Granada tendrá la primera planta de geotermia profunda en España

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Su construcción será posible después de que la empresa Bleninser haya adquirido el 50% de la compañía Ciclo Binario.

Ambas empresas invertirán 30 millones de euros en la planta, que tiene un plazo de ejecución de dos años y una vida útil de explotación de treinta años, según ha informado Bleninser.

La geotermia esta considerada la energía más limpia, dado que no existe combustión en el proceso de generación.

Hay tres tipos de centrales de energía geotérmica: de vapor seco, con reservas de agua caliente procedentes de acuíferos y de ciclo binario, como es el caso de la proyectada en Granada.

Las plantas de ciclo binario son las más extendidas en la actualidad.

Estados Unidos, Japón, Alemania, Islandia y Nueva Zelanda son algunos de los países que cuentan con este tipo de centrales de ciclo binario.

Con más de 40 proyectos en cartera residenciales e industriales de geotermia de baja profundidad, la empresa Bleninser inicia, con la planta de Granada, su andadura en el ámbito de la geotermia de «alta entalpía».

La principal diferencia entre los dos tipos de geotermia (de baja profundidad y alta entalpía) radica en que hasta 200 metros se obtiene energía para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, mientras que a una mayor profundidad es posible generar electricidad.

En la planta de ciclo binario de Granada las perforaciones para el aprovechamiento de la energía geotérmica se realizarán a 3.500 metros de profundidad.

En la actualidad Ciclo Binario ha realizado en la zona pruebas de conductividad a 600 metros en las que ha obtenido unos resultados satisfactorios.

Standard & Poor’s revisa a estable la perspectiva de Repsol y valora la reducción de su deuda financiera

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En un comunicado, la agencia ha confirmado al mismo tiempo la calificación crediticia de Repsol en «BBB-«, así como todas sus calificaciones de emisión de su deuda.

Por otro lado, la agencia ha valorado que la petrolera haya definido una serie de medidas para mejorar el perfil financiero de la compañía en su estrategia para 2012-2016, a pesar de que la mayor parte de estos objetivos aún están pendientes de ejecución.

Standard & Poor’s ha subrayado además el desempeño operativo de Repsol en su negocio internacional de upstream (exploración y producción) y ha señalado que sus trabajos en aguas profundas seguirán siendo resistentes a la «incierta» situación macroeconómica de España.

Además, la agencia ha explicado que la perspectiva estable refleja, por tanto, que la gestión en la ejecución de las medidas de reducción de deuda estarán en consonancia con las calificaciones para finales de año.

Asimismo, ha indicado que la posición de liquidez de la empresa sigue siendo «adecuada» y el perfil de riesgo de negocio de la compañía «satisfactorio».

Sin embargo, la agencia ha reconocido que la exposición de Repsol a la «débil» economía española sigue siendo un factor de riesgo para las calificaciones ya que, según sus cálculos, el 45% del capital empleado (excluyendo Gas Natural e YPF) se relaciona con el negocio de downstream (Refino y Márketing) en España.

S&P ha indicado también que Repsol será capaz de ejecutar la mayor parte de las medidas de reducción de la deuda de tal manera que la deuda ajustada descienda en alrededor de 7.000 millones de euros.

Petronor ganó 96 millones de euros en 2011, un 67% menos

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El beneficio neto de la refinería Petronor el año pasado fue de 96,5 millones de euros, un 67 por ciento inferior a los 291,2 millones conseguidos en 2010, según los datos hechos públicos por la compañía a través de su página web.

El resultado de explotación ha sido de 30,2 millones de euros, un 68 por ciento inferior a los 95,8 millones del año anterior, mientras que el resultado financiero ha sido de 47,8 millones, frente a los 208,6 de un año antes, un 77 por ciento menos.

Así, sin tener en cuenta el impacto positivo de la revalorización de existencias tanto en 2011 como en 2010, el resultado de explotación de ambos años hubiese sido negativo, por importe de -118,4 y -28,4 millones de euros, respectivamente.

Aparte de la revalorización de sus existencias, en 2011 más de la mitad del resultado de Petronor proviene de los dividendos percibidos por su participación accionarial en «Repsol comercial de productos petrolíferos» (RCPP), que han alcanzado un importe de 53,7 millones de euros.

