Goldman Sachs asegura que Siemens Gamesa se verá afectada por la paralización del mercado eólico indio

EFE. – La compañía Siemens Gamesa puede verse afectada por la desaceleración del mercado eólico indio, según un informe del banco de inversión Goldman Sachs.

De esta manera, el Gobierno indio ha cancelado y reducido el tamaño de sus dos últimas subastas eólicas, una medida que, según la entidad financiera, puede afectar al 20% de los ingresos de la empresa.

Así, los títulos de Siemens Gamesa están cerrando, estos días, en torno al 11,45 euros, si bien en lo que va de año la compañía se mantiene en zonas de ganancias, con una revalorización del 0,26%.

En este sentido, tras la pasada fusión, hace poco más de un año, de la española Gamesa con la división eólica de Siemens se comunicó un beneficio neto recurrente para el tercer trimestre de su año fiscal, que arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre, de 135 millones de euros, un resultado que se vio afectado por la paralización del mercado indio por la falta entonces de subastas.

Asimismo, el grupo Siemens Gamesa, con sede en Zamudio, es el mayor proveedor de turbinas en India, con un 30% del negocio, y Goldman Sachs prevé que la compañía intente compensar el descenso en ese mercado en cualquier otra parte, lo que podría volver a presionar los precios de los aerogeneradores.

Iberdrola inicia los trabajos en Alemania del Baltic Eagle, un parque eólico marino de 476 MW para completar al Wikinger

EFE.- Iberdrola ha iniciado la campaña geotécnica del parque eólico marino Baltic Eagle, de 476 megavatios (MW) de potencia instalada, según anunció la compañía. Baltic Eagle es el segundo gran proyecto eólico marino de Iberdrola en Alemania después de la puesta en marcha en 2017 del parque Wikinger, de 350 MW. Además, Iberdrola tiene en desarrollo otra instalación marina en Alemania, Wikinger Süd, de 10 MW.

Estos tres parques están situados junto a la isla de Rügen y constituirán el mayor complejo eólico marino del mar Báltico, con una capacidad total instalada de 836 MW y una inversión conjunta de 2.500 millones de euros. El análisis geotécnico y geofísico del fondo marino donde se instalará Baltic Eagle será efectuado por Fugro y están valorados en más de 10 millones de euros.

El primer estudio será para la localización y supresión de posibles artefactos sin explosionar y, posteriormente, se iniciará el programa de perforación de pozos de sondeo y de investigaciones geotécnicas. Además, se llevarán a cabo varias pruebas de laboratorio y los datos obtenidos determinarán el diseño de los cimientos sobre los que se asentarán los aerogeneradores y la subestación del parque. Los trabajos en alta mar está previsto que terminen en marzo de 2019 y que el último informe esté listo en junio de 2019.

El proyecto Baltic Eagle le fue adjudicado a Iberdrola en abril por la Agencia Federal de Redes (Bundesnetzagentur) en la segunda subasta eólica marina organizada en Alemania. Baltic Eagle y Wikinger serán capaces de producir la energía suficiente como para atender el 45% del consumo eléctrico total del estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y evitarán la emisión de 1,65 millones de toneladas de CO2 anuales.

El sector fotovoltaico contribuyó con 2.250 millones de euros al PIB en 2017 y UNEF propone redefinir el mercado eléctrico

EFE / Europa Press.– La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que se debe redefinir el actual modelo de mercado eléctrico y reformar la tarifa eléctrica para que en ella tenga cada vez mayor peso el coste variable de la energía. Según un estudio de un grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el sector fotovoltaico tuvo en 2017 una contribución directa al PIB de 2.250 millones de euros, lo que representó un 0,2% del total, un 4,45% más que en 2017.

El saldo exportador neto del sector en 2017 ascendió a 404 millones, de los que más del 60% correspondió a ingenierías e instaladores (247 millones) y un 18% a fabricantes (73,4 millones). El sector fotovoltaico en España lo constituyen más de 70 empresas con actividad en 72 países y su gasto en I+D+i en 2017 se incrementó en un 2,5% con respecto a los 60 millones que invirtió en 2016, lo que supone un 1,6% de su facturación, una cifra muy por encima del 0,89% de media en este tipo de inversión en el país.

En cuanto a su incidencia en el empleo, el sector representaba el 0,09% del total del país, con 19.057 empleos, de ellos 6.102 de forma directa y el resto de forma indirecta o inducidos. Más del 10% de los trabajadores del sector son titulados superiores, medios o con Formación Profesional, y con empleos caracterizados por ser de calidad y estables.

En materia fiscal, la aportación neta del sector fue de 550 millones de euros en 2016 y algo menos, 540 millones, en 2017, cantidades de las que el 60% fueron aportadas a través del Impuesto de Sociedades y el de la Electricidad. Por otra parte, las primas a la fotovoltaica ascendieron a 2.436 millones de euros en 2016 y a 2.496 millones en 2017. El sector fotovoltaico también reduce la dependencia energética y, según el estudio, en 2016 evitó la importación de 258 millones de euros en gas y de 304 millones en 2017. En cuanto a su incidencia medioambiental, en 2016 la energía fotovoltaica evitó la emisión de 3.504 kilotoneladas de CO2 y el año pasado de 3.631 kilotoneladas.

Reformar mercado eléctrico y tarifa

Por su parte, el director general de UNEF, José Donoso, asegura que la principal barrera que se encuentra el sector fotovoltaico es que quiere ir al mercado, pero que éste está definido para otras tecnologías, pues se diseñó en los años 80, cuando a nadie se le pasaba por la imaginación que iba a haber tecnologías renovables, sin costes variables, que iban a ser preponderantes en el mercado. Por eso, UNEF cree que hay que redefinir el modelo de mercado y adecuarlo a las tecnologías que van a ser las dominantes en el futuro, pues, según ha apuntado Donoso, es absurdo tener un mercado que no tiene en cuenta las tecnologías que se quiere que en un futuro sean mayoritarias.

Por eso, cree que hay que diseñar un nuevo sistema de mercado en el que se compatibilice el modelo marginalista (por el que el precio en el pool para cada hora lo marca la central más cara que entra al cruzarse oferta y demanda) con contratos con diferencias para las renovables, o bien hacer un modelo nuevo. Donoso descarta volver a un modelo de primas y subvenciones para ir al mercado e «independizarse» del riesgo regulatorio, aunque de manera adecuada.

En cuanto a la tarifa eléctrica, Donoso considera que hay que incrementar el componente variable, que ahora es sólo un 35% de la tarifa regulada, para desincentivar un excesivo uso de la energía y que el que más consuma más pague. Además, ha señalado que para bajar el precio de la electricidad sería urgente eliminar las barreras al autoconsumo, si bien ha afirmado que la subida de precios, con la luz por encima de los 70 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, no es estructural. En este sentido, ha vaticinado que habrá volatilidad en el mercado, al tiempo que ha apuntado que, según se introduzca más energía renovable en el sistema eléctrico, el precio de la electricidad bajará.

Por otra parte, UNEF ha pedido al Gobierno acabar con la imagen de incertidumbre jurídica, pero no una marcha atrás en los recortes que practicó el PP en la retribución al sector, sino que «se dejen las cosas como están», ha recalcado Donoso. En este sentido, ha pedido que no se revise la rentabilidad que perciben las instalaciones, como pretendía el Gobierno anterior, y que las que hay sigan cobrando lo mismo hasta el final de su vida regulatoria prevista.

Además, ha pedido la eliminación de las cargas y peajes sobre la energía autoconsumida, la simplificación, certidumbre administrativa y regulación del autoconsumo colectivo, y la convocatoria de nuevas subastas en Canarias e Islas Baleares. En este sentido, la asociación, que representa a más del 85% del sector, solicita también la creación de una Ley de Transición Ecológica y Cambio Climático en línea con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, una nueva fiscalidad ambiental y la reestructuración de la tarifa eléctrica, entre otras demandas.

UNEF también reclama que se simplifiquen las condiciones de acceso y conexión a la red, eliminando herencias del pasado diseñadas para otros momentos. Donoso ha indicado que en el autoconsumo estiman un crecimiento 200 a 300 megavatios (MW) de potencia instalada al año, cifra que supone duplicar lo que hay ahora. Respecto a la potencia obtenida por la fotovoltaica en las subastas, 3.900 MW, UNEF cree que se construirán todos, aunque reconoce que están habiendo problemas en la tramitación medioambiental porque las comunidades tienen pocos recursos para el «aluvión» de proyectos que les están llegando.

