COAG y ANPIER aplauden la derogación del impuesto al sol y el fomento de la inversión en energías renovables

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Europa Press.- La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) han aplaudido la derogación del denominado impuesto al sol y el fomento de la inversión en energías renovables. Ambas organizaciones consideran que este cambio de rumbo será muy beneficioso para la ciudadanía y, en especial, para las zonas rurales, ya que la energía solar fotovoltaica presenta numerosas oportunidades al ser una fuente de generación con costes de inversión cada vez más bajos.

Entre las aplicaciones de la fotovoltaica en el sector agrario destacan su empleo para iluminación, cercas eléctricas, motores, ventiladores, bombeo de agua, regadío o recarga de baterías. Estas instalaciones permiten una disminución de los costes energéticos de las explotaciones y un mayor control y seguimiento de los consumos propios, al tiempo que se producen menos pérdidas de red y reducen la dependencia energética de fuentes contaminantes, ayudando a conseguir los objetivos de reducción de emisiones.

A pesar de estos beneficios, la implantación de energías renovables en las zonas rurales es, según COAG y ANPIER, aún lenta como consecuencia de las trabas administrativas y legales vigentes. «En la mayoría de los casos se realizan instalaciones aisladas de la red, pero el desconocimiento general de la legislación a aplicar y la percepción de la sociedad de que el autoconsumo es ilegal, son un lastre para la inversión en fotovoltaica», han señalado ambas.

Las medidas para combatir la subida de la luz tendrán un impacto en el sistema eléctrico de 910 millones

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Europa Press.- Las medidas del decreto-ley aprobado por el Gobierno para combatir la subida del precio de la electricidad tendrán un impacto total de 910 millones de euros sobre el sistema eléctrico. Entre estas medidas figuran la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el PP,así como la introducción de una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde o la supresión del conocido como impuesto al sol.

Según consta en la memoria del análisis del impacto del proyecto de real decreto-ley, este impacto de las medidas será de 300 millones de euros en este ejercicio y de 610 millones de euros en 2019. De esta cifra, el mayor importe corresponderá a la suspensión del impuesto a la producción del 7% durante 6 meses, que ascenderá a un total de 534 millones de euros, de los cuales 265 millones corresponden a este año y 269 millones al próximo ejercicio. Por su parte, la eliminación del impuesto especial de hidrocarburos tendrá una afección sobre los costes del sistema eléctrico de unos 125 millones de euros, con un total de 25 millones en 2018 y de 100 millones en 2019.

Además, medidas como la reducción de la potencia contratada por los consumidores encaminadas a rebajar la factura de la luz se estima que tendrán un impacto de unos 144,6 millones de euros (unos 4,6 millones de euros en 2018 y 140 millones de euros en 2019). También impactarán en los ingresos del sistema eléctrico el cambio a discriminación horaria, con unos 98 millones de euros (6 millones de euros este año y 92 millones de euros en 2019) y el autoconsumo, con una estimación de unos 9,75 millones de euros, todos en el próximo ejercicio.

Para contrarrestar este impacto, el Gobierno cuenta con la compensación por mayores ingresos de las subastas de emisiones de CO2, adicionales a los 450 millones de euros que se destinan ya al sistema eléctrico. En concreto, estima que estos ingresos ascenderán a 850 millones de euros en 2018 y a 538 millones de euros en 2019, lo que permitirá hacer frente a ese impacto de 300 millones de euros este año y de 610 millones de euros el próximo ejercicio.

Por otra parte, el Gobierno considera que la suspensión temporal del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica tendrá un impacto económico en la factura de electricidad por el coste de energía de unos 200 millones de euros, añadiendo además la menor factura por IVA del consumidor. En lo que se refiere a la eliminación del impuesto especial de hidrocarburos a la generación eléctrica, que supone minorar el efecto multiplicador del precio del mercado de producción en las horas que los ciclos combinados marquen el precio marginal en el mercado o sirvan de referencia a tecnologías que lo sustituyan, tendrá un impacto durante 2019 de unos 53 millones de euros.

Así, según una estimación con datos de 2017 de la introducción de estas medidas, siendo de aplicación la suspensión del impuesto del 7% durante 3 meses del año y la eliminación el impuesto especial de hidrocarburos durante todo el año, la reducción de la factura de un consumidor medio por peaje de acceso habría sido del 2,16% para un consumidor doméstico (2.0 A) y del 2,97% para una pyme (3.0). Para un consumidor industrial (6.1) esta reducción en la factura llegaría hasta el 3,73%, mientras que para un gran consumidor industrial (6.4) alcanzaría el 5%.

