Acciona construirá un parque eólico en México de 306 MW para el consorcio EnerAB integrado por AES Corporation y BAL

EFE.– Acciona Industrial se ha adjudicado la construcción del parque eólico Mesa de la Paz, que cuenta con una potencia de 306 megavatios (MW) y se ubica en el municipio de Llera de Canales, al noreste del estado de Tamaulipas (México), para el consorcio EnerAB, integrado por The AES Corporation y Grupo BAL.

El parque proporcionará energía limpia y sostenible capaz de abastecer a cerca de 580.000 hogares, según ha indicado la compañía.

En concreto, Acciona se encargará del conjunto de sistemas auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento de la planta que incluye, fundamentalmente, los trabajos de obra civil, instalación de la red de media tensión e interconexión eléctrica, mientras que Vestas suministrará las turbinas.

Este nuevo proyecto se suma a los 424 MW que Acciona Industrial ha construido en Reynosa, inaugurado el pasado 13 de agosto y que está considerado el parque eólico más grande de México y uno de los mayores de Latinoamérica.

En la construcción de parques eólicos, la división industrial de Acciona ha participado en la construcción de parque eólicos con una capacidad total en construcción de 1.024 MW.

Aelec, nueva denominación de Unesa, recuerda que gran parte de la factura de la luz son costes e impuestos

EFE / Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), nueva denominación de la patronal Unesa, analizará las medidas que adopte el Gobierno para moderar los precios de la electricidad, y ha recordado que buena parte de lo que pagan los consumidores en su factura son costes y fiscalidad. Su presidenta, Marina Serrano, ha señalado que aguardarán a conocer las propuestas que anuncie la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para pronunciarse sobre una posible reforma del mercado eléctrico y la factura.

Ha señalado que la ministra ha consultado y ha pedido opiniones para ver qué soluciones se pueden dar a la subida de los precios de la luz, originada por el incremento del precio de los derechos de dióxido de carbono (CO2), de las materias primas que utilizan para generar electricidad algunas centrales, a una mayor demanda por el calor y a una menor generación eólica. Serrano ha indicado que los clientes con tarifa regulada sufren la volatilidad del mercado mayorista, aunque una parte muy importante de lo que pagan los consumidores en su recibo son costes y fiscalidad, y algunos elementos que se incluyen en la factura deberían tener otro tratamiento a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Ha añadido que a veces se confunde lo que realmente es el precio de la electricidad y lo que supone el coste del suministro por una serie de elementos que se han incluido en la factura que pagan los ciudadanos. La presidenta de Aelec ha recordado que la eliminación de algunos de esos conceptos del recibo de la luz se ha planteado en numerosas ocasiones, incluso en el informe que encargó el Gobierno a una comisión de expertos para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Respecto a la alarma que causa la subida de los precios de la electricidad y no al de otros servicios, ha indicado que ello se debe a que la luz es un elemento cotidiano, básico. No obstante, ha dicho que en un modelo como el de España hay un supervisor de los mercados, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que supervisa los precios y un ordenamiento jurídico para reaccionar, si hay una actuación que no es correcta. «El sistema permite esos mecanismos que deberían tranquilizar a los ciudadanos», ha apuntado Serrano que, además, ha señalado que existen vías para modificar leyes y reglamentos para corregir elementos que no estén bien diseñados o adaptarse a circunstancias nuevas.

Preguntada si las subidas de la luz benefician a las eléctricas, Serrano ha recordado que hay que distinguir los ingresos de los beneficios, pues una parte de lo que se ingresa son impuestos y los costes de las compañías no son para todas iguales, pues dependiendo de cómo sea su mix de generación (diferentes fuentes de energía con las que producen electricidad), tienen una mayor o menor exposición a la subida de materias primas como el gas o el carbón.

Nueva etapa en la patronal                                                                                                                

Por otro lado, la patronal de las cinco mayores empresas eléctricas presentes en España inicia una nueva etapa con el fin de ser más austera, tras haber recortado el presupuesto en el marco de su apuesta por un nuevo contexto de electrificación en el que la transición ecológica y el autoconsumo jueguen un papel más relevante. Así, Serrano espera que el cambio no les haga «más débiles», sino «diferentes». De este modo, la patronal eléctrica busca defender con transparencia y rigor los intereses de las compañías eléctricas ante la Administración y los reguladores, facilitar la toma de decisiones internas de la asociación y abrirse al resto de agentes del sector.