La instalación de potencia fotovoltaica en España marcó en 2017 su mayor nivel de los últimos cinco años, al alcanzar 135 megavatios (MW) instalados, un 145% más frente a los 55 MW en 2016. Este dato posiciona a España en el quinto puesto europeo con mayor potencia fotovoltaica instalada con 5,6 GW instalados, un 4,9% del total de Europa, después de Alemania (42 GW), Italia (19,7 GW), Reino Unido (12,7 GW) y Francia (8 GW). En estos momentos, hay 30 gigavatios (GW) de potencia solar en tramitación en España, de la que se espera que un alto porcentaje se traduzca en instalaciones en próximos años.

Por su parte, en el conjunto de Europa, el año pasado se agregaron 9,2 GW, lo que supone un aumento del 30% en comparación con los 7 GW instalados un año atrás, impulsado, principalmente, por el crecimiento de Turquía, Sin embargo, en Reino Unido se efectuaron «importantes» recortes de instalación en potencia fotovoltaica, al añadir tan solo la mitad de lo instalado en 2016, aunque sigue siendo el único país, junto con Francia y Holanda, que agregó más de 500 MW a su parque fotovoltaico.

Acciona desembarca en Ucrania con la construcción de un complejo solar fotovoltaico en el que invertirá 55 millones de euros

EFE.- Acciona Energía ha entrado en Ucrania con la construcción de un complejo fotovoltaico en Dymerka, al norte de Ucrania, de 57,2 megavatios pico (44 MW nominales), en el que invertirá 55 millones de euros.

Se trata de la primera instalación renovable de la compañía en el país, donde Acciona analiza actualmente otros proyectos de inversión fotovoltaicos y eólicos, según ha señalado el grupo.

El complejo, situado a unos 100 kilómetros al noreste de la ciudad de Kiev, está integrado por 3 plantas fotovoltaicas adyacentes, que está previsto que se pongan en marcha en 2019.

El complejo fotovoltaico incorporará 174.552 módulos de silicio policristalino sobre estructuras fijas, que producirán unos 63 gigavatios hora (GWh) al año, equivalentes al consumo de 26.000 hogares ucranianos.

Está previsto que este complejo evite anualmente la emisión de 60.000 toneladas de CO2 a la atmósfera en centrales de carbón.

La energía generada será evacuada a la red eléctrica y vendida al operador público de Ucrania, Energorynok State Enterprise, mediante un contrato de suministro de electricidad hasta el 31 de diciembre de 2029.

Posteriormente, Acciona se acogerá al sistema de precios que se establezca en el mercado ucraniano.

El Gobierno de Ucrania está impulsando la generación renovable con el objetivo de reducir su dependencia energética exterior y diversificar su mix energético y se ha marcado como objetivo alcanzar un 35% de producción eléctrica por medio de estas fuentes de energía para 2035.

El mercado renovable ucraniano cuenta con 841 MW fotovoltaicos y 465 MW eólicos acumulados al cierre de 2017, según datos oficiales.

CC.OO. urge al Gobierno a reformar «en profundidad» el bono social de la electricidad

Europa Press / EFE.- CC.OO. ha instado al Gobierno a que revise «con urgencia y profundidad» el bono social eléctrico, porque el actual es «inoperante» ante la escalada de precios que experimenta la electricidad, según afirmó el sindicato. Para la organización que lidera Unai Sordo es necesario que se implanten medidas «más amplias y estructurales», empezando por la aprobación de la ley integral sobre pobreza energética y estableciendo un bono social energético que incorpore «coordinadamente» a las distintas medidas de lucha contra la pobreza energética.

En concreto, el sindicato considera que esta normativa debería complementarse con la reforma del sistema de fijación de precios de la electricidad, que «ahora solo beneficia a las compañías eléctricas y que es la principal causa del aumento de los precios», e impulsando la rehabilitación energética, estableciendo desde la acción pública medidas concretas y amplias para el aislamiento térmico de viviendas de consumidores vulnerables. Ante la proximidad del vencimiento de plazo para solicitar un nuevo bono social, CC.OO. ve preciso prorrogar el plazo para que «nadie con derecho a él esté excluido por cuestiones burocráticas» ya que sus efectos no han llegado a todos sus potenciales beneficiarios, lo que, en su opinión, pone de manifiesto las carencias de la normativa.

