

Pero además, los molinos de viento atraerán una inversión indirecta de 1.000 millones de euros para crear una industria paralela de I+D+i, vinculada al desarrollo eólico, ha explicado Gorostiaga, quien ha destacado el beneficio económico de estos proyectos para los ayuntamientos. La energía que generen los parques será suficiente para abastecer a más de un millón de hogares.

El Gobierno de Cantabria aprobará la semana que viene el Plan Eólico, una vez que ha recibido el visto bueno del Consejo de Estado y del Comité Nacional de la Energía.

Cantabria ha sido una de las últimas comunidades autónomas en incorporarse a la energía eólica, ya que la instalación de parques de aerogeneradores está bloqueada desde hace siete años por una moratoria que se decretó para valorar el impacto de estas instalaciones sobre el paisaje de la comunidad autónoma.

Su único parque, el de Cañoneras (18 megavatios), en el municipio de Soba, se inauguró hace un año y responde a una autorización tramitada antes de la moratoria de abril de 2001.

Un informe de la Comunidad de Madrid señala que la factura de la luz encubre una subida real

La Consejería de Economía y Hacienda de Madrid abrió el pasado 31 de enero un expediente informativo por la facturación de las compañías eléctricas algunas de cuyas conclusiones han sido dadas a conocer por el Consejo de Gobierno y de las que ha informado a la prensa el vicepresidente Ignacio González.

El Ejecutivo madrileño califica de «confusa» para las compañías y los consumidores la legislación actual y apunta que ha ocasionado un «caos histórico» en las facturas de la luz en los últimos meses.

«La facturación, con lecturas estimadas, parece querer encubrir una subida muy superior al cuatro por ciento«, según una nota del Gobierno regional, que para unos 400.000 abonados madrileños – los que consumen más de 500 kw/h/mes – «la penalización por kw/h extra consumido ha subido un 125% en el último año».

La subida del cuatro por ciento de media se corresponde a un ochenta por ciento de los consumidores, ya que el recargo establecido, según la Comunidad, no ha tenido en cuenta aspectos como el número de habitantes de la casa o la existencia de personas mayores o niños.

El Ejecutivo madrileño subraya que la transición a la liberalización total del sector se ha llevado a cabo con «errores» como la desaparición de la tarifa nocturna, «a la que pusieron remedio cuando ya las compañías habían cobrado una media de cien euros a todo el que tenía este tipo de contrato».

La Comunidad también denuncia el «empeño» de Industria en facturar mensualmente con el pretexto de hacer que el consumidor pueda entender y planificar mejor su consumo y apunta que «el principal problema es que el Ministerio no ha regulado hasta la fecha el método de estimación».

Respecto a la futura Oficina de Defensa del Consumidor, que quiere poner en marcha el Ministerio de Industria, se trata de «una solución apresurada y que en la práctica no permitirá resolver el problema de los consumidores», según el Gobierno madrileño.

En esta línea, afirma que esa Oficina «puede suponer una injerencia en las competencias de protección al consumidor trasferidas a las Comunidades desde hace años.