A través de un comunicado, la Comunidad alude a la decisión de la Comisión de Industria del Congreso, que con competencia legislativa plena, aprobó el proyecto de ley del que ha eliminado los artículos que proponían la creación de una Oficina de Defensa del Consumidor de Productos energéticos, al que se habían presentado también varias enmiendas.

El Congreso considera que esos artículos no tienen cabida en ese proyecto, mientras que el Gobierno regional madrileño lo percibe como un «espaldarazo», en especial después de que el pasado 14 de mayo presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que aprobaba la creación de este servicio en la CNE.

La Comunidad consideraba entonces que el proyecto del Gobierno invadía competencias autonómicas y estaba exento de motivaciones de urgencia y ha agregado que la apertura de esa Oficina no solucionaría «el verdadero problema de los consumidores, que no es otro que la fuerte subida encubierta de las tarifas de electricidad que ha propiciado el Ministerio de Industria a principios de año».

El Ejecutivo regional llevará a la reunión de las Comunidades con el Instituto Nacional de Consumo – el 5 de junio – las cuestiones que están afectando a los consumidores «y que ya han provocado una avalancha de cerca de 10.000 reclamaciones».

La Comunidad de Madrid ha enviado una carta a todos los consumidores que han presentado una reclamación en los últimos meses en la que, además de comunicarles que la empresa reclamada está procediendo a la revisión de la factura, se les informa de que la subida media real de las tarifas eléctricas ha sido del 21% frente al 4% anunciado por el Gobierno central.

Según informó el Ejecutivo regional, en la carta se explica que la legislación estatal que ha entrado en vigor en 2009 introduce una serie de cambios y subidas de la energía eléctrica en varios conceptos que, debido a su complejidad, está confundiendo a muchos consumidores.

«La normativa aprobada por el Gobierno de España permite incrementos que van desde el 5% al 25% dependiendo de los distintos conceptos que se facturan, además del consumo real», señala la misiva.

Según la Comunidad, dichos incrementos se refieren a la potencia contratada, cuya tarifa se ha incrementado una media del 5%. En cuanto a los kW/hora/mes, todo lo que se consume hasta 500 kW/hora/mes ha tenido un incremento del 5%, aproximadamente, con respecto al año anterior.

Además, indica que si el consumo es superior a esa cantidad, se practica una penalización por cada kW/hora/mes excedido, que ha experimentado una subida en torno al 125% con respecto al año 2008. Asimismo, dicho tope de consumo sin penalizar, fijado en 2008 en 550 kW/hora/mes, se ha reducido a 500 kW/hora/mes en las tarifas de 2009, justo en uno de los inviernos más fríos de los últimos años.

La carta enviada advierte de que la tarifa nocturna ha desaparecido, por lo que aun cuando el usuario haya podido seguir consumiendo energía eléctrica en los mismos horarios que lo hacía, pagará su factura conforme a una tarifa ordinaria. En este caso, añade, las posibilidades de que el usuario haya sido penalizado por exceso de consumo se han incrementado notablemente.

La Comunidad de Madrid también denuncia el empeño del Ministerio de Industria en facturar mensualmente con el pretexto de hacer que el consumidor pueda entender y regular mejor su consumo.

La carta finaliza advirtiendo de que todas las reclamaciones recibidas están facilitando la investigación abierta por la Dirección General de Consumo para establecer las posibles responsabilidades y para intentar que el Gobierno central modifique la normativa estatal y determine la obligación de hacer las facturas más claras, respetando «el derecho de los consumidores a obtener una información suficiente y asequible sobre los conceptos que les están cobrando».

José Luis Navarro ha ofrecido estos datos durante su intervención en las «Jornadas sobre Bosques, Energía y Cambio Climático en un contexto de crisis» que la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente (AEEFOR) ha celebrado esta semana en la Asamblea de Extremadura, en Mérida.

A juicio del consejero, el reto es que la energía se convierta en uno de los «sectores estratégicos» de Extremadura y que se traduzca en estructuras productivas modernas, equilibradas y que contribuyan a crear empleo de calidad.

Por ello, ha señalado que desde hace varias semanas se está trabajando con agentes sociales de la región para conseguir acuerdos en el sector energético.

Según ha precisado, las instalaciones energéticas previstas para el periodo 2009-2012 supondrán la creación de 13.000 puestos de trabajo de un año de duración durante la construcción de las plantas, así como otros 4.000 puestos indirectos.

Además, durante la explotación de las mismas se prevén crear más de 3.400 empleos fijos y otros 1.000 indirectos, «como mínimo», ha asegurado Navarro.

Por otra parte, Navarro ha rechazado «ciertos tópicos» sobre el sistema energético de la región al afirmar que el apoyo de la Junta de Extremadura a las energías renovables, la refinería y las centrales de ciclo combinado «no es un pecado original».

Por una parte, ha asegurado que las centrales de ciclo combinado existen en las 12 de las 17 comunidades autónomas del país y que en 2008 un tercio de la energía eléctrica consumida en España provenía de ellas.

Además, ha dicho que estas centrales «se están montando en toda Europa porque su energía se considera complementaria a las renovables».

En cuanto a la refinería, el consejero ha afirmado que no entiende por qué en otras zonas del país, tales como Murcia y Huelva, donde abundan los espacios naturales, se permite su construcción y en un menor tiempo de espera, «sin que nadie lo critique».

«El resto de Europa está atravesada por oleoductos que nunca dieron problemas» y aquí, por uno que hay que construir desde Huelva, para que fuera «el fin del mundo», ha subrayado.

El consejero ha aducido que el consumo de gasóleo seguirá subiendo una vez acabe la crisis económica y que éste hay que refinarlo en algún sitio, por lo que la puesta en marcha de la refinería en Tierra de Barros «creará garantías de futuro».