Hasta el 8 de octubre

La nueva normativa fijó un plazo para adaptar el nuevo bono social que finaliza el 8 de octubre y hasta ahora solo la cuarta parte de los actuales beneficiarios se han acogido al nuevo bono, que establece descuentos en el recibo eléctrico de entre el 25% y el 40% según sean consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión. Así, ve necesario que todos los consumidores estén plenamente informados de las condiciones que les dan derecho a la prestación del bono social y que haya un asesoramiento acerca de medidas de eficiencia energética, «especialmente relevante para los consumidores vulnerables».

No obstante, CC.OO. considera que el bono social no resuelve los principales problemas de la pobreza energética y apuesta por medidas «más amplias y estructurales». En este contexto, reclama considerar la extensión de la protección al conjunto de suministros energéticos de los hogares (butano o gas) y que tenga en cuenta criterios similares para la concesión de la protección. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares, en 2015 el gasto en electricidad supuso un 62% del gasto energético de los hogares.

La empresa española TSK construirá por 20 millones de euros un parque solar de 26 MW en Egipto

EFE.- La empresa española TSK firmó un contrato valorado en 20 millones de euros para la construcción de un parque de energía solar en el sur de Egipto, según indicaron fuentes oficiales.

La planta fotovoltaica, de 26 megavatios de potencia, estará ubicada en Kom Ombo, en la provincia meridional de Asuán, y tendrá una extensión de 500.000 metros cuadrados cuando se concluyan las obras, previsiblemente a mediados de 2019.

«Se espera que la planta produzca 53.000 megavatios hora anuales, lo que ahorrará alrededor de 12.000 toneladas de combustible e impedirá la emisión de 30.000 toneladas de dióxido de carbono», indicó el consejero delegado de la Autoridad de Energías Renovables de Egipto, Mohamed el Khayat.

El precio de la energía producida en la planta asciende a 3,2 dólares por kilovatio hora, según la misma fuente.

El proyecto será financiado a través de un crédito de 40 millones de euros de la Agencia de Desarrollo Francesa, cuyos fondos servirán también para costear otros proyectos de energía renovable en Egipto.

El acuerdo forma parte de la estrategia de Egipto de diversificar las fuentes de generación de energía, que contempla producir el 20% de la energía de fuentes renovables en 2022 y el 37% en 2025.

El Gobierno ofrece un plan de ayudas para el cierre de las minas de carbón que los sindicatos ven “insuficientes”

Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto sobre la mesa de negociación con los agentes sociales un plan de ayudas para los trabajadores afectados por los cierres de las explotaciones que decidan cerrar en diciembre de 2018 y que incluye bajas incentivadas, prejubilaciones y trabajos en el propio cierre de las explotaciones para los mineros más jóvenes.

Según fuentes ministeriales, en las negociaciones también se incluye la mejora de las condiciones actuales de los mineros para que ningún trabajador quede desprotegido. Así, aseguran que a diferencia de los anteriores gobiernos, el de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Mariano Rajoy, el de Pedro Sánchez tiene un absoluto compromiso con las comarcas para mantener el empleo a corto plazo en las zonas.

Además, defienden que la ministra no ha decretado ningún cierre de ninguna explotación minera y critican que no ha cambiado el horizonte temporal desde que en 2010 la Unión Europea tomó la decisión de que las ayudas a las explotaciones minera se mantendrán siempre inscritas en un plan de cierre cuya fecha final «a más tardar» en diciembre de 2018 si no devuelven las ayudas. Así, el acuerdo comunitario señala que las unidades de producción de carbón afectadas deberán cerrarse definitivamente de conformidad con el plan de cierre y hasta la fecha al Ministerio no le consta que ninguna de las afectadas por la fecha de fin de año haya devuelto las citadas ayudas o mostrado su intención de hacerlo.

Más allá del horizonte a corto plazo, según estas fuentes, se están diseñando diversas medidas a medio y largo plazo entre las cuales la Estrategia para una Transición Justa, que acompañará a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, contemplará un plan urgente para las comarcas mineras. Asimismo, añaden que también se hará un plan social y se prevén ayudas a la reconversión, medidas que consideran más ambiciosas que las del Ejecutivo anterior.

