Los eurodiputados españoles piden al fabricante danés de aerogeneradores Vestas que no cierre su planta en León

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EFE.- La dirección de Vestas ha notificado a los representantes de los trabajadores de la planta que el fabricante de aerogeneradores danés tiene en la localidad de Villadangos del Páramo (León) el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción para los 362 empleados, una documentación que el comité de empresa ha rechazado recoger. Por otra parte, los eurodiputados de los principales partidos políticos españoles han enviado una carta pidiendo a Vestas que paralice el cierre de su planta.

La carta se dirige al presidente de Vestas Wind System Latinoamérica, Sur de Europa y MENA (Medio Oriente y Norte de África), Eduardo Medina, y por extensión al presidente de la empresa, Anders Runevad, según indicaron los socialistas españoles. En la misiva urgen a la multinacional danesa a que mantenga la actividad productiva y el empleo directo e indirecto en Villadangos del Páramo. La presidenta de la Delegación Socialista Española, Iratxe García; el eurodiputado popular, Agustín Díaz de Mera; Miguel Urbán, de Unidos Podemos; Paloma López, de Izquierda Unida, y Javier Nart, de Ciudadanos, firman esta carta, en la que califican de «grave, injusta e irresponsable» la decisión de Vestas.

A juicio de los eurodiputados, la decisión del fabricante de aerogeneradores danés es «inaceptable», teniendo en cuenta el apoyo financiero autonómico, nacional y europeo que ha recibido. También consideran «incoherente» cerrar esta planta, que se ha convertido en la última década en una de sus unidades más competitivas en Europa. Según los eurodiputados, el ERE y cierre de la planta anunciado por Vestas supondría el despido de 500 empleados y afectaría de forma indirecta a unos 2.000 trabajadores en León.

ERE extintivo para 362 trabajadores

Por otro lado, según han indicado fuentes sindicales, el motivo por el se han negado a recoger la documentación se debe a un «defecto de forma», ya que en la convocatoria de la reunión sólo se aclaraba que el encuentro sería previo al registro del expediente en la Oficina Territorial de Trabajo, para que la empresa anunciase si seguía adelante con el cierre de la planta leonesa o había rectificado. Además, los sindicatos han advertido a la empresa de que al negarse a recoger la documentación no empieza a contar a contar el plazo de un mes para el periodo de consultas relativo al ERE.

Los trabajadores recuerdan el apoyo de una multitudinaria manifestación que colapsó León para exigir la continuidad de la planta de componentes eólicos que la multinacional Vestas tiene en Villadangos y la reindustrialización de la provincia. A la manifestación asistió el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien exigió al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, tal y como sucede en Francia.

Los gobiernos central y autonómico exigen a la dirección de la empresa dar «viabilidad» a la planta leonesa con un nuevo plan industrial que «reoriente la producción de la planta hacia la demanda del mercado», a la que habría que añadir los paquetes de ayudas autonómicas, nacionales y europeas que Vestas ha venido recibiendo en los últimos años y que ascienden hasta los 13,5 millones. De esta forma, el objetivo prioritario para el Gobierno central y el autonómico es que se mantengan los 362 puestos fijos de la planta. Los cerca de 600 trabajadores que se verían afectados, entre fijos y de empresas auxiliares, mantienen levantado un campamento instalado ante la factoría hasta que consigan una solución a su problema.

Sordo (CCOO) exige al Gobierno que regule la deslocalización de empresas con beneficios para evitar casos como el de Vestas

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EFE.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha exigido al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, como sucede en Francia.

Así lo ha afirmado en León, donde participó en la manifestación convocada por UGT, CCOO y CGT para exigir la continuidad de la planta de componentes eólicos que la multinacional Vestas tiene en la localidad leonesa Villadangos del Páramo y la reindustrialización de la provincia.

El líder de CCOO ha tildado de «atropello» lo que pretende hacer la multinacional danesa y ha ofrecido todo el apoyo del sindicato para frenar las intenciones de la empresa.

«Es una batalla en la que no vamos a cejar porque consideramos inaceptable que una empresa que arroja resultados positivos y cuenta en León con una planta que tiene unos ratios de productividad muy importante sea cerrada después de contar con recursos públicos y con un tratamiento privilegiado», ha advertido.

Ha añadido que es «inaceptable» que en una provincia como León se produzcan estos episodios de desindustrialización que «desanclan las empresas del territorio y provoca que la gente se tenga que marchar».

