La compañía minera Hullera Vasco-Leonesa inicia un ERE de extinción para sus últimos 68 trabajadores tras 125 años de historia

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EFE.- La administración concursal de la compañía minera Hullera Vasco-Leonesa ha iniciado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para la práctica totalidad de los 68 empleados que aún desempeñaban su trabajo en la empresa, que tiene 125 años de historia.

Según CCOO, este ERE supone un «nuevo mazazo a la provincia de León, al sector de la minería y a sus comarcas» y significa el cierre de la compañía.

Las causas que alegan los administradores concursales para presentar el ERE son económicas por el desmantelamiento de la mina de interior y que actualmente no tienen ningún contrato de compra de carbón para el próximo año por parte de las eléctricas.

CCOO estaca que con esta decisión «se pone punto y final a una larga agonía que desde 2014 ha supuesto la presentación de multitud de ERE para cientos de trabajadores, el cierre de las subcontratas de la compañía y la entrada en el concurso de acreedores por su delicada situación económica».

En este sentido, CCOO cree que la pérdida de empleo y la desaparición del sector del carbón no puede seguir siendo el principal objetivo de las propuestas del Gobierno.

Por ello, el sindicato espera que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y los asesores ministeriales presentes en la última reunión trasladen sus reclamaciones a la ministra y al secretario de Estado del ramo.

«Es necesario contemplar globalmente todas las implicaciones que están en juego, y más aún con una noticia tan drástica y lamentable para el sector y la provincia de León como la anunciada por la sociedad Hullera Vasco-Leonesa», ha apuntado CCOO.

El sindicato confía en que finalmente se evite la tensión que se viene acumulando en el sector, ya que puede tener consecuencias sociales imprevisibles.

El recibo de la luz ha subido casi un 86% en los últimos 15 años, encareciéndose 37 euros, según Facua

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Europa Press / EFE.- El recibo de la luz ha subido un 85,7% en solo 15 años, encareciéndose más de 37 euros, según datos de Facua-Consumidores en Acción. En concreto, con las tarifas vigentes en agosto de este año, la factura mensual representa 80,73 euros, frente a los 43,47 euros que suponía en 2003.

Facua señala que un análisis realizado por esta organización sobre decenas de miles de facturas de viviendas ocupadas indica que en España el usuario medio consume 366 kilovatios hora (kWh) mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW. Así, tomando como referencia las tarifas reguladas vigentes en los meses de agosto, la factura pasó de los 43,47 euros de 2003 a 55,31 euros en 2008, 74,81 euros en 2013 y 80,73 euros en 2018.

Además, el análisis de Facua destaca que la parte fija de la factura se incrementó en estos últimos 15 años más de un 150%, pasando el precio de cada kW de potencia contratada de los 1,73 euros/kW/mes de precio final en 2003 a 4,36 euros en agosto de 2018. En cuanto a la parte variable del recibo, el precio del kWh de energía consumida se ha encarecido en un 71,5% desde agosto de 2003, pasando de los 9,80 céntimos de precio final en 2003 a los 16,81 céntimos en 2018.

Facua ha trasladado al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica en las que reclama que baje el IVA de la electricidad al 4%, ya que ahorraría al usuario medio casi 130 euros al año. Asimismo, propone la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo.

El BNG propone una tarifa eléctrica para Galicia inspirándose en el euskopeaje que existe para la industria del País Vasco

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EFE.- La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha presentado una serie de medidas que su partido defenderá en sede parlamentaria con el objetivo de tratar de frenar la “estafa” eléctrica que, a su juicio en estos momentos, sufre Galicia. Pontón salió así al paso de un inminente suplemento territorial a aplicar en la electricidad por parte del Gobierno central, el cual recibe como un “nuevo expolio” para el bolsillo de los gallegos, pese a ser una comunidad productora de energía.

Ante este panorama, la líder de la organización frentista ha reiterado su propuesta de una tarifa eléctrica propia gallega, a semejanza de la que dispone el País Vasco, y que, según asegura, permitiría ahorrar a las familias gallegas cerca de 200 euros anuales. Otra de sus demandas ha sido la reducción de la carga tributaria del IVA en la electricidad del 21% a tan solo un 4%, lo que salvaría cerca de 330 euros al año en cada hogar gallego.