Los sindicatos UGT y CCOO del sector de la minería del carbón han lamentado una falta de concreción del Gobierno sobre un nuevo marco regulatorio para las empresas y las comarcas mineras, así como una «falta de compromiso» ante el final del marco de actuación para el carbón 2013-2018. Representantes de ambos sindicatos critican que el documento remitido desde el Ministerio «está plagado de inconcreciones». El secretario sectorial Minero de UGT FICA, Víctor Fernández, ha apuntado que no han sacado «nada en claro» de ese documento oficial «como solución viable y como plan global», y ha añadido que el borrador no tiene «aspecto positivo alguno».

Los sindicatos critican que el borrador que se les ha hecho llegar no contempla soluciones ni medidas concretas para todos los capítulos, además de que han solicitado la actualización de las tablas salariales para los trabajadores del carbón. Víctor Fernández ha asegurado que el Gobierno «sigue enrocado en que el carbón hay que cerrarlo», y ha advertido de que si continúa en «la línea de desasosiego, irracionalidad y de ir a por 4 empresas mineras del carbón autóctono» les van a «encontrar». El sector del carbón en España aboga por una «transición justa» en el proceso de descarbonización y lleva meses solicitando una valoración de los efectos que tendrá en el empleo y la industria.

Los sindicatos critican al Ministerio

Por su parte, CCOO ha denunciado que el Ministerio «ha vuelto a demostrar su nulo compromiso, reflejado en su ausencia en la mesa negociadora, con el sector del carbón autóctono y con las comarcas mineras». En este sentido, el sindicato ha señalado que el documento presentado «no cubre las garantías suficientes para poder firmar ningún tipo de acuerdo». «Dicho documento, simplemente tiene como objetivo el cierre y liquidación del sector de la minería sin generar absolutamente ninguna alternativa», han criticado. Así, Comisiones Obreras ha anunciado que seguirán reivindicando que el carbón autóctono siga teniendo presencia en el mix energético de España ya que, según su criterio, el carbón «todavía es necesario como energía de respaldo y debe ser carbón nacional».

Según el sindicato, entre las propuestas planteadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, «no se contemplan el resto de elementos que son imprescindibles para la denominada Transición Justa y que afecta al sector del carbón, como es la necesaria generación de empleo en las comarcas mineras, que no puede quedarse en meras declaraciones de intenciones y vaguedades». «La pérdida de empleo y desaparición del sector no puede continuar siendo, ni un minuto más, el principal objetivo de las propuestas del Ejecutivo socialista», han criticado.

CCOO espera que los representantes de Transición Ecológica con los que se reunieron se replanteen toda esta serie de cuestiones para que el próximo día 21 de septiembre, fecha en la que ha quedado fijada una nueva reunión, «se vea un cambio de perspectiva en el que han de contemplarse de forma global todas la implicaciones que están en juego».

Lambán se centra en Andorra

Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que el Gobierno de España debería «llamar» a Endesa para hacerle un planteamiento encaminado a alargar la vida de la central térmica de Andorra, que debería cerrar en junio de 2020 si no acomete determinadas inversiones encaminadas a mejorar su eficacia medioambiental. En este sentido, Lambán ha considerado que el Ministerio tendría que «ser sensible» a los planteamientos de los sindicatos y de las empresas mineras sobre la transición energética. Al Ministerio, ha apuntado, «no le falta razón en el planteamiento genérico de la transición energética», pero hay que convencerlo de que «una transición que suponga cerrar centrales en el 2020 es cualquier cosa menos justa«, ha concluido Lambán.

El PSOE critica al PP

Por otro lado, el PSOE acusa al Partido Popular de «utilizar» la incertidumbre sobre el futuro de las cuencas mineras para atacar al Gobierno «tras 6 años sin hacer nada» y «no invertir ni un euro en la reconversión industrial», según el diputado socialista por Teruel, Ignacio Urquizu. De hecho, el parlamentario tilda de «burla» la actitud del PP que ha propuesto medidas para la zona que, «además de ser ilegales», provocarían «una gran incertidumbre jurídica puesto que van en contra de la normativa europea». Se refiere así a la Proposición No de Ley presentada por el PP en el Congreso para, entre otras cosas, alargar la vida de las centrales térmicas como la de Andorra (Teruel), según los populares.