«No pretendemos presionar, sino defender nuestros intereses en un Estado plural en el que la fuerza será la legitimidad de la manera de actuar, si se expone con claridad o no». Así ha resumido Serrano la nueva filosofía de la renovada patronal. «Nos desprendemos de 74 años de denominación para cumplir el papel que nos encomiendan nuestros asociados», añadió. Los cambios efectuados en los estatutos de la asociación han ido encaminados a concretar su actuación, que pasarán por centrarse en las actividades reguladas, en particular en la distribución eléctrica con el fin de garantizar un desarrollo «adecuado» que permita obtener una rentabilidad «razonable», y en los aspectos técnicos y regulados de las actividades eléctricas liberalizadas.

En este sentido, Serrano hizo alusión a la fase de alegación en la que se encuentra la propuesta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), organismo que, en el ámbito de sus funciones reguladoras, emitió el pasado mes de julio un borrador de informe en el que propone una tasa de retribución para aplicar al valor de los activos de distribución eléctrica y determinar el importe de la remuneración que deben percibir los operadores de esta actividad.

Utilizar el WACC en retribución

Pese a que ha valorado positivamente que el regulador, en línea «con lo que se hace en otros países», haya emitido una propuesta «determinada» respecto a la tasa de rentabilidad haciendo uso de un análisis basado en el WACC (coste medio ponderado de capital), avanzó que harán alegaciones ya que considera que algunos elementos «podrían considerarse de otra manera», teniendo en cuenta que la rentabilidad para las redes de distribución eléctricas es «inferior» a la vigente en el entorno europeo.

Respecto a las decisiones anunciadas por el nuevo Gobierno en materia energética, la presidenta se ha escudado en ese cambio de estatutos, que ahora se centran en actividades reguladas, para evitar opinar sobre el posible cierre de centrales térmicas, de carbón y nucleares, un tema sobre el que las distintas empresas que conforman la Aelec (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP) tienen opiniones diferentes. «Las decisiones empresariales y estratégicas son de cada compañía con la sujeción al marco normativo de cada momento; tenemos una perspectiva neutra tecnológicamente», ha apuntado Serrano.

En cuanto a la apertura de la asociación a nuevos socios, tanto por movimientos corporativos en el sector, como la compra por parte de Repsol de activos eléctricos a Viesgo, como de nuevos actores, ha indicado que la entrada de nuevos miembros «se analizará en cada caso», si bien ha reconocido que el sector está en un momento de apertura.

Por otra parte, en relación a la eliminación del llamado impuesto al sol, algo que, según anunció la ministra recientemente se realizará mediante un anteproyecto de ley antes de fin de año, Serrano ha apuntado al autoconsumo como una de las nuevas características del nuevo modelo al que se dirige el sector. «Estamos dispuestos a facilitar el servicio necesario para el autoconsumo y la implementación del mismo», ha asegurado, al mismo tiempo que ha afirmado que estarán atentos a los nuevos requerimientos en caso de que finalmente se modifique el decreto que regula esta normativa.

 

La Junta de Castilla-La Mancha aprueba un nuevo proyecto de energía renovable fotovoltaica en Almansa de la empresa Photosolar Medina

EFE.- El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de adjudicar un nuevo proyecto de producción de energía renovable fotovoltaica en Almansa a la empresa Photosolar Medina 4SL.

Esta planta tendrá una potencia de 50 megavatios y supondrá una inversión de más de 33,5 millones de euros, tal y como ha indicado el Gobierno regional.

Con esta potencia instalada se producirán 90 Gw/hora al año, que podrían suministrar energía eléctrica a 36.000 viviendas y emplear durante su construcción a más de 90 trabajadores, y además, generará ingresos para el ayuntamiento y a los propietarios de los terrenos por el arrendamiento de los terrenos.

En 4 meses se ha conseguido la autorización administrativa previa y de construcción, tal y como ha subrayado el Gobierno regional, que ha apuntado que «en muchas comunidades autónomas este periodo lleva entre un año y medio a dos años».

Asimismo, ha subrayado que Castilla-La Mancha sigue aumentando el número de solicitudes para instalar centrales fotovoltaicas de producción de energía eléctrica y que en este momento hay 119 expedientes en tramitación, que acumulan una potencia de 2.628 megavatios.