Chernóbil estrena una planta de energía solar 3 décadas después del mayor accidente de una central nuclear de la Historia

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Europa Press.- Ucrania ha inaugurado una planta de energía solar en la localidad de Chernóbil, que aún se resiente del peor accidente nuclear de la Historia, ocurrido ya hace más de tres décadas. Una prueba rutinaria realizada en 1986 en el reactor IV formó nubes radiactivas que provocaron la muerte de 31 personas, mientras que miles sucumbieron después a enfermedades relacionadas con la radiación, como el cáncer.

La central nuclear permanece encerrada en un sarcófago gigante para contener las emisiones radiactivas, aunque la zona sigue deshabitada, visitada solamente por turistas a quienes dirigen unos guías pertrechados con medidores de radiación. En el primer intento de reactivar Chernóbil, se ha construido una planta de energía solar constituida por 3.800 paneles con capacidad para abastecer a 2.000 apartamentos. «No es solamente otra planta de energía solar», ha destacado el director ejecutivo de Solar Chernóbil, Evhen Variagin, destacando su «simbolismo».

Es la primera vez que el lugar se usa para la generación de energía desde el año 2000, cuando los remanentes de la central nuclear de Chernóbil fueron cerrados. «Ahora vemos un nuevo retoño, todavía pequeño, débil», ha valorado, por su parte, la jefa de la central nuclear, Valery Seyda. La planta de energía solar, un proyecto conjunto de la empresa ucraniana Rodina y de la alemana Enerparc valorado en un millón de euros, espera beneficiarse de las políticas de estímulo a las energías renovables.

El Gobierno amplía las coberturas para el bono social eléctrico y lanza medidas para abaratar la factura de la luz

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Europa Press.- El Gobierno ha aprobado un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, y así como para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos meses en el precio de la electricidad.

En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, destacó que el objetivo de esta nueva norma es ofrecer cobertura a los consumidores vulnerables durante los próximos meses de invierno «mientras se construye una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética». El decreto-ley hace extensiva la medida de prohibir el corte de luz también para los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III. Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación del bono social.

Asimismo, con el objetivo de que más familias monoparentales puedan acceder al bono social, se han establecido por el Ejecutivo criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente las mujeres, considerando que el 85% de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre. Así, el umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales.

La normativa fija como prioridad del Ejecutivo la lucha contra la pobreza energética, que afecta a unos 4,6 millones de personas. En el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor, el Gobierno presentará una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que establecerá objetivos, en el medio y largo plazo, y un marco de acción estable para su erradicación. Ribera también dejó claro que, dentro de esta Estrategia contra la Pobreza Energética, se podrían revisar los criterios actuales para que la renta «sea un elemento determinante para todos los colectivos potencialmente afectados» algo que, por ejemplo, no sucede con el actual modelo para las familias numerosas, que tienen derecho al bono social eléctrico por el simple hecho de serlo.

En lo que respecta a los límites de consumo de energía con derecho a descuento, la nueva normativa los amplía un 15% con el objetivo de acercarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. Asimismo, el cómputo de consumo anual con derecho a descuento que se liquidaba cada mes se flexibiliza. Ahora la energía con derecho a descuento no consumida un mes puede utilizarse en otro momento, con lo que se facilita también la protección durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con los de temperaturas más bajas. Además, la norma también prorroga hasta el próximo 31 de diciembre el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores acogidos al bono social antiguo.

Paralelamente, se crea un nuevo bono social térmico, al que podrán acogerse los hogares que sean beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre y que se trata de una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina este invierno, con independencia del combustible que utilicen. El importe de esta ayuda dependerá de la cantidad que se consigne cada año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y del número de beneficiarios del bono social eléctrico en diciembre y su cuantía dependerá de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, y de la zona climática donde esté ubicada la localidad en la que reside el beneficiario.

A modo de referencia, con un presupuesto de 100 millones de euros y si el número de beneficiarios del bono eléctrico a 31 de diciembre fuera de 1,5 millones, las cuantías del bono oscilarían entre un mínimo de 25 euros (para el consumidor vulnerable en zona cálida) y un máximo de 130 euros (para el consumidor vulnerable severo en zona muy fría), señala el Ministerio.

