La compañía estadounidense Venture Global suministrará a Repsol un millón de toneladas de gas natural licuado (GNL) al año

EFE.- El proveedor de gas natural licuado (GNL) Venture Global LNG ha cerrado un acuerdo de compraventa con Repsol para el suministro de un millón de toneladas de GNL al año, según indicó la compañía estadounidense, que produce y suministra GNL de bajo coste. Venture Global LNG suministrará a Repsol durante 20 años esa cantidad anual de GNL, procedente de la instalación de exportación Venture Global Calcasieu Pass, que se encuentra actualmente en desarrollo en Cameron Parish, en el estado de Louisiana.

Repsol comprará GNL en condiciones Free on Board (FOB) (cláusula de comercio internacional que se utiliza para operaciones de compraventa en las que el transporte de la mercancía se realiza por barco) por un periodo de 20 años desde la fecha de operación comercial de la instalación Venture Global Calcasieu Pass, que se espera para 2022. Mike Sabel y Bob Pender, co-consejeros delegados de Venture Global LNG, han destacado la importancia de este contrato con Repsol, que consideran contribuirá a acelerar el proyecto de Calcasieu Pass, próximo a abundantes suministros de gas y con facilidad de transporte para los compradores.

El consejo de administración de Abengoa recomienda a sus accionistas rechazar el split para desdoblar acciones y estudia medidas legales

EFE.- El Consejo de Administración de Abengoa recomienda a los accionistas que voten en contra de la propuesta de desdoblamiento de acciones (split) planteada por los antiguos accionistas de control, vinculados a la familia Benjumea, fundadora del grupo, entre otros inversores, y avanza que no descarta medidas legales.

La compañía advierte sobre la gravedad de esta situación y anuncia que, en el caso de que prosperen estas propuestas, «se verá obligado a valorar la adopción de las medidas legales a su alcance en defensa del interés social«, tal y como señala a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Abengoa coincide con la CNMV en que esta operación podría tener efectos negativos en la formación adecuada de los precios y en la liquidez de la acción, y subraya su preocupación por mantener una negociación ordenada de los valores de la sociedad, a raíz de la ampliación de capital realizada en marzo de 2017.

Asimismo, insiste en que «por iniciativa propia y sin que mediara requerimiento del regulador», sometió a la Junta General celebrada el 30 de junio de 2017 una propuesta contraria de contra-split en las dos clases de acciones de la sociedad.

«Lamentablemente no pudo siquiera ser sometido a votación de los accionistas por no haber reunido dicha Junta el quorum legalmente necesario para modificar los estatutos», señala Abengoa.

Abengoa considera que este contra-split habría facilitado una negociación ordenada de las acciones de la sociedad y habría evitado probablemente que el grupo se viera afectado por las medidas anunciadas por Bolsas y Mercados Españoles el pasado 30 de julio.

La compañía insiste, además, en que la convocatoria del pasado 29 de agosto de la Junta General para pronunciarse sobre el split «no fue realizada por voluntad propia», sino en estricto cumplimiento de la normativa.

«El Consejo ni hizo suyas las medidas planteadas por Inversión Corporativa IC, ni por Finarpisa y Blanca de Porres Guardiola ni las valoró positivamente», subraya.

Inversión Corporativa IC es un vehículo que agrupa a unos 300 accionistas liderados por Felipe Benjumea, y otros accionistas minoritarios que juntos suman una participación del 3%.

Por ello, el Consejo ha acordado formular una recomendación de voto en contra de las medidas propuestas en los puntos 1 y 2 del orden del día de la Junta, convocada para su celebración los próximos 1 y 2 de octubre.

Adicionalmente, y para el supuesto de que la Junta finalmente llegara a aprobar estas medidas valorará adoptar las medidas necesarias.

La Junta, cuya solicitud fue presentada por Inversión Corporativa y otros accionistas minoritarios, entre ellos la mujer del expresidente del grupo de ingeniería, recoge en su orden del día aprobar el desdoblamiento de las acciones clase A y B de la compañía a razón de diez nuevas por cada una antigua.

