El Gobierno compensará los costes de adaptar las líneas eléctricas para proteger a las aves y evitar incendios

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Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobó un real decreto que regula la adaptación de las líneas de alta tensión para proteger la avifauna y evitar incendios y que prevé compensaciones, algunas de tipo económico. El texto desarrolla el real decreto de 2008 por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión para minimizar su afección a las aves.

En concreto, se corregirán las líneas eléctricas peligrosas para la avifauna. Además, el real decreto establecerá las bases reguladoras para compensar, a través de la Ley de Subvenciones con cargo al presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, los costes derivados de la adaptación de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión a los requisitos establecidos en la normativa para la protección de la avifauna contra la electrocución por estas líneas.

El decreto de 2008 estableció obligaciones para que el condicionado técnico de las líneas de nueva construcción, así como de las ampliaciones o modificaciones de las líneas que ya existen, no fuera causa de mortalidad de la avifauna por electrocución o colisión. El decreto que se aprueba tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la financiación de las acciones de corrección de líneas eléctricas antiguas, anteriores a 2008, que son peligrosas para la avifauna.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, corregir las líneas eléctricas peligrosas para la avifauna también reducirá el riesgo de incendios forestales que provocan las aves electrocutadas que caen al suelo incendiadas y la interrupción del servicio que suele ocurrir cuando se produce un episodio de electrocución. De acuerdo con la Ley General de Subvenciones, a partir de la fecha de aprobación, las modificaciones de tendidos se realizarán mediante concurrencia pública.

La norma establece los requisitos y baremos de puntuación para que los titulares de líneas eléctricas de alta tensión accedan a las ayudas para su corrección, priorizando las zonas en las que la electrocución está alcanzando la mayor gravedad. El real decreto prevé dos subvenciones: las dinerarias, destinadas a los titulares de líneas de alta tensión que sean empresas de distribución eléctrica, y las subvenciones en especie, para aquellos titulares privados de líneas, consistentes en que la realización de los proyectos de corrección y la ejecución de los proyectos será realizada directamente por el Ministerio.

La Comisión Europea expedienta a España por limitar la participación y el derecho de voto en Red Eléctrica y Enagás

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Europa Press.- La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por establecer límites a la participación en Red Eléctrica y en Enagás, así como por restringir el derecho a voto en ambas compañías. Así consta en el directorio de procedimientos de infracción del Ejecutivo comunitario, en el que se detalla que Bruselas envió una carta de emplazamiento al Gobierno español en diciembre por esta cuestión.

La Comisión Europea suele informar cada mes sobre los procedimientos de infracción abiertos contra los Estados miembros por incumplir alguna normativa europea, pero en su comunicación de diciembre no incluyó este asunto. La carta de emplazamiento es la primera etapa de estos procedimientos, en la que Bruselas invita a los Estados miembros a dar explicaciones sobre el caso en cuestión. Si las observaciones no convencen lo suficiente, Bruselas da un ultimátum de dos meses al país para que cumpla con la normativa. Es el último paso antes de llevar el asunto ante la justicia europea.

Éste no es el único expediente que el Ejecutivo comunitario mantiene abierto contra Red Eléctrica y Enagás, puesto que en septiembre dio dos meses al Gobierno para romper el monopolio de ambas sociedades para «construir y operar interconexiones» con otros países del bloque comunitario. También denunció entonces que España ha transpuesto de forma incorrecta algunas normas sobre la independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

España y Portugal acuerdan cooperar para aumentar las interconexiones e impulsar las inversiones a largo plazo en eficiencia energética

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, mantuvo una reunión bilateral con su homólogo portugués, Jorge Seguro, en la que han acordado establecer vías de cooperación «más estrechas» en cuestiones energéticas y, en particular, para aumentar las interconexiones y eliminar las barreras a las inversiones a largo plazo en eficiencia.

Navia y Seguro han manifestado la voluntad de intercambiar experiencias regulatorias y han acordado cooperar en la defensa de asuntos de interés común en las negociaciones en el seno de la Unión Europea. En concreto, la cooperación entre Madrid y Lisboa se centrará en aumentar las interconexiones eléctricas y en eliminar las barreras a las inversiones a largo plazo en eficiencia energética. También, han subrayado ambos secretarios de Estado la importancia de dar un impulso a la integración del mercado ibérico de gas, al comprometerse a avanzar en una estructura de Mibgas que «acomode adecuadamente las necesidades de ambos países».