Asimismo, el Gobierno endurece las medidas sancionadoras a las empresas comercializadoras, que gestionan y financian el bono social. Por ejemplo, aquellas que impongan injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con la tramitación de las solicitudes podrían ser sancionadas con multas de hasta 60 millones de euros, en el caso de infracciones muy graves. Este real decreto-ley también contiene medidas dirigidas a incrementar la protección del conjunto de consumidores de electricidad, lo que permitirá optimizar la contratación de este suministro y reducir la factura eléctrica.

Así, si se dispone de contador digital, se podrá contratar la potencia en múltiplos de 0,1 para ajustarla con exactitud a las necesidades de consumo, frente a los actuales escalones de contratación de potencia eran de 1,1 kilovatios (kW). Teniendo en cuenta que en el último trimestre de 2017 casi el 40% de los hogares tenía una potencia contratada entre los 4 y los 6 kW, existe un margen para el ajuste y, por tanto, para el ahorro y la eficiencia en el consumo. Por ejemplo, un cambio de potencia de 0,5 kW, de 4,6 a 4,1 kW, podría suponer un ahorro en la factura anual de 26 euros en un hogar tipo, donde vivan 4 personas, estima el Ministerio.

Además, en cada período de facturación, las comercializadoras deberán incluir en la factura de cada consumidor que tenga contratado el PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) el importe al que hubiera ascendido de haberse aplicado una tarifa con discriminación horaria. En este caso, son 2 las posibles: tarifas con precios de la electricidad dividido en 2 tramos, punta y valle; o en 3 tramos, punta, valle y supervalle. En la actualidad, tan sólo 660.000 consumidores de los 11,1 millones de usuarios con PVPC se acogen a tarifas con discriminación horaria mientras que el mero cambio puede generar un ahorro que, en muchos casos, pueden superar los 20 euros anuales.

La normativa también prohíbe a las comercializadoras eléctricas y de gas natural realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos a través de visitas domiciliarias, el sistema puerta a puerta, salvo que la visita fuera solicitada expresamente por el consumidor. De igual modo, se regulan los términos en los que las comercializadoras eléctricas podrán acceder a los datos de consumo y potencia contratada de los consumidores para que puedan ofrecerles mejoras en la gestión de su demanda o la adopción de medidas de eficiencia energética. Además, se permite la inhabilitación directa de las comercializadoras que realicen prácticas fraudulentas en el mercado mayorista, entre ellas, el incumplimiento de las obligaciones de compra de energía en los mercados diario e intradiarios.

Podemos pide la comparecencia de la ministra de Industria en el Congreso por el cierre de Vestas en León

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Europa Press.- Podemos registró la solicitud de comparecencia de la ministra de Industria, Reyes Maroto, para que explique en el Congreso de los Diputados qué líneas de actuación seguirá ante la situación que sufre la plantilla de la empresa Vestas en su planta de Villadangos del Páramo (León).

El diputado Rafael Mayoral ha trasladado su apoyo tanto a los trabajadores de Vestas como a la sociedad leonesa, ya que los efectos del cierre «afectarán a toda la provincia tanto a nivel económico como social», según ha señalado. Mayoral ha exigido «mano dura con las multinacionales» porque «no puede ser que vengan aquí, se lleven las subvenciones, se les regalen los terrenos, salgan corriendo con los beneficios y dejen a la clase trabajadora tirada, eso es inadmisible». Frente a ello, Podemos ha apostado por la industrialización, por un empleo «de calidad» y una transición energética «que garantice producción industrial».

Por su parte, la coportavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha criticado que la ministra de Industria esté «desaparecida» en medio de la «crisis» de Vestas. «Tiene que explicar qué va a hacer», ha exigido. Uno de los empleados de la fábrica, Andrés Turienzo, ha recordado que actualmente 360 familias en León dependen de Vestas y que se deben tener en cuenta los más de 200 trabajos temporales generados. «Van pasando los días, los meses, sin cobrar y sin ver movimiento», ha explicado.

El Gobierno deroga el impuesto al sol y reconoce el derecho a autoconsumir sin peajes ni cargo

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Europa Press.- El Gobierno ha decidido derogar el llamado impuesto al sol, que dificultaba y desincentivaba el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y del autoconsumo eléctrico en España. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que con esta medida se busca paliar «el retraso de España en esta materia», ya que no es lógico que «un país rico en sol como España cuente con 1.000 instalaciones, frente al millón que tiene Alemania«. «Hay un largo recorrido», apuntó.

