Las importaciones netas de gas natural a España suben un 9,8% hasta julio

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Redacción / Agencias.- Las importaciones netas de gas natural a España alcanzaron los 198.563 gigavatios hora (GWh) entre enero y julio de 2017, lo que representa un incremento del 9,8% más que en idéntico periodo de 2016.  Las importaciones netas de gas natural por gasoducto se incrementan un 5,3%, hasta los 98.843 GWh, mientras que las de gas natural licuado (GNL) se incrementaron en un 14,8%, hasta los 99.720 GWh.

Según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), las importaciones netas aumentaron un 17,5% en julio y se situaron en 27.368 GWh. Ese mes aumentaron las importaciones netas de gas natural licuado (GNL) un 17,4%, hasta los 15.589 GWh, mientras que descendieron las importaciones netas de gas natural por gasoducto un 5,8%, hasta los 11.779 GWh. En términos brutos, las importaciones de gas ascendieron en julio a 29.664 GWh, un 1,2% superiores a las de 2016. El 47,3% se importa a través de gasoducto, mientras el 52,7% restante se realiza en estado líquido.

Por zonas geográficas, destacan las bajas importaciones de Argelia en julio, que caen un 39,8% hasta los 10.101 GWh y marca su mínimo desde octubre de 2012, y Nigeria, que caen un 19,8% hasta los 3.815 GWh. En el lado contrario se sitúan Noruega, que aumentan un 71,8%, y Qatar, que suben un 67,4%. En cuanto a las zonas geográficas, aumentan Europa (129,9% respecto a julio de 2016), Centroamérica y Suramérica (164,9%) y Oriente Medio (67,4%) y disminuyen África (30,1%) y Norteamérica (92,2%). En el acumulado anual se mantienen como principales suministradores Argelia (48,8%), Nigeria (15,7%), Noruega y Perú (9,4%).

Por su parte, las exportaciones de gas natural descendieron un 61,7% frente a julio de 2016, hasta los 2.296 GWh, de los cuales un 98,5% se realizaron por gasoducto. Portugal continúa siendo el principal país destinatario, un 98,8% del total, aunque presenta un descenso del 41%. En el acumulado anual se exportaron 19.151 GWh, un 25,9% menos que en el mismo periodo de 2016, un 98,4% como gas natural y el 1,6% restante como GNL.

Izquierda Unida advierte a la Comisión Europea de los supuestos riesgos del almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana

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EFE.- El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, trasladó al director general de Medio Ambiente de la Unión Europea, Daniel Calleja, los resultados de una investigación de la Universidad de Huelva sobre los riesgos de poner en marcha el proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo del parque onubense, impulsado por Gas Natural.

Según explicó, en el espacio donde se instalaría el depósito existen unas fallas que podrían provocar el escape del gas inyectado y la consiguiente contaminación del acuífero. «Entregaríamos unas instalaciones naturales de almacenamiento a una empresa cuya única presencia allí va a ser camiones llevando gas para que se inyecte. Toda compañía que intenta hacer una actividad que puede ser polémica desarrolla una labor de silencio, que es la que más perjudica a Doñana», sentenció.

Iberdrola consigue cerrar el suministro de gas natural al nuevo ciclo combinado que está construyendo en México

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EFE.- Iberdrola México firmó un contrato con CFEnergía, filial de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), para suministrar gas por 24 años a la planta eléctrica El Carmen, que se construye en el estado mexicano de Nuevo León, según anunció la firma española.

CFEnergía suministrará gas natural para la operación de la nueva planta de ciclo combinado El Carmen y el área de construcción de la CFE construirá la infraestructura necesaria para conectar la nueva central de Iberdrola México al sistema eléctrico nacional. El Carmen, la primera planta que se construye en México para la venta de energía eléctrica al mercado mayorista, tendrá una potencia instalada de 866 megavatios con una inversión de 450 millones de dólares, y se espera que entre en operación en septiembre de 2019.