La empresa reconoce el peso de estos dos factores «ajenos a la realidad diaria del negocio», la revalorización de existencias y los dividendos de RCPP, «para no ocultar que sin la presencia de los mismos la actividad de refino propiamente dicha hubiera generado por tercer año consecutivo un resultado negativo«.

En 2011 han sido palpables las consecuencias de un mercado en crisis: Petronor ha procesado únicamente 8,6 millones de toneladas de crudo y materias primas, la cifra más baja desde el año 2000, y gracias a un esfuerzo comercial se han logrado vender 9,7 millones de toneladas de productos, garantizando el suministro a los clientes merced a la compra a terceros de productos en el mercado.

No obstante, la firma vasca ha destacado que presenta una posición financiera saneada basada en el firme compromiso de sus accionistas, Repsol y Kutxabank.

Los dos han garantizado la financiación del proyecto URF, la nueva planta que permitirá a Petronor fabricar menos fuelóleo (cuya demanda está bajando) y más gasóleo y otros combustibles, y que ha sido la mayor inversión industrial en Euskadi de los últimos años, 752 millones de euros.

Superado el período de pruebas del proyecto URF y en disposición ya de tener operativas todas las instalaciones productivas, la empresa confía en que el mercado «se vaya normalizando» y afrontar el futuro con mejores perspectivas.

La Fundación Repsol apoya siete proyectos de emprendedores sobre ahorro y eficiencia energética

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Los proyectos seleccionados abarcan ámbitos de actuación que van desde la generación de energía hasta su distribución y uso final.

Estos siete proyectos inician ahora un proceso de incubación en el que, con una duración máxima de 24 meses, el Fondo les prestará apoyo económico, que oscilará entre 12.000 y 6.000 euros al mes por proyecto, así como asesoramiento tecnológico, empresarial y legal coordinado por un tutor, con el fin de que puedan desarrollar su idea.

Los proyectos seleccionados son los siguientes: D&B Tecnología, que trabaja en difusores de gases; Fiber Optics Consulting Services and Technologies, en monitorización de temperatura en líneas de distribución energética; Micro4ener, en microsistemas para la detección de microorganismos; Anna Laromaine y Elodie Dahan, que trabajarán en la producción de electricidad a partir de calor residual a baja temperatura; Powertrack, en el sistema de transmisión de potencia continuamente variable; Sendekia, en turbinas undimotrices para generación de energía eléctrica a partir de las olas; y Deutecno, que se centrará en un tipo de aerogeneradores.

El proceso de desarrollo y consolidación de las iniciativas ganadoras será coordinado por Fundación Repsol y contará con las capacidades y las infraestructuras del Centro de Tecnología Repsol y de otros centros privados e instituciones.

También dispondrá del asesoramiento de las áreas operativas de Repsol, así como de los apoyos externos necesarios para la consecución de los objetivos definidos para su puesta en valor. Además, se facilitará a los emprendedores el acceso al mercado y los contactos empresariales necesarios para impulsar su paso a la etapa comercial.

En la primera edición de este programa para emprendedores, Repsol recibió más de 400 candidaturas, el 91% procedentes de España. De todas ellas, 17 proyectos superaron las distintas etapas del proceso de evaluación y selección, hasta alcanzar la fase final.

A partir de ahora queda abierto el plazo de la segunda convocatoria, que se cerrará el 16 de noviembre de 2012 y que incorpora un nuevo criterio de valoración para la implantación de medidas innovadoras de eficiencia energética con especial impacto social.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, señaló que el Fondo de Emprendedores es un «activo de especial relevancia» para Repsol, hasta el punto de que «va a marcar un antes y un después por lo que supone de anticipación a las necesidades energéticas del futuro».

Ante la reforma Soria

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La proximidad a la revisión tarifaria del tercer trimestre, las noticias que señalan a que se sigue desbocando el déficit tarifario conforme a las previsiones legales vigentes para este año y la confirmación de que las medidas hasta ahora implantadas (principalmente, el hecho de la parada en los registros de preasignación -la denominada moratoria renovable-, junto a la rebaja de la retribución a la distribución) empezarán a dar resultados a largo plazo y abocan a que la reforma sea mucho más quirúrgica de lo previsto inicialmente.