Además, se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala; así como a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos. Por tanto, se deroga el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en su propia instalación, el denominado impuesto al sol. Según el Ejecutivo, el desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumidores «el acceso a alternativas más baratas y respetuosas con los límites del planeta, contribuye a reducir las necesidades de la red eléctrica, genera mayor independencia energética y permite reducir las emisiones de gases efecto invernadero».

Además, considera que es una actividad «generadora de empleo vinculado a la transición ecológica, como ya se ha demostrado en países de nuestro entorno». Ya el año pasado y el pasado mayo, todos los grupos políticos, con excepción del PP apoyaron en el Congreso de los Diputados el reconocimiento del derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo.

De esta manera, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, da carpetazo al decreto sobre autoconsumo eléctrico que aprobó el Gobierno del PP en 2015, en la que era la primera normativa para que los consumidores pudieran generar su propia electricidad. Sin embargo la normativa nació envuelta en polémica, debido al llamado impuesto al sol, que llegó a ser avalado por el Tribunal Supremo.

En España, la potencia eléctrica registrada en instalaciones de autoconsumo asciende a 1.196 megavatios (MW), de los cuales 170 MW corresponden a instalaciones de fuentes de energía renovables, una cifra muy baja para un país como España con un enorme potencial en estas fuentes de energía. Dentro del autoconsumo con renovables destacan las aportaciones correspondientes al aprovechamiento energético del biogás (127 MW) y la energía solar fotovoltaica (28 MW). En cualquier caso, hay que tener en cuenta que, desde la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se modificaron algunos artículos del Decreto 900/2015 y en particular se anuló el procedimiento del registro administrativo de autoconsumo a nivel nacional, es muy probable que existan instalaciones de autoconsumo operativas sin registrar.

UNEF aplaude las medidas tomadas

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha valorado «muy positivamente» el fin del llamado impuesto al sol, que grava la energía autoconsumida que no pasa por la red. En este sentido, la UNEF también ha aplaudido la aprobación del Real Decreto Ley para eliminar barreras económicas y administrativas, que, a su juicio, fueron establecidas de manera «artificial e injustificada», lo que supone «un giro en la política energética sobre autoconsumo en el país».

Desde el sector celebran que sea la primera legislación española que reconozca el papel activo del consumidor en el cambio del modelo energético e invitan a todos los grupos parlamentarios que ya han mostrado su apoyo al autoconsumo a apoyar el texto para que, «de una vez por todas, se consiga desbloquear la regulación del autoconsumo y su potencial crecimiento».

Aplaude el impulso al autoconsumo

Por otro lado, la Fundación Renovables ha aplaudido la nueva normativa sobre autoconsumo ya que supone «un gran avance» para impulsar la transición energética en España. En este sentido, la Fundación considera que la eliminación de los llamados cargos, asociados a los costes del sistema y popularmente conocido como impuesto al sol, «impulsarán definitivamente el autoconsumo«. Así, subraya que el autoconsumo constituye «una medida fundamental» para alcanzar mayores cotas de eficiencia energética y lograr culminar la transición energética hacia una economía descarbonizada de una manera sostenible y justa a través de la electrificación y la gestión de la demanda, tal y como propone la Fundación.

Además, señala que la nueva normativa aprobada por el Ejecutivo equipara a España al resto de los países europeos y permite abandonar así «su trayectoria de políticas energéticas insostenibles». En cuanto al bono social, la Fundación Renovables, aunque valora las medidas aprobadas como «positivas», insiste en que solución para los consumidores vulnerables «es la creación de una tarifa social para consumidores vulnerables que incluya, entre otras variables, una renta mínima vital, IVA cero o la reducción del peso del término de potencia dentro de una amplia e imprescindible reforma del sector eléctrico en su conjunto».

La modernización del sistema energético

Por su parte, Norvento considera que la derogación del peaje de respaldo al autoconsumo eléctrico, conocido como impuesto al sol, es «un paso clave en el avance hacia un sistema energético mucho más moderno y competitivo, y a la vez un acelerador del papel de las renovables en la modernización de nuestra economía y la lucha contra el cambio climático«. La empresa de renovables señala que el derecho a autoconsumir, tanto a nivel individual como de forma compartida, y la expansión de la generación distribuida con tecnologías renovables «cambiará la manera en que se entiende el uso de la energía y su papel en la industria y en la sociedad».