Naturgy se adjudica un parque eólico de 180 MW en Australia en el que invertirá 166 millones de euros

EFE.- Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, se ha adjudicado un parque eólico de 180 megavatios de potencia en Australia en el que invertirá un total de 166 millones de euros. Según comunicó a la CNMV, Naturgy asevera que este proyecto le permitirá multiplicar por 3 su presencia en Australia, hasta los 270 megavatios de potencia instalada.

Se trata de la primera inversión inorgánica de la multinacional catalana tras la presentación de su plan estratégico hasta el año 2022. En concreto, el Gobierno del Estado de Victoria ha anunciado la adjudicación a Global Power Generation (GPG), sociedad participada por Naturgy y Kuwait Investment Authority (KIA), de un total de 180 megavatios de potencia de generación en este proyecto eólico. La construcción del parque, denominado Berrybank, comportará esos 166 millones de euros mencionados y se espera que la instalación empiece a operar en el segundo semestre de 2020.

Naturgy calcula que el parque aportará un beneficio bruto de explotación o Ebitda de unos 22 millones de euros al año en pleno funcionamiento. «Este es un paso importante en el refuerzo de nuestra presencia internacional. Australia es un país muy atractivo para invertir en proyectos de energías renovables al combinar atractivas rentabilidades para los inversores con requerimientos sociales y medioambientales», ha asegurado el presidente de la multinacional, Francisco Reynés.

«El proyecto eólico de Berrybank es una oportunidad atractiva para que GPG continúe su estrategia de crecimiento internacional y su inversión renovable en Australia, un mercado fundamental para GPG», ha comentado Karl Lim, vicepresidente de GPG. Para justificar la inversión, Naturgy subraya que este proyecto excede los objetivos de rentabilidad mínimos previstos en su plan estratégico y reduce el perfil de riesgo del grupo energético.

El Gobierno eliminará el impuesto al sol que impone cargos al autoconsumo de energía antes de que acabe el año

Europa Press.- La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que el Gobierno eliminará el llamado impuesto al sol, que grava el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y el autoconsumo en España, antes de que acabe el año mediante un anteproyecto de ley.

Según ha avanzado la ministra en el pleno del Senado, esta medida forma parte de una de las prioridades del Gobierno y, pese a que en un principio la decisión está respaldada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, que introdujo el impuesto, también ha tenido en cuenta un plan B.

Se trataría de sacar adelante un Real Decreto que permita el acceso al autoconsumo el próximo mes de diciembre ya que, para Ribera, este impuesto solo supone una «traba absurda» para no autoconsumir energía, además de que va unido a una recaudación «ridícula que no tiene ningún sentido».

Además, la ministra ha añadido que prevé facilitar que este consumo se comparta en el ámbito urbano y doméstico y se eliminen las «dificultades burocráticas» en las que incurre el actual sistema.

Así lo ha avanzado Ribera en respuesta a una pregunta formulada por la senadora de Podemos Vicenta Jiménez García, quien ha subrayado que, siendo España el país que más radiación solar tiene en los países del entorno, sea la única economía que cuenta con una ley para bloquear su consumo.

El Congreso rechaza dificultar el cierre de centrales de generación eléctrica ya que para el PSOE es un “despropósito jurídico”

EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista ha definido la Proposición de Ley del Partido Popular para ampliar los criterios para denegar el cierre de las centrales de generación eléctrica como «un despropósito jurídico», cuyo único fin es hacer campaña «desleal y engañosa» para ganar votos en territorios «abandonados por el PP durante 40 años». En consecuencia, la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó tramitar esta ley para dificultar el cierre de estas centrales de generación eléctrica.

Además del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV han criticado la proposición de Ley porque va en contra del marco regulatorio europeo y no aboga por un cambio en el modelo energético. La proposición proviene del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando el Ministerio de Energía quiso elaborar un real decreto que dificultaba con nuevos criterios el cierre de centrales térmicas y también nucleares. Energía quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales, después de tener que permitir el cierre de Garoña, al decidir su propietaria Iberdrola desistir de solicitar la renovación de su licencia de explotación.