La central eléctrica recibirá el gas natural a través de un gasoducto de 302 kilómetros que conectará el municipio de Escobedo (Nuevo León) con el condado Webb (Texas, Estados Unidos). El mismo gasoducto permitirá suministrar combustible a la central Noreste, también de Iberdrola, que operará bajo la modalidad de Productor Independiente de Energía (IPP). La filial de la CFE suministra gas a las centrales IPP de Iberdrola denominadas Altamira V, Tamazunchale y Baja California III. La compañía española Iberdrola inició en febrero pasado la venta de energía al mercado eléctrico mayorista de México al entrar en operación su central de ciclo combinado Baja California III. 

Mibgas eleva su peso y sitúa su volumen negociado por encima del 4% de la demanda de gas

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Europa Press.- El Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), el operador del mercado organizado de gas, ha elevado su peso en la compraventa de gas natural, superando en julio por primera vez un volumen negociado por encima del 4% de la demanda total nacional. En concreto, el volumen negociado por Mibgas en julio alcanzó los 1.125,3 gigavatios hora (GWh), el 4,1% de la demanda total nacional, situándose así por encima de la barrera del 4% que solo había tocado en mayo, según datos del Mibgas.

Mibgas cuenta ya con un total de 57 agentes, empresas que pueden operar comprando y vendiendo gas natural en la plataforma, tras las recientes incorporaciones de Centrica Energy Limited, Clidom Energía y CatGas. En los últimos meses se ha registrado un incremento en el peso del Mibgas en el mercado, ganando cuota con respecto a los primeros meses del año.

Así, el volumen negociado por el mercado organizado gasista se ha estabilizado en torno al 4% de la demanda total nacional en los últimos tres meses, frente a los niveles por debajo del 3% en el periodo de enero a abril. En enero, el volumen de gas negociado en Mibgas representaba en 3,2% de la demanda nacional, porcentaje que cayó al 2,4% en febrero y que en marzo y abril se situó en el 2,9%.

En lo que respecta al precio medio del gas contratado en Mibgas, se situó en julio en los 15,33 euros por megavatio hora (MWh), su nivel más bajo en lo que va de año y un 58,6% por debajo del que alcanzó en enero (37,01 euros), cuando se registró la tensión en los precios en el mercado mayorista eléctrico, marcado por la sequía y la escasez de viento y con una mayor presencia de los ciclos combinados en la generación, hizo que el Gobierno adoptara medidas en el mercado gasista.

Así, el Ministerio de Energía puso en marcha un creador de mercado (market maker) voluntario, función que fue desempeñada en un primer momento por la firma Gunvor Internacional y que desde el pasado julio corresponde a Axpo Iberia. La figura del creador de mercado voluntario existe en gran parte de los mercados organizados europeos y su objetivo es dar mayor liquidez al mercado con la presencia continua de ofertas de compra y venta de gas.

El Gobierno de Bolivia interviene en el sector del gas y el petróleo para no ver mermados sus ingresos

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EFE.- El Gobierno boliviano ha anunciado un decreto para fijar límites a los costes de operación de las petroleras que trabajan en el país, lo que generó preocupación de la cámara que agrupa a ese sector, que ha advertido de que se verán afectadas las inversiones futuras.

El vicepresidente Álvaro García Linera propuso “establecer una banda de precios estándar a nivel continental y mundial de cuánto cuesta hacer una perforación; en función de esos precios mínimos y máximos a escala continental y mundial, movernos en nuestros costes de operación y en nuestros costes recuperables». La variable de los costes recuperables declarados por las empresas petroleras debe ser reconocida por el Estado y, si son altos, eso reduce los ingresos para las arcas estatales. García denunció que ven cómo en algunos campos gasíferos en Bolivia los costos de operación «se disparan», cuando la tendencia mundial es de disminución.

Previamente, lapresidenta de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), Claudia Cronenbold, expresó su preocupación por la emisión de normas relativas a la gestión de los contratos de servicios de operación lo que, según consideró, genera «una gran inquietud sobre la seguridad jurídica que tiene relación directa» con las inversiones del sector. «Desde nuestra perspectiva, este hecho afectará la ejecución de inversiones futuras en el sector, las cuales como se conoce son imprescindibles para cumplir con los compromisos que tiene el país», sostuvo Cronenbold, que solicitó abrir un espacio de diálogo con las autoridades «para superar esta dificultad».