Norvento subraya que, además de una modernización del sistema, la generación distribuida tiene un gran potencial como dinamizadora de la economía propiciando la aparición de nuevos sectores auxiliares, nuevos modelos de negocio y generando empleo. El director Comercial de Norvento y Doctor en Ingeniería Eléctrica, Manuel Pinilla, considera que la decisión supone «eliminar una importante barrera» no sólo para el negocio en fotovoltaica del grupo, sino para el resto de tecnologías renovables con las que trabaja, «especialmente la eólica y biogás, que también está jugando un papel cada vez más importante para el autoconsumo industrial«.

La demanda eléctrica crece un 3,4% en septiembre con la nuclear y el carbón como principales fuentes de generación

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Europa Press.- La demanda peninsular de energía eléctrica en septiembre alcanzó los 20.821 gigavatios hora (GWh), lo que supone un incremento del 3,4% con respecto a la registrada en el mismo mes del año anterior, según datos de Red Eléctrica de España (REE).

En los 9 primeros meses del año, la demanda peninsular de energía eléctrica se situó en los 191.279 GWh, un 1% más que en el mismo periodo de 2017. Una vez corregida la influencia del calendario y las temperaturas, la demanda de energía eléctrica es un 1,2% superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior. En lo que va de 2018, la nuclear es la principal fuente de generación, con el 21,7% del total, seguida de la eólica (19,4%), hidráulica (15,2%), carbón (13,5%), cogeneración (11,6%), ciclos combinados (9,7%) y solar fotovoltaica (3,3%).

En lo que atañe a septiembre, la producción de origen eólico alcanzó los 2.396 GWh en el mes, un 15% inferior a la del mismo periodo del año pasado, y supuso tan sólo el 12,1% de la producción total. Por su parte, la nuclear fue la fuente que más aportó al sistema en el mes, con el 25,2% de la generación, seguido del carbón (20,8%), mientras que la cogeneneración cubrió el 11,9%, los ciclos combinados el 11,1%, la solar fotovoltaica el 3,4% y la solar térmica el 2,5%. Con datos estimados, la generación procedente de fuentes de energía renovable representó el 29,8% de la producción en septiembre. El 55,2% de la producción eléctrica procedió de tecnologías que no emiten CO2.

Casado ve inasumible su cierre

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, considera «inasumible» suprimir «al mismo tiempo» el carbón y las fuentes nucleares del mix energético nacional, al tiempo que demanda que no se apueste por la «demagogia» y sí por la «sostenibilidad«. Asimismo, el presidente del PP reclama que el aislamiento energético del país se vea ayudado por las interconexiones energéticas a través de los Pirineos y el Golfo de Vizcaya.

Los regantes celebran el fin del impuesto al sol y Greenpeace pide al Gobierno una reforma de la fiscalidad energética

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Europa Press.- Mientras la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) celebra la derogación del impuesto al sol porque supondrá «un impuso» a la competitividad del sector agrario, que podrá reducir sus costes energéticos mediante la autoproducción de energía sin peajes ni cargos, Greenpeace ha celebrado también el fin del impuesto al sol y el resto de barreras al autoconsumo energético pero insta al Gobierno a avanzar en una reforma de la fiscalidad energética bajo la premisa de que quien contamina paga.

Para la ONG es necesario que el Ejecutivo habilite en la legislación española la modalidad del autoconsumo compartido virtual o de proximidad para que las administraciones locales puedan usarlo en la lucha contra la pobreza energética. Por ello, reclama «a la mayor brevedad posible» una reforma fiscal energética ambiental que incorpore el principio de quien contamina paga y avance en la separación horizontal «total y efectiva» entre las actividades liberalizadas y las reguladas del sector eléctrico, de forma que no puedan ser realizadas por las mismas empresas o grupos empresariales.

Además, pide objetivos renovables «más ambiciosos» y un plan de cierre del carbón y de las centrales nucleares con fecha anterior a 2025 y añade que tanto el Plan Integrado de Clima y Energía como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética también deberán ir en línea con la consecución de un sistema energético «eficiente, inteligente democrático y 100% renovable antes de 2050″. En todo caso, tras la aprobación del Real Decreto, la ONG celebra que se ha dado un «paso imprescindible» para acabar con el impuesto al sol, al que define como un «engendro inventado por las eléctricas» y «todas» las trabas al autoconsumo que «nunca tuvieron sentido».