El debate se ha producido después de que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez haya expresado su intención de cerrar las centrales nucleares y en medio de un fuerte repunte del precio de la luz. Precisamente el diputado del PP, José Alberto Herrero, indicó que la iniciativa persigue impedir que el recibo de la luz suba ante la inseguridad actual en torno al cierre de las centrales de generación eléctrica por parte de las empresas. Actualmente sólo puede denegarse la autorización si la clausura de una planta de generación eléctrica afecta a la seguridad del suministro y el anterior Ejecutivo quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales.

«Es una propuesta que pretende establecer condiciones óptimas para hacer llegar la energía a las casas, como bien de primera necesidad y de servicio público», apuntó, al tiempo que el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, apoyó la proposición para salvaguardar los puestos de trabajo que genera la minería y el carbón en su región. Sin embargo, el resto de grupos parlamentarios han reprochado al PP que en esta proposición no se mencione ni un plan de transición para las comarcas mineras ni para salvaguardar los puestos de trabajo.

La portavoz de Energía del PSOE, Pilar Lucio, ha subrayado que la iniciativa es un «fiasco y un despropósito» ya que incide en valorar nuevos criterios provenientes de informes de varios organismos para poder autorizar el cierre, pero no aclara qué dictamen es más importante, si el de la CNMC o el de la Oficina de Cambio Climático, por ejemplo. Ha reprochado que subyace la intención de mantener abiertas las centrales nucleares y que vaya en contra del nuevo marco regulatorio de la Unión Europea.

En este sentido, criticó que el PP ha querido «utilizar» la incertidumbre de las cuencas mineras tras 6 años de Gobierno del PP para atacar al Gobierno socialista, al tiempo que lamentó que durante su etapa al frente del Ejecutivo «no se tomaron medidas en favor de las cuencas mineras y siguen sin tener propuestas viables». «El PP dice que el objeto de la norma es que las decisiones de cierre guarden coherencia con los instrumentos de planificación energética», apuntó Lucio, quien considera que dicha previsión «no existe» tras «6 años pidiéndola los agentes implicados».

Del mismo modo, ha asegurado que los criterios del PP para impedir el cierre de instalaciones de generación eléctricas son «contradictorios entre sí», al tiempo que ha reprochado que «no dan pistas de cómo piensan hacer la valoración de estos nuevos criterios». Además, ha subrayado que «su propuesta puede contradecir los principios generales de libertad de empresa». En definitiva, la diputada aseguró que no es más que una historia de «órdagos políticos, de deslealtades en las negociaciones democráticas entre partidos, de astucias y personalismos y menosprecio a los oponentes políticos«.

Finalmente, ha acusado al PP de «utilizar el parlamento para fines electoralistas», de la utilización de la «desesperación» de muchos trabajadores y de «un gran engaño que ha convertido un propósito electoralista en un texto legal lleno de errores de bulto». Mientras tanto, «las comarcas mineras tienen futuro porque el PSOE está en el gobierno y es el garante de una transición justa y lleva 40 años defendiendo sus intereses».

En esta misma línea, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha señalado que el PP «no piensa en un nuevo modelo energético ni en los ciudadanos» y ha criticado que se aborden «parches» cuando más del 70% de la factura eléctrica se vincula a «errores electoralistas«. Ha recordado que Ciudadanos aboga por un plan de transición energética y por invertir en las zonas que deben rehabilitarse así como en investigación y desarrollo para que la industria sea menos contaminante. «El precio de la luz sube por las toneladas de CO2 que también van subiendo», explicó.

Desde el PNV la diputada Idoia Sagastizabal basó su voto en contra a que la competencia estatal no puede obviar las de otras administraciones territoriales para sustituirlas y ha aludido a la indefinición de los criterios que pide aplicar. La proposición abogaba por denegar el cierre de una central si su clausura incidía negativamente en los precios, en la competencia en el mercado eléctrico, en las emisiones de gases de efecto invernadero o en el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y eficiencia energética. También contemplaba que se pudieran establecer medidas para hacer posible que una central siguiera funcionando, entre ellas un procedimiento de concurrencia competitiva o subasta para transmitir la titularidad de la instalación a un nuevo propietario.

