Europa Press.- Iberdrola ha ahondado en su campaña informativa sobre el nuevo bono social eléctrico, aprobado por el Gobierno el pasado mes de octubre, mediante la remisión de información actualizada de la normativa a más de 1.500 responsables de consumo y de servicios sociales de organismos públicos, asociaciones de consumidores y entidades sociales. Así, la compañía envió información a estas organizaciones sobre las últimas novedades en la gestión del bono social y las acciones realizadas para facilitar la información y la gestión a sus clientes.

En concreto, el grupo energético remitió un correo electrónico en el que informa de la reciente puesta en marcha de la aplicación telemática desarrollada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que permite a los comercializadores de referencia comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos de renta para ser considerado consumidor vulnerable o vulnerable severo.

En la información recuerda que esta aplicación telemática funciona para todo el territorio nacional, salvo en País Vasco y Navarra, y señala que, no obstante, el solicitante del bono social podrá seguir acreditando el requisito de renta mediante la presentación a las comercializadoras de la declaración o declaraciones de cada uno de los miembros de la unidad familiar relativas al último período impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud. En País Vasco y Navarra los clientes deben seguir aportando a los comercializadores de referencia la declaración de la renta hasta que esté finalizada la aplicación telemática específica para estos territorios.

La compañía también recuerda a sus clientes beneficiarios actualmente del bono social que seguirán disfrutándolo, como mínimo, hasta abril de 2018. Eso sí, todos aquellos que reúnan las condiciones para beneficiarse del nuevo bono social tienen que solicitarlo, aunque sean beneficiarios actualmente. El grupo energético ha remitido esta información a un total de 1.240 responsables de organismos de consumo y organizaciones de consumidores, a 236 miembros de servicios sociales de ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de zonas de alto ratio para la compañía, así como a unos 56 responsables de las entidades con las que la empresa tiene suscritos convenios de vulnerabilidad, entre otros.

Además, la compañía puso en marcha un plan de visitas en persona para explicar el bono social a los responsables de servicios sociales de las comunidades autónomas y municipios de más de 100.000 habitantes de zonas donde tiene una importante presencia. Iberdrola cuenta con unos 862.700 clientes acogidos al bono social, reformado por el Gobierno después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación por considerarlo incompatible con la normativa comunitaria. Asimismo, la compañía presidida por Ignacio Galán ya procedió al envío de más de un millón de cartas explicativas a los clientes y preparó sus canales para la gestión de las solicitudes del nuevo bono social.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno aprobó el Decreto que regula la aplicación del nuevo bono social de electricidad, que está basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supondrá descuentos de hasta el 100% en la factura de la luz para los considerados consumidores en riesgo de exclusión social.

El descuento en la factura eléctrica será del 25% para los considerados consumidores vulnerables, que serán aquellos con una renta anual de la unidad familiar que sea inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar. El umbral se incrementará para personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También tendrán derecho al bono social los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables. El descuento se amplía hasta el 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables.