Ribera afirma que las medidas adoptadas convierten al país en el que más ha caído el precio de la electricidad

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que las medidas adoptadas por el Gobierno, junto con la caída desde máximos del precio del CO2, han permitido a España «pasar de ser el líder» en Europa en los incrementos en los precios de la electricidad a «ser el país, junto a los nórdicos, en el que más ha caído el precio mayorista en octubre».

En comparecencia en Comisión en el Senado, Ribera valoró así las medidas urgentes adoptadas por el Ejecutivo a principios de octubre para combatir la espiral alcista en el precio de la luz de los últimos meses, aunque subrayó que no es suficiente y que «hay que seguir trabajando» y adoptando «medidas de fondo». El recibo de la luz vio cortada en octubre la tendencia alcista de los últimos meses y se abarató por primera vez desde mayo, mitigando así las subidas de agosto y septiembre.

Ribera indicó que combatir el alza en el recibo de la luz ha sido «uno de sus primeros mensajes» desde que llegó al Gobierno ya que la electricidad limpia y eficiente tiene «un inmenso futuro», aunque es necesario mantener unos «precios razonables y evitar sobrecostes que dificulten el periodo de transición«. Así, subrayó que desde marzo se ha vivido una espiral alcista de «subidas muy importantes y continuas no previstas por el Gobierno anterior». «El señor Nadal dijo que iba a bajar el precio por sus medidas, pero se le olvidó que el CO2 era un factor que existía y que iba a incidir en el precio de la energía».

Concesiones de las centrales hidroeléctricas

Además, Ribera indicó que «en las próximas semanas» se presentará una propuesta que afectará a la prórroga de las concesiones de las centrales hidroeléctricas que expiran en estos años ya que el agua para generación eléctrica existe en «un volumen limitado» y es necesario pensar «en las condiciones más acordes al siglo XXI». La ministra, que no entró en más profundidad al respecto, subrayó que el objetivo debe ser el de «garantizar un cierto precio para consumidores vulnerables y una cierta capacidad de almacenamiento y moderación de precios medios con un potencial que es público«.

Ribera también destacó ese real decreto de medidas urgentes para la Transición Energética y la Protección de los Consumidores, aprobado el pasado octubre, como un primer conjunto de señales en el camino que se quiere tomar, con medidas como el fin del impuesto al sol o los ajustes para asegurar que España «llegue con los deberes hechos» en materia de energías renovables o la eliminación de trabas que impiden el despliegue de la movilidad eléctrica.

«En todo caso, la señal más precisa consiste en la adopción del marco estratégico que ha de conducirnos a un camino distinto en los próximos años, ese puente que hay que construir entre la realidad actual y la realidad que queremos en 2030«, subrayó, remarcando que estarán recogidas en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa del Gobierno.

Concretamente, estima que son «piezas claves, irrenunciables y engarzadas entre sí», que fijarán «objetivos claros y ambiciosos» para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 y 2030, con sendas de descarbonización para 2050 revisables cada 5 años, tanto para la economía en su conjunto como para cada uno de los sectores de emisión. Asimismo, insiste en la necesidad de realizar presupuestos quinquenales de carbono y elaborar un informe anual que describa en qué y cómo se ha aplicado el fondo de carbono cada año e integrar el análisis de compatibilidad climática en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, en las memoras de planes, programas y normativas e incluir criterios verdes «obligatorios» en la contratación pública.

El Gobierno, Carbunión y los sindicatos del carbón rubrican el acuerdo para garantizar una transición justa para el sector minero

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Europa Press.- El Gobierno, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) han rubricado el acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027.

El acuerdo ha sido firmado en un acto que ha contado con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, así como distintos miembros de los sindicatos y patronal del carbón. Ribera destacó que con este acuerdo se resuelve «la primera tarea urgente» que se encontró encima de la mesa cuando llegó al Gobierno.

«Hemos trabajado con los agentes sociales para dar cumplimiento a la normativa comunitaria, encontrando a la vez la mejor respuesta posible a las necesidades de los trabajadores y de las comarcas. Nuestro propósito ha sido no dejar a nadie atrás«, añadió la ministra, que subrayó además que el compromiso del Gobierno «es a largo plazo» y que esta firma es «solo el comienzo del diálogo».

Mientras, Valerio consideró que el acuerdo es «una demostración de que el diálogo social funciona», aunque siempre sea «muy difícil conseguir el 100% para todos«. «De la negociación entre los agentes sociales y la Administración se pueden y se deben extraer las soluciones necesarias. Desde este Gobierno, nos esforzamos por dar respuestas a la altura que necesita nuestra sociedad», reivindicó.

En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores, así como un fondo de 250 millones de euros, repartidos en 5 años (de 2019 a 2023), para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras. Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa. Estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas.

El acuerdo da así respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión del Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de finalizar 2018. De esta manera, el pacto actualiza las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Así, este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. Mientras, el resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad. En cualquier caso, los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización.

El acuerdo contó finalmente con la rúbrica también de la patronal Carbunión, a pesar de no compartir al 100% su contenido. «Hemos firmado pese a que no se recogen nuestros planteamientos de futuro y también porque tenemos el compromiso firme del secretario de Estado de Energía para seguir buscando la continuidad de las empresas que siguen explotando el carbón, pero como empresarios no aceptamos el final del sector», señaló el presidente de Carbunión, Pedro Iglesia. En la misma línea se mostró el secretario general de la Federación de Industria de USO, Pedro Ayllón, que destacó que se firmó «el mejor acuerdo posible, pero no el acuerdo que hubiera querido firmar».

Mientras, el secretario general de CCOO de Industria, Agustín Martín, valoró que este acuerdo supone «superar una época de incumplimientos de gobiernos anteriores y de abandono de los trabajadores» y garantizar una transición energética que «debe ser justa». Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de UGT, Pedro Hojas, destacó que el pacto representa «un comienzo, no el final de nada».

Las agencias humanitarias consideran reemplazar el combustible por la energía solar para abastecer a las explotaciones agrícolas

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Europa Press.- Las agencias humanitarias están considerando reemplazar el combustible por la energía solar, ya que consideran que es barato y difícil de robar, además de ser una fuente de energía ideal en muchas zonas de guerra y de desastre. Si bien la tecnología no ha avanzado lo suficiente como para hacer viable un cambio completo, algunos proyectos solares ya están en marcha en el campo y los trabajadores esperan que muchos más los sigan.

«El suministro es demasiado fácil de cortar. Hay muchas malas prácticas para ganar dinero con combustible «, ha señalado Andy Bastable, jefe de proyectos de agua y saneamiento de Oxfam. El combustible se puede usar como un arma, puede ser robado por milicianos, vendido en el mercado negro, o debe ser trasladado a grandes distancias para llegar a los campamentos fuera de la red de suministro, lo que aumenta los precios para el sector humanitario. Sin embargo, el sol brilla en las zonas donde trabajan.

«En el 90% de los casos, estamos actuando en lugares donde hay un suministro solar abundante», ha manifestado Per-Erik Eriksson, un ingeniero de la organización sin fines de lucro Médicos Sin Fronteras (MSF). «Para evitar desafíos logísticos y, con el tiempo, ahorrar costes, la energía solar sería una muy buena solución en la mayoría de nuestros proyectos«, ha aseverado. Las renovables, como la energía solar, son clave para reducir las emisiones que afectan al clima y para mantener el aumento de la temperatura de la Tierra a 1,5 grados centígrados.

Según un informe del Panel Intergubernamental de la ONU sobre el Cambio Climático, la energía renovable tendría que suministrar entre el 70% y el 85% de la electricidad para 2050 para mantener la temperatura, en comparación con el 25% actual. Para el ingeniero Talal Kanaan, el despliegue de aproximadamente 500 paneles solares en 2017 para alimentar a los hospitales en Siria fue la manera lógica de mantener en funcionamiento el sistema sanitario del país. «El papel de la energía solar era aumentar la resistencia del sistema sanitario», afirmó Kanaan, fundador de Syria Solar, parte de la coalición de médicos UOSSM.