Según los accionistas solicitantes de la Junta, estas medidas deben llevarse a cabo antes del 28 de septiembre, fecha en la que entrará en vigor la norma que implica la modificación del precio mínimo de cotización de los valores negociados en el mercado continuo a 0,001 euros respecto del valor de 0,01 euros vigente hasta la fecha.

Esta medida, sostienen los solicitantes, representaría una dilución de la acción del 90% que, sumada a la dilución del 95% ya sufrida en 2016 durante el proceso de restructuración, supondría en la práctica la desaparición total de las inversiones realizadas.

Naturgy se adjudica un parque eólico de 180 MW en Australia en el que invertirá 166 millones de euros

EFE.- Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, se ha adjudicado un parque eólico de 180 megavatios de potencia en Australia en el que invertirá un total de 166 millones de euros. Según comunicó a la CNMV, Naturgy asevera que este proyecto le permitirá multiplicar por 3 su presencia en Australia, hasta los 270 megavatios de potencia instalada.

Se trata de la primera inversión inorgánica de la multinacional catalana tras la presentación de su plan estratégico hasta el año 2022. En concreto, el Gobierno del Estado de Victoria ha anunciado la adjudicación a Global Power Generation (GPG), sociedad participada por Naturgy y Kuwait Investment Authority (KIA), de un total de 180 megavatios de potencia de generación en este proyecto eólico. La construcción del parque, denominado Berrybank, comportará esos 166 millones de euros mencionados y se espera que la instalación empiece a operar en el segundo semestre de 2020.

Naturgy calcula que el parque aportará un beneficio bruto de explotación o Ebitda de unos 22 millones de euros al año en pleno funcionamiento. «Este es un paso importante en el refuerzo de nuestra presencia internacional. Australia es un país muy atractivo para invertir en proyectos de energías renovables al combinar atractivas rentabilidades para los inversores con requerimientos sociales y medioambientales», ha asegurado el presidente de la multinacional, Francisco Reynés.

«El proyecto eólico de Berrybank es una oportunidad atractiva para que GPG continúe su estrategia de crecimiento internacional y su inversión renovable en Australia, un mercado fundamental para GPG», ha comentado Karl Lim, vicepresidente de GPG. Para justificar la inversión, Naturgy subraya que este proyecto excede los objetivos de rentabilidad mínimos previstos en su plan estratégico y reduce el perfil de riesgo del grupo energético.

Vestas ofrece recolocar a parte de su plantilla de León sin concretar a cuantos trabajadores alcanzará esta medida

EFE.- La dirección de Vestas ha ofrecido al comité de empresa la recolocación de parte de la plantilla de la factoría que la multinacional danesa tiene en la localidad leonesa de Villadangos del Páramo, pero sin concretar a cuantos trabajadores alcanzará esta medida. Según fuentes sindicales, la intención de la firma de componentes eólicos es ir cerrando éste y otros aspectos a medida que vayan avanzando las negociaciones del ERE de extinción presentado.

Los sindicatos señalan que, como principal oferta, la empresa asume el compromiso de reabsorber a parte de la plantilla, pero sin concretar en qué número ni las condiciones laborales. Además, la multinacional ha entregado a los sindicatos un informe técnico en el que argumenta la decisión del cierre de la planta leonesa, que achaca exclusivamente a factores objetivos de mercado.

Las mismas fuentes han precisado que los representantes de los trabajadores «han desmontado uno por uno los argumentos de la empresa», y recalcan que era una decisión tomada al margen de criterios de rentabilidad o productividad. Al respecto, han recordado que presentaron propuestas para la mejora de la planta de León que han sido rechazados o directamente desoídos en una estrategia preconcebida para el cierre de la factoría de Villadangos.

Responsabilidad ante las subvenciones recibidas

Al margen de estas negociaciones, la Fundación Anclaje, de la que forman parte la Junta de Castilla y León, Cecale, CCOO y UGT, sigue trabajando en la búsqueda de un inversor que quiera hacerse cargo de la planta y propiciar así el mantenimiento del empleo. La reunión tuvo lugar después de que miles de personas participaran en una multitudinaria manifestación que colapsó León para exigir la continuidad de la planta. A la manifestación asistió el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien exigió al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, tal y como sucede en Francia.