Cronenbold señaló que las petroleras están de acuerdo en que «la actual coyuntura de la industria exige de las empresas un riguroso control de los costes y de las inversiones, además de la aplicación de criterios de eficiencia». Cronenbold aseguró que desde que se planteó el «nuevo escenario mundial de precios» las empresas empezaron a ejecutar «programas de optimización y ahorro de costes«. El vicepresidente anunció que el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, se reunirá con las petroleras privadas para elaborar la reglamentación del decreto.

El almacén de gas promovido por Gas Natural en Cataluña, en vía muerta

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EFE.- El almacén de gas en cavidad salina que Gas Natural Fenosa promueve en la comarca barcelonesa del Bages se encuentra en vía muerta cinco años después de presentarse públicamente el proyecto, dado que no cuenta por el momento con los permisos correspondientes por parte del Ministerio de Energía.

El proyecto se presentó el 19 de junio de 2012, cuando Gas Natural Fenosa anunció que invertiría entre 300 y 350 millones de euros en la construcción del primer almacén subterráneo de gas de España en una cavidad salina, que se ubicaría en Balsareny (Barcelona), población situada cerca de Manresa, aprovechando la geología de esta zona.

La compañía avanzó entonces que ya había iniciado la tramitación administrativa del proyecto y que, si obtenía todos los permisos por parte del Gobierno, invertiría todos estos recursos hasta el año 2025.

Gas Natural quería construir ocho cavidades en estructuras salinas a 900 metros de profundidad en el término municipal de Balsareny, la primera de las cuales debía estar lista a mediados de 2017.

El origen del proyecto se remonta a 2008, cuando la multinacional decidió hacer estudios en la comarca del Bages para comprobar si había hidrocarburos (gas y petróleo).

Los trabajos descartaron la presencia de hidrocarburos en la zona, pero permitieron descubrir que la comarca, por sus cavidades salinas, podía albergar un almacén subterráneo de gas, un modelo ya usado en otros países europeos como Francia, pero desconocido hasta ahora en España.

Durante la presentación, Gas Natural garantizó al completo la seguridad de ese tipo de almacén, y destacó sus ventajas, como la de cubrir, en casos de emergencia, la demanda de suministro de gas en Cataluña durante unos catorce días, pero cinco años después el proyecto no ha registrado apenas avances.

Fuentes del sector han explicado que el caso del almacén de gas Castor, polémico por los movimientos sísmicos en el litoral mediterráneo y por la indemnización de 1.350,7 millones abonada a la sociedad Escal UGS, ha hecho que se paralizaran de facto otros proyectos de almacenamiento de gas en España.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía han asegurado que el proyecto se encuentra «en análisis» por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas «para verificar que cumple con los requisitos básicos establecidos» y que, por el momento, no se ha otorgado «ninguno de los permisos que se requieren».

Estas fuentes han explicado que este almacén «no está incluido en la planificación energética» estatal, por lo que habrá que «valorar» su encaje con las previsiones de evolución de la demanda de gas natural y las necesidades de almacenamiento del sistema.

Así pues, el proyecto continúa oficialmente «en tramitación», si bien para que siga adelante esta iniciativa debería incluirse en un documento de planificación energética estatal, han asegurado dichas fuentes, que remarcan que las características peculiares del almacén Castor «no se pueden extrapolar» a todos los almacenamientos subterráneos, desvinculando así ambos casos.

Por su parte, fuentes de Gas Natural han asegurado que la compañía ha invertido por ahora en el proyecto, incluido en la planificación de las redes transeuropeas de gas, unos 10 millones de euros, y que la tramitación administrativa se inició en 2012.

En concreto, ese año se presentó una solicitud de concesión de almacenamiento subterráneo al Ministerio de Industria y Energía, y un documento inicial ambiental del proyecto al Ministerio de Medio Ambiente, y en 2014 se pidió autorización administrativa y evaluación ambiental también al Ministerio de Energía.