Los responsables de Energía de los países 28 comunitarios se reunieron para mantener un primer intercambio de opiniones sobre el paquete de 8 propuestas legislativas que presentó a finales del pasado año la Comisión Europea. Este conjunto de iniciativas se enmarcan dentro de la estrategia de Bruselas para impulsar la Unión Energética y persiguen, entre otras cuestiones, aumentar la cuota de energías renovables en el bloque comunitario, mejorar la eficiencia energética, con especial atención a la eficiencia de edificios, y diseñar un sistema de gobernanza.

El ministro de Energía de Malta, Konrad Mizzi, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea, señaló que entre los socios del club europeo existe «un consenso general» sobre los objetivos del paquete. También explicó que durante la presidencia maltesa se priorizarán los trabajos sobre eficiencia energética y también se trabajará sobre el sistema de gobernanza.

Por su parte, el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha advertido de que ha sido el primer debate de una negociación «muy compleja», al mismo tiempo que ha recordad que los objetivos del Ejecutivo comunitario con respecto a este paquete legislativo tienen que ver con el calendario de negociaciones, la ambición de las reformas y la coherencia de las mismas. Asimismo, el comisario español ha reconocido que la complejidad de las reformas puede exigir una mayor flexibilidad en las negociaciones. Además, ha instado a mantener la ambición para que la Unión Europea pueda asumir el liderazgo global en materia de cambio climático y a mantener la coherencia entre todas las reformas.

A su vez, Navia mostró su apoyo a los objetivos y a la hoja de ruta propuestos por la Comisión Europea, y resaltó que las propuestas deben tener en cuenta que «un verdadero mercado interior sólo resulta posible si existe un nivel elevado de interconexiones con los países vecinos». Así, defendió la necesidad de adoptar medidas urgentes para aumentar el nivel de interconexión de los países que se encuentran por debajo del objetivo de interconexiones, como es el caso de España. Del mismo modo, Navia aseguró que no se está explotando plenamente el potencial de la eficiencia energética para alcanzar los objetivos de energía y clima, así como para impulsar el crecimiento económico y el empleo en la Unión Europea.

Rajoy destaca el compromiso de España y Francia en avanzar en los proyectos de interconexiones energéticas

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, destacó el compromiso tanto de España como de Francia de avanzar en los proyectos de interconexiones energéticas, un tema que «afecta a la competitividad de las economías» de ambos. Rajoy indicó que, en el caso del proyecto de la interconexión del Golfo de Vizcaya, se presentará este año para obtener financiación europea, mientras que el del gasoducto del MidCat entre Cataluña y Francia no será presentado hasta 2018.

Sobre el proyecto del Golfo de Vizcaya, Rajoy indicó que hay un estudio de viabilidad y ahora debe ser notificado por el gestor de la red eléctrica gala (RTE) al Gobierno francés. «La ministra Ségolène Royal ha dado instrucción para que se haga de manera rápida. Sabe que aquí nos importa mucho», añadió el presidente del Gobierno. Respecto al gasoducto MidCat, Rajoy subrayó que los estudios van «según el calendario previsto» y que la idea es presentar el proyecto en 2018 para obtener la financiación europea. «Este proyecto será objeto de análisis en mayo por la Comisión Europea, Francia, España y Portugal para poder terminarlo en el tiempo previsto», destacó.

La Unión Europea destina 6,25 millones de euros a realizar estudios para la interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya

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Europa Press.- Los países de la Unión Europea acordaron destinar un total de 6,25 millones de euros para elaborar estudios adicionales sobre la interconexión eléctrica del Golfo de Vizcaya que unirá el País Vasco con Aquitania (Francia), según indicó la Comisión Europea, que señaló que los países comunitarios aprobaron su propuesta para invertir 444 millones de euros en 18 proyectos prioritarios de infraestructuras energéticas. La financiación proviene del programa Conectar Europa (CEF).