«No podemos admitir que empresas multinacionales que acceden a recursos públicos se marchen sin ningún ejercicio de responsabilidad con su entorno, y vamos a promover el Gobierno tome medidas», ha anunciado Sordo, que ha calificado de «intolerable» la forma de actuar de la empresa.

Ha señalado que los trabajadores de Vestas ya han demostrado su disposición a la negociación, que pasa, ha precisado, porque la empresa reconsidere su decisión, y están dispuestos a asumir medidas que mejores incluso los ratios de productividad y rentabilidad.

Ha precisado que cuando se facilita que las empresas se vayan sin tener que dar explicaciones una vez que han aprovechado los recursos públicos, los episodios de deslocalización son más habituales de lo que deberían.

«Por tanto exigimos medidas para controlar que empresas con beneficios no se puedan ir de esta manera, tal y como sucede en otros países y Francia es un buen ejemplo donde hay leyes que condicionan las decisiones de las empresas», ha zanjado.

Imaz (Repsol) advierte de que el impuesto al diésel aumentaría las emisiones de CO2; Aires (BP) lo ve “sin sentido”

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EFE.- El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha manifestado que «una penalización añadida al diésel va a aumentar las emisiones de CO2» y provocaría daños al sector de fabricación automovilístico en España, que ha recordado que es el segundo fabricante europeo de automóviles.

Imaz ha afirmado que aquí todos están haciendo esfuerzos y ha recordado que las emisiones de CO2 de los vehículos actuales de gasolina son un 24% menores que hace 20 años y las de los diésel un 25,2%, con lo cual se han rebajado las emisiones por cada kilómetro recorrido.

Ha añadido que un impuesto al diésel lo que haría es que hubiera más consumidores que dejen de comprar ese tipo de coches y adquirieran de gasolina, lo que no redundaría en una reducción de las emisiones de CO2.

Además, ha apuntado los efectos que tendría sobre la recaudación la sustitución de todos los vehículos que usan diésel y gasolina por eléctricos, que pasaría de los 16.000 millones de euros que se obtienen por vehículos ligeros a través del impuesto de hidrocarburos a 3.000 millones.

Ha afirmado que el problema que hay son los vehículos diésel antiguos, que contaminan más que los actuales, y ha afirmado que promover una renovación del parque automovilístico sería «más justo socialmente», pues se ayudaría a colectivos de baja renta, sería más eficiente para la competitividad de la economía y ayudaría a mejorar la reducción de emisiones de CO2.

Por su parte, el presidente de BP España, Luis Aires, ha considerado que no tienen ningún sentido las medidas para subir la fiscalidad al diésel y ha criticado la propuesta del comité de expertos en transición energética, por la que se establecía gravar las emisiones de óxido de nitrógeno, de azufre y partículas de los vehículos, que ha señalado que no tienen que ver con el cambio climático.

También ha criticado la propuesta de sufragar con un impuesto nuevo el déficit eléctrico sólo gravando a los carburantes y que sean sólo los usuarios de diésel y gasolina los que paguen algo que fue generado por decisiones de política energética y de inversión de las empresas, así como que sean los que paguen unas carreteras que también van a usar los vehículos eléctricos.

En su opinión, tiene más sentido que se suba el precio por tonelada de CO2 emitida y que se recaude de todos los emisores.

La consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, cree que hay que favorecer la introducción de renovables en el mix eléctrico, ya que reducirá los precios, y ha dicho que se deben adoptar «decisiones valientes» para avanzar en una mayor electrificación.

Por su parte, el consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, ha criticado la actual fiscalidad sobre la energía, que considera que actualmente tiene sólo «efectos recaudatorios» y cree que hay que aumentar la fiscalidad a las fuentes de energía emisoras, pues no tiene sentido que se pague un 7% por generar electricidad tanto si se hace por una planta que contamina que por una instalación que no emite CO2.

Ha indicado que hay que reformar la fiscalidad y establecer unas señales económicas claras y «contundentes» para que España no se quede atrás en la nueva «revolución industrial» que va a suponer la transición energética.

Mateo ha añadido que si el carbón es la principal fuente emisora de CO2 «habrá que cerrarlo» y ha agregado que los puestos de trabajo de esa actividad podrán ser suplidos en sectores como la fabricación de aerogeneradores y baterías.