Fuentes de la Generalitat han asegurado que, en opinión del Gobierno catalán, esta infraestructura continúa siendo «estratégica», aunque admiten que el contexto energético ha cambiado desde entonces.

Las últimas novedades en el proyecto se remontan al período que va entre 2014 y 2016, cuando Gas Natural hizo diferentes análisis de optimización del diseño y estudios geológicos específicos.

El PSOE andaluz pide que la Junta reclame al Gobierno revisar la DIA de los proyectos de gas en Doñana

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Europa Press.- El PSOE ha anunciado el registro de una proposición no de Ley en el Parlamento andaluz para que la Junta emprenda las acciones oportunas, tanto administrativas como en su caso judiciales, ante el Gobierno de España, a través del Ministerio de Medio Ambiente, para solicitar la revisión de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los 4 subproyectos de almacenamiento de gas de la empresa Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural Fenosa, en el entorno de Doñana.

Todo ello, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Evaluación Ambiental, con el fin de que se realice una nueva evaluación del proyecto en su conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que fue subdividido (Saladillo, Marismas Occidental, Aznalcázar y Marismas Oriental). La vicesecretaria general del PSOE de Huelva, María Márquez, explicó que la iniciativa también solicita que la Junta emprenda las acciones oportunas para que se paralice la ejecución del subproyecto Marismas Occidental, que cuenta con autorización sustantiva de marzo de 2016 del Ministerio competente en materia de Energía, hasta que no se lleve a efecto la revisión de las DIA antes citadas.

Todo ello después de que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, afirmara que «no parece que la falta de actividad de Medio Ambiente pueda verse justificada” tras no haber recabado más información sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación y almacenamiento de gas en el Parque Natural de Doñana, a pesar de que el órgano competente sea el Ministerio de Energía o que las cuestiones ambientales correspondan a la Junta de Andalucía. Así lo expresa Fernández en un documento en el que pide al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas.

Al respecto, el PSOE pide en la proposición no de Ley que la Junta «apoye» el informe del Defensor, al que «debe hacer caso el Gobierno central», y que se apoya asimismo en un informe elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que apunta a los riesgos sísmicos y a la contaminación del acuífero 27. Márquez insistió en que los socialistas onubenses piden al Gobierno y al PP que «se unan al clamor existente y renuncien a utilizar el subsuelo de Doñana como un almacén de gas», así como que responda a la petición, elevada por el PSOE, para que el presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones al respecto.

La socialista ha recordado que en el entorno del Espacio Natural de Doñana «se ha explotado históricamente el gas natural existente en el subsuelo, existiendo diversos emplazamientos, pozos y gasoductos, pertenecientes a Gas Natural». No obstante, ha continuado, en los últimos años, dicho grupo empresarial «ha querido reforzar su actividad gasista en dicho entorno con la presentación de los citados 4 nuevos proyectos en municipios de las provincias de Huelva y Sevilla», los cuales se encuentran en distintas fases de tramitación administrativa en los distintos ámbitos competenciales, estatal y autonómico.

Desde 2011, precisó la socialista, la Junta de Andalucía ha cuestionado, en numerosos debates sustanciados al respecto tanto en el Parlamento autonómico como en las Cortes Generales, que se haya realizado un adecuado estudio de los efectos sinérgicos y acumulativos de los 4 proyectos sobre el medio ambiente y, en especial, sobre los Espacios de la Red Natura 2000, máxime cuando la nueva actividad a realizar consiste en un almacenamiento permanente de gas. Esta situación, ha insistido Márquez, «le ha llevado a mantener una correspondencia con Medio Ambiente, Ministerio que en ningún caso ha reconocido defectos en la evaluación de los efectos sinérgicos ni problemática alguna por la fragmentación de proyectos de las mismas características en un mismo ámbito territorial».