La conexión submarina eléctrica entre España y Francia es el único proyecto español seleccionado. Concretamente, la Unión Europea aprobó destinar 6,25 millones de euros a Red Eléctrica de España y a la compañía francesa Reseau de Transport d’Electricité (RTE) para la realización de estudios adicionales. El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, señaló recientemente que espera que esta nueva infraestructura esté lista para 2022 y que incrementará la interconexión energética de 2,8 Gigawatios a unos 5 Gigawatios, con un coste cercano a los 2.000 millones de euros.

De los 18 proyectos europeos para los que se ha aprobado financiación, 7 están relacionados con el sector eléctrico y tienen una financiación de 176 millones, 10 con el sector del gas (228 millones) y uno sobre una red eléctrica inteligente (40 millones). Por otro lado, la mayoría (13 proyectos) se basan en la elaboración de estudios (94 millones) y únicamente 5 obtienen fondos para trabajos de construcción (350 millones). Los proyectos que más financiación han obtenido son la construcción de la interconexión de gas entre Polonia y Eslovaquia (107 millones), de una terminal marítima de gas natural licuado en la isla croata de Krk (102 millones) y de un almacén energético de aire comprimido en Reino Unido (90 millones).

La interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya será autorizada este año; la subterránea de los Pirineos ahorra 80 millones

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EFE / Europa Press.– La nueva interconexión subterránea entre España y Francia, que se inauguró en febrero de 2015 y entró en operación comercial en octubre de ese año, permitió un ahorro de 80 millones de euros al sistema eléctrico español en su primer año de funcionamiento. Asimismo, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, anunció que la interconexión eléctrica con Francia por el Golfo de Vizcaya mediante un cable submarino comenzará su proceso de autorización este año.

La interconexión que unirá el Golfo de Vizcaya y Aquitania (Francia) mediante un cable submarino de casi 400 kilómetros, tiene un coste estimado de 1.900 millones de euros e incrementará la interconexión energética entre ambos países de 2,8 Gigawatios a unos 5 Gigawatios. «Por el ritmo que lleva, esperamos que esté lista para 2022», auguró el dirigente europeo, que espera que a lo largo de 2017 haya un acuerdo para dividir los costes entre los reguladores francés y español y a partir de ahí solicitar el apoyo de  fondos comunitarios.

MidCat y nuevas interconexiones eléctricas

Por contra, el gasoducto MidCat entre Cataluña y el sur de Francia se realizará por fases. «El deseo de la Comisión Europea es que el proyecto MidCat hubiera sido completo, no solo la transpirenaica, sino también conexión con la red central europea», explicó Cañete, que calcula que en mayo esta conexión gasística cuente con la estimación de costes y beneficios. Asimismo, Arias Cañete ha detallado que la interconexión con Francia podría aumentar en otros 8.000 gigawatios a través de otros dos proyectos pirenaicos. Sin embargo, según indicó, deberán aguardar a las elecciones francesas pues el comisario cree que pueden verse condicionados en función del resultado.

Estas interconexiones a través del Pirineo están siendo objeto de estudio y actualmente se evalúan diferentes tecnologías para evitar interferencias con el medio ambiente. Estos proyectos eléctricos y gasistas están contempladas en la Declaración de Madrid, firmada en 2015 por los presidentes de España, Francia y de la Comisión Europea, y recibieron para estudios más de 9 millones de euros de la línea Conectando Europa. Todos los proyectos incluidos en dicha declaración están confirmados como proyectos de interés común, «destacando así su papel fundamental en la consecución de una red transfronteriza de energía», subrayó Cañete.

80 millones por los Pirineos

Por otro lado, según el consejero delegado de Red Eléctrica de España (REE), Juan Lasala, la nueva interconexión subterránea entre España y Francia por el este de los Pirineos permitió un ahorro de 80 millones de euros al sistema eléctrico español en su primer año de funcionamiento. El ahorro para el sistema eléctrico se estima para el periodo comprendido entre octubre de 2015 y octubre de 2016. Lasala destacó que ese ahorro supone un porcentaje relevante de la inversión que España y Francia tuvieron que acometer para desarrollar el proyecto.