Red Eléctrica propone abrir un procedimiento extraordinario de planificación energética y espera que la retribución contemple el coste del capital

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EFE.- Los operadores del sistema eléctrico y gasista, Red Eléctrica (REE) y Enagás, consideran bueno que la retribución a las actividades de transporte y distribución se base en el coste del capital, como propone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Asimismo, el presidente de REE, Jordi Sevilla, considera que para cumplir con las exigencias que la transición energética va a requerir a la compañía será necesario abrir un procedimiento de planificación extraordinario, con procedimientos acelerados de autorización.

Sevilla, en su intervención ante el Consejo Asesor de la compañía, ha argumentado que ese procedimiento de planificación extraordinario tendría como finalidad reducir los largos periodos de tramitación y construcción de obras de la red de transporte imprescindibles para que la transición energética sea posible, según apunta REE. Sevilla asegura que REE se va a ver muy afectada por los cambios y será preciso reforzar su papel como gestor de la red de transporte (TSO).

Asimismo, ha señalado que la transición va a conllevar cambios en la estructura y manera de actuar de REE, y cree que la coexistencia de un sistema de generación concentrado y uno distribuido complicará la gestión del operador del sistema, que sólo será posible si la planificación de redes de transporte se hace ágilmente y se ejecuta de forma eficiente.

La transición energética va a cambiar los parámetros de actuación de REE, según Sevilla, que ha advertido que la no gestionabilidad de las tecnologías renovables exigirá una potencia instalada y conectada muy superior a la que requería el modelo anterior. También ha indicado que habrá que cerrar cuanto antes una retribución adecuada para las actividades de transporte que permita afrontar un periodo de fuertes inversiones. Además, considera que habrá que realizar una auditoría de cuentas independientes para asegurar la separación del transporte con el resto de actividades de la empresa.

Sevilla ha subrayado también que en el nuevo contexto de la transición energética es más importante que nunca garantizar la independencia económica, operativa y organizativa del operador del sistema. En su opinión, se deben adoptar medidas que mejoren la independencia del operador, entre ellas una metodología de cálculo de la retribución que garantice la suficiencia de ingresos de la actividad y la elaboración de una auditoría anual de cuentas propia.

También ha señalado que será necesario reforzar la separación entre el gestor de la red de transporte y el resto de actividades, con las nuevas inversiones que se puedan realizar para reforzar el papel destacado que ya tiene REE como gestor de comunicaciones. Asimismo, ve preciso que la competencia para ostentar la propiedad y la gestión de los sistemas de almacenamiento hidráulico en los sistemas no peninsulares se extienda al almacenamiento no hidráulico siempre que su finalidad sea garantizar el suministro, la seguridad del sistema y la integración de renovables.

Retribución con coste de capital

En este sentido, el presidente de Enagás, Antonio Llarden, indicó que, aunque la propuesta de metodología de la retribución financiera o rentabilidad razonable en el segundo período regulatorio sólo va dirigida para el sector eléctrico, cuyo primer período acaba antes, la idea en sí no le parece mal, así como que se aplique también al sistema gasista. Llardén explicó que actualmente el sistema regulatorio español, que fija la retribución a partir del bono del Estado a 10 años más un diferencial, es diferente al de otros países y a los inversores les interesa la homogeneización.

Por su parte, el consejero delegado de Red Eléctrica, Juan Lasala, ha comentado que es bienvenida cualquier regulación basada en el coste del capital, como la metodología WACC (coste medio ponderado de capital) para calcular la rentabilidad razonable que perciben. Además, ha resaltado que, con sólo hablar de costes de capital para el cálculo de la retribución, la reacción de los mercados ha sido buena.

Endesa defenderá frente a Hacienda el criterio que aplicó al fusionar su negocio renovable con el de su matriz Enel

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EFE.- Endesa irá a los tribunales para defender el criterio fiscal aplicado en la fusión de las filiales de energías renovables de Endesa y Enel, del que Hacienda discrepa y por la que ha sancionado a la compañía española y a su filial en España con una multa de 88 millones de euros.

La Agencia Tributaria ha impuesto esa sanción a Endesa y a su accionista mayoritario, Enel, por los beneficios fiscales injustificados que se apuntaron por la fusión de sus negocios de renovables.

Sin embargo, Endesa considera que en la operación por la que Enel separó la participación que tenía en Unión Fenosa Renovables (Eufer) para integrarla con el negocio de renovables de Endesa no generó plusvalías, como considera Hacienda, ya que se aplicó directamente a la fusión, según han indicado fuentes conocedoras del proceso.