“En manos de las eléctricas”

Por su parte, Guillermo Mariscal, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ha denunciado que PSOE, Podemos y Cs quieren dejar en manos de las compañías eléctricas la decisión sobre el cierre de centrales de generación sin tener en cuenta ni las emisiones, ni el precio ni la garantía de suministro. «Queremos que a la hora de cerrar una central eléctrica, sea de la tecnología que sea, las compañías tengan que solicitarlo de forma adecuada tanto para los que emitan más o menos gases de efecto invernadero o si perjudica a la garantía de suministro», ha explicado Mariscal.

Mariscal ha cuestionado que PSOE, Podemos y Cs «se oponen y por tanto, prefieren que sean las propias compañías las que tomen la decisión de si cierran esas centrales sin tener en cuenta ni las emisiones ni el precio ni la garantía de suministro». El diputado popular ha explicado que esta iniciativa está dirigida a garantizar el servicio público de acceso a energía eléctrica y fundamentalmente, conseguir precios que permitan la competitividad de las empresas y que sean «sostenibles y adecuados» para las familias. Además, ha abogado por una energía que garantice siempre el suministro.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pone en marcha una nueva compra colectiva de biomasa para promocionar el ahorro

Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pondrá en marcha, en el periodo de invierno, una nueva compra colectiva de biomasa para promocionar el ahorro y las energías renovables. En las campañas anteriores, más de 8.000 consumidores fueron partícipes de la iniciativa, obteniendo un ahorro de hasta el 25%, que puede suponer hasta 150 euros.

En este sentido, una vivienda que gaste anualmente 650 euros en calefacción usando gasóleo podrá ahorrarse 225 euros cada año si emplea pellets, un tipo de biomasa, y si utiliza calefacción eléctrica el ahorro sería aún mayor. A estos ahorros, se les suma el beneficio añadido desde el punto de vista medioambiental. OCU ha asegurado que las emisiones evitadas en un año empleando pellets como combustible en un hogar medio equivalen a plantar 13 árboles.

La española Acciona hará un parque eólico en Australia de 157,7 MW con una inversión de 177 millones de euros

EFE.– Acciona Energía construirá en propiedad un parque eólico de 157,7 megavatios (MW) de potencia en Victoria (Australia), proyecto que supondrá una inversión de 177 millones de euros, ha informado la compañía española.

Las obras comenzarán a principios de 2019 y se prevé que finalicen a mediados de 2020, según Acciona, que ha apuntado que dicho parque se construirá tras resultar adjudicataria de potencia en el concurso renovable convocado por el Gobierno del citado estado australiano.

Con este nuevo parque, denominado Mortlake South, la firma española incrementará en un 36% su potencia renovable en el país, hasta alcanzar 592 MW.

Mortlake, el quinto parque eólico de Acciona en el país, está proyectado con 35 turbinas Nordex de 4,5 MW e incorporará una instalación de almacenamiento de energía con objeto de incrementar su rendimiento y facilitar su integración en la red eléctrica.

Las nuevas instalaciones generarán energía limpia equivalente al consumo eléctrico de casi 80.000 hogares australianos, evitando la emisión de 532.000 toneladas de CO2 al año en centrales de carbón.

Según la misma fuente, Acciona ha invertido en Australia, mercado al que califica de «estratégico», más de 810 millones de euros desde su entrada en el país en 2002.

Ribera garantiza que el Gobierno elaborara un plan “urgente” dirigido a las comarcas mineras y a las nucleares que cierren

EFE / Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, garantiza que en la estrategia de transición energética justa del Gobierno habrá un plan de acción urgente dedicado a las comarcas mineras y a las de centrales nucleares en proceso de cierre. Ribera señaló también que se pondrán en marcha los contratos de transición, negociados y pactados con las administraciones locales y agentes económicos y sociales de las zonas afectadas, un modelo similar al ya aplicado en Francia, Alemania y Reino Unido.

Ribera lamenta que no se anticiparan estrategias de diversificación para estos territorios con tiempo «suficiente«. Asimismo, ha señalado que España no se puede conformar con el paro y la calidad del empleo que tiene. Por eso, ha indicado que se debe prestar atención a los sectores generadores de empleo como consecuencia de la transición energética, a fin de propiciar una industria y un nuevo modo de producir bienes y servicios. «Tenemos muchísimo que ganar si apostamos por la transformación de la economía y una transición bien diseñada», añadió Ribera, quien señaló que los recursos que ahora se destinan a la importación de combustibles fósiles se podrían redirigir a crear empleo.