Izquierda Unida pide la comparecencia del presidente del CSIC para explicar los «riesgos» del proyecto de Gas Natural en Doñana

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Europa Press.- Mientras Podemos pide desde Andalucía la dimisión del presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, y que el organismo aclare su postura «oficial» sobre el proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana, la diputada andaluza de Izquierda Unida, Eva García Sempere, ha registrado la petición de comparecencia urgente del presidente de la agencia estatal para que explique los posibles «riesgos», tanto sísmicos como de contaminación, del proyecto.

García Sempere solicita que el responsable del máximo organismo público científico y de investigación del país explique en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso todos los datos de que disponga en relación a ese «proyecto de gaseoducto de Doñana, sobre el riesgo sísmico que puede suponer la ejecución total o parcial del proyecto y sobre el riesgo de contaminación o afecciones graves al acuífero de Doñana«, la mayor reserva de la biodiversidad en Europa.

La parlamentaria de Izquierda Unida por Málaga, encuadrada en Unidos Podemos, considera «muy importante que el presidente del CSIC se explique y que se le pueda preguntar en sede parlamentaria, mucho más ante las sucesivas polémicas que ha protagonizado al frente del organismo científico en relación a este delicado asunto«. Así, ha recordado que «ante las reiteradas exigencias de asociaciones, grupos ecologistas, sindicatos como CCOO y formaciones políticas para que el CSIC tomara cartas en el asunto y se implicara en la protección de este patrimonio natural», la respuesta «ha oscilado entre la completa falta de iniciativa o el entorpecimiento al trabajo que realizan otros representantes de la comunidad científica».

García Sempere hace referencia a un informe, sin autoría definida, emitido por investigadores del CSIC a petición del Defensor del Pueblo andaluz y que es «contundente», según la diputada de Izquierda Unida, en contra del proyecto de Gas Natural al señalar, entre otras cuestiones, que «debido a que los 4 proyectos actúan sobre el mismo acuífero y el mismo sistema de placas y fallas, se considera que el riesgo sísmico que representa este proyecto es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener su aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que se subdividió, sea valorado adecuadamente por un equipo científico independiente y multidisciplinar».

Para García Sempere, «quizás algunos partidos vean normal que el máximo responsable de un organismo científico público escriba cartas para dar explicaciones a la multinacional Gas Natural, implicada en multimillonarios y peligrosos proyectos; nosotras no lo hacemos«. Así, la diputada espera «oír las explicaciones que dé el presidente del CSIC para comprobar de primera mano si su labor está más cerca de una imprescindible independencia científica o de los argumentos de quien depende su nombramiento, en este caso, del ministro de Economía, Luis de Guindos».

Podemos Andalucía pide su dimisión

Por su parte, el grupo parlamentario de Podemos Andalucía, a través de su diputada autonómica Mercedes Barranco, reclamó la «dimisión» de Emilio Lora-Tamayo por el «grave escándalo del que está siendo protagonista» en relación al polémico informe remitido al Defensor del Pueblo Andaluz sobre el proyecto que promueve Gas Natural Fenosa en Doñana, al tiempo que ha solicitado al propio CSIC que aclare su posición «oficial» al respecto de dicho proyecto, que la formación morada rechaza. Así lo ha pedido la diputada Mercedes Barranco en el Parlamento andaluz, que ha criticado la actuación del presidente del CSIC respecto al referido informe que contiene unas «conclusiones contundentes sobre los grandes riesgos sísmicos» que acarrea el proyecto.

Barranco ha relatado que el referido informe está realizado «en base a otro informe que hizo el investigador Miguel de las Doblas», científico cuya relevancia ha destacado porque «fue el que alertó de los peligros de la plataforma Castor», proyecto que está siendo objeto de una investigación «por presunta prevaricación contra el medio ambiente«, de forma que tanto «el Estado como la empresa están siendo investigados y que nos está costando a todos los españoles 1.350 millones en concepto de indemnización por la paralización del proyecto». Además, también ha indicado que entre los investigados figuran miembros del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), porque dicho proyecto contaba con un «informe favorable» de dicho organismo.