Asimismo, Pontón defiende la creación de una empresa pública que asuma la gestión de los embalses en cuentas de su competencia que hayan finalizado las concesiones vigentes, además de impedir por ley que se puedan producir cortes de luz y gas por tratarse de bienes “de primera necesidad”. La dirigente nacionalista ha sostenido que si el precio de la electricidad sube continuamente “es por los gobiernos gallegos” y ha censurado que la normativa actual “penaliza a las personas” en beneficio de las empresas. Por todo ello, ha anunciado que esta batería de propuestas estará acompañada de una campaña social para concienciar sobre este tema y para denunciar el agravio comparativo que sufre Galicia como comunidad productora frente a otras beneficiarias.

EDP regalará a sus nuevos clientes domésticos en el mercado libre de electricidad el primer mes de consumo de luz

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Europa Press.- EDP ha lanzado una promoción por la que regalará a sus nuevos clientes domésticos en el mercado libre el primer mes de consumo de luz con su producto Máximo Ahorro 24 horas.

La compañía energética indicó que además está promoción, que estará activa hasta finales de año, también mejora las condiciones de sus actuales clientes con descuentos que llegan hasta el 7% en el consumo de luz.

Los clientes domésticos de EDP en el mercado libre consumen energía eléctrica 100% renovable, un factor que se gestiona a través del Sistema de Garantías de Origen de la Electricidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según el informe de la CNMC sobre la evolución del mercado minorista de 2017, EDP fue la comercializadora que más creció, con 65.169 nuevos clientes, que se traduce en un aumento de la cartera comercial del 6%. La cuota de la compañía en el mercado libre se sitúa en el 5%.

La energética también creció en gas, con 32.000 nuevos clientes, un crecimiento de la cartera gasista del 4% respecto a 2016, que la sitúa con una cuota en el mercado libre del 13%.

Unidos Podemos pide que el Gobierno explique en el Congreso si el carbón tendrá continuidad en 2019

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EFE.- El diputado de Unidos Podemos por Asturias, Segundo González, registró una batería de preguntas al Gobierno para saber si prevé dar alguna solución a la continuidad de las explotaciones mineras asturianas más allá del 31 de diciembre de 2018, fecha límite para el cierre de las minas deficitarias.

Según González, la minería ha perdido más de 50.000 empleos desde el año 1952 y en la actualidad quedan 2.171 trabajadores en activo, 1.698 de ellos en Asturias después de que los planes de la minería impulsados en las últimas décadas por los gobiernos del PSOE y del PP se orientaran al cierre progresivo. En su iniciativa recuerda que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció un plan de transición justa para las comarcas mineras y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a no dar la espalda a las cuencas y a poner Hunosa «a la vanguardia de la transición energética».

A su juicio, el documento para una transición justa de la minería del carbón remitido certifica el cierre de la minería este año sin concretar los planes de transición que el Gobierno prevé poner en marcha para evitar la pérdida de empleos y reactivar económicamente las comarcas mineras. Además, el documento se limita a desarrollar los detalles de las ayudas para las prejubilaciones y las bajas indemnizadas una vez producidos los cierres «sin prácticamente plantear propuestas en materia de reactivación económica de las comarcas afectadas».

González emplaza al Gobierno a rectificar presentando «orientaciones creíbles para los planes de transición justa» y a plantear soluciones para el carbón autóctono hasta que se cierre la última térmica en Asturias así como a invertir los 250 millones previstos en el Plan de la Minería 2013-2018 «que el PP se negó a ejecutar». Finalmente, el diputado de Podemos pide conocer si el Gobierno prevé alguna solución para la continuidad de las explotaciones mineras asturianas más allá de 2019 y si va diseñar y financiar planes de transición justa y ordenada para las comarcas mineras.

El PSOE sostiene que los impuesto a los residuos nucleares de Garoña puede convertir su almacenamiento temporal en definitivo

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EFE.- La diputada socialista burgalesa Esther Peña considera que establecer un impuesto a los residuos nucleares en la zona de Garoña, como plantea la Junta de Castilla y León y que sería único en España, puede convertir esos depósitos en definitivos y atraer residuos de otros lugares.