La interconexión, que une las localidades de Santa Llogaia, cerca de Figueras, con Baixas, próxima a Perpiñán, tiene una longitud de 64,5 kilómetros. La obra, que supuso una inversión de 700 millones de euros, permitió duplicar la capacidad de intercambio de electricidad entre ambos países, que pasó de 1.400 megavatios a 2.800 megavatios. Contó tanto con una financiación de 225 millones de euros en el marco del programa europeo EEPR (European Energy Programme for Recovery) como con otra del Banco Europeo de Inversiones a través de un préstamo de 350 millones de euros concedido a RTE y REE. Los trabajos de construcción terminaron en 2015 coincidiendo con la inauguración oficial.

Folgado aboga por revisar los conceptos de la tarifa eléctrica mientras Red Eléctrica cierra acuerdo de financiación con el BEI

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EFE / Servimedia.- El vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Román Escolano, y el consejero delegado de Red Eléctrica de España (REE), Juan Lasala, ratificaron un acuerdo de financiación por importe de 450 millones de euros, al tiempo que el presidente de la compañía, José Folgado, defendió que deben hacerse mejoras en «el conjunto de la tarifa eléctrica» y revisarse «algunos conceptos para reducir el coste de la factura», como «el impuesto eléctrico o los extracostes extrapeninsulares».

Mercado afectado por parón nuclear

Folgado argumentó que en España «no está mal en general el funcionamiento del pool» (mercado mayorista de la electricidad) y que lo hace de «manera homogénea al resto de Europa». El presidente de Red Eléctrica ha atribuido el incremento del precio de la luz a una serie de condiciones «desfavorables» entre las que también ha incluido que «Francia dejó de producir energía eléctrica en 7 de sus centrales nucleares y eso afectó a toda Europa». A pesar de todo, considera que «el mercado está funcionando» y que el Gobierno «sabe lo que tiene que hacer».

Folgado aboga, sin embargo, por mejorar el conjunto de la tarifa eléctrica mediante la revisión de algunos conceptos para «reducir el coste global». Entre ellos, mencionó «el impuesto específico y los extracostes extrapeninsulares«, aunque ha hecho hincapié en que «debe analizarse con serenidad, porque los conceptos fijos, la generación, transporte y distribución representan el 56% del total de la factura».

Ve “injustas” las críticas recibidas

Por otro lado, Folgado calificó de «gravísimo error y de grave injusticia» la consideración del grupo empresarial como «puerta giratoria» para políticos, tras el nombramiento como consejero del exdirector de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. Folgado resaltó que REE «está teniendo la mejor consideración desde el punto de vista de las buenas prácticas corporativas en todas las instituciones».

Ha recordado que la compañía ha tenido «un puesto de honor en la excelencia en materia corporativa» y en lo que se refiere al nombramiento de consejeros ha dicho que existe «un mapa de competencias y se puede ver perfectamente la altísima consideración de éstos». Folgado esgrime que la candidatura de Fernández de Mesa fue «analizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que la elevó al Consejo de Administración y se aprobó por unanimidad».

450 millones con el BEI

Según indicó REE, el acuerdo con el BEI tiene como objetivo financiar una parte de las inversiones previstas en su plan estratégico. Concretamente, el apoyo del BEI contribuye a reforzar el mallado de la red en la Península, así como las interconexiones internacionales y entre islas, como parte de las prioridades del Plan de redes energéticas de la Unión Europea.

Escolano ha destacado en el acto de firma «el impacto positivo de este préstamo en la economía española, garantizando y optimizando el suministro eléctrico».  Además, recalcó la «importancia de las inversiones en el archipiélago balear y canario», ya que «allí son aún más necesarias» para un correcto funcionamiento de las infraestructuras eléctricas. Lasala ha señalado que «se valora el apoyo que prestan las instituciones europeas». Estas infraestructuras no solo son fundamentales para mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico, sino que además favorecen el desarrollo sostenible y el empleo.

Tiempos cavernos

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¿Arsenio Fernández de Mesa, presidente de Red Eléctrica (REE)? Interesante hipótesis, la expuesta en Cinco Días, al hilo de la polémica de su nombramiento como consejero independiente de la compañía, lo que apareja la posibilidad de que el protagonista llegue a ser su futuro presidente, dado que cumple con todos los requisitos para ello. Sabido es que Fernández de Mesa es amigo del presidente Rajoy, al tiempo que se acrecientan los rumores de sustitución del propio Folgado. Por su parte, el ministro Álvaro Nadal se limitó a apuntar que es una decisión “empresarial”.