Barranco ha incidido en que el informe del CSIC en relación a Doñana «advierte de que, aunque el proyecto se haya troceado en 4 subproyectos, los cuatro afectan a un único acuífero, el acuífero Almonte-Marismas, y a una misma zona sísmica, placa o falla», de forma que «alerta de que si el proyecto se pone en marcha sería sumamente peligroso por los riesgos sísmicos» y «pide que se paralice el proyecto en virtud del principio de precaución que establece la Unión Europea, y que se haga una investigación por un equipo multidisciplinar e independiente de los riesgos sísmicos del proyecto«.

La diputada de Podemos ha criticado que «lo más inaudito» tras conocerse dicho informe son las «declaraciones inadmisibles» que a su juicio ha realizado el presidente del CSIC, poniéndose «de lado de las grandes empresas del Íbex 35; en este caso de Gas Natural Fenosa«, además de que «deslegitima la opinión de uno de los científicos más prestigiosos en temas sísmicos, y echa piedras sobre su propia institución poniendo en cuestión el buen trabajo de los científicos del CSIC». Tras insistir en que «es sumamente grave que el presidente del CSIC se dirija a Gas Natural para rendirle pleitesía», Mercedes Barranco ha reclamado «su dimisión» y ha recordado que el presidente del CSIC «es nombrado por el Consejo de Ministros».

Asimismo, ha anunciado que Podemos va a solicitar la comparecencia en el Parlamento de Andalucía del delegado institucional del CSIC en Andalucía, Miguel Ferrer, y del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, «para que aclare esta situación y explique las medidas legales que la Junta va a llevar a cabo para paralizar el proyecto de gas». En ese sentido, Barranco está convencida de que «ya ha llegado el momento» de pasar a la acción para paralizar el citado proyecto de Gas Natural. Asimismo, la parlamentaria de Podemos ha considerado también «fundamental» que el CSIC aclare la «propia posición oficial del organismo sobre Doñana».

Barranco ha criticado que «esta maraña pueda servir al final para lavar la cara del PSOE respecto al proyecto de almacenamiento y extracción de gas», cuando éste, según apostilló, «no sería posible sin la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que emitió el Gobierno andaluz aun sabiendo que incumplía directivas europeas, que había sido troceado y que no cumplía la legislación básica».

No obstante, la diputada de Podemos agradece la «rectificación» que, a su juicio, está protagonizando el PSOE «en los últimos tiempos», y le ha dado la «bienvenida a la defensa de Doñana», de la que Podemos Andalucía nunca se ha salido desde su llegada al Parlamento autonómico, según reivindicó Barranco. En esa línea, garantizó que Podemos mantendrá una actitud de «oposición leal» y «apoyará» al Gobierno de Susana Díaz «si está realmente interesado en paralizar el proyecto», para lo cual le ha exigido que «vaya de una vez a los tribunales, actúe de una vez por todas y se deje de la política de anuncios«.

El Defensor del Pueblo no ve «justificada» la «falta de actividad» de Medio Ambiente ante el almacén gasista en Doñana

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, asevera que «no parece que la falta de actividad del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAPAMA) pueda verse justificada» tras no haber recabado más información sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación y almacenamiento de gas en el parque Natural de Doñana (Huelva), a pesar de que el órgano competente sea el Ministerio de Energía o que las cuestiones ambientales correspondan a la Junta de Andalucía.

Así lo expresa Fernández en un documento en el que pide al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas, después de que Greenpeace haya interpuesto una queja formal advirtiendo en este sentido y con el objetivo de «parar esta barbaridad», según ha calificado la ONG. Tras esta queja, Fernández inició una actuación con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en relación con la «insuficiencia» de la evaluación ambiental practicada de los 4 proyectos que integran el gaseoducto en Doñana, y que se realizaron de manera independiente para cada uno ellos, y «no conjunta como exige la legislación», según apunta en el documento.

Así, el escrito señala que «no se puede fraccionar el objeto de un proyecto de manera que se altere el resultado de la evaluación». En este sentido, en su respuesta ante la petición del Defensor del Pueblo, la Administración señaló que los 4 proyectos «se diseñaron para ser independientes en su funcionamiento» y, por ello, las evaluaciones están por separado, según el escrito. Sin embargo, a juicio del Defensor del Pueblo, la Administración «no aclaró» qué se considera como «independientes en su funcionamiento» y «parece obvio que los proyectos forman parte de un proyecto global como es la infraestructura gasística».

