Ciudadanos propone reformar la fiscalidad de la factura de la luz y ceñir el recibo al coste del suministro eléctrico

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EFE / Europa Press.- Ciudadanos ha registrado, por medio de Melisa Rodríguez Hernández, su portavoz parlamentaria adjunta, una proposición no de ley, para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica en el Congreso, para reformar la fiscalidad en la factura de la luz a fin de que se eliminen impuestos y se concentre en lo que es el precio de la energía.

En la iniciativa Ciudadanos insta al Gobierno a hacer, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), una auditoría para determinar qué conceptos determinan el volumen actual del recibo eléctrico y qué costes deben ser asumidos por los consumidores en él. Asimismo pide al Gobierno que impulse una reforma para modificar la base imponible del IVA y del impuesto eléctrico para que dichas bases estén compuestas sólo por el precio pagado por la electricidad y el coste de las redes de transporte y distribución, excluyendo el resto de costes añadidos.

Según Ciudadanos, aunque la subida de los precios que está habiendo en el pool se debe a circunstancias de mercado (subida del precio de los derechos de CO2 y aumento del de los combustibles fósiles para generar energía), la mayor parte de la factura de la luz no se destina a sufragar el precio que alcanza la electricidad. Recuerda que, junto a los costes fijos del sistema, hay una fuerte imposición fiscal, que «avala la factura como una herramienta recaudatoria en perjuicio de la ciudadanía».

Que se note el consumo

Ciudadanos cree que se puede actuar sobre los costes fijos, en concreto sobre aquellos de «origen político» no relacionados directamente con el suministro eléctrico, que constituyen el 70% de la factura. Según Ciudadanos, ese elevado porcentaje que tienen en la factura esos costes distorsionan las señales de precio, que deberían concentrarse en el consumo, para que no resulte indiferente consumir más o menos energía. Entre los costes no relacionados directamente con el suministro está el IVA del 21% en la península, el impuesto sobre la electricidad, creado inicialmente para subvencionar el carbón nacional, así como una tasa municipal del 1,5%.

Además está el impuesto a la generación eléctrica, de un 7% y destinado a sostener los costes del sistema; la tasa hidroeléctrica, del 25,5%, para centrales de esa tecnología, y tasas nucleares, que incluyen el impuesto por combustible nuclear gastado y por generación de residuos. También está la tasa que pagan las centrales nucleares para financiar la Empresa Nacional de Residuos, Enresa; los costes extrapeninsulares y la financiación de las renovables, que se incluyen en los peajes de la factura.

Además, en la transición energética, ve fundamental contar con una factura bien ordenada; que no contenga costes fijos en la parte variable y no generé problemas de distorsión entre consumidores a la hora de optar por la generación distribuida. Asimismo, cree que esta factura debe ser competitiva en virtud tanto de las necesidades de familias y empresas como también para favorecer la movilidad eléctrica en detrimento de los combustibles fósiles.

Ciudadanos aboga por una transición «inteligente» que apueste por las renovables y garantice que los consumidores paguen sólo los costes directamente relacionados con el suministro. Ciudadanos considera «hipócrita» que desde la Administración se trabaje en un bono social para paliar las dificultades de las personas más vulnerables cuando la mayor parte del recibo son impuestos y costes políticos. En opinión de Ciudadanos, sería más eficiente trabajar por una factura que refleje los costes reales de producción y no sea una «herramienta de recaudación del Estado».

Aragón, Asturias y Castilla y León, las autonomías del carbón, reclaman más tiempo para poder acometer una transición energética justa

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EFE.- Mientras el secretario provincial del PP de León, Ángel Calvo, ha defendido que «no hay ningún combustible que pueda regular el mercado tanto como el carbón», un mineral «al que aún no le ha llegado el final», las 3 comunidades autónomas que aún tienen en el carbón un sector estratégico (Aragón, Asturias y Castilla y León) han reclamado más tiempo para poder acometer una transición energética justa, por el interés de estos territorios pero también por el propio sistema energético.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que «nadie niega» que hay que tender a medio plazo a la desaparición de las energías fósiles, pero cree que una transición justa hacia las renovables es «imposible» si las centrales se cierran en 2020. A su juicio, y así se lo ha trasladado Lambán a la ministra Teresa Ribera, hay que «suavizar» estos plazos, incluso por el interés del propio sistema energético y por la garantía de precio de la energía.