Si a ello unimos el proceso de transformación de la deuda privada en deuda pública que se está produciendo por distintas vías en el sector financiero español y que el déficit tarifario eléctrico ha pasado a formar parte de esta necesidad y de ese formato de financiación, alcanzando los 24.000 millones de euros, la situación ha entrado en una posición de alarma que requería un peso político importante en las actuaciones para la resolución del problema.

En lo que es el devenir del Ejecutivo, abordar la solución al problema del déficit tarifario llega en un momento delicado dada la tormenta perfecta actual en mercados financieros e instituciones internacionales, pese al alivio del resultado de las elecciones griegas, algo que había desviado enormemente la atención de las autoridades económicas del Ejecutivo sobre el problema del déficit de tarifa. Además, dado que Industria en estos primeros meses del año se había instalado en el «minué», la reforma está teniendo que ser pilotada desde las áreas económicas del gobierno, principalmente, desde el Ministerio de Hacienda, pese a que en un principio, en el Real Decreto Ley 1/2012 y en los Presupuestos Generales del Estado 2012, este departamento se estrenó con la reversión de los costes extra peninsulares a la tarifa eléctrica.

Hacienda ha percibido finalmente las dimensiones del problema y cómo está concernida como centro de la posible instrumentación de la solución. Irónicamente, en los medios de comunicación se habla de la Reforma Soria, pero en realidad, casi es la Reforma Montoro. La gravedad del problema y el comportamiento de Industria y la Secretaría de Estado de Energía, han conducido a que se tomen cartas en el asunto por esta vía. Por otra parte, la realidad obliga a subsanar el hecho de que la tarifa soporta en su concepción política costes que van más allá del suministro eléctrico: ambientales (primas a renovables, planes de eficiencia…), sociales (apoyo al carbón nacional), económico-políticos (financiación del propio déficit tarifario por decisiones de política económica), territoriales (costes extra peninsulares, sobre todo tras esta última reforma…).

Por ello, en primera instancia, la reforma, desde el punto de vista cuantitativo, pivota fundamentalmente sobre la imposición y sobre mecanismos de corte tributario asociados a la responsabilidad medioambiental, que incluyen la corresponsabilidad de los distintos sectores energéticos: el primero, el denominado céntimo verde (cuestión que, evidentemente, preocupa enormemente al sector de hidrocarburos, máxime con la caída de ventas de carburantes que se está produciendo asociada a los rigores de la crisis, algo que los técnicos de Hacienda también calibran para cuadrar los números); el segundo, una tasa de imposición a la generación; el tercero, que el destino de la recaudación de subastas de los derechos de emisión se aplique a esta finalidad. En síntesis, estos son los mecanismos principales conocidos en la reforma en lo cuantitativo, aunque la reforma podría ser de mayor alcance, tramitarse como un Proyecto de Ley e incorporar más medidas que refinen otros costes actuales incorporados en el suministro. Todo ello, «ceteris paribus» las estimaciones de demanda y consumo energético.

Problemas en esta solución. El primero son las presiones para que los subsectores energéticos puedan entonar (y conseguir) un «señor, aparta de mí este cáliz», sobre todo los más beneficiados por el mecanismo retributivo actual de primas, descontrolado por los últimos ejecutivos. Ahí están los empeñados en plantear el problema en términos de «federales» contra «confederados». Defienden y presentan el problema meramente como un conflicto dialéctico entre intereses empresariales contrapuestos, hurtando un problema básico, económico y de mercado: ¿cuál es el modelo de suministro eléctrico y sus características en lo económico, financiero, de planificación energética, de mercado y de tarifa, que como «sociedad» nos queremos dotar, sin caer en buenismos simplificadores?

Por su parte, el Gobierno, que está sufriendo el acoso de los mercados financieros, ese cierto desmembramiento y las consecuencias de los errores propios, tiene que hilar fino para conseguir una solución que no desestabilice la confianza en las empresas españolas (quizá el activo más importante de nuestra economía) y de los mercados financieros muy atentos y con información perfecta. Por tanto se requiere una solución razonable, consciente de las implicaciones globales para la economía, para el coste del suministro, incluso para la competitividad de las empresas españolas. El Gobierno ya le ha visto más que las orejas al lobo.