Urquizu les ha acusado de presentar una iniciativa que «contradice completamente» lo que el PP «dijo hace unos meses en Europa». Esto supone, en opinión de la secretaria general del PSOE en Teruel, Mayte Pérez, tratar de «engañar» a los turolenses sobre este asunto y destaca que la situación que viven las cuencas mineras está provocada por la «inacción» del Partido Popular durante sus años en el Gobierno central. Así, critica que «lo poco que hizo fue precisamente impulsar el cierre de las explotaciones mineras», como lo demuestra, según Pérez, que en febrero de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy enviara un documento a Bruselas solicitando el cierre de 15 centrales térmicas, entre las que se encontraba la de Andorra.

Las centrales nucleares buscan en sus propios almacenes individualizados ATI una salida a sus residuos tras el frenazo al ATC

EFE.- El parón en la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) potencia el papel de los depósitos individualizados, una solución provisional para solventar el problema de almacenamiento de residuos de alta actividad en las centrales nucleares que, como la valenciana de Cofrentes con un 90% de ocupación, rozan la saturación.

Estos Almacenes Temporales Individualizados (ATIs) fueron un remedio provisional aportado por Enresa (empresa pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos), a la espera del cumplimiento del dictamen del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) de 2006, que contemplaba la existencia de un ATC en 2010.

Pero a día de hoy, el futuro del ATC en Villar de Cañas(Cuenca) no tiene visos de construcción inmediata tras la decisión tomada por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), por la cual se supedita la ejecución del mismo a partir de 2019, cuando se acometa la actualización del PGRR.

En la actualidad, el número de elementos combustibles almacenados en las nucleares españolas es de 15.362, de los que 13.897 se encuentran en las piscinas de las centrales.

Otros 1.465 elementos radiactivos de alta actividad están en almacenes individualizados, con un gasto que sólo entre 2010 y 2016 ascendió a 1.326 millones de euros, según datos del Foro Nuclear, que además señala que el coste subirá a los 1.525 millones, en el periodo 2018-2021.

La producción eléctrica con fuentes libres de emisiones de CO2 fue de un 55% en 2017, contribuyendo la nuclear con casi el 40% de la misma, y la aportación al mix eléctrico de esta energía fue del 21,17%.

Las piscinas de las nucleares (grandes tanques de refrigeración del combustible atómico) sufren diverso grado de saturación, con una oscilación entre el 97% en Ascó I y el 84% en Vandellós II ambas en Tarragona).

De todas ellas, sólo dos centrales operativas, Trillo (Guadalajara) y Ascó, y una en desmantelamiento, José Cabrera (Guadalajara), cuentan con ATIs en sus instalaciones, mientras que el ATI de Cofrentes (Valencia) sigue a la espera de que salga a información pública el proyecto.

El ATI de la planta de Almaraz (Cáceres), instalación en la que se han invertido 24 millones de euros, ya está operativo, por lo que albergará antes de noviembre, según previsiones de la propia central, las primeras 32 elementos de combustible gastado.

Con datos de 2017, la central de Trillo tiene un almacén individualizado con 32 contenedores y 672 elementos combustibles, que suman una ocupación del 40%, mientras que Ascó tiene 6 contenedores con 192 elementos de la unidad I y 7 contenedores con 224 elementos de la unidad II.

La nuclear José Cabrera, cuyo desmantelamiento está muy avanzado, alberga desde 2009 doce contenedores en seco, con los 377 elementos irradiados generados durante toda la vida operativa de la central.

En cuanto al ATI de la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), se prevé que será durante los próximos meses cuando comience la carga del primer contenedor con el combustible gastado de la central, una de las tareas previas al desmantelamiento de la misma.

Para los residuos de baja y media radiactividad, el sector dispone del El Cabril (Córdoba), un ATI al 80% de su ocupación, aunque previsiblemente se terminará de llenar cuando concluya el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, ha explicado el físico nuclear e investigador del Ciemat, Francisco Castejón.

A su juicio, resulta «imprescindible» buscar una solución para estos residuos de media y baja actividad, ya que este ATI no debería ampliarse por los graves inconvenientes de su emplazamiento tales como una ubicación en una zona de alto valor natural y con relativa alta actividad sísmica.

Para Castejón, España puede prescindir de un ATC debido a que los ATIs pueden servir como método de almacenamiento de emergencia para el desmantelamiento de las centrales, una vez establecido el calendario de cierre y hasta que se encuentre algo mejor.