«Transición es transición, no precipicio», subraya el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien recuerda que en una época «bien reciente» de España el carbón autóctono “salvó” la economía al proporcionar la energía que no podían dar otros métodos por circunstancias del momento climatológico. Herrera resaltó que los objetivos «más extremos» dentro de la Unión Europea para el cierre de las centrales se sitúan en 2030, y por eso ha instado a que en España no se sea «más papistas que el papa», puesto que en este país se está planteando el cierre 10 años antes «y sobre todo sin alternativas claras» para las comarcas, que «siguen teniendo su supervivencia en el carbón».

Por eso, la alternativa pasa a su juicio por hacer una reserva de carbón nacional, sobre todo al haberse comprobado que tiene más garantías laborales que el que viene de fuera. Y, a su vez, la alternativa, cuando se habla incluso de crear un fondo europeo para este fin, debe dirigirse a impulsar energías limpias que, como la biomasa, se puedan ligar con otros objetivos que tienen las comunidades, como la preservación del medio natural y la lucha contra el cambio climático y los incendios.

El presidente de Asturias, Javier Fernández, ha recordado que con el mercado eléctrico se está hablando de un mercado que no es libre, sino «muy regulado», y que el cierre de una central debe llevar el acuerdo del Gobierno correspondiente para que no afecte a la seguridad del suministro, al equilibrio medioambiental y al precio. Se habla de un fenómeno local con transcendencia global «y en esa perspectiva hay que analizarlo», concluyó el presidente asturiano.

Carbón “para regular el mercado”

Por otro lado, Calvo resaltó la proposición de ley del PP para regular el cierre de las térmicas, una iniciativa que el PP registró antes de abandonar el Gobierno y que serviría para desestimar el cierre de plantas de generación eléctrica si su clausura incide negativamente en las emisiones de gases invernadero o en los precios. La propuesta, ha indicado Calvo, «pretende servir para regular los precios de la energía y endurecer las condiciones de cierre». A su juicio, el carbón debería ser el combustible que regule el mercado porque «aunque a algunos les pese, el carbón no es sucio».

«El PP padeció en sus propias carnes las nefastas decisiones del ministro Soria pero Álvaro Nadal, artífice de este real decreto, tenía claro que el cierre de las térmicas iba a conllevar un aumento del recibo de la luz», apuntó. Calvo también critica que el nuevo Ministerio, «llamado de Transición Ecológica, diga que apuesta por las energías renovables al tiempo que no ha conseguido arrancar un compromiso al fabricante de componentes eólicos Vestas para que mantenga su actividad en León». «El Ministerio debería de haber exprimido esa naranja adecuadamente», zanjó.

La demanda de energía eléctrica batió en agosto su máximo de ese mes de los últimos 10 años

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Europa Press / EFE.- La demanda de energía eléctrica alcanzó durante agosto los 22.095 gigavatios/hora (GWh), la más elevada en este mes de los últimos 10 años, consecuencia, fundamentalmente, de las anómalas temperaturas registradas, por encima de los valores medios típicos de este mes, según Red Eléctrica de España. Respecto al mismo mes de 2017, la demanda eléctrica aumentó un 1,3% tras tres meses de descenso.

Una vez corregidos los efectos de la laboralidad y las temperaturas, la demanda mensual de energía eléctrica se incrementó un 2,1% respecto a agosto del 2017. En cuanto a la estructura de generación de energía eléctrica, las centrales hidráulicas continuaron siendo la fuente con mayor incremento mensual de producción, del 94,4%, al compararse con el 2017, un año extremadamente seco. La producción hidráulica de agosto de 2018 se situó en valores normales para este período del año y representó el 10% de la generación total.

La nuclear fue la tecnología con mayor peso en el mix de generación peninsular del pasado mes, con un 24,4%. En segundo lugar se situó el carbón, que representó el 16,7% del total de la generación mensual y produjo un 18,4% más que en agosto del 2017. La producción de origen renovable durante agosto creció un 14,4% respecto al año anterior, representando el 33,8%, favorecida por el aumento de la generación hidráulica, ya que la eólica produjo un 7,4% menos que en agosto del 2017.