Claro que lo es, en la medida que tener el favor de Moncloa siempre es útil para una compañía. Pero hay más. Cinco Días desnuda todas las características que hacen que REE, operador de transporte y sistema español, mantenga protecciones públicas (incluyendo las limitaciones y pactos parasociales en beneficio de la SEPI y del Gobierno), combinadas con la propiedad privada de su accionariado, como perceptores del dividendo garantizado (incluyendo el 65% de poderosos fondos institucionales), de forma que pueda mantener todos los comportamientos del sector público monopolístico: condicionar la regulación, mantener su retribución y elegir las inversiones que realiza. El hecho es que queda acreditado que REE ha salido indemne de los ajustes retributivos sufridos por el resto del sector.

Con ese halo de fake empresa pública / fake empresa privada, REE, técnicamente magnífica, ha encajado en el amateurismo político energético español, basado en la ideología y el dogma, en el sistema de turnos de los partidos mayoritarios y en la ocupación de su consejo, con sueldos astronómicos e indemnizaciones millonarias, lo que deviene en el silencio socialista. Público, pero privado. Privado, pero público. Tanto es así que ni los podemitas más acérrimos, que ven con simpatía el trampantojo estatalista de empresa pública de los TSO españoles, ni los liberales de Ciudadanos se han dado cuenta de lo poderosos que son y de cómo han logrado frustrar todas las posibles intentonas del regulador principal, el Ministerio, para su separación efectiva.

Alberto Carbajo, exdirector de Operación de Red Eléctrica, ha reaparecido y pide en El País una reforma del mercado eléctrico que acabe con la volatilidad del mismo, haciendo equivalente lo que él señala como papel social del suministro eléctrico al concepto de bien público, decorosamente descrito sin caer en las cartillas de racionamiento para otros bienes de primera necesidad de la población española de tiempos pasados. Una reforma en línea, eso sí, con un modelo retributivo más predecible, como el utilizado para Red Eléctrica según la inversión reconocida y autorizada.

Carbajo impele al Gobierno a que negocie el paquete de invierno de la Comisión Europea (se infiere que no está de acuerdo) e introduce en su artículo de forma elíptica la expresión “retirando del mercado la inversión amortizada” para lograr un modelo de generación “descarbonizado”. Por cierto,  ¿Cuál es esta potencia “amortizada”? Y si se efectúan inversiones en la actualización de dicha potencia para seguir operando: ¿deja de estar amortizada? ¿y si dichas tecnologías, a las que se refiere Carbajo son las que, precisamente, no producen emisiones? Y por cierto, ¿ayuda a rebajar los precios contar con esa potencia amortizada operativa dentro de la oferta?

Por otro lado, el diputado Guillermo Mariscal, portavoz popular en la Comisión de Energía, acredita en una entrevista en Vozpópuli que el sector eléctrico español no es un oligopolio a tenor del número de comercializadoras existentes, en un suministro en el que el 53% de los consumidores domésticos está en el mercado libre. Pero es que tampoco lo es en el ámbito de la generación eléctrica, dónde los nuevos entrantes, la integración con el mercado portugués, los operadores renovables y el modelo marginalista permiten que cualquier instalación que oferte en la plataforma electrónica de negociación pueda fijar precios, dependiendo de la coyuntura de cada momento.

Los retroprogresivos, amantes del modelo francés y de su grandeur de empresa  cuasiúnica (con 58 reactores nucleares, de los que una decena está actualmente en proceso de revisión técnica), viven en sus propias contradicciones al acusar al modelo español de oligopolístico, con la ingente cantidad de operadores de comercialización y de generación existentes en nuestro país. También podría hablarse de la preponderancia nuclear francesa, que chocaría con este modelo ideológico profundamente antinuclear, y de las posibilidades del comercio exterior de energía al que, por cierto, también se oponen. Lástima que estas declaraciones sean las de un representante político del partido gobernante, ante el que opondrán prejuicios, lugares comunes y creencias, como sustitutos de los hechos.

