Por ello, el ahora diputado nacionalista por Lugo, concluyó que el PPdeG trata de buscar «disculpas» para «defender otro tipo de intereses que no son los del país».

«Feijóo representa otro tipo de intereses y no le gusta que en este modelo las adjudicatarias sean empresas del país o sectores productivos de Galicia, parece ser que tiene otro tipo de alternativas», censuró, y subrayó que «lo que demuestra, es el escaso interés que tiene por defender los intereses de Galicia».

Sobre los intereses que defendería Feijóo con la anulación de este concurso, del que fue gran propulsor él mismo, añadió que eso «habría que preguntárselo al presidente de la Xunta».

Asimismo, advirtió de que el decreto que impulsado por el bipartito «no tiene esas tachas (de constitucionalidad) de las que habla el PP», por ello insiste en que cabe preguntarse «cuál es el objetivo de paralizar un sector durante años y el de paralizar inversiones importante en materia industrial y de creación de empleo en medio de una crisis económica».

«Que ponga Feijóo sobre la mesa cuáles son los intereses que defiende, que no son los de Galicia ni los de los gallegos«, zanjó Fernando Blanco.

Guillerme Vázquez acusó al Ejecutivo autonómico de estar actuando como «un mal árbitro» que pretende «cambiar las reglas del juego para que se repita el partido y gane el equipo que él quiere que gane».

Así, el nacionalista aseguró que con la nueva norma no se pretende «mejorar nada» sino «entregar a los de siempre el apetitoso negocio» de la explotación del viento, y auguró que «pronto se sabrá a los intereses de quién responde», una vez se autoricen los nuevos proyectos.

Para el líder del BNG, la Xunta está tratando de «revestir de legalidad» una «decisión política al servicio de los intereses de determinadas empresas alegando informes de la Asesoría Jurídica que ponen en duda el decreto eólico elaborado por el bipartito».

Sin embargo, Vázquez consideró que «es evidente que el concurso era legal» y apuntó a que si el Gobierno gallego hubiera encontrado alguna ilegalidad real «podría revocar o derogar el decreto, o ir a los tribunales» y que, sin embargo, ha optado por pedir la autorización del Parlamento.

En esta línea, Vázquez señaló que la nueva ley incluirá «una figura que no existe en el derecho público» ya que pedirá para el «consejero de turno» la capacidad para desistir del procedimiento iniciado por el bipartito.

Vázquez también criticó que la nueva norma elimine la participación pública en los parques eólicos y se refirió al canon medioambiental propuesto por la Xunta como un instrumento con el que se pretende «lavar la cara y tapar las verguenzas» ante la supresión de la participación pública.

El portavoz nacional del BNG adelantó que su formación enmendará la norma elaborada por el Gobierno gallego cuando ésta llegue a la Cámara y reclamó al presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, que «explique a los gallegos a qué intereses responde» la nueva planificación eólica de la Xunta.

Según el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, ésta es la fórmula aconsejada por la asesoría jurídica de la Xunta como la mejor solución para ‘dar seguridad jurídica’ y ‘evitar posibles indemnizaciones’.

En esta línea, Feijóo recordó que ninguno de los actos administrativos efectuados al amparo del decreto que se va a derogar ‘adquirió firmeza’, puesto que se estaba en la fase de admisión a trámite, y no de autorización, por lo que el Ejecutivo considera que ‘no habrá indemnizaciones por esta decisión’. ‘Estamos a tiempo’ aseveró el presidente.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Xunta, Feijóo desgranó algunas de las claves del anteproyecto de ley que regulará el aprovechamiento eólico en Galicia y aseguró que tramitar la anulación y el nuevo procedimiento, a través de una ley, permitirá ‘ganar más de medio año’, al evitar que se tenga que elaborar y tramitar un nuevo decreto antes de iniciar el proceso de autorizaciones administrativas.

Dichas autorizaciones para explotar los 2.300 megawatios de potencia eólica que la Xunta volverá a repartir no se darán en un único concurso conjunto, sino que se distribuirán en forma de ‘paquetes’ para evitar que un posible error o problema en una autorización afecte a todas las demás.

El presidente de la Xunta también aseguró que en el nuevo proceso de autorizaciones ‘ningún consejero ni Gobierno de turno serán los que decidan lo que se debe hacer, sino que será el Parlamento gallego el que garantice la objetividad y transparencia de la adjudicación eólica y el que imponga al Gobierno condiciones de publicidad y concurrencia competitiva’.

Además, Feijóo insistió en la importancia de que se cree un canon medioambiental que grave la instalación de los molinos eólicos y que se destinará ‘fundamentalmente’ a los ayuntamientos donde están radicados los parques. Actualmente, alrededor de la mitad de ayuntamientos gallegos cuenta con instalaciones de este tipo.

Según explicó, está previsto que el 50% de lo recaudado vaya directamente a las arcas municipales, y la otra mitad irá a la hacienda autonómica, aunque con el compromiso de que la ‘inmensa mayoría’ de ese dinero se invertirá en los concejos.