Vestas ofrece recolocar a parte de su plantilla de León sin concretar a cuantos trabajadores alcanzará esta medida

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EFE.- La dirección de Vestas ha ofrecido al comité de empresa la recolocación de parte de la plantilla de la factoría que la multinacional danesa tiene en la localidad leonesa de Villadangos del Páramo, pero sin concretar a cuantos trabajadores alcanzará esta medida. Según fuentes sindicales, la intención de la firma de componentes eólicos es ir cerrando éste y otros aspectos a medida que vayan avanzando las negociaciones del ERE de extinción presentado.

Los sindicatos señalan que, como principal oferta, la empresa asume el compromiso de reabsorber a parte de la plantilla, pero sin concretar en qué número ni las condiciones laborales. Además, la multinacional ha entregado a los sindicatos un informe técnico en el que argumenta la decisión del cierre de la planta leonesa, que achaca exclusivamente a factores objetivos de mercado.

Las mismas fuentes han precisado que los representantes de los trabajadores «han desmontado uno por uno los argumentos de la empresa», y recalcan que era una decisión tomada al margen de criterios de rentabilidad o productividad. Al respecto, han recordado que presentaron propuestas para la mejora de la planta de León que han sido rechazados o directamente desoídos en una estrategia preconcebida para el cierre de la factoría de Villadangos.

Responsabilidad ante las subvenciones recibidas

Al margen de estas negociaciones, la Fundación Anclaje, de la que forman parte la Junta de Castilla y León, Cecale, CCOO y UGT, sigue trabajando en la búsqueda de un inversor que quiera hacerse cargo de la planta y propiciar así el mantenimiento del empleo. La reunión tuvo lugar después de que miles de personas participaran en una multitudinaria manifestación que colapsó León para exigir la continuidad de la planta. A la manifestación asistió el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien exigió al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, tal y como sucede en Francia.

Los gobiernos central y autonómico exigen a la dirección de la empresa dar «viabilidad» a la planta leonesa con un nuevo plan industrial que «reoriente la producción de la planta hacia la demanda del mercado», a la que habría que añadir los paquetes de ayudas autonómicas, nacionales y europeas que Vestas ha venido recibiendo en los últimos años y que ascienden hasta los 13,5 millones. De esta forma, el objetivo prioritario para el Gobierno central y el autonómico es que se mantengan los 362 puestos fijos de la planta leonesa, que sumados con los puestos indirectos llega a dar trabajo a más de 2.000 personas.

Un estudio de la Universidad de Illinois asegura que las instalaciones de energías renovables incrementarían la lluvia en el Sáhara

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Europa Press.- La creación a gran escala de parques eólicos y solares se ofrece como fórmula para aumentar las precipitaciones y también la cubierta vegetal en el desierto del Sáhara.

Los resultados de una nueva investigación sugieren que, en comparación con la generación de energía que involucra combustibles fósiles, el impacto de la tecnología eólica y solar en el clima regional elevaría las temperaturas globales mínimamente, produciendo beneficios generales.

Los modelos sugieren que los parques eólicos y solares a gran escala, que se están evaluando para reemplazar la generación de energía tradicional, tienen el potencial de producir cambios climáticos a escala continental. Sin embargo, hasta ahora, no se ha evaluado a fondo la forma en que los parques eólicos y solares, cuyos paneles e infraestructura cubrirían amplias franjas de tierra si se implementan más ampliamente, podría alterar la vegetación y los procesos climáticos regionales.

Aquí, Yan Li y sus colegas de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, buscaron explorar más exhaustivamente el impacto de los parques eólicos y solares en el desierto del Sáhara y en la vecina región del Sahel, áreas particularmente deseables para tales plantas debido a su vastedad y falta de habitantes.

Usando una combinación de experimentos y modelos, informan que ambos tipos de plantas en última instancia aumentan la precipitación local y el crecimiento de las plantas. Los parques eólicos mezclan el aire más caliente desde arriba, lo que crea un ciclo de retroalimentación por el cual se produce una mayor evaporación, precipitación y crecimiento de las plantas, explica la universidad.

Los datos sugieren que los parques eólicos pueden duplicar la cantidad de precipitación diaria. Los paneles solares, por otro lado, reducen el albedo superficial (el reflejo de la luz) y desencadenan una retroalimentación positiva de «albedo-precipitación-vegetación» que conduce a aumentos de precipitación de aproximadamente 50%, informaron los autores, cuyo trabajo se publica en Science.