Endesa cree que la generación de plusvalía no tiene sentido como tal desde el punto de vista impositivo en este caso y que lo lógico tras la fusión de los negocios renovables de Enel y Endesa en la Península Ibérica era que el grupo italiano no mantuviera su participación en dos empresas que competían entre sí.

En marzo de 2010 los consejos de administración de Enel y Endesa aprobaron unir sus negocios de energías renovables en España y Portugal en una única sociedad, participada por Enel y Endesa.

Hasta entonces Enel desarrollaba su actividad de renovables en esos territorios a través de Eufer, en la que participaba Enel Green Power, filial de renovables del grupo italiano, con Unión Fenosa, mientras que Endesa lo hacía a través de Endesa Cogeneración y Renovables (Ecyr).

Endesa se muestra muy interesada en las subastas de redes de distribución de electricidad en baja tensión de Portugal

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EFE.- El presidente de Endesa en Portugal, Nuno Ribeiro, aseguró que el grupo está «muy interesado» en las subastas para las concesiones de las redes de distribución de electricidad en baja tensión que saldrán a concurso próximamente en Portugal. Según Nuno Ribeiro, «tenemos la ambición de involucrarnos en las redes eléctricas y en la distribución de electricidad» cuando sean públicos los concursos.

El presidente de Endesa, cuya compañía está presente en territorio portugués desde hace 25 años, visitó, junto con el ministro del Ambiente luso, João Pedro Matos Fernandes, varias comarcas lusas donde Endesa ha invertido en dos años 6,4 millones de euros en obras de compensación por la no construcción del embalse de Girabolhos, en la cuenca del río Mondego. Ribeiro recordó la implicación de Endesa con el sector renovable, donde seguirán apostando en Portugal, sobre todo en la parcela fotovoltaica.

Endesa se ha posicionado como la segunda eléctrica lusa suministradora de energía y la tercera en gas. Ribiero recordó que la compañía acapara el 18% de la cuota de mercado de energía suministrada con una cartera de 300.000 clientes. Además, en la sección de «grandes clientes» (empresas), Endesa es líder en Portugal, debido a sus proyectos de eficiencia energética en gas y electricidad. Endesa también está presente en Portugal en producción de energía eléctrica mediante algunas centrales que en el año 2017 aseguraron el 16% del consumo eléctrico de Portugal.

Enagás vende el 50% del gestor gasista sueco Swedegas a FS Gas Transport por 96 millones de euros

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EFE.– Enagás y la belga Fluxys acordaron la venta del gestor del sistema gasista sueco Swedegas a FS Gas Transport AB por un total de 2.048 millones de coronas suecas (unos 192 millones de euros), importe que ambos vendedores se repartirán a partes iguales (96 millones de euros). FS Gas Transport AB está participada en su totalidad, de forma indirecta, por el fondo European Diversified Infrastructure Fund II, gestionado por First State Investments.

La venta de Swedegas está sujeta al cumplimiento de las condiciones suspensivas propias de este tipo de transacciones, según precisó Enagás. La previsión de la compañía gasista es que la operación se cierre a finales de año. En caso de materializarse, la operación supondría una rentabilidad para Enagás en términos de TIR (tasa interna de retorno) después de impuestos superior al 10%. «Esta rentabilidad no está sujeta a la evolución del tipo de cambio euro corona sueca dado que Enagás, siguiendo su política de gestión de tipo de cambio, financió el 100% de la inversión en la moneda local», añaden.

Swedegas es dueña de la totalidad de la red de gasoductos de alta presión de Suecia y operadora del sistema gasista del país nórdico. Enagás y Fluxys anunciaron su compra en 2015, en una operación valorada en más de 200 millones de euros, según indicaron entonces ambas empresas, que apuntaron que el pago se haría en efectivo y al 50%.

El Ciadi condena a Egipto a pagar 1.700 millones de euros a Naturgy y ENI por la paralización de Damietta

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EFE.- La Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), institución dependiente del Banco Mundial, ha condenado a la República Árabe de Egipto a pagar más de 1.700 millones de euros a Unión Fenosa Gas, compañía participada al 50% por Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, y la Italiana ENI, por la paralización dada la falta de suministro de la planta de licuefacción de Damietta. El Ciadi resuelve así la demanda presentada en 2014.