Los gobiernos central y autonómico exigen a la dirección de la empresa dar «viabilidad» a la planta leonesa con un nuevo plan industrial que «reoriente la producción de la planta hacia la demanda del mercado», a la que habría que añadir los paquetes de ayudas autonómicas, nacionales y europeas que Vestas ha venido recibiendo en los últimos años y que ascienden hasta los 13,5 millones. De esta forma, el objetivo prioritario para el Gobierno central y el autonómico es que se mantengan los 362 puestos fijos de la planta leonesa, que sumados con los puestos indirectos llega a dar trabajo a más de 2.000 personas.

Los eurodiputados españoles piden al fabricante danés de aerogeneradores Vestas que no cierre su planta en León

EFE.- La dirección de Vestas ha notificado a los representantes de los trabajadores de la planta que el fabricante de aerogeneradores danés tiene en la localidad de Villadangos del Páramo (León) el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción para los 362 empleados, una documentación que el comité de empresa ha rechazado recoger. Por otra parte, los eurodiputados de los principales partidos políticos españoles han enviado una carta pidiendo a Vestas que paralice el cierre de su planta.

La carta se dirige al presidente de Vestas Wind System Latinoamérica, Sur de Europa y MENA (Medio Oriente y Norte de África), Eduardo Medina, y por extensión al presidente de la empresa, Anders Runevad, según indicaron los socialistas españoles. En la misiva urgen a la multinacional danesa a que mantenga la actividad productiva y el empleo directo e indirecto en Villadangos del Páramo. La presidenta de la Delegación Socialista Española, Iratxe García; el eurodiputado popular, Agustín Díaz de Mera; Miguel Urbán, de Unidos Podemos; Paloma López, de Izquierda Unida, y Javier Nart, de Ciudadanos, firman esta carta, en la que califican de «grave, injusta e irresponsable» la decisión de Vestas.

A juicio de los eurodiputados, la decisión del fabricante de aerogeneradores danés es «inaceptable», teniendo en cuenta el apoyo financiero autonómico, nacional y europeo que ha recibido. También consideran «incoherente» cerrar esta planta, que se ha convertido en la última década en una de sus unidades más competitivas en Europa. Según los eurodiputados, el ERE y cierre de la planta anunciado por Vestas supondría el despido de 500 empleados y afectaría de forma indirecta a unos 2.000 trabajadores en León.

ERE extintivo para 362 trabajadores

Por otro lado, según han indicado fuentes sindicales, el motivo por el se han negado a recoger la documentación se debe a un «defecto de forma», ya que en la convocatoria de la reunión sólo se aclaraba que el encuentro sería previo al registro del expediente en la Oficina Territorial de Trabajo, para que la empresa anunciase si seguía adelante con el cierre de la planta leonesa o había rectificado. Además, los sindicatos han advertido a la empresa de que al negarse a recoger la documentación no empieza a contar a contar el plazo de un mes para el periodo de consultas relativo al ERE.

Los trabajadores recuerdan el apoyo de una multitudinaria manifestación que colapsó León para exigir la continuidad de la planta de componentes eólicos que la multinacional Vestas tiene en Villadangos y la reindustrialización de la provincia. A la manifestación asistió el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien exigió al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, tal y como sucede en Francia.

Los gobiernos central y autonómico exigen a la dirección de la empresa dar «viabilidad» a la planta leonesa con un nuevo plan industrial que «reoriente la producción de la planta hacia la demanda del mercado», a la que habría que añadir los paquetes de ayudas autonómicas, nacionales y europeas que Vestas ha venido recibiendo en los últimos años y que ascienden hasta los 13,5 millones. De esta forma, el objetivo prioritario para el Gobierno central y el autonómico es que se mantengan los 362 puestos fijos de la planta. Los cerca de 600 trabajadores que se verían afectados, entre fijos y de empresas auxiliares, mantienen levantado un campamento instalado ante la factoría hasta que consigan una solución a su problema.