10 municipios del entorno del ATC nuclear recibieron de Enresa 275.000 euros para proyectos de desarrollo local en 2017

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EFE.- La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) destinó 275.820 euros en 2017 a convenios de colaboración para proyectos de desarrollo local con 10 municipios conquenses situados en el área de influencia del proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

La cantidad asignada en 2017 fue 11.070 euros superior a la del año precedente en la que se consignaron 264.750 euros a seis municipios de la zona, según se refleja en los informes anuales de 2017 y 2016 de ENRESA, en los que detalla que la principal partida, de 150.000 euros correspondió al municipio de Villar de Cañas. Villar de Cañas fue la localidad elegida por el Gobierno de Rajoy en 2011 para albergar esta instalación, cuyo futuro está ahora supeditado a la presentación de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) en 2019.

Tras Villar de Cañas en 2017, recibieron asignaciones los ayuntamientos de: Villares del Saz, 39.200 euros; Villarejo de Fuentes, 26.550; Montalbanejo y Montalbo, 18.570 euros cada uno. El ayuntamiento de Zafra de Zancara recibió 11.900 euros; el de Cervera del Llano 6.000 y 3.270 euros el de San Lorenzo de la Parrilla. La lista la cierran los ayuntamientos de La Hinojosa con 900 euros y Olivares de Júcar con 850 euros. Estas partidas se cargan al Fondo para la financiación de las actividades del PGRR.

En el caso del los municipios del ATC este apoyo se realiza «a través de la suscripción de convenios de colaboración con los municipios con derecho a asignación para aquellas nuevas instalaciones para las que se haya solicitado autorización de construcción» hasta el año en que comiencen a percibir las asignaciones que determina la orden, detalla la memoria de ENRESA.

Tiene derecho a recibir asignación aquellos municipios que tienen parte de su territorio incluido en el área definida por un círculo de radio 10 kilómetros desde el centro de la instalación. También las pueden percibir los no considerados en el apartado anterior, siempre que tengan algún núcleo de población, sea o no principal, incluido en el área definida por un radio de 20 kilómetros desde el centro de la instalación.

Para instalaciones de categoría 2, el caso del ATC, la partida consignada como término fijo es de 6 millones de euros anuales, si bien detalla que se empezarán a recibir una vez se realice el primer envío de residuos radiactivos y entre tanto se pueden suscribir convenios para cofinanciación de proyectos de desarrollo local. En la orden IET/458/2015, se argumenta la marcada dependencia económica de las instalaciones nucleares y se explica que para las instalaciones de categoría 2 como el ATC, se establece un término fijo, al objeto de evitar grandes oscilaciones en las percepciones anuales a lo largo de la vida de la instalación.

Además, en 2017 ENRESA destinó 2.442.667 euros a cofinanciar proyectos en 39 municipios en el área de influencia de las centrales nucleares españolas con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del PGRR. En el caso de la nuclear de Almaraz en Cáceres (Extremadura) incluye cuatro municipios: Almaraz 111.900 euros; Casatejada 30.940; Belvis de Monroy 11.589 y Toril 1.618 euros. En Ascó (Cataluña) fueron seis municipios: Ascó 111.900; Flix 26.157; Vinebre 47.562,20; Mora D’Ebre 23.443; La Palma D’Ebre 15.507 y Mora La Nova 7.441. Los cuatro municipios de la nuclear de Cofrentes (Valencia) con proyectos cofinanciados fueron: Jarafuel 100.479; Cofrentes 100.000; Cortes de Pallás 87.689 y Jalance 14.898.

Los tres municipios del entorno del almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril, en Sierra de Hornachuelos (Córdoba) son: Hornachuelos 241.704 euros: Fuenteobejuna 123.172 Navas de la Concepción 117.661. Respecto a Santa Maria de Garoña en Burgos (Castilla y León) nueve localidades: Valle de Tobalina 111.900; Valdegobia 82.134; Frías 57.127; Partido de la Sierra en Tobalina 50.000; Bozoó 30.825; Pancorbo 22.547; Oña 19.336; Jurisdicción de San Zadornil 11.363 y Miracheve 13.931.