La red eléctrica de Siria ha sufrido un gran golpe después de 7 años de guerra, dejando a los hospitales dependientes de generadores de diésel y a merced de la escasez de combustible. «Los precios y la disponibilidad de combustible son volátiles. Ese es el problema: la fuente proviene de una zona que está en conflicto o al otro lado de la línea de fuego», recalca Kanaan. Según Kanaan, el sistema solar puede alimentar completamente una unidad de cuidados intensivos, salas de operaciones y departamentos de emergencia durante hasta 24 horas sin diésel, que supone entre el 20% y el 30% del precio energético del hospital. Además ahorraría alrededor de 7.000 litros de diésel mensuales.

Eriksson, de MSF, ha afirmado que hay una gran necesidad de utilizar la energía solar en emergencias, especialmente en zonas rurales que no están conectadas a la red. Eriksson, que ha trabajado en zonas remotas del Congo en proyectos de energía renovable, ha asegurado que entregar combustible era a menudo la parte más costosa. Muchos grupos humanitarios admiten que un cambio completo a una energía más limpia podría llevar años.

Las agencias humanitarias aún dependen en gran medida de los generadores de diésel, según Alain Oppliger, asesor de desarrollo sostenible del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). «Las fuentes de energía renovable, como los paneles solares, requieren tiempo para instalarse. Cuando se necesita energía inmediatamente en una emergencia, los generadores que funcionan con combustible siguen siendo la mejor opción«, ha recalcado Oppliger. Muchos locales de la comunidad ya saben cómo usar los generadores tradicionales que funcionan con combustible, pero la implementación de la energía solar necesitaría un conocimiento especializado.

Sin embargo, uno de los mayores obstáculos es almacenar el exceso de energía renovable en baterías lo suficientemente grandes, según varias agencias humanitarias. «La tecnología no se ha desarrollado mucho, es la última frontera», afirma Bastable de Oxfam. «Si pueden llegar a algún tipo de innovación sobre cómo almacenar mejor la energía, las energías renovables se volverán mucho más atractivas».

Energía compromete un incentivo «adecuado» para mantener las plantas de cogeneración actuales más allá del final de su vida regulatoria

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Europa Press.- El Gobierno trabaja en un plan que garantice «un nivel adecuado de incentivo» para mantener las instalaciones de cogeneración actuales mientras se establecen unos mecanismos para la renovación de las plantas que vayan alcanzando el final de su vida regulatoria, según el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. En este sentido, Domínguez señaló que se tendrá «especial interés» en la renovación de las plantas de cogeneración en aquellas instalaciones que «maximizan la eficiencia y mitigan el impacto ambiental«.

La cogeneración lleva pidiendo desde hace años un marco normativo que facilite implementar una hoja de ruta para el sector con el fin de acometer las inversiones necesarias para la renovación tecnológica de sus instalaciones a través de un plan renove. Domínguez, que subrayó que la cogeneración «ha jugado un papel importante en el camino recorrido hasta ahora en la transición energética» y considera que debe «jugar un papel interesante en este tiempo de cambios rápidos», indicó que las reformas abordadas por el Gobierno del PP «contuvieron» la inversión en la cogeneración, lo que está materializándose en «una reducción progresiva de las instalaciones en funcionamiento«.

Asimismo, afirmó que afecta a más de 1.000 megavatios (MW) de cogeneración de los 6.500 MW que se instalaron. «Somos conscientes de que hay un envejecimiento de instalaciones que se aproximan al final de su vida útil. Por lo tanto, somos conscientes de que debemos actuar», añadió Domínguez, que subrayó que la factura de la cogeneración para el sistema eléctrico asciende a unos 1.000 o 1.200 millones de euros anuales, que podrían mantenerse si no se reduce el número de plantas. «El objetivo del Gobierno es mantener las instalaciones», sentenció.

Por otra parte, el secretario de Estado señaló que las subastas han provocado una reactivación de las renovables, lo que ha llevado a que en el primer semestre de este año las inversiones en el sector hayan ascendido a unos 1.200 millones de euros. Por ello, consideró que estamos «en un momento de recuperación de una situación que nunca debimos perder», por lo que apostó por el desarrollo de un marco regulatorio «sólido y estable» que regule esta transición energética.