Por otro lado, la ministra ha argumentado que constituir proyectos integrados en el desarrollo territorial garantizará el empleo a medio y largo plazo, así como facilitará un sistema productivo «sólido» y sobre la base de los límites ambientales. En este sentido, ha declarado que el Gobierno quiere aprender de experiencias «previas» y reactivar la agenda económica hacia la «transición energética, la movilidad sostenible y la economía circular». Asimismo, la ministra ha avanzado que el Gobierno llevará a cabo un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para cumplir con las orientaciones que esta organización realizó a los países para lograr una transición energética justa.

En su informe Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, publicado en 2015, la OIT recogió varias conclusiones relativas al desarrollo sostenible, al trabajo decente y a los empleos verdes. Actualmente, esas directrices se encuentran respaldadas internacionalmente por sindicatos, empleadores y gobiernos, según la ministra. Ribera ha asegurado que «no tener estrategia es la peor de las opciones», por lo que el Gobierno optará por una estrategia por la transición justa basada en las directrices de la OIT a través de un acuerdo que garantice el «éxito».

Inacción mala para el empleo

Además, recordó que, según el informe de la OIT, por cada empleo que se pierda con la transición energética se crearán 4, si bien ha reconocido que no todos se producirán en los mismos lugares, por lo que hay que hacer una labor de anticipación. Ha añadido que los impactos negativos que han sufrido en el empleo sectores como el carbón no se han debido únicamente a razones ambientales, sino a la competitividad del carbón de otros países y la aparición de tecnologías energéticas más baratas. Asimismo, ha destacado la importancia de acometer la transición energética, pues la «inacción» ha hecho que no se hayan creado empleos relacionados con la eficiencia energética o el autoconsumo.

Por su parte, el presidente del Club de la Energía y de Viesgo, Miguel Antoñanzas, ha recordado que en la transición de los años 90, cuando empezó el declive del carbón, se perdieron 40.000 empleos y se crearon sólo 70.000, cifra muy alejada del potencial que tienen las energías renovables. Ha advertido que en esta nueva transición energética no se van a crear puestos de trabajo si no hay inversión, y para ello hace falta un marco regulatorio que favorezca la confianza de los inversores.

Según la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, en el mundo se crearán 24 millones de nuevos puestos de trabajo con la transición energética, pero no se podrá evitar que se destruyan 6 millones, algo que hay que acometer «con valentía». Ha advertido que luchar contra el cambio climático es necesario para evitar que desaparezcan 1.200 millones de puestos de trabajo que se necesitan de un medio ambiente estable.

Además, augura que el cambio de modelo energético aumentará la competitividad de la industria en España, pues las renovables dan más estabilidad a los precios y harán que no se dependa tanto de los combustibles fósiles. Finalmente, subrayó que es urgente apostar por el cambio pues, si no, se anticiparán otros países, de los que España acabará importando tecnología y conocimiento, en lugar de exportarlos.

La petrolera Repsol compra Valdesolar Hive, la empresa que desarrollará el gran proyecto fotovoltaico de 264 MW en Valdecaballeros (Badajoz)

EFE.- Repsol ha adquirido Valdesolar Hive, que va a desarrollar en Valdecaballeros (Badajoz) uno de los mayores proyectos fotovoltaicos en España, con 264 megavatios (MW). Fuentes de Repsol han confirmado que se ha hecho con la totalidad de esta empresa. El proyecto de planta solar que se va a desarrollar en el municipio extremeño está aún pendiente de la obtención de algunos de los permisos pertinentes.

Repsol ha adquirido Valdesolar a dos inversores y el proyecto tendría una inversión de más de 210 millones de euros. La compañía prosigue así con su estrategia de diversificación y amplía su presencia en el mercado eléctrico, después de que en junio pasado llegara a un acuerdo con Macquarie Infrastructure y Wren House Infrastructure para adquirir los ciclos combinados y centrales hidroeléctricas de Viesgo, así como su comercializadora de gas y electricidad, por 750 millones de euros. Repsol prevé alcanzar 2,5 millones de clientes minoristas de gas y electricidad en 2025, así como una capacidad de generación baja en emisiones de alrededor de 4.500 MW, según contempla en la última revisión de su plan estratégico.