Respecto al entorno de la nuclear en desmantelamiento José Cabrera en Guadalajara (Castilla-La Mancha) los municipios con proyectos cofinanciados fueron: Almonacid de Zorita 111.900 euros; Pastrana 98.304; Zorita de los Canes 45.711; Buendía 35.136; Valle de Altomira 10.910 y Valdeconcha 4.252 euros. También en Guadalajara se cofinanciaron proyectos en dos municipios del entorno de la nuclear de Trillo: Pareja 37.542 y Mantiel 35.024. Respecto a la nuclear Vandellós en Tarragona, Enresa cofinanció proyectos en: Vandellós Mont-Roig del Camp 137.000 euros; Tivissa 122.489; Vandellos-L Hospitalet del Infant 111.900 y Pratdip 60.441.

El Observatorio de la Sostenibilidad urge al Gobierno a rescatar las concesiones hidroeléctricas para abaratar el precio de la electricidad

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Europa Press.- El Observatorio de la Sostenibilidad ha recomendado al Gobierno recuperar el total de los aprovechamientos hidroeléctricos como política de Estado con el fin de abaratar el precio de la electricidad y tener un mayor control de las emisiones de CO2 y de la gestión del agua una vez que las concesiones a grandes empresas realizadas por periodos de 75 años ya han sido «suficientemente amortizadas».

El Observatorio de la Sostenibilidad ha detallado en un informe por comunidades autónomas todas las concesiones hidroeléctricas para que los organismos públicos vigilen y soliciten la reversión de estas concesiones, de forma que el beneficio se pueda revertir a la sociedad, sobre todo a aquellos municipios que «ya han soportado» los efectos ambientales de la presencia de las presas, que coincide con territorios de menor nivel de riqueza. Entre las principales razones que han llevado al Observatorio de la Sostenibilidad a realizar dicho informe se encuentran los elevados precios de la electricidad registrados este verano, cuando han alcanzado niveles récord de los últimos 10 años a pesar de que el país cuenta con «abundantes» reservas hídricas en los embalses hidroeléctricos.

La entidad también ha denunciado que la electricidad que pagan los españoles se encuentra entre «las más caras de Europa», lo que supone una «fuerte» traba para la competitividad de las empresas y un «grave» problema para las capas de la población «que no pueden enfriar sus casas en verano o calentarlas en invierno». Además, el OS ha mostrado su preocupación por las concentraciones de CO2 en la atmósfera, que llegaron a los 411 partes por millón (ppm), y ha señalado que la economía española fue entre 2014 y 2017 la mayor emisora de este contaminante entre los países desarrollados.

El informe también destaca que alrededor del 7% de las concesiones medidas en volumen de agua ya han expirado y que otro 8% irá caducando hasta el 2030. Junto a esta recomendación, el OS también solicita que se reduzca el periodo de concesión de las grandes hidráulicas a menos de 50 años, desde los actuales 75 años, que se analice con detalle la priorización del uso del agua y que las futuras licitaciones tengan en cuenta unos resultados favorables para el bien común y no las determinadas hace 75 años, en un periodo de autarquía.

La subida de la luz reabre el debate sobre el mercado y la factura eléctrica

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EFE.- El crecimiento ininterrumpido del precio de la luz en los últimos cuatro meses y los altos precios fijados en el mercado mayorista han vuelto a reabrir el debate sobre la mejora de los mecanismos de formación y de determinación del precio de la factura eléctrica.

En agosto el recibo de la luz encadenó su cuarta subida consecutiva y alcanzó su precio más alto en todo el año, al encarecerse un 12% respecto al mismo mes de 2017, lo que supuso pagar 8,05 euros más que en la factura que un año antes. No parece que septiembre vaya a ser mejor pues, según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los primeros 11 días de septiembre el coste del recibo es un 16,7% más caro que un año antes.

En agosto el recibo de la luz para el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada por el Gobierno, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo anual de 3.900 kilovatios hora, alcanzó los 75,21 euros, frente a los 67,16 euros de hace un año y los 73,1 euros a los que llegó en julio pasado.