Sordo (CCOO) exige al Gobierno que regule la deslocalización de empresas con beneficios para evitar casos como el de Vestas

EFE.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha exigido al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, como sucede en Francia.

Así lo ha afirmado en León, donde participó en la manifestación convocada por UGT, CCOO y CGT para exigir la continuidad de la planta de componentes eólicos que la multinacional Vestas tiene en la localidad leonesa Villadangos del Páramo y la reindustrialización de la provincia.

El líder de CCOO ha tildado de «atropello» lo que pretende hacer la multinacional danesa y ha ofrecido todo el apoyo del sindicato para frenar las intenciones de la empresa.

«Es una batalla en la que no vamos a cejar porque consideramos inaceptable que una empresa que arroja resultados positivos y cuenta en León con una planta que tiene unos ratios de productividad muy importante sea cerrada después de contar con recursos públicos y con un tratamiento privilegiado», ha advertido.

Ha añadido que es «inaceptable» que en una provincia como León se produzcan estos episodios de desindustrialización que «desanclan las empresas del territorio y provoca que la gente se tenga que marchar».

«No podemos admitir que empresas multinacionales que acceden a recursos públicos se marchen sin ningún ejercicio de responsabilidad con su entorno, y vamos a promover el Gobierno tome medidas», ha anunciado Sordo, que ha calificado de «intolerable» la forma de actuar de la empresa.

Ha señalado que los trabajadores de Vestas ya han demostrado su disposición a la negociación, que pasa, ha precisado, porque la empresa reconsidere su decisión, y están dispuestos a asumir medidas que mejores incluso los ratios de productividad y rentabilidad.

Ha precisado que cuando se facilita que las empresas se vayan sin tener que dar explicaciones una vez que han aprovechado los recursos públicos, los episodios de deslocalización son más habituales de lo que deberían.

«Por tanto exigimos medidas para controlar que empresas con beneficios no se puedan ir de esta manera, tal y como sucede en otros países y Francia es un buen ejemplo donde hay leyes que condicionan las decisiones de las empresas», ha zanjado.

Imaz (Repsol) advierte de que el impuesto al diésel aumentaría las emisiones de CO2; Aires (BP) lo ve “sin sentido”

EFE.- El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha manifestado que «una penalización añadida al diésel va a aumentar las emisiones de CO2» y provocaría daños al sector de fabricación automovilístico en España, que ha recordado que es el segundo fabricante europeo de automóviles.

Imaz ha afirmado que aquí todos están haciendo esfuerzos y ha recordado que las emisiones de CO2 de los vehículos actuales de gasolina son un 24% menores que hace 20 años y las de los diésel un 25,2%, con lo cual se han rebajado las emisiones por cada kilómetro recorrido.

Ha añadido que un impuesto al diésel lo que haría es que hubiera más consumidores que dejen de comprar ese tipo de coches y adquirieran de gasolina, lo que no redundaría en una reducción de las emisiones de CO2.

Además, ha apuntado los efectos que tendría sobre la recaudación la sustitución de todos los vehículos que usan diésel y gasolina por eléctricos, que pasaría de los 16.000 millones de euros que se obtienen por vehículos ligeros a través del impuesto de hidrocarburos a 3.000 millones.

Ha afirmado que el problema que hay son los vehículos diésel antiguos, que contaminan más que los actuales, y ha afirmado que promover una renovación del parque automovilístico sería «más justo socialmente», pues se ayudaría a colectivos de baja renta, sería más eficiente para la competitividad de la economía y ayudaría a mejorar la reducción de emisiones de CO2.

Por su parte, el presidente de BP España, Luis Aires, ha considerado que no tienen ningún sentido las medidas para subir la fiscalidad al diésel y ha criticado la propuesta del comité de expertos en transición energética, por la que se establecía gravar las emisiones de óxido de nitrógeno, de azufre y partículas de los vehículos, que ha señalado que no tienen que ver con el cambio climático.