A su vez, los mercados financieros, siguen atentamente los pasos del Gobierno en esta reforma en la medida en que puede afectar al sector eléctrico y a sus empresas, a sus ingresos, a sus cuentas de resultados, a su estructura de financiación y a sus balances. Por ejemplo, «El Confidencial» ayer revelaba las tensiones existentes alrededor de las empresas eléctricas españolas en los mercados financieros en lo que se refiere a sus calificaciones y ratings. Y ayer se producía un fuerte seísmo en las bolsas en estas compañías, propulsado por la rebaja de calificaciones de Moody’s a las eléctricas. El secretismo de la operación y la ausencia de un relato claro, gestor, económico, solvente desde el Ejecutivo respecto de la resolución del déficit tarifario, tampoco está beneficiando, desde una perspectiva más global y de solvencia en nuestra economía, a proporcionar confianza a los mercados. Probablemente, el Ejecutivo debe tomar nota de que necesita esta pericia.

En tiempos de globalización, el relativismo político de la venta ideológica electoral a efectos de opinión pública de las soluciones gestoras y económicas no sirve, siendo realmente una herencia de la defectuosa adaptación de las pautas de comunicación política en nuestro país. Uno de los problemas es, por tanto, la presentación política, que temporalmente se va a unir irremediablemente a la subida de impuestos, tasas y del IVA. Por eso, el Gobierno, ahora que está en la frontera de presentar su propuesta, debe trabajar con cuidado, con una visión más amplia, económica y global, dado que sus mensajes y sus hechos han de dirigirse más que a ese concepto maleable que es la «opinión pública», para comprender las exigencias de los mercados financieros y de las instituciones internacionales y su credibilidad.

En la actualidad, cada paso que se dé en lo económico en general, y en lo sectorial particularmente en el caso del déficit tarifario eléctrico, probablemente, es un punto crítico que debe resolverse sin cometer errores. Por tanto, las soluciones fáciles, improvisadas e ideológicas a problemas complejos deben estar descartadas. Ahora toca la precisión.

Los hoteles españoles ahorrarían hasta 287 millones de euros si instalaran sistemas a tiempo real de control de consumo energético

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Este ahorro se obtendría al reducir en un 25% la factura energética de los hoteles, que asciende a 1.146 millones de euros anuales.

Estos resultados, que supondrían un ahorro de un euro por cada pernoctación, se conseguirían con una ocupación media del 55% de las plazas hoteleras totales de España, que al cierre de 2011 superaron las 1,4 millones en cerca de 15.000 establecimientos.

En un hotel tipo de cuatro estrellas, los costes por habitación y día -incluyendo los de personal-, rondan los 14 euros, de los que cuatro de ellos corresponden a los consumos medios energéticos por habitación. Por año, el coste total de la habitación es de 5.110 euros, de los que 1.460 corresponden a energía.

El ITH puso en marcha un proyecto piloto destinado a probar la eficacia de esta técnica de monitorización a nivel nacional.

Este proyecto, que tendrá una duración de nueve meses, resulta de gran relevancia para el sector ya que los costes energéticos son, tras los recursos humanos, la segunda partida de gastos más elevada de los hoteles.

Las pymes ahorrarían 3.083 millones de euros al año en energía siendo más eficientes

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Este ahorro supondría una reducción media del 16,8% en su factura energética, lo que permitiría a las empresas crear 116.000 puestos de trabajo.

La implementación de medidas de eficiencia llevaría a la pymes a ahorrar 27.038 gigavatios hora (GWh), la energía necesaria para abastecer todos los hogares de la Comunidad de Madrid durante un año.

Además, este ahorro evitaría la emisión a la atmósfera de 19,1 millones de toneladas de CO2, similar al emitido para transportar a 277 millones de pasajeros en avión de Madrid a Barcelona.

En su sexta edición, el índice puntuó la eficiencia energética de las pymes españolas en 2012 con 4,2 puntos sobre 10, lo que supone una ligera mejora con respecto a los 4,1 puntos del anterior informe (2009), aunque hubo un crecimiento frente a los 3,1 puntos del primero (2005).

El responsable del Centro de Eficiencia Energética de Gas Natural, Ramón Silva, explicó que se consolida la tendencia al alza de la anterior edición, si bien la puntuación obtenida sigue siendo baja, por lo que «las empresas disponen de recorrido para mejorar su eficiencia».