El laudo estima que no se concedió al inversor el trato justo y equitativo exigido por el Tratado bilateral España-Egipto de protección de inversiones, por lo que condena a Egipto a pagar 2.013 millones de dólares después de impuestos y antes de intereses. Naturgy confía en que este laudo arbitral permita alcanzar un acuerdo global y poner en valor su inversión en Egipto a través de un acuerdo comercial y el restablecimiento del suministro de gas a la planta. Además, considera que este laudo demuestra la efectividad en los procedimientos de resolución de conflictos internacionales como instrumento eficaz para asegurar la protección de inversiones internacionales.

El Ayuntamiento de Porzuna (Ciudad Real) concede la licencia a Naturgy para construir una planta de energía fotovoltaica

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EFE.- El Ayuntamiento de Porzuna (Ciudad Real) ha aprobado la concesión de la licencia de obra a Unión Fenosa (Naturgy) para la construcción de dos fases de la planta fotovoltaica que se instalará en la localidad. Los proyectos, denominados Picón 1 y Picón 2, afectan a una superficie total de unas 270 hectáreas aproximadamente, según señaló el Consistorio.

Esta licencia se concede después de haber recibido en el Ayuntamiento todos los informes favorables por parte de las diferentes administraciones y la documentación requerida a la empresa Naturgy, que será la encargada de construir dicha planta. Desde el Ayuntamiento de Porzuna han recordado que la planta fotovoltaica «es fruto única y exclusivamente de un acuerdo de arrendamiento entre la empresa que acometerá la obra y los propietarios de las tierras donde se instalará dicha planta». En este sentido, el Consistorio se ha limitado a hacer los mismos trámites y gestiones que realiza cuando recibe la solicitud para la realización de cualquier otro proyecto de carácter privado en terrenos privados.

Previamente a la aprobación y celebración de la Junta Local de Gobierno, representantes de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Porzuna han participado en una Comisión Informativa en la que se han aportado todos los informes y datos sobre este proyecto. Como ya ocurriera en un pleno anterior en el que se abordó este asunto por petición expresa de las personas contrarias al proyecto, los concejales de todos los grupos políticos que integran la Corporación Municipal han comprobado todos los permisos y autorizaciones pertinentes. Por ello, han dado el visto bueno al proyecto porque, según han explicado, «como Ayuntamiento no podemos negarnos a dar luz verde a un proyecto que cumple toda la normativa y todos los requisitos exigidos».

El municipio de Porzuna ingresará en torno a 2,5 millones de euros por canon e impuestos de construcción de las plantas Picón 1 y Picón 2, «un dinero que beneficiará a todos los porzuniegos puesto que permitirá poner en marcha nuevas iniciativas, mejorar las infraestructuras e incluso bajar impuestos». Esta cifra podría incrementarse si más adelante se aprueba la licencia para la planta Picón 3, pendiente de aportar la documentación necesaria y que afectaría a unas 130 hectáreas más. Además, habría que sumar también los ingresos anuales por el IBI que debería pagar la instalación.

Naturgy empieza la construcción del parque eólico del Monte Tourado-Eixe en Vimianzo (La Coruña) con 39 millones de euros invertidos

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EFE.- La empresa Naturgy, nueva denominación de Gas Natural Fenosa, invertirá 39 millones de euros en el proyecto renovable del Monte Tourado-Eixe, en Vimianzo (A Coruña), que se suma a la construcción del Parque Eólico de Peña Forcada-Catasol II en Laxe, y que producirá el consumo eléctrico de cerca de 57.000 hogares y unos 200 empleos.

El parque contará con 11 aerogeneradores que sumarán una potencia total de 39,6 megavatios, aunque a lo largo de 2019 pretende aumentar la inversión en Galicia hasta un total de 200 millones de euros, para sumar 233 megavatios. Hasta ahora, se han iniciado los trabajos de señalización, replanteo de la zona de obra, montaje de instalaciones auxiliares, acondicionamiento de los caminos de acceso e implantación de unas medidas preventivas para la vigilancia arqueológica y ambiental.

“Este proyecto renovable, que se suma al de Peña Forcada-Catasol II en Laxe, tendrá un impacto muy positivo en la Costa da Morte y en la sociedad gallega, ya que su construcción permite la generación de empleo, la reducción de emisión de gases contaminantes y el ahorro de producción eléctrica”, declara la responsable de los proyectos eólicos en Galicia de Naturgy, María Landeira. Durante el seguimiento arqueológico y ambiental que se llevará a cabo, se garantizará el cumplimiento de las medidas recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental, con las superficies afectadas revegetadas y sometidas a un seguimiento medioambiental periódico.