Red Eléctrica nombra al anterior director de la Guardia Civil como consejero independiente y la oposición critica “las puertas giratorias”

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EFE / Servimedia.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró que pedirá «explicaciones parlamentarias» al Gobierno por el nombramiento del que fuera hasta noviembre director general de la Guardia Civil, el político popular Arsenio Fernández de Mesa, como nuevo consejero independiente de Red Eléctrica de España, mientras que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, justificó que el nombramiento responde a una «decisión empresarial».

El nombramiento, que fue propuesto por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se produce hasta que se reúna la Junta General de Accionistas de la compañía, a fin de cubrir la vacante existente tras la dimisión de Agustín Conde cuando fue nombrado secretario de Estado de Defensa. Red Eléctrica aseguró que Fernández de Mesa ha sido considerado «idóneo» para el cargo, dada su experiencia y conocimientos en materia de seguridad integral, condiciones que también reunía Agustín Conde y que «son fundamentales» para la compañía. La salida de Conde fue aceptada el 29 de noviembre, según señaló a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Arsenio Fernández de Mesa es un político del PP. Diplomado en altos estudios militares y en informática de gestión de empresas, es funcionario del Estado en excedencia especial e inspector del departamento marítimo del «International Marine Coatings» en excedencia forzosa. Durante su trayectoria profesional ha sido diputado a Cortes en siete legislaturas (1989-2012), y fue presidente de la Comisión Nacional de Defensa, miembro de la Asamblea Internacional de la OSCE y miembro de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica. Experto en temas de defensa y próximo políticamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es coordinador territorial del PP y está en posesión de la Gran Cruz del Mérito Naval.

Albert Rivera habla de «dedazo»

Por su parte, Rivera, criticó que esto es un ejemplo de los «tics de vieja política» que mantienen el PP y el PSOE, y señaló que estos partidos parecen que «no aprenden» de que lo que piden los españoles en las urnas no es solo un cambio de fondo sino también de formas. A Rivera le parece un «dedazo en toda regla» la designación de Fernández de Mesa en una empresa participada por el Estado.

En este sentido, reflexionó que cuando se acaba la política «no pasa nada; Igual hay que buscarse un trabajo sin que el Gobierno te coloque en algún sitio«. El presidente de Ciudadanos expresó que «no sólo hay que acabar con las puertas giratorias», ya que hay una ley que lo impide, sino que quizás «habrá que endurecer el régimen de incompatibilidades de los que han sido cargos públicos para que cosas como estas no pasen».

Bruselas decidirá el 17 de febrero si son suficientes los cambios sobre los peajes eléctricos o sanciona a España

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Europa Press / EFE.- La Comisión Europea publicará el 17 de febrero el paquete de infracciones en el que decidirá si sanciona y denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no ceder el Gobierno la competencia al regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para fijar los peajes de electricidad o si, por el contrario, acepta los compromisos remitidos por carta por el Gobierno para cambiar la legislación, según indicaron fuentes conocedoras del proceso.

El pasado noviembre, el Gobierno remitió una carta a Bruselas en la que respondió a la notificación de procedimiento sancionador presentada por las autoridades comunitarias y se comprometió a «despejar las dudas» y a adoptar las medidas necesarias para «permitir el cierre del expediente», según el contenido de la misiva. En la carta, el Gobierno comunicó que está dispuesto a cambiar la estructura de los peajes, en la medida en que acepta «aumentar las competencias de la CNMC». Sin embargo, habrá un «mecanismo de doble lectura» en el que la CNMC realizará una propuesta y el Gobierno fijará los precios y quedará a la espera del posterior visto bueno del regulador. No se especifica qué ocurrirá en caso de discrepancia.

El Gobierno le retiró competencias a la CNMC en 2014, limitando su capacidad de actuación sobre las tarifas eléctricas, de forma que actualmente este organismo valida la metodología y el Gobierno fija los peajes, que suponen más de un tercio de la factura. Los precios del mercado mayorista eléctrico suponen alrededor del 35% del recibo mientras que el 65% restante corresponde a impuestos y a esos peajes, que fija el Gobierno y que están congelados para este año. Poco después de estrenarse en el cargo de ministro de Energía, Álvaro Nadal se reunió con el comisario Miguel Arias Cañete y otros responsables de ambos equipos para abordar, entre otros, el asunto sobre la regulación de las tarifas eléctricas en España.