En el último año, la eficiencia energética supuso un ahorro equivalente a 161 gigavatios hora al año, lo que supone evitar la emisión de 114.000 toneladas de CO2, tantas como absorberían 1,14 millones de árboles.

Por actividad, el sector hotelero es el más concienciado con los planes de ahorro (5,6 puntos sobre 10) por delante de la restauración y las cafeterías (4,5) y la industria (4,3), mientras que los servicios profesionales (4,2), el comercio (3,9) y el resto de actividades (3,9) ocupan los últimos puestos.

El tamaño sí importa en términos de ahorro energético, de forma que las más grandes (entre 100 y 199 empleados) y con mejores medios son las más eficientes.

Los resultados por comunidades autónomas son muy homogéneos y sólo los datos en Canarias (4,7) y Cantabria (4,6) son significativamente mejores que la media española.

Por detrás, se sitúan Murcia (4,4), Andalucía (4,4), Baleares (4,4), Comunidad Valenciana (4,3), Galicia (4,3), Cataluña (4,2), Navarra (4,2), Aragón (4,2), Asturias (4,2) y Castilla-La Mancha (4,2). Con una puntuación de 4 estarían las pymes de País Vasco, La Rioja, Extremadura, Madrid y Castilla y León.

El 63% de las pymes consultadas cuenta con un plan de ahorro energético, mientras que un 59% optimizó su tarifa eléctrica «tras la liberalización del mercado eléctrico», y un 42% utilizó algún tipo de sistema de regulación de la iluminación, explicó el director de Mercado de Pymes de Gas Natural, Vicente Gremuntell.

Según indicó, el 16% de las pymes dispone de alguna herramienta para controlar los consumos de energía, una tasa que prevé que aumente en los próximos años.

Asimismo, añadió que la solar fotovoltaica sigue siendo la renovable más implantada, sobre todo en el sector hotelero (el 9,7% cuentan con paneles), gracias a «una regulación favorable y al descenso de los costes».

Según Gremuntell, la fotovoltaica aumentará su presencia, algo que «será positivo» desde el punto de vista de la eficiencia energética para los 1,4 millones de pymes que hay en España.

Repsol da acciones a los empleados, cobrando parte del sueldo en títulos

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Según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el precio de adquisición de las acciones ha sido de 12,26 euros por título.

Este plan permite a los beneficiarios del programa, entre los que se encuentran los consejeros ejecutivos y los restantes miembros del comité de dirección de Repsol, invertir en acciones de Repsol hasta el 50% del importe bruto del incentivo a percibir anualmente.

En el caso de que el beneficiario mantenga las acciones adquiridas durante un periodo de tres años desde la inversión inicial y se cumplan el resto de condiciones del programa, Repsol entregará una acción adicional por cada tres adquiridas inicialmente.

Se prevé que el segundo ciclo del plan finalice en la fecha de entrega de las acciones adicionales a sus participantes, lo cuál tendrá lugar durante el mes de junio de 2015.

Por su parte, el número total máximo de acciones adicionales a entregar al término del ciclo ha ascendido a 98.161 títulos, representativos de un 0,008% del capital social.

Iberdrola colaborará con BYD en el mercado del vehículo eléctrico

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El acuerdo, con una duración inicial de un año y renovable cada ejercicio, establece un marco de colaboración que contempla, entre otros aspectos, la recomendación cruzada de los productos y servicios de las dos compañías.

Así, Iberdrola se compromete a orientar a sus clientes hacia la elección de los vehículos de BYD, mientras que el fabricante de coches hará lo propio con la iniciativa Movilidad Verde Iberdrola, una solución comercial que incluye la infraestructura necesaria para la recarga, su financiación y el suministro de energía.

Las dos empresas también estudiarán oportunidades comerciales en sus respectivas carteras de clientes y analizarán contratar sus respectivos servicios.

Iberdrola señala que considerará de «forma especial» la adquisición de los vehículos eléctricos de este fabricante para su flota empresarial y BYD se planteará las propuestas de la eléctrica para contratar el suministro de energía y las soluciones de recarga para su red española de concesionarios y oficinas.

Los coches de BYD se distribuyen en España por New Energy Vehicles, compañía perteneciente a Bergé Automoción.