En este sentido, Domínguez recordó que el Gobierno se comprometerá con una hoja de ruta a 2030, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que remitirá a Bruselas antes de finalizar 2018, para instalar 5.000 MW al año hasta 2030, con el objetivo de alcanzar el objetivo de una generación eléctrica del 70% renovable al final de ese periodo, lo que «nos obliga a la instalación del orden de 50 gigavatios (GW)», indicó.

EDP Renovables no descarta explorar con Repsol nuevas oportunidades en renovables fuera de sus mercados tradicionales

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Europa Press.- EDP Renováveis no descarta explorar más oportunidades con Repsol como aliado fuera de sus considerados mercados tradicionales, según indicó el consejero delegado de la filial renovable, Joao Manso Neto. En este sentido, el directivo señaló que estas oportunidades podrían encontrarse en países como Japón o Francia, «fuera de los mercados tradicionales» de ambas compañías y con aguas profundas donde es «muy complicado desarrollar onshore«.

Manso destacó que Repsol es un socio de EDP Renováveis desde hace años, habiendo ya sido aliados en Reino Unido en el pasado, y con quien tienen «una relación de cooperación en renovables». «La relación con Repsol es antigua y consistente», apuntó. EDP Renováveis y Repsol han lanzado el mayor parque eólico flotante del mundo, Windfloat Atlantic, un proyecto con una capacidad de 25 megavatios (MW) que está situado en aguas de Portugal y cuya inversión inicial ha ascendido a unos 125 millones de euros.

La filial verde del grupo luso EDP es el accionista principal del proyecto, con una participación del 79,4%, mientras que Repsol tiene un 19,4% y Principle Power posee el 1,2% restante. Concretamente, el proyecto acelerará el despliegue comercial de una tecnología innovadora, WindFloat, que permite aprovechar la abundancia de recursos eólicos en aguas profundas, donde no es posible instalar cimientos en el lecho marino. En línea con el desarrollo de este tipo de proyectos eólicos flotantes, EDP Renováveis está estudiando también aspirar a un proyecto en California (Estados Unidos) de más de 100 megavatios (MW).

Por otra parte, Manso apostó por los contratos de compraventa de electricidad (PPA) como camino para impulsar el desarrollo de las renovables en España. «Apostamos más por los PPA en España que por subastas», puntualizó. De esta manera, consideró que el modelo de regulación en España se debe basar más en subastas a precio fijo y no en una regulación «que nos parece muy complicada». Asimismo, el consejero delegado de EDP Renováveis valoró al nuevo Gobierno como «más proclive a las renovables» y reconoció su apuesta por impulsar el autoconsumo.

Ribera y el sindicato UGT califican de «importantísimo» el acuerdo alcanzado para el sector de la minería del carbón

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Europa Press.- UGT Fica considera que el preacuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para el futuro de la minería del carbón y las comarcas mineras es «razonable y positivo» para lograr una transición justa para el sector para el periodo 2019-2027. Asimismo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calificó de «importantísimo» el acuerdo alcanzado.

Ribera indicó que, a pesar de que desde hace años se conocía que el final de 2018 era una fecha clave para el sector, «no se había trabajado» en organizar el proceso. «A 3 meses vista del cierre no había un marco claro sobre cómo acompañar a los mineros y ofrecer en las comarcas alternativas viables con esa actividad», apuntó. Para Ribera, «engañarse sobre el marco era mirar para otro lado», ya que el principal perjudicado siempre «es el más vulnerable, el trabajador, que descubre que le han engañado», subrayó.

La ministra destacó que el acuerdo con los sindicatos permite la jubilación «en las mejores condiciones posibles» y, en lo que respecta a la formación profesional, «se cualifica para otras actividades energéticas e industriales, fuera de la minería». Además, indicó que se creará un «contrato de transición justa para que en aquellas comarcas en las que hay una especial concentración de esta actividad se vayan generando actividades industriales que permitan dar viabilidad económica y la gente no tenga que salir».

UGT, satisfecha con el acuerdo

Por su parte, el sindicato valora que en el preacuerdo se haya conseguido que «no haya salidas traumáticas en el sector» y que se reconozca «una discriminación positiva de las comarcas mineras en materia de reactivación«. El Gobierno, con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, y los sindicatos UGT Fica y CCOO de Industria alcanzaron un principio de acuerdo que da futuro al carbón más allá de 2018.