En la misma línea, se ha manifestado Raquel Montón, portavoz de Greenpeace para temas nucleares, quien ha asegurado que los ATIs son una solución «que hay que hacer sí o sí».

Por ello, ha demandado un nuevo Plan de Residuos Radiactivos, un marco legal para la financiación del desmantelamiento e invertir en la revitalización de las comarcas donde se encuentran los emplazamientos nucleares.

Nordex se adjudica un gran contrato de 80 turbinas en Sudáfrica para la italiana Enel y para la española Elawan

EFE.- El fabricante de aerogeneradores alemán Nordex, participado por Acciona, se ha adjudicado un gran contrato de suministro de 80 turbinas de la serie AW125/3150 para los proyectos Garob y Copperton en Sudáfrica. El proyecto Garob se compone de 46 turbinas, que ha pedido Enel Green Power, y que el proyecto Copperton comprende 34 turbinas para Elawan. El contrato incluye también el servicio de mantenimiento de las instalaciones durante varios años.

«Sudáfrica es un mercado importante para nosotros, por eso nos alegramos de realizar los dos proyectos. Este año hemos logrado proyectos por un total de 400 MW», explicó el director de Ventas de Nordex, Patxi Landa. El grupo Nordex dispone de más de 23 gigavatios de capacidad de energía eólica instalados en más de 25 mercados y facturó en 2017 casi 3.100 millones de euros. La empresa emplea actualmente a cerca de 5.000 trabajadores y cuenta con parques en Alemania, España, Brasil, Estados Unidos e India. Su producción se concentra en turbinas terrestres con una capacidad de entre 1,5 hasta 4,8 megavatios que se utilizan en países con superficie limitada.

Facua pide al Gobierno bajar al 4% el IVA de la luz para que cada consumidor ahorre 130 euros anuales

Europa Press / EFE.- Facua ha propuesto al Gobierno que baje al 4% el IVA de la luz, una medida que ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales, al considerar que mantener este tributo al 21% está «injustificado» para un suministro esencial. Así se lo trasladó el vicepresidente y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, al secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

Sánchez le entregó un informe con las propuestas de la organización sobre el suministro eléctrico, donde se recogen sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas y garantizar el acceso a los consumidores domésticos y luchar contra la pobreza energética,. Por ello Facua reclama al Ejecutivo socialista que establezca una tarifa regulada para todos los consumidores domésticos que no superen los 10 kW de potencia contratada y con un tope razonable de kWh de consumo al año.

El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Según Facua, los «desproporcionados» precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

Sánchez ha reconocido que el informe plantea «un giro radical» con la regulación de la factura eléctrica que considera “necesario” ya que el mercado libre es «una farsa» y las eléctricas «no tienen ninguna intención de competir, son oligopolios» y «no hay competencia«. Asimismo, Sánchez expresó su deseo de que «todos los grupos de la oposición y, por supuesto, el grupo que sustenta fundamentalmente al Gobierno» valoren todas las reivindicaciones. El portavoz de Facua ha defendido que hay que evitar el corte de suministro eléctrico «a ciertos perfiles de consumidores», como familias «con niños pequeños, con ancianos o con enfermos».

La asociación advierte de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido «un fracaso aún mayor» que el que se aprobó durante la etapa socialista de Rodríguez Zapatero, “que ya era malo”. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él, salvo a todas las familias numerosas. Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.

Además de repercutirse el IVA más elevado, éste ha aumentado en los últimos años. Pasó del 16% al 18% en julio de 2010 y subió al 21% en septiembre de 2012. Asimismo, desde enero de 1998 al recibo se le aplica, además del IVA, el impuesto especial sobre la electricidad, del 5,11%. A partir de ese año, al término fijo y al variable de la factura se le repercutieron impuestos indirectos que sumaban el 21,93%, porcentaje que se elevó al 24,03% con la subida del IVA de 2010 y al 27,19% con la de 2012.

Desde este 27,19%, el porcentaje bajaría al 9,32% si se aplicase el IVA superreducido, una de las reivindicaciones que Facua ha trasladado al Gobierno para reducir la desproporcionada e factura que pagan los usuarios en España. La organización ha realizado su comparativa teniendo en cuenta las tarifas aplicadas durante el último año a las familias con la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC) y contadores sin telegestión.