«El impuesto puede ser una excusa para un almacenamiento permanente porque es más fácil pagar y saber que los residuos se pueden depositar en Garoña que llevar los residuos a otros lugares, con un coste mucho mayor, como los de la central de Vandellós, depositados en Francia», ha explicado Peña. Por ello el grupo socialista llevará a las Cortes de Castilla y León una enmienda a la totalidad y 7 parciales contra la ley para gravar los residuos nucleares que plantea la Junta. Una de ellas plantea que cada año se dupliquen los tipos impositivos, de manera que cada vez resulte más caro el almacenaje.

El portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, el procurador José Francisco Martín, se ha mostrado convencido de que el impuesto no se llegará a aplicar porque «al día siguiente será recurrido por la propietaria de la central nuclear de Garoña y seguramente por la Administración General del Estado, que ya grava con un impuesto los residuos de toda España”. En su opinión, el proyecto es «una chapuza» que se apoya en que lo que gravaría son los riesgos de contaminación ambiental y no los propios residuos, aunque «eso no se sostiene» porque la cuantía a pagar se pretende fijar en base al volumen de residuos.

«Solo se puede gravar un negocio o un hecho, pero no un riesgo y eso lo sabe la Junta de Castilla y León, para la que este impuesto es solo una excusa para no aportar fondos para la dinamización del entorno de Garoña tras el cierre de la central nuclear», explicó el procurador. Por esa razón, los procuradores socialistas presentarán una iniciativa en cuanto se apruebe el impuesto para que la Junta de Castilla y León se comprometa a invertir en el entorno de Garoña al menos los 10 millones de euros que prevé recaudar, independientemente de que ese impuesto llegue a cobrarse o no, ha anunciado José Francisco Martín.

Para el portavoz socialista en el Senado, Ánder Gil, crear un impuesto autonómico que grave los residuos es «una ocurrencia absurda, única en el mundo». En su opinión, la Junta de Castilla y León y el PP solo quieren «lavarse la cara» con este proyecto de ley porque no quisieron atender a las reiteradas peticiones del PSOE para gravar a la planta nuclear cuando generaba beneficios millonarios y quieren hacerlo ahora que la planta está parada, argumentando los daños ambientales y para la salud que hasta ahora venían negando. El senador ha insistido en que el Gobierno actual si tiene una estrategia de transición energética y ya estudia medidas para apoyar al entorno de Garoña.

José Antonio Monago, líder del PP extremeño, augura que «la central nuclear de Almaraz la van a cerrar los socialistas»

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EFE.- El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que la central nuclear de Almaraz «la van a cerrar los socialistas y van a hundir tanto a una comarca entera como a la producción industrial de la comunidad autónoma».

Cuestionado por el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central, Monago ha afirmado que «el problema no es el almacén, el problema es la central, la cual hundirán los socialistas».

Monago le ha pedido al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que se pronuncie sobre este tema y sobre la inexistencia de alternativas para la comarca.

En este sentido, ha recordado que el PP ha hecho una propuesta en las Cortes para evitar el cierre unilateral por parte de una empresa en este ámbito, por ejemplo en el caso de Almaraz, en la que no han contado con el apoyo ni del PSOE, formación cuyos máximos dirigentes son «antinucleares», ni de Cs, partido que se ha puesto «de perfil».

El almacén recoge los residuos que produce la central, ha indicado, pero lo que «interesa saber es que pasará con los miles de empleos directos e indirectos y con la actividad y tributación que genera, y cómo se resolverá el aumento previsto en un 20% del precio del recibo de la luz tras el cierre de las nucleares».

El grupo Eurofinsa compra las divisiones de Isolux de renovables y transmisión y distribución del sector energético

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EFE.- El grupo de infraestructuras Eurofinsa ha adquirido las unidades productivas de energía de transmisión y distribución, así como de renovables, energía solar y eólica de Isolux, empresa que fue declarada en concurso de acreedores en julio de 2017. Según indicó Eurofinsa, la operación fue aprobada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid mediante un auto el pasado 30 de julio y ha sido elevada a pública el 12 de septiembre.