El principio de acuerdo abarca un ámbito temporal para el periodo 2019-2027, si bien a cada línea de ayudas, y en función de sus características, le corresponde un marco diferente de vigencia. Así, las medidas excepcionales para las empresas van hasta el año 2025 y las medidas en materia de reactivación se extienden hasta el año 2027, siendo hasta 2023 las medidas para la restauración.

Además, el plan social acordado va dirigido a trabajadores de una edad equivalente avanzada de 48 años, con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda o 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. También pueden acceder los trabajadores con 20 años trabajados en algunas empresas mineras, con diferentes reducciones, según el ámbito temporal.

Empleo en actividades de restauración

Mientras, los trabajadores afectados por el cierre de empresas y que no tengan derecho a prejubilación podrán optar por la recolocación en aquellas empresas que continúen después de 2018. Además, para los trabajadores excedentes, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) articulará con las comunidades autónomas su participación prioritaria en las actividades de restauración que se faciliten con las ayudas previstas.

En lo que respecta a la línea de medidas dirigidas a la reactivación económica y desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y bienestar social, conllevan ayudas económicas destinadas a financiar nuevas instalaciones empresariales y a ampliar las existentes, así como la puesta en marcha de un plan de acción urgente para las mismas.

En un afán de recuperar la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) los sindicatos han pactado con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo (IRMC) su recuperación convencidos de aprovechar su doble vertiente, la tecnológica y la de potenciación de la actividad económica, destinada a jugar un papel determinante cómo agente de desarrollo territorial. Para ello se pondrá a la Ciuden al servicio del proceso de transición energética justa.

El ATI de la central nuclear de Almaraz alojará en diciembre su primer contenedor y se saturará en unos 5 años

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Europa Press. – El Almacén Temporal Individualizado (ATI) que la Central Nuclear de Almaraz ha construido en sus instalaciones se encuentra «en proceso de carga del primer contenedor», que se prevé que en diciembre de este año pueda estar alojado en su posición final en el nuevo recinto, que dará un plazo de cinco años a la planta cacereña hasta su saturación.

Así, este almacén cuenta ya con todos los permisos necesarios, después de que el pasado 4 de julio de 2018 recibiera la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear, y el 27 de julio, del Ministerio de Transición Ecológica. El nuevo ATI de Almaraz tiene capacidad de veinte contenedores de 32 elementos de combustible cada uno, por lo que una vez que comience a albergar contenedores, ofrecerá a la Central Nuclear «un margen de cinco años», que es lo que tardaría en saturarse de contenedores de combustible gastado.

De esta manera lo ha explicado el director de la Central Nuclear de Almaraz, Rafael Campos Remiro, a preguntas de los periodistas en Navalmoral de la Mata, en la que ha explicado que la planta va a ser «pionera» en cargar el modelo de contenedor ENUN 32P, un proceso en el que van «con tranquilidad», ya que «esta primera carga es importante porque marcará el resto de futuras cargas de contenedores».

En su intervención, Rafael Campos ha explicado que las próximas cargas de contenedores en el ATI se realizarán «a lo largo del año que viene» una vez que se vayan realizando las recargas de combustible de los reactores I y II de esta planta cacereña, tras lo que ha señalado que cada recarga supondrá llenar dos nuevos contenedores de combustible.

«Eso nos da en el ATI un margen de cinco años», ha calculado el director de la Central Nuclear de Almaraz, quien ha destacado que por tanto la planta cacereña podrá «continuar perfectamente» con su actividad durante este tiempo, «con independencia» de que se construya el Almacén Temporal Centralizado (ATC) que estaba proyectado en Villar de Cañas, y que «desde luego cae fuera de nuestro ámbito».

Finalmente, y en caso de que la Central Nuclear de Almaraz siguiera funcionando más allá de los cinco años que da de plazo el ATI hasta que se sature, y no estuviera construido el ATC, entonces se plantearía «una ampliación» del Almacén Temporal Individualizado, ha destacado Campos.

