Junto a esta tramitación y su desenlace, han estado convergiendo varias cuestiones de interés nuclear para el suministro eléctrico, tanto en presente como en futuro.
La primera es la previsión del déficit tarifario previsto para 2013, un total de 5.716 millones de euros, con unas primas a las renovables superiores a los 9.000 millones de euros (para este año han tenido ya un desfase de 1.000 millones de euros respecto a su previsión inicial). El objetivo, según lo publicado es que mediante los impuestos fijados y céntimo verde (3.000 millones de euros, céteris páribus), las subastas de CO2 (450 millones de euros) y la aportación de los Presupuestos Generales del Estado (2.770 millones de euros), el resultado final permita conseguir el déficit (tarifario) cero en 2013.
Por cierto, es una cifra sobre la que ya aparecen sombras de difícil cumplimiento. Por ejemplo, en la propia voluntad del Ejecutivo de mejorar la retribución a la gran industria en el complemento de interrumpibilidad en 150 millones de euros, además de la retribución prevista en el escándalo de ayer. Primeros problemas de credibilidad para los costes de suministro y en las estimaciones sobre las que se escribe que están hechas con calzador. Incluso de forma aventurerista. Sería preciso un complemento por credibilidad.
Del mismo modo se ha reconocido que este año habrá un déficit tarifario de 1.952 millones de euros más de lo permitido para 2012. En total casi, 3.500 millones de euros más si sumamos lo previsto y lo imprevisto. En este punto, José Manuel Soria, Ministro de Industria, ayer en su presentación explicó de forma especialmente críptica el asunto, con desgloses imposibles, para no decir cifras totales con crudeza, rotundidad, totalidad e integridad. Casi parecía a Sancho Rof con el bichito del síndrome tóxico. Algo que parece indicar que el déficit tarifario final de 2012 acabará más cerca de los 5.000 millones que de la cifra ayer anticipada en su estrategia de tacita a tácita, después de haber renegado del déficit en 2012 hace poco menos de dos semanas.
Y, en paralelo, la fijación de nuevos impuestos diferenciales y discriminatorios a las tecnologías nuclear e hidráulica, dos tecnologías de régimen general, que acuden al mercado de generación y que contiene la ley recién salida del Senado. Impuestos y tasas, que tienen un efecto fuertemente distorsionador y sobre las instalaciones nucleares y la viabilidad de las mismas a la vista de las nuevas inversiones en materia de seguridad. Ahí está abierto el problema del cierre de la Central de Santa María de Garoña. En todo caso, el Ejecutivo se ha apuntado a la teoría de la transferencia de recursos de unas tecnologías a otras vía los impuestos, sin abordar la cuestión de la contención de los costes regulados y de las primas a las renovables.
Es la vieja táctica de no querer mirar el origen de la enfermedad, no abordarlo y, a la vez, causar una carnicería en la operación quirúrgica por cortar a diestro y siniestro, en particular, los órganos sanos. Y, lo ha hecho, sobre la base de no utilizar ni la contabilidad financiera de las empresas titulares de las instalaciones nucleares, recogiendo las tesis retroprogresivas respecto a esta tecnología y el prejuicio del actual responsable de la Oficina Económica del Presidente.
Con este punto de partida, hay poca claridad y se anticipan problemas, desde económicos a jurídicos. Hoy tenemos más déficit y menos credibilidad. Y, además, parece que lo que se anticipa por delante, está mucho más embrollado e intricando.