A pesar de que al comenzar 2018 las circunstancias meteorológicas fueron más favorables para la producción de energía hidráulica y eólica (fuentes de generación más baratas) que en 2017, marcado por la escasez de lluvia y viento, tan sólo en los primeros meses de este año la factura eléctrica bajó, para empezar en mayo a encadenar subidas. La actual subida, según expertos del sector, se debe al encarecimiento de los derechos de emisiones de carbono, cuyo precio se triplicó entre mayo y agosto frente a 2017, y de los precios del gas y el carbón, que se emplean para producir electricidad en las centrales de ciclo combinado y las térmicas.

En agosto el precio medio en el mercado mayorista fue de 64,33 euros, el más alto en un mes este año, y en septiembre se ha situado varios días por encima de los 70, alcanzando un máximo diario de 75,39 euros este miércoles 12. Las subidas del CO2 y del gas han elevado en 21 euros/MWh el coste del ciclo combinado y en 12 euros/MWh el del carbón, unas subidas que se han unido en los últimos meses a la menor producción hidráulica y eólica en verano, que obliga a usar más el respaldo térmico.

Un 35% de la factura

El incremento de los precios en el pool, en el que se fija el valor del megavatio hora para cada hora del día siguiente, repercute en el recibo de la luz que pagan los consumidores acogidos al PVPC al suponer un 35% del total de su factura, de la que el resto son peajes fijados por el Gobierno e impuestos.

En España hay 11 millones de clientes que tienen esta tarifa, que es para una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios (KW), mientras que más de 16 millones (cerca del 60% del total de los consumidores eléctricos) tienen contratos en el mercado libre. Estos, a diferencia de los acogidos a la PVPC, tienen garantizado el precio de la electricidad durante al menos un año y, por tanto, son ajenos a las variaciones de su valor en el pool.

Generadores y comercializadores fijan en este mercado el precio de toda la energía que se va a consumir al día siguiente y funciona bajo un criterio económico marginalista, por el que todas las tecnologías de generación cobran en cada hora lo que marca la más cara que entra. Las compañías eléctricas afirman que no se están beneficiando de estas últimas subidas y recuerdan que la mayor parte de la factura regulada no lo constituye el coste de la electricidad, sino los peajes y los impuestos.

El grupo de expertos que hizo el informe de cara a la elaboración de la de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya planteó trasladar los costes actuales de la factura eléctrica a los Presupuestos del Estado, financiándolos con nuevos impuestos medioambientales. Según sus cálculos, con esas medidas la luz bajaría un 6,8% pero subirían el gasóleo (un 28,6%), la gasolina (1,8%) y el gas natural (5,8%). El recibo de la luz soporta ahora un 21% de IVA y el impuesto especial de electricidad, del 5%, a lo que hay que sumar los peajes, que el gobierno del PP mantuvo congelados durante 4 años.

Los eurodiputados españoles piden al fabricante danés de aerogeneradores Vestas que no cierre su planta en León

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EFE.- La dirección de Vestas ha notificado a los representantes de los trabajadores de la planta que el fabricante de aerogeneradores danés tiene en la localidad de Villadangos del Páramo (León) el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción para los 362 empleados, una documentación que el comité de empresa ha rechazado recoger. Por otra parte, los eurodiputados de los principales partidos políticos españoles han enviado una carta pidiendo a Vestas que paralice el cierre de su planta.

La carta se dirige al presidente de Vestas Wind System Latinoamérica, Sur de Europa y MENA (Medio Oriente y Norte de África), Eduardo Medina, y por extensión al presidente de la empresa, Anders Runevad, según indicaron los socialistas españoles. En la misiva urgen a la multinacional danesa a que mantenga la actividad productiva y el empleo directo e indirecto en Villadangos del Páramo. La presidenta de la Delegación Socialista Española, Iratxe García; el eurodiputado popular, Agustín Díaz de Mera; Miguel Urbán, de Unidos Podemos; Paloma López, de Izquierda Unida, y Javier Nart, de Ciudadanos, firman esta carta, en la que califican de «grave, injusta e irresponsable» la decisión de Vestas.

A juicio de los eurodiputados, la decisión del fabricante de aerogeneradores danés es «inaceptable», teniendo en cuenta el apoyo financiero autonómico, nacional y europeo que ha recibido. También consideran «incoherente» cerrar esta planta, que se ha convertido en la última década en una de sus unidades más competitivas en Europa. Según los eurodiputados, el ERE y cierre de la planta anunciado por Vestas supondría el despido de 500 empleados y afectaría de forma indirecta a unos 2.000 trabajadores en León.