El responsable de cambio climático de Greenpeace, José Luis García Ortega, ha manifestado que es «hora de que se reconozca este derecho. Ahora la pelota está en el tejado del Congreso de los Diputados». Además, valora las propuestas en favor del autoabastecimiento y «especialmente» que se reconozca el derecho a autoconsumir electricidad «sin ningún tipo de cargo», equiparando por fin el tratamiento del autoconsumo al de cualquier otra medida de ahorro o eficiencia energética. Asimismo, ve positivo que se habilite también la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación porque es «imprescindible» para que este modo energético se pueda desarrollar en el ámbito urbano doméstico.

En el lado negativo, Greenpeace observa que otras medidas como la suspensión del Impuesto del 7% a la generación eléctrica y la del céntimo verde para la generación de electricidad, como únicas medidas fiscales, genera «serias dudas» ya que responden solo al objetivo de bajar la factura de la luz y no al de impulsar cambios estructurales que resuelvan los motivos de base de unos precios de la luz crecientes. Acerca de las medidas fiscales emprendidas, la ONG advierte de que esta medida, si no se produce en el marco de una reforma fiscal ambiental más amplia, acabará favoreciendo a las centrales más contaminantes como las centrales térmicas de combustibles fósiles y a las nucleares.

La competitividad del sector agrario

Por su parte, el presidente de FENACORE, Andrés del Campo, considera que eliminar el impuesto al sol es «bienvenido, pero hay que seguir dando pasos con más medidas de calado». Del Campo considera que eliminar el impuesto al sol muestra la «voluntad política» de ponerse del lado de los consumidores, que se ven obligados a pagar con costes fijos el agujero económico que se deriva de una estrategia errónea en materia energética. De hecho, los consumidores estacionales, como los regantes, han visto cómo el aumento medio de la factura para el regadío haya sido superior al 110% en este periodo.

Por eso, según señala Del Campo muchos regadíos modernizados que ahorran más agua pero demandan más energía no son económicamente viables. Ahora con esta modificación se podrá mitigar siempre que los regantes dispongan de medios económicos y recursos naturales para poder generar autoconsumo, ya sin penalización. También celebra que la medida contribuirá a que España alcance los objetivos de autoproducción de Bruselas, máxime teniendo en cuenta que los regantes son los segundos mayores consumidores de energía sólo por detrás de Adif (Administración de Infraestructuras Ferroviarias).

Finalmente, el presidente de Fenacore insiste en la necesidad de un desarrollo del reglamento para aplicar la Ley de Medidas Urgentes para la Sequía, de marzo, que contempla la posibilidad de que los regantes puedan firmar un contrato de temporada para los meses de máximo consumo y otro con una potencia mínima el resto del año para el mantenimiento de los equipos. Esta medida, asegura, les evitará pagar todo el año por un servicio que sólo utilizan durante la campaña de riego, lo que incrementaba injusta e innecesariamente el coste.

El PP, los consumidores de OCU y el sindicato UGT critican el bono social “provisional” e “insuficiente” que propone Ribera

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Europa Press.- Mientras la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que las medidas aprobadas por el Gobierno en materia de bono social energético «van en la buena dirección, pero se quedan cortas o muy cortas», ya que no llegan a todas las familias que realmente lo necesitan, el PP critica que, ante «una de las facturas eléctricas más grandes de la historia», la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, proponga una ampliación del bono social eléctrico como una solución «provisional«.

«Nos parece sorprendente que nos encontremos ante un decreto de ley provisional. Ante las enormes dificultades que pasan los españoles, con una factura eléctrica tan elevada, la solución que plantea el Gobierno es una solución provisional», ha apuntado el portavoz adjunto de los populares en el Congreso, Guillermo Mariscal, que ha criticado que Ribera no negociara con la oposición esta medida, a diferencia de su predecesor, Álvaro Nadal, que en su bono social estableció la figura de consumidor «extremadamente vulnerable«.

Por otro lado, el diputado popular cuestionó otras de las medidas aprobadas, como la suspensión del impuesto a la generación eléctrica del 7% a las compañías eléctricas o la eliminación del gestor de carga para facilitar la movilidad sostenible, pues el PP ya había presentado iniciativas en este sentido recientemente. «No hace falta que siga inventando cuando las soluciones ya están encima de la mesa», ha aseverado Mariscal, antes de ironizar que el Gobierno, «al no tener programa, se está fijando en los pasos que el PP había establecido previamente».

