Probablemente, es pedir demasiado esperar que nuestros responsables económicos y energéticos se acostumbren a pensar más allá del cortoplacismo de raíces electoralistas, en ese marco difuso que establecen las encuestas, el proceso electoral permanente y la política politizada como sustitución de la administración de la cosa pública. Apelar a esto es excesivamente patriótico y puede ser pedir mucho o, lo que es peor, es como predicar en el desierto.
Apelando al discurso nihilista y simplificado de que cualquier cosa que signifique subir el precio de un suministro es malo y que cualquier cosa que signifique bajarlo es bueno, Industria ha decidido bajar la tarifa regulada a los consumidores, gracias al resultado de la subasta CESUR que determinó que el componente electricidad de las tarifas CESUR bajara un 4,6% (y a mantener los costes regulados, aún siendo insuficientes).
En consecuencia, la tarifa bajará alrededor de un 2% a partir del 1 de octubre, tras los sucesivos avatares y polémicas del verano. Industria se apresuró en contestar el resultado de la subasta con un teletipo que anunciaba la bajada. Un cierto nivel de ansiedad parece que se disipó. Por fin, José Manuel Soria, con su concepción política de dar abrazos y de que todo el mundo escuche lo que complacientemente espera, es portador de buenas noticias para los consumidores.
Esta noticia es «buena» para los consumidores, pero sólo aparentemente y temporalmente. Lógicamente, la gravedad de la crisis no está para matizaciones y la consecución zafia del corto plazo no es sólo patrimonio exclusivamente político. Por ejemplo, muy pocos comprenden que, en realidad, ha sido «bueno» en estos años, sólo aparentemente controlar la tarifa y los precios de la electricidad para no trasladar el coste del suministro a los ciudadanos, atrayendo consecuencias en el espacio temporal pasado-presente mucho más desagradables e imprevistas, que hay que afrontar ahora. Sobre todo, las que se derivan de la negación freudiana del pasado y de las decisiones políticas de anteriores gobiernos continuadas desde 2002 hasta nuestros días.
El déficit de conocimiento económico en lo político y en lo mediático y la ausencia de modelo, para traducir todo en términos de intereses y del relativismo del instante, ha contribuido a esta perversa visión que favorece comportamientos políticos de baja estofa. Enumeremos estas consecuencias pasadas de las satisfacciones del corto plazo: primero, un consumo de electricidad que tenía perdidas las referencias del nivel real de precios, esto es, poco eficiente. Por tanto, se podía consumir más y engordar la propia deuda por contar con una señal de precios artificialmente baja por decisiones políticas. Era una cuestión que cebaba el problema.
Pero, también están ahí todas las consecuencias que ahora se abominan del pasado en términos de acumulación de una deuda y engrosamiento de algo insólito en las economías occidentales como es el déficit tarifario, con efectos sobre la financiación de las empresas, de la economía, distorsiones en los sectores económicos, riesgo regulatorio e inseguridad jurídica. Y, a medio plazo, fruto de la torcida e insólita forma de afrontarlo (evitando comprender y asumir la naturaleza de una deuda), esto es sumando error por encima de cada error, mediante la instrumentación de nuevas medidas que afectarán a la inversión, a los mercados, al sector energético, a las empresas, a la seguridad jurídica, a la estabilidad regulatoria, a la economía española y a su capacidad de financiación. La incapacidad para hacerse responsables y para responder de una forma responsable a las decisiones pasadas de endeudamiento, conforme a quiénes han sido sus beneficiarios y sus ejercitantes, deriva finalmente en daños sobre los mercados, las empresas y la seguridad de suministro. Pavoroso.
Son muchos los que piensan, y así se contiene en el ideario de Energía Diario, que el problema del déficit tarifario requiere un comportamiento de relojero. Aprovechar cada momento para lograr, de forma ortodoxa, reducir y amortizar la deuda acumulada. Ser constantes y perseverantes, buenos gestores de los ahorros y de las eficiencias conseguidas. Esto es una tarea continuada que debe ser afrontada de forma minuciosa, garantizando el modelo de liberalización y con el resto de decisiones regulatorias orientadas a un funcionamiento transparente de los mercados y, en definitiva, a configurar un coste del suministro, competitivo y sostenible medioambiental y económicamente.
Con esta decisión, el mismo Ejecutivo se complica enormemente la vida al no explicar el origen y naturaleza de la deuda eléctrica, y mantener oculto este problema y los sacrificios que conlleva, dado que unos meses más tarde van a llegar sus consecuencias y se convertirá en un bumerán porque haga lo que haga, hará algo malo en el futuro por haber hecho algo malo en el pasado. Estará estropeando algo, si insiste en la vía de los encarecimientos directos tributarios o en la aplicación de medidas que deterioran la competitividad del mercado de generación (como la fijación de impuestos específicos a las tecnologías inframarginales) o de todo a la vez. Haber rebajado la deuda eléctrica manteniendo las tarifas hoy habría enviado una señal al mercado.
El Gobierno, o mejor dicho el ministro, si no estuviera apremiado por otros intereses, podría haber trabajado el problema en serio y haber hecho pedagogía. Además, en esta revisión trimestral no ha aparecido la cohorte de cuestionadores del mercado eléctrico (aunque haya sido por el oportunismo de que haya bajado). Algo hemos avanzado. Aunque bien es cierto que en estos últimos años se ha avanzado notablemente en el conocimiento del problema del déficit tarifario y en sus distorsiones, todavía no se ha efectuado una explicación completa, negro sobre blanco, de cómo se ha ido engordando el coste del suministro vía crecimiento de costes regulados y primas, del papel, beneficios y funcionamiento del mercado de generación en el suministro (uno de los más eficientes y baratos de Europa), de las consecuencias de la instrumentación política de medidas antimercado que lo encarecen o lo distorsionan. Al igual que tampoco se ha explicado la responsabilidad del encarecimiento de la electricidad por decisiones políticas o por la gestión de la capacidad de las tecnologías más subsidiadas, sus primas y, como resultante, las consecuencias económicas del control de precios ejercido por vía política.
El Gobierno, primero, juega a quedarse con lo mejor de cada cosa desde el punto de vista de lo político y de lo mediático, es decir, a aprovechar las bajadas en el precio de generación que determinan las subastas CESUR y así aprovechar para bajar la tarifa eléctrica este trimestre; segundo, a que cuando hay que subir la electricidad, se ideen y apliquen nuevos impuestos distorsionantes que estropean el mercado eléctrico. O bien, provocar las refacturaciones obligadas por los tribunales derivadas de una medida ilegal de control de los costes regulados para evitar las subidas, arrastrando los pies. Tercero, a no renunciar a mantener el esquema de primas y subsidios y distribución de la discrecionalidad. Y, cuarto, puestos en lo peor, a ser capaces de decidir meter mano vía una retribución intervenida o impuestos entre tecnologías, con consecuencias impensables en el futuro sobre la calidad de nuestra regulación, para la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria, los mercados, empresas, sectores, accionistas y para nuestra economía en general, tal y como sugieren las huestes más retroprogresivas del Gobierno, como los mismísimos Nadal y Montoro.
Estamos apañados.