ERE extintivo para 362 trabajadores

Por otro lado, según han indicado fuentes sindicales, el motivo por el se han negado a recoger la documentación se debe a un «defecto de forma», ya que en la convocatoria de la reunión sólo se aclaraba que el encuentro sería previo al registro del expediente en la Oficina Territorial de Trabajo, para que la empresa anunciase si seguía adelante con el cierre de la planta leonesa o había rectificado. Además, los sindicatos han advertido a la empresa de que al negarse a recoger la documentación no empieza a contar a contar el plazo de un mes para el periodo de consultas relativo al ERE.

Los trabajadores recuerdan el apoyo de una multitudinaria manifestación que colapsó León para exigir la continuidad de la planta de componentes eólicos que la multinacional Vestas tiene en Villadangos y la reindustrialización de la provincia. A la manifestación asistió el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien exigió al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, tal y como sucede en Francia.

Los gobiernos central y autonómico exigen a la dirección de la empresa dar «viabilidad» a la planta leonesa con un nuevo plan industrial que «reoriente la producción de la planta hacia la demanda del mercado», a la que habría que añadir los paquetes de ayudas autonómicas, nacionales y europeas que Vestas ha venido recibiendo en los últimos años y que ascienden hasta los 13,5 millones. De esta forma, el objetivo prioritario para el Gobierno central y el autonómico es que se mantengan los 362 puestos fijos de la planta. Los cerca de 600 trabajadores que se verían afectados, entre fijos y de empresas auxiliares, mantienen levantado un campamento instalado ante la factoría hasta que consigan una solución a su problema.

El Gobierno actuará a golpe de Decreto en favor del autoconsumo si no logra consenso parlamentario para aprobar una Ley

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Europa Press / EFE.- El Gobierno aprobará un Real Decreto de Acceso y Conexión antes de final de año en el que se recoge el apoyo expreso al autoconsumo energético, en caso de que no salga adelante en el Congreso de los Diputados la proposición de ley presentada en mayo por varios grupos parlamentarios. En este sentido, la ministra Teresa Ribera subrayó que «el compromiso con el autoconsumo del Gobierno es muy claro» y que por eso se regulará antes de que acabe 2018.

PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias presentaron entonces en la Cámara Baja una proposición de ley para fomentar el autoconsumo energético, con la derogación del impuesto al sol como principal medida. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que el Ejecutivo tiene «a tiro» un Real Decreto que garantiza la conexión de toda la potencia renovable tras las subastas y que tendrá que ser aprobado en diciembre. «Es un buen espacio para incorporar el autoconsumo», avanzó. No obstante, para Ribera la opción «favorita» del Gobierno es que se apruebe en el Parlamento la proposición de ley presentada por esos grupos parlamentarios ya que significaría un «respaldo transversal» de la mayoría de fuerzas políticas.

Motivo de mofa en Europa

La ministra ha agregado que esto supondrá «llevar a la práctica un compromiso del Partido Socialista, eliminando trabas burocráticas y eliminando el peaje de respaldo, que se conoce como impuesto al sol«. Un impuesto al sol, que, ha recordado, «ha sido en gran medida un elemento de mofa en el conjunto de los países de nuestro entorno y una distorsión que no tenía ningún tipo de sentido». Además, Teresa Ribera ha señalado que la solución será compatible con las decisiones que se incorporan en el paquete de invierno de la Unión Europea «para que haya un reconocimiento de ese vertido eléctrico que los productores de autoconsumo vuelcan en la red«.

Por otro lado, Ribera afirmó sobre el diésel que tiene un recorrido «limitado» en el medio plazo y que hay que buscar una movilidad sin emisiones, aunque alabó la «extraordinaria» trayectoria de los motores de gasóleo. En este sentido, destacó que la industria de la automoción, que representa el 11% del PIB de España, se enfrenta a un proceso de modernización y transformación, en el que la gasolina y el diésel no tengan un trato fiscal diferente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció que los Presupuestos del Estado de 2019, que el Ejecutivo presentará entre noviembre y diciembre, recogerá una subida de impuestos al diésel, pero que no afectará a los conductores profesionales.