Al respecto, fuentes gubernamentales indicaron que España comunicó a Bruselas, dentro del curso habitual de las comunicaciones que regularmente se tiene con la Comisión Europea, que está abierta a mejorar la regulación nacional y clarificar la metodología de tarifas en la línea solicitada. Así, se manifestó la voluntad de estudiar una reforma que sitúe en la CNMC la fijación de la metodología y de las tarifas en transporte y distribución. No obstante, para abordar esta reforma, como ya lo han hecho otros países como Francia, se solicita un periodo transitorio para poder adaptar la legislación. Fuentes ministeriales españolas explicaron que «se está trabajando para hacer una reforma que afecta al organismo supervisor» de manera que han pedido «tiempo a Europa».

En paralelo a la carta enviada de Madrid a Bruselas, el Gobierno y Ciudadanos anunciaron la pasada semana que han alcanzado un acuerdo para reestructurar los reguladores económicos que afectan al dossier. Entre esos cambios, se contempla que la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia quede dividida en dos organismos, uno dedicado a la defensa de la competencia y otro a la regulación de los mercados, como el de la energía. Bruselas espera ahora a ver en qué se traducen las intenciones legislativas manifestadas por el Gobierno y la nueva estructura de la CNMC.

Fuentes comunitarias confirmaron la recepción de la carta y aseguraron que la Comisión se encuentra analizando su contenido. Bruselas no cerrará en ningún caso el expediente solo con esta carta, sino que considera necesaria la aprobación de la nueva normativa. La portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, también confirmó que España remitió esa carta a Bruselas como parte del procedimiento de infracción. «Dado que el procedimiento está en marcha, el Estado miembro tiene que contestar a la Comisión Europea qué es lo que van a hacer para colocar la legislación nacional en línea con la legislación europea. Informaremos cuando el procedimiento esté cerrado o sobre los siguientes pasos si son necesarios», señaló.

La Comisión Europea considera que la asunción por parte del Gobierno de la capacidad para fijar los peajes de luz, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, supone un incumplimiento de las directivas 2009/72-CE y 2009/73-CE. Por este motivo, inició en septiembre de 2015 un procedimiento de infracción que derivó en un dictamen de reprobación cuyo contenido llegó a finales del 2016 a Madrid. Desde ese momento, el Gobierno dispone de un plazo de dos meses para adoptar medidas con el objeto de evitar una sanción y la judicialización del caso.

El Colegio de Comisarios debe decidir ahora si acepta los argumentos presentados por el Gobierno, después de considerar que se infringen las directivas comunitarias en la actual regulación española. Las fuentes aseguran que el dictamen motivado remitido por Bruselas indica, textualmente, que «las directivas exigen la total independencia de cualquier interés público o privado, incluida la intervención nacional, en el ejercicio de las funciones de supervisión de la ARN (Autoridad Reguladora Nacional)». «La experiencia ha demostrado que la eficacia reguladora a menudo se ve obstaculizada por la falta de independencia de los reguladores respecto a los gobiernos», asevera el dictamen.

En la misiva, el Gobierno español también se dice dispuesto a ampliar el número de agentes que gestionan las interconexiones, rompiendo así el monopolio que ahora está en manos de Red Eléctrica y Enagás. No obstante, Madrid supedita esa iniciativa a que la vecina Francia legisle en la misma dirección. Actualmente, hay cinco expedientes abiertos por la Unión Europea en temas de energía, cuatro de ellos que se espera se resuelvan en los próximos meses y un quinto, al que se refiere la citada carta, que el Gobierno quiere evitar que termine en el TJUE.

Tras un primer aviso en febrero de 2015, el 29 de septiembre la Comisión Europea pidió a España, por segunda vez, que adaptara adecuadamente su legislación nacional a la normativa europea sobre la liberalización de las interconexiones de electricidad y gas, ya que de lo contrario referiría el caso al TJUE. En esa llamada de atención, segunda de tres etapas, Bruselas señalaba que «la actual legislación española impide construir y operar interconexiones con otros Estados miembros a empresas que estén fuera del sistema nacional de operadores de electricidad y gas».