También ha criticado la propuesta de sufragar con un impuesto nuevo el déficit eléctrico sólo gravando a los carburantes y que sean sólo los usuarios de diésel y gasolina los que paguen algo que fue generado por decisiones de política energética y de inversión de las empresas, así como que sean los que paguen unas carreteras que también van a usar los vehículos eléctricos.

En su opinión, tiene más sentido que se suba el precio por tonelada de CO2 emitida y que se recaude de todos los emisores.

La consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, cree que hay que favorecer la introducción de renovables en el mix eléctrico, ya que reducirá los precios, y ha dicho que se deben adoptar «decisiones valientes» para avanzar en una mayor electrificación.

Por su parte, el consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, ha criticado la actual fiscalidad sobre la energía, que considera que actualmente tiene sólo «efectos recaudatorios» y cree que hay que aumentar la fiscalidad a las fuentes de energía emisoras, pues no tiene sentido que se pague un 7% por generar electricidad tanto si se hace por una planta que contamina que por una instalación que no emite CO2.

Ha indicado que hay que reformar la fiscalidad y establecer unas señales económicas claras y «contundentes» para que España no se quede atrás en la nueva «revolución industrial» que va a suponer la transición energética.

Mateo ha añadido que si el carbón es la principal fuente emisora de CO2 «habrá que cerrarlo» y ha agregado que los puestos de trabajo de esa actividad podrán ser suplidos en sectores como la fabricación de aerogeneradores y baterías.

Red Eléctrica propone abrir un procedimiento extraordinario de planificación energética y espera que la retribución contemple el coste del capital

EFE.- Los operadores del sistema eléctrico y gasista, Red Eléctrica (REE) y Enagás, consideran bueno que la retribución a las actividades de transporte y distribución se base en el coste del capital, como propone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Asimismo, el presidente de REE, Jordi Sevilla, considera que para cumplir con las exigencias que la transición energética va a requerir a la compañía será necesario abrir un procedimiento de planificación extraordinario, con procedimientos acelerados de autorización.

Sevilla, en su intervención ante el Consejo Asesor de la compañía, ha argumentado que ese procedimiento de planificación extraordinario tendría como finalidad reducir los largos periodos de tramitación y construcción de obras de la red de transporte imprescindibles para que la transición energética sea posible, según apunta REE. Sevilla asegura que REE se va a ver muy afectada por los cambios y será preciso reforzar su papel como gestor de la red de transporte (TSO).

Asimismo, ha señalado que la transición va a conllevar cambios en la estructura y manera de actuar de REE, y cree que la coexistencia de un sistema de generación concentrado y uno distribuido complicará la gestión del operador del sistema, que sólo será posible si la planificación de redes de transporte se hace ágilmente y se ejecuta de forma eficiente.

La transición energética va a cambiar los parámetros de actuación de REE, según Sevilla, que ha advertido que la no gestionabilidad de las tecnologías renovables exigirá una potencia instalada y conectada muy superior a la que requería el modelo anterior. También ha indicado que habrá que cerrar cuanto antes una retribución adecuada para las actividades de transporte que permita afrontar un periodo de fuertes inversiones. Además, considera que habrá que realizar una auditoría de cuentas independientes para asegurar la separación del transporte con el resto de actividades de la empresa.

Sevilla ha subrayado también que en el nuevo contexto de la transición energética es más importante que nunca garantizar la independencia económica, operativa y organizativa del operador del sistema. En su opinión, se deben adoptar medidas que mejoren la independencia del operador, entre ellas una metodología de cálculo de la retribución que garantice la suficiencia de ingresos de la actividad y la elaboración de una auditoría anual de cuentas propia.

También ha señalado que será necesario reforzar la separación entre el gestor de la red de transporte y el resto de actividades, con las nuevas inversiones que se puedan realizar para reforzar el papel destacado que ya tiene REE como gestor de comunicaciones. Asimismo, ve preciso que la competencia para ostentar la propiedad y la gestión de los sistemas de almacenamiento hidráulico en los sistemas no peninsulares se extienda al almacenamiento no hidráulico siempre que su finalidad sea garantizar el suministro, la seguridad del sistema y la integración de renovables.