La reunión de la Comisión de Seguimiento del Carbón finaliza «sin acuerdo» y el sector se declara en huelga indefinida

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«En una reunión que se presumía podía entreabrir las puertas a la difícil situación que se prevé para el sector, ahora la negativa del ejecutivo de Rajoy a dotar con una partida presupuestaria suficiente para el mantenimiento de la actividad deja a pocas alternativas a las comarcas mineras«, reprocha CC.OO..

Así, la Federación de Industria de CC.OO. califica el encuentro de «decepcionante, artificial y sin contenidos» y se pregunta «cómo un gobierno puede convocar una Comisión de Seguimiento en la que están presentes organizaciones sindicales y patronal y no presentar una propuesta seria que permita salir de la difícil tesitura al sector».

En este sentido añade que «la desfachatez del Gobierno llega hasta tal punto, que después de varios encuentros infructuosos ahora plantean una nueva reunión para el próximo 6 de junio».

La Federación de Industria de CC.OO. se cuestiona de igual manera «la celeridad de un gobierno para dotar de liquidez pública a una entidad privada como Bankia, y se pregunta hasta dónde está dispuesto a llegar para cerrar el sector del carbón«. Para la central, «el coste de su clausura sería mucho más elevado que su mantenimiento, a lo que cabe sumar el número de parados que esta decisión generaría y la pobreza a la que sometería a los territorios cuya principal actividad económica y de subsistencia es la minería».

El sindicato informa de que responderán a la «provocación» del Ministerio de Industria. El jueves se ha convocado una gran manifestación en Madrid en la que se espera participen más de 10.000 personas llegadas de todas las comarcas mineras del país.

UGT cree que el Gobierno lleva el «Thatcherismo» a sus últimas consecuencias

El secretario general de SOMA-FITAG-UGT, José Ángel Fernández Villa, considera que la postura del Gobierno sobre el futuro del sector de la minería del carbón supone «llevar el thatcherismo hasta sus últimas consecuencias».

En un comunicado tras la reunión con el Ministerio de Industria, que finalizó sin acuerdo y que ha llevado a los sindicatos a convocar una huelga indefinida en el sector, Villa asegura que los recortes presupuestarios planteados por el Gobierno conducen «irremediablemente» al cierre de las empresas y a la paralización del cambio de modelo económico en las cuentas mineras.

Para el histórico dirigente sindical y del PSOE, en la última reunión los sindicatos constataron que el objetivo del Gobierno era «ganar tiempo» para consumar el cierre de la minería del carbón a corto plazo «y desvincularse de todos los compromisos».

A su juicio, se trata de una decisión «política más que económica» dado que resulta «inaceptable» justificarla en la crisis cuando los anexos de los presupuestos del Estado contemplan ayudas para el sector del automóvil y manufacturado de 200 millones de euros y de más de 20.000 millones para el rescate de Bankia.

En este caso, advierte, no se piden responsabilidades «políticas ni judiciales» a quienes llevaron a una situación financiera catastrófica «fruto de actuaciones y comportamientos especulativos que pueden tener efectos demoledores para el país», al que colocan en riesgo de intervención o de semi-intervención por parte de la UE.

Fernández Villa cuestiona cómo explicar una decisión política al llevar por unos 300 millones de euros «a una situación de ruina» a las comarcas mineras y al sector hullero y manifiesta además la «firme» voluntad sindical de diálogo y negociación sobre el volumen de recursos inmovilizados del anterior Plan de la Minería.

A su juicio, las manifestaciones previas del PP ya venían expresando «con toda claridad» su postura de defensa a ultranza de la energía nuclear y de inexistencia de un pacto de planificación energética que definiese el papel del carbón como única fuente autóctona de España y su importancia como reserva estratégica.

Para el dirigente sindical, el Gobierno actúa de forma «predefinida» para crear un estado de opinión sobre el sector e ignorar la realidad socioeconómica de las comarcas mineras para caminar «al cierre en el más corto plazo posible» dado que las empresas «se están manteniendo con ventilación asistida».

Villa cuestiona además que se comparen los recortes en la minería carbón con los fijados para las empresas eléctricas a las que, recuerda, en el primer trimestre de 2012 se les han concedido 2.128 millones en ayudas para energías renovables, un 24% más que en 2011.