Además, sobre la respuesta oficial, Fernández señala que la institución «esperaba» que la Secretaría de Estado hiciera una «valoración efectuada por los órganos competentes del departamento y no un resumen de los comentarios del promotor sobre la evaluación del riesgo sísmico». Por otro lado, el Defensor del Pueblo también señala en el documento la «incoherencia» que supone que, por un lado, la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental elaborase una DIA «sin tener todos los datos necesarios» e «impusiera al promotor que realizase nuevos estudios», y que, sin embargo, después se otorgara autorización «sin un pronunciamiento previo» del órgano competente para «validar correctamente dichos estudios». «Todo parece indicar que la DIA fue incompleta«, señala Fernández.

Informe del CSIC y sismicidad

Por otra parte, el escrito explica que el Defensor del Pueblo andaluz, que también sigue actuaciones en relación con las potenciales afecciones en el espacio natural de Doñana en colaboración con su homólogo nacional, aporta un informe del delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Andalucía y Extremadura que señala que «no se han evaluado en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero» y pide que se tenga en cuenta. El proyecto de explotación y almacenamiento de gas se divide en 4 subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta, lo que podría alterar el resultado de la evaluación.

Por todo ello, Fernández ha pedido al IGME un informe concluyente sobre sus conclusiones alcanzadas en la evaluación ambiental practicada de los 4 proyectos en relación con el riesgo sísmico y, especialmente, en lo relativo al almacenamiento subterráneo de gas y su impacto sobre el acuífero. También ha solicitado al IGME una copia de los informes emitidos en el procedimiento de la DIA de los 4 proyectos de gas en Doñana; y una copia del informe emitido después de que se diera luz verde a uno de los cuatro proyectos, que es el único que, de momento, cuanta con autorización.

Andalucía exige paralizar los proyectos

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha señalado que la petición realizada por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, para obtener información sobre el proyecto de explotación y almacenamiento subterráneo de gas natural por si puede suponer una amenaza medioambiental para el Espacio Natural de Doñana, confirma que «hay que parar» estos proyectos. Fiscal ha asegurado que la petición del Defensor confirma a su vez que «hay que analizar los riesgos sísmicos» que, según el CSIC, «no están claros».

Por ello, Fiscal comparte la opinión de Francisco Fernández Marugán porque «confirma», insistió, «lo que llevamos diciendo mucho tiempo y con especial hincapié en los últimos días, que hay que parar el proyecto de gas, más allá que oficiosamente pueda estarlo como parece». Se trata de la primera acción que se conoce del Defensor del Pueblo después de haber asumido Fernández Marugán el cargo de forma interina tras el cese por fin de mandato de Soledad Becerril, indicando Fiscal al respecto que «se estrena de la mejor manera con Andalucía».

El Defensor del Pueblo pide información sobre el posible riesgo sísmico del proyecto de almacén de gas natural en Doñana

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, exige información sobre el proyecto de explotación y almacenamiento subterráneo de gas natural por si puede suponer una amenaza medioambiental para el Espacio Natural de Doñana. Es la primera acción que se conoce después de asumir el cargo de forma interina tras el cese por fin de mandato de Soledad Becerril.

Según indicó la institución, ha recibido varios informes que advierten del riesgo sísmico de este proyecto y, por ello, ha pedido al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si dicho riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas. El proyecto de explotación y almacenamiento de gas se divide en cuatro subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta lo que, a juicio del Defensor, podría alterar el resultado de la evaluación.

Según los informes recibidos, las declaraciones de impacto ambiental no evalúan en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero. Por ello, considera necesario conocer el criterio del Instituto Geológico y Minero de España con carácter previo a la formulación de resoluciones sobre esta cuestión. La Institución añade que mantiene una estrecha colaboración con el Defensor del Pueblo Andaluz, que también sigue una actuación sobre diversos impactos en el Espacio Natural de Doñana.