Por ello, ha recomendado a la titular de Transición Ecológica que «no hace falta que tenga trabajando a los servicios jurídicos del Ministerio» y que «se aproveche» de las iniciativas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. En todo caso, Mariscal ha instado al Gobierno a poner en marcha medidas para ejecutar los 50 millones de euros con los que cuenta en los Presupuestos de 2018, «de los que aún no ha movido ni un euro», para favorecer el uso de la movilidad sostenible, más los 16 millones que hay en las cuentas del Ministerio de Economía para esta cuestión.

Medidas “insuficientes” para la OCU

Por su parte, OCU cree que «el efecto de las medidas para mejorar la situación de las familias en precario es muy limitado». Así, valora que se modifiquen los límites de renta para acceder al bono social, «ya de por sí muy exiguos, pero en una cuantía insuficiente para llegar a todos aquellos que lo necesitan». Por otra parte, OCU considera de «forma positiva» la mayor facilidad de acceso al bono social dada a las familias monoparentales y las que tienen entre sus miembros dependientes de grado 2 y 3 pero ve «muy escaso» el incremento de los límites de consumo para el bono social y subraya que deberían desaparecer.

Respecto a la ampliación hasta final de año del plazo para que los antiguos beneficiarios del bono social se acojan al nuevo bono social, ve «un fracaso» que hasta la fecha solo 650.000 hogares se haya acogido al nuevo modelo, cuando en teoría alrededor de 1.800.000 hogares reunirían los requisitos para acceder al bono social. OCU pide un sistema automatizado de activación del bono social, ya que muchas familias en situación vulnerable desconocen su existencia.

En lo que respecta al nuevo bono social térmico, OCU no está de acuerdo en la financiación del mismo, que correrá a cargo del Estado y no de las empresas que comercializan la energía, ya que ve «injusto que sean los contribuyentes quienes hagan frente a los costes de esta tarifa y no las empresas que se benefician de un negocio regulado«. Finalmente, la asociación aplaude la eliminación del impuesto al sol, «que sin duda va a favorecer el desarrollo del autoconsumo en España y lo convertirá en una alternativa para muchos ciudadanos», así como la prohibición de la comercialización puerta a puerta de los servicios de gas y electricidad.

«Insuficientes» para la pobreza energética

Por otro lado, UGT ha denunciado que el paquete de medidas aprobado es «insuficiente» al considerar que siguen excluyendo a personas y familias en situación de pobreza y que «no pueden permitirse el mantenimiento adecuado de su vivienda». En concreto, el sindicato critica que el bono social solo se amplíe a familias monoparentales y que la prohibición de cortes de luz solo incluya a las familias con menores de 16 años o dependientes de grado 2 y 3, dejando fuera a las de grado 1.

Además, ha manifestado su disconformidad con la iniciativa de crear un nuevo bono social, el térmico, que se aplicará automáticamente al tener el bono social eléctrico, por «crear una mayor confusión». UGT prefería que se ampliase en vez de crear una nueva figura. Por todo ello, el sindicato considera fundamental una Estrategia Nacional contra la pobreza energética, donde se introduzcan medidas estructurales que permitan una actuación integrada para erradicar y prevenir situaciones de pobreza energética.

ATA pide reducir el IVA

Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha señalado que apoyan las medidas adoptadas para abaratar el recibo eléctrico aunque ha afirmado que «no es suficiente» y ha pedido reducir el IVA de la luz. En este sentido, Amor ha señalado que valoran todo aquello que signifique aliviar los costes energéticos que están sufriendo familias, autónomos y empresas».

No obstante, indicó que «la luz es un bien de primera necesidad y tiene que tener un IVA acorde a un bien de primera necesidad». «En estos momentos las empresas y los autónomos están sufriendo unos incrementos en el coste energético que van directamente a las cuentas de resultados», añade. A juicio del presidente de ATA, «no puede ser que España sea uno de los países donde los costes de producción se vean duramente castigados por los costes energéticos», por lo que «es evidente que hay que trabajar por reducir esos costes para ser competitivo».

Ribera suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica durante 6 meses y aprueba una exención del céntimo verde

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Europa Press.- El Gobierno, dentro del paquete de medidas recogidas en el decreto-ley aprobado para abordar, de forma urgente, la actual subida de los precios de la electricidad, ha decidido suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP, durante 6 meses, así como introducir una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde.

En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que el impacto de estas medidas en el recibo de la luz será de alrededor del 4% y supondrán «un alivio» para trabajar en medidas de más calado como la revisión del mercado eléctrico, la fiscalidad, «que es compleja y no es la óptima», así como el almacenamiento.