Los mineros vuelven a cortar carreteras y se declaran en huelga indefinida

La minería del carbón ha retomado las movilizaciones contra la reducción de más de un 60 por ciento de las ayudas al sector, con cortes de carreteras en León y Palencia y el anuncio de que la huelga, que finalizaba mañana con una manifestación en Madrid, pasa a ser indefinida.

CCOO y UGT han tomado esta decisión después de que la comisión de seguimiento del Plan del Carbón concluyera este martes sin llegar a un acuerdo, lo que ha supuesto un «punto de inflexión» en las movilizaciones, según ha manifestado el presidente del comité de empresa de la Unión Minera del Norte (UMINSA), Guillermo Sánchez.

La jornada ha comenzado con cortes de carreteras en la A-6, en la N-VI (Madrid-La Coruña) a su paso por San Román de Bembibre y en la AP-66 (León-Asturias) en La Magdalena, en León, y en la A-67 (Palencia-Santander) y en la antigua N-611, en Cabria, a pocos kilómetros de Aguilar de Campoo, en Palencia.

Los cortes en León se han efectuado pasadas las 11:00 horas hasta las 14:00 horas y se han interrumpido ante la llegada de equipos de antidisturbios de la Guardia Civil, mientras que en Palencia han comenzado a las 10:30 horas para prolongarse hasta las 13:00 horas.

El secretario provincial de la Federación de Industria de CCOO en León, Alberto González Llamas, ha avanzado las próximas movilizaciones que han acordado los sindicatos, ya que «no todos los días pueden ser cortes de autopistas», ha dicho.

Las protestas continuarán mañana jueves en Madrid con una manifestación ante el Ministerio de Industria y el viernes se tratará de impedir la entrada de carbón de importación en las centrales térmicas.

Ha añadido que la acción se repetirá el próximo 5 de junio, un día antes de la reunión a la que el Ministerio de Industria ha convocado, por separado, a las partes integrantes de la comisión de seguimiento del plan del carbón.

Además, González Llamas ha mostrado su intención de reunirse con el secretario general del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para pedirle que su partido vote en contra de los recortes al carbón, si bien no ha puesto fecha a este encuentro.

La minería del carbón inició la huelga los pasados días 23 y 24 para intentar que el Gobierno diera marcha atrás en la reducción de ayudas recogida en los presupuestos generales del Estado.

Ese recorte es del 63,2 por ciento para las ayudas al funcionamiento de las empresas (de 301 a 111 millones), del 39,2 por ciento para infraestructuras en las cuencas (de 167 a 102 millones), del 76,6 por ciento para proyectos empresariales (de 167 a 39 millones), del 99,6 por ciento para formación y becas (de 56 a 2 millones) y de la totalidad en seguridad minera (de 12 millones a 0).

El PP crea un grupo de trabajo con diputados de las cuencas mineras para analizar la situación del sector

El Grupo Popular ha constituido este miércoles un grupo de trabajo con diputados de las cuencas mineras para analizar la situación por la que atraviesa el sector de la minería con el fin de buscar iniciativas que ayuden a aliviar los problemas que soporta.

Este grupo estará conformado por los diputados del PP por León Alfredo Prada y Eduardo Fernández, el parlamentario por Asturias Ovidio Sánchez, la elegida por Palencia María Jesús Celinda, los de Teruel Santiago Lanzuela y Carlos Enrique Muñoz, y el portavoz de Energía del Grupo Popular, Antonio Erías.

Esta decisión se ha adoptado en el marco de la reunión interna que el PP ha celebrado en dependencias del Congreso, donde la Dirección del grupo ha explicado que el objetivo de esta delegación de diputados es que pueda mantener un contacto directo con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre este sector.

Este grupo de trabajo va a echar a andar después de las críticas que está recibiendo el Gobierno por el recorte del 64 por ciento de las ayudas a la minería del carbón. Precisamente la situación del sector fue uno de los asuntos que se abordaron en la reunión del Comité Ejecutivo del pasado lunes.

En esta cita, la presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández, se interesó por la reducción de ayudas que va a sufrir el sector minero, un tema que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, zanjó desviando el asunto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y dejando claro, eso sí, que todo el mundo ha sufrido recortes, citando expresamente al sector eléctrico.

La Unión Europea (UE) ha exigido a España vaya reduciendo progresivamente las ayudas a la minería del carbón hasta que estas desaparezcan y ha marcado el plazo de 2018.