Feijóo justificó la decisión del Gobierno gallego de anular el decreto y el concurso eólico desarrollados por el bipartito con la ‘necesidad de restaurar la legalidad’ y apoyándose en el informe de la asesoría jurídica de la Xunta que detectó ‘hasta cuatro puntos de ilegalidad que acarrean la nulidad de pleno derecho’.

Esta previsto que miembros del Gobierno autonómico se reúnan con representantes del sector eólico para presentarles el proyecto de ley, ya que, según reiteró Feijóo, la intención del Gobierno gallego es que la nueva norma esté aprobada a finales de año, de modo que se ‘recupere el tiempo perdido’ y las autorizaciones puedan estar resueltas en el segundo semestre de 2010.

El PSDEG alerta de que la derogación supondrá un retraso de dos años

Por su parte, el portavoz del grupo del PSdeG-PSOE en el Parlamento de Galicia, Xaquín Fernández Leiceaga, alertó de que la decisión de la Xunta de anular el decreto eólico retrasará ‘de manera considerable’, aludió a un mínimo de ‘más de dos años’, el desarrollo del sector, y criticó las ‘contradicciones notables’ del nuevo proyecto, augurando una ‘guerra judicial’ entre el sector y la Xunta.

Esta paralización, según argumentó, reducirá las opciones de acceder a las primas estatales, que están en ‘progresiva reducción’ y que serán mucho más bajas cuando estén operativos los nuevos parques. ‘El señor Feijóo no verá funcionando en este mandato parques eólicos derivados de la nueva adjudicación’, afirmó.

Leiceaga criticó el ‘revisionismo de carácter político’ de la Xunta, a la que acusó de ‘imponer un sesgo ideológico’ en sus decisiones. Asimismo, alertó del posible intento del Ejecutivo que preside Alberto Núñez Feijóo de ‘ponerse al servicio de las empresas’ y de recuperar el sistema de adjudicación ‘discrecional y para los amigos’ del anterior Gobierno del PP.

Para el diputado socialista, la derogación del decreto ‘introduce más inseguridad jurídica’, ya que generará recursos por parte de los actuales adjudicatarios. ‘El sector y la Administración entrarán en una guerra judicial’, auguró, al tiempo que destacó que esto supondrá ‘un quebranto para las arcas públicas’, por las indemnizaciones que la Xunta habrá de pagar ante los derechos adquiridos por las empresas.

Además, Leiceaga señaló que la propuesta de la Xunta, a falta de conocerla en detalle, supone una ‘rectificación triple’ y presenta ‘contradicciones notables’. Entre las rectificaciones respecto a la posición de partida del PPdeG, Leiceaga señaló que recoge la concurrencia competitiva que ya tenía el anterior proyecto, que incluye un canon ambiental y no desea afectar zonas de Red Natura.

Finalmente, en el caso del canon, el diputado del PSdeG señaló la contradicción que supone recurrir a esta figura cuando el PP criticó duramente el canon hidroeléctrico aprobado por el bipartito.

Juan José Sota ha reconocido que hasta que se conoció la operación de venta, de la que fue informado por la dirección de Gas Natural, el Gobierno de Cantabria no tenía incluida esta materia en su agenda del primer encuentro con el País Vasco, pero ha señalado que ahora habrá que tratarlo, ya que el Gobierno vasco dispone de una participación del 30 por ciento en Naturgas.

Sota ha asegurado que hablará con su homólogo en el País Vasco para «coordinar todo tipo de políticas que tengan que ver con el suministro energético» a Cantabria y a la comunidad vecina.

El consejero de Industria ha recordado que el Gobierno regional dispone del 3 por ciento de Gas Natural Cantabria, por lo que ha afirmado que en «breve tiempo» también mantendrá un encuentro con Naturgas para analizar «la garantía del suministro a la comunidad», aunque ha apostillado que «eso, desde luego, está hecho».

Juan José Sota ha explicado que el grupo Naturgas es «muy importante» y ha asegurado que en la reunión con la compañía se exigirán garantías para que se mantenga «la expansión que estaba prevista y todas las inversiones» que había comprometido Gas Natural con Cantabria.

Sota ha recordado que esta operación se ha producido como «consecuencia obligada» por la Comisión Nacional de la Competencia tras la compra de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, que ha llevado a la empresa catalana a «deshacerse» de «un determinado número de clientes».

Y ha añadido que esta operación tiene «una cierta lógica» desde el punto de vista estratégico, ya que Naturgas, cuyo accionista mayoritario es el grupo portugués EDP, tiene en propiedad la distribución de gas en Asturias y el País Vasco. «Por lo tanto Cantabria, era la comunidad que quedaba en el intermedio», ha afirmado.

El consejero ha explicado que la dirección de Gas Natural le informó de esta noticia, después de comunicarla a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y ha insistido en que «es una consecuencia de la relación empresarial» y de la «reorganización del mercado energético en España».

Naturgas está participada a un 65,3 por ciento por HC Energía, del grupo EDP, al 30,3 por ciento por el Gobierno vasco y al 4,1 por ciento por el Ayuntamiento de San Sebastián.