Eurofinsa, con esta operación, adquiere las referencias, homologaciones, experiencia y conocimientos de Isolux, y asumirá a los trabajadores de las unidades productivas que ha comprado, que se incorporarán a su estructura productiva, de estudios, financiera y comercial. El director de Operaciones de Eurofinsa, Raphaël Benatar, ha señalado que esta compra permitirá a su compañía competir en proyectos internacionales de líneas de transmisión eléctricas, subestaciones, energía solar y eólica. Eurofinsa incorpora también con la adquisición de esos activos de Isolux un nuevo proyecto de transmisión y distribución del sistema eléctrico en Tanzania, en el que prestará servicios de gestión de ingeniería de compras y construcción (EPCM, por sus siglas en inglés).

Endesa recibe la autorización de la Junta de Extremadura para construir 127 MW en 3 parques fotovoltaicos en Logrosán (Cáceres)

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EFE.- La compañía eléctrica Endesa ha recibido la autorización de la Junta de Extremadura para la construcción de 3 parques fotovoltaicos en Cáceres, plantas cuya puesta en marcha está prevista para 2019. A través de su filial renovable Enel Green Power España, Endesa invertirá 100 millones de euros en la construcción de tres parques fotovoltaicos –Hernán Cortés, Zurbarán, y Quijote– que tendrán una capacidad total de 126,9 MW, lo que equivale al consumo de 80.000 hogares.

Los tres proyectos constarán cada uno de 126.000 paneles fotovoltaicos y una potencia total instalada de 42,9 megavatios, según indicaron fuentes de la mercantil. Mientras se prepara la construcción de estos tres parques, Endesa sigue tramitando las autorizaciones necesarias para la construcción de otras 3 plantas fotovoltaicas más en Extremadura. Se trata de tres proyectos ubicados entre Casas de Don Pedro y Talarrubias, en los que se invertirán otros 100 millones de euros, para una capacidad renovable de más de 128 MW. Para la construcción de todos estos parques fotovoltaicos, que se prevé estén operativos en 2019, intervendrán más de 200 profesionales del sector renovable.

Los ecologistas se movilizan en Alemania contra las talas forestales en el bosque de Hambach para abrir minas de carbón

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EFE.– Miles de manifestantes se concentraron en las inmediaciones del bosque de Hambach (Alemania) en apoyo a los grupos de activistas acampados en contra de las talas forestales y las extracciones de lignito y a los que un poderoso contingente antidisturbios trata de desalojar. La concentración aunó tanto a agricultores como a otros ciudadanos de esta región, contrarios a extender las extracciones carboníferas que comportarían la tala masiva en esos bosques.

La movilización se produce después de que el operativo policial intentara desmantelar a las cerca de 60 casetas de madera construidas en los árboles por los activistas. Las fuerzas de seguridad alemanas detuvieron a unos 30 activistas, según indicaron fuentes policiales. Varios activistas se atrincheraron en un túnel subterráneo, que finalmente abandonaron sin oponer resistencia. Hasta ahora el dispositivo antidisturbios desmanteló una docena del total de 60 casas de madera, instaladas a hasta 20 metros de altura, con el propósito de impedir las talas forestales.

Resistencia contra minas de carbón

Los ecologistas mantienen su ocupación en ese bosque desde 2012 y su presencia había sido tolerada por las autoridades locales pese a las sucesivas órdenes de desalojo. Su acción se ha convertido en un símbolo de la resistencia contra las explotaciones de carbón de la región, tanto por los efectos de esa fuente de energía altamente contaminante como por la deforestación progresiva derivada de las talas. El consorcio energético RWE se planea extender sus extracciones de lignito a cielo abierto, lo que implicará nuevas excavaciones a partir del próximo otoño.

Los bosques de Hambach se extendían hasta los años 80 por unos 85 kilómetros cuadrados, la mitad de los cuales han sido ya explotados por el consorcio, que estima que hay aún 2.500 millones de toneladas de lignito por extraer. El desalojo actual se ampara en una orden del departamento de la Construcción de Renania del Norte-Westfalia, que argumenta que esas construcciones no se ajustan a las debidas normas de protección contra incendios y que ponen en peligro el bosque.