Retribución con coste de capital

En este sentido, el presidente de Enagás, Antonio Llarden, indicó que, aunque la propuesta de metodología de la retribución financiera o rentabilidad razonable en el segundo período regulatorio sólo va dirigida para el sector eléctrico, cuyo primer período acaba antes, la idea en sí no le parece mal, así como que se aplique también al sistema gasista. Llardén explicó que actualmente el sistema regulatorio español, que fija la retribución a partir del bono del Estado a 10 años más un diferencial, es diferente al de otros países y a los inversores les interesa la homogeneización.

Por su parte, el consejero delegado de Red Eléctrica, Juan Lasala, ha comentado que es bienvenida cualquier regulación basada en el coste del capital, como la metodología WACC (coste medio ponderado de capital) para calcular la rentabilidad razonable que perciben. Además, ha resaltado que, con sólo hablar de costes de capital para el cálculo de la retribución, la reacción de los mercados ha sido buena.

Endesa defenderá frente a Hacienda el criterio que aplicó al fusionar su negocio renovable con el de su matriz Enel

EFE.- Endesa irá a los tribunales para defender el criterio fiscal aplicado en la fusión de las filiales de energías renovables de Endesa y Enel, del que Hacienda discrepa y por la que ha sancionado a la compañía española y a su filial en España con una multa de 88 millones de euros.

La Agencia Tributaria ha impuesto esa sanción a Endesa y a su accionista mayoritario, Enel, por los beneficios fiscales injustificados que se apuntaron por la fusión de sus negocios de renovables.

Sin embargo, Endesa considera que en la operación por la que Enel separó la participación que tenía en Unión Fenosa Renovables (Eufer) para integrarla con el negocio de renovables de Endesa no generó plusvalías, como considera Hacienda, ya que se aplicó directamente a la fusión, según han indicado fuentes conocedoras del proceso.

Endesa cree que la generación de plusvalía no tiene sentido como tal desde el punto de vista impositivo en este caso y que lo lógico tras la fusión de los negocios renovables de Enel y Endesa en la Península Ibérica era que el grupo italiano no mantuviera su participación en dos empresas que competían entre sí.

En marzo de 2010 los consejos de administración de Enel y Endesa aprobaron unir sus negocios de energías renovables en España y Portugal en una única sociedad, participada por Enel y Endesa.

Hasta entonces Enel desarrollaba su actividad de renovables en esos territorios a través de Eufer, en la que participaba Enel Green Power, filial de renovables del grupo italiano, con Unión Fenosa, mientras que Endesa lo hacía a través de Endesa Cogeneración y Renovables (Ecyr).

Endesa se muestra muy interesada en las subastas de redes de distribución de electricidad en baja tensión de Portugal

EFE.- El presidente de Endesa en Portugal, Nuno Ribeiro, aseguró que el grupo está «muy interesado» en las subastas para las concesiones de las redes de distribución de electricidad en baja tensión que saldrán a concurso próximamente en Portugal. Según Nuno Ribeiro, «tenemos la ambición de involucrarnos en las redes eléctricas y en la distribución de electricidad» cuando sean públicos los concursos.

El presidente de Endesa, cuya compañía está presente en territorio portugués desde hace 25 años, visitó, junto con el ministro del Ambiente luso, João Pedro Matos Fernandes, varias comarcas lusas donde Endesa ha invertido en dos años 6,4 millones de euros en obras de compensación por la no construcción del embalse de Girabolhos, en la cuenca del río Mondego. Ribeiro recordó la implicación de Endesa con el sector renovable, donde seguirán apostando en Portugal, sobre todo en la parcela fotovoltaica.

Endesa se ha posicionado como la segunda eléctrica lusa suministradora de energía y la tercera en gas. Ribiero recordó que la compañía acapara el 18% de la cuota de mercado de energía suministrada con una cartera de 300.000 clientes. Además, en la sección de «grandes clientes» (empresas), Endesa es líder en Portugal, debido a sus proyectos de eficiencia energética en gas y electricidad. Endesa también está presente en Portugal en producción de energía eléctrica mediante algunas centrales que en el año 2017 aseguraron el 16% del consumo eléctrico de Portugal.