El Ministerio para la Transición Ecológica señaló que el «mal llamado» céntimo verde, pensado para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos, emite en el mercado una señal opuesta, ya que es trasladado a los precios de la electricidad cuando tecnologías como el gas a través de los ciclos combinados fijan los precios en el mercado mayorista.

Según el gabinete dirigido por Ribera, la evolución del mercado mayorista en un escenario de normalidad apunta a que, al final de 2018, la factura de la electricidad podría experimentar una subida del 3,6% respecto al ejercicio anterior. Para un hogar con un consumo de unos 2.600 kilovatios hora (kWh) anuales, la subida podría ser de 23,4 euros para el conjunto de 2018, según las expectativas de precio de mercado. En el caso de un hogar que consuma 3.600 kWh, la subida sería de unos 32,4 euros en todo el año. Con estas medidas fiscales, el Gobierno prevé ahorrar a los consumidores unos 6,2 euros y unos 8,5 euros según la cuantía de los consumos.

Para garantizar que los menores ingresos tributarios derivados de las medidas anteriores pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema eléctrico con la generación de déficit de tarifa, el Gobierno eleva para 2018 el límite máximo de los ingresos por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se transfiere al sistema eléctrico anualmente y que hasta ahora estaba establecido en el 90% del ingreso total, con un máximo de 450 millones anuales. Además, el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico podrá ser aplicado a los desajustes que se pudieran producir en 2018 y 2019.

Por otra parte, el Gobierno también ha adoptado medidas con el fin de impulsar el cumplimiento de los objetivos de penetración de energías renovables, fijados por la Unión Europea para 2020 en el 20%. Una de ellas será otorgar una prórroga excepcional, por una sola vez, para los permisos de acceso y conexión otorgados con anterioridad a la aprobación Ley 24/2013, en cuya ausencia caducarían el próximo 31 de diciembre. Mediante esta prórroga, hasta marzo de 2020, se posibilitará la entrada en funcionamiento en 2020 de los cerca de 9.000 megavatios (MW) de potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables y anteriores procedimientos, ya que, en la actualidad, apenas se han instalado 100 MW.

Con esta medida, se evita que deba remitirse una nueva solicitud, tramitación y otorgamiento, algo que impediría alcanzar los objetivos internacionales acordados por España, según considera el gabinete dirigido por Ribera. En la misma línea, se adoptarán medidas tendentes a evitar la especulación y asegurar la finalización de los proyectos con derechos de acceso a la red otorgados, elevando las garantías exigidas e imponiendo obligaciones de reporte del grado de avance de los proyectos, lo que redundará en unos menores costes y, en último término, menores precios para los consumidores.

Actuar sobre las cargas fiscales

Por su parte, Endesa considera una medida «razonable y positiva» para reducir los costes del sistema y beneficiar de manera directa a los consumidores la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Fuentes de la compañía recuerdan que, para bajar de manera sustancial los precios eléctricos, la vía «más eficaz» es actuar sobre las cargas fiscales que encarecen «notablemente las tarifas y no tienen relación con los costes del suministro».

En lo que respecta al bono social, la energética subraya que siempre ha considerado positivo su existencia para permitir el acceso al servicio eléctrico a los consumidores de rentas más bajas y señala que es también «favorable» a que se definan con rigor las condiciones para su aplicación, «sobre la base de procedimientos simples y eficaces, a fin de que se beneficien de él las familias que realmente lo necesitan».

Además, también recibe de «manera positiva» la intención de crear un marco «estable y duradero» que dé seguridad a su implementación. No obstante, la compañía se suma a quienes consideran que es una medida de política social y que, en consecuencia, «su financiación debe ser asumida por parte de los presupuestos públicos, como señalan diversos informes de expertos y de organismos de la Unión Europea».

En lo que se refiere a la derogación del conocido como impuesto al sol, Endesa afirma que no solo es muy favorable al desarrollo del autoconsumo, sino que ofrece a los consumidores soluciones comerciales de muy diverso tipo para promover su implantación. En todo caso, recuerda que «ese mal llamado impuesto» no afecta en ningún caso a los ingresos de la compañía por cuanto que, tras su eliminación, los costes regulados del sistema serán los mismos». Sin embargo, destaca que en la medida en que los clientes que tengan instalaciones de autoconsumo no asumirán la totalidad del pago de esos costes, «será el resto de los consumidores quien lo haga».