 

Cualquier escenario para Almaraz

La Central Nuclear de Almaraz está «preparada para cualquier escenario» a la espera de que las empresas propietarias de la planta tomen la decisión de solicitar o no la renovación de su licencia de explotación, para lo que tienen de plazo hasta el 31 de marzo de 2019.

Así lo ha expresado, en otro orden de cosas, Campos Remiro. También ha explicado que desde la planta están «trabajando intensamente, todo el equipo, para operar de forma segura y fiable», y están «preparando el dossier documental» sobre la revisión periódica de seguridad.

Aún así, Campos ha reiterado que «el solicitarla o no solicitarla es un aspecto que nuestras propietarias tomarán en su momento la decisión», que son Iberdrola, con una participación del 52,68 por ciento, Endesa (36,02%) y Naturgy (11,29%).

«Nosotros desde luego en la Central Nuclear de Almaraz estaremos preparados para cualquier escenario que se pueda plantear en el futuro», ha reafirmado el director de la planta.

Por otro lado, el director de la Central Nuclear de Almaraz ha asegurado que se ha celebrado la reunión que se mantiene periódicamente con los alcaldes de la zona de influencia de la planta, quienes les transmitieron sus «preocupaciones».

Según el director, uno de los asuntos tratados en este encuentro fue la contratación de personal para la próxima recarga de combustible, que comenzará el próximo 29 de octubre para la Unidad I, y ante la que la Central Nuclear prevé que «gran parte» de las 1.200 personas adicionales que se contratan sean de la comarca.

Además, cabe destacar que recientemente se ha convocado la primera asamblea para la creación de la Plataforma ‘Almaraz no se cierra’ para exponer «propuestas enfocadas a promover la prórroga de la actividad» en esta planta nuclear, según se recoge en la convocatoria.

 

Un informe de EAE Business School asegura que el precio de la electricidad en España ha aumentado un 26% desde 2010

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Europa Press. – El precio de la electricidad en España ha aumentado un 26% respecto a 2010, marcando un aumento promedio anual de aproximadamente un 4%, según el informe ‘El precio de la electricidad en el ámbito residencial’ publicado por EAE Business School.

El estudio asegura que en Europa, el precio de la electricidad se ha incrementado pasando de los 0,18 euros por kilovatio hora (kWh) en 2010 a los 0,21 euros en 2017, lo que supone un aumento aproximadamente del 20%. En este periodo, el peso de las tasas e impuestos en el precio final de la electricidad ha pasado del 31% al 43,5%.

En este sentido, Alemania es el país europeo con la electricidad más cara, alrededor de 0,30 euros por kWh, de los cuales el 54% corresponde a impuestos, seguido de Bélgica, donde la carga impositiva de la electricidad llega hasta el 68%.

En lo que respecta a España es el sexto país de Europa con la electricidad más cara, con un precio de 0,21 euros por kWh, de los cuales el 17,6% corresponde a impuestos.

Si hablamos del pasado año 2017, el precio de la electricidad se comprendía en un 28% del componente de generación de electricidad, en un 30% por el transporte y el 42% restante por costes de comercialización de impuestos y tasas.

El estudio de EAE Business School también confirma que el sistema eléctrico español está sufriendo un incremento progresivo en sus precios por varios motivos, entre los que se encuentran la importancia de los costes de comercialización y otros recargos, así como algunos desajustes en la capacidad de generación, «donde se está produciendo un choque entre la capacidad real de producción renovable con su disponibilidad real».

Así, el profesor Miguel Morales, autor del estudio, cree que los mayores retos a los que se enfrenta el sistema eléctrico español son la descarbonización de la producción, que necesita de su sustitución por tecnologías de producción controlables y estables, factores que no pueden ser proporcionados por las fuentes renovables principales (eólica); y la mejora de la interconexión con otros países que permitiría conseguir una mayor eficiencia del sistema.

De la misma manera, el estudio destaca que, a pesar del incremento de capacidad instalada de las energías renovables, con la eólica en un 10% y la solar fotovoltaica en un 31%, su peso «todavía es muy poco relevante».

El Ministerio y los sindicatos alcanzan un preacuerdo para lograr una transición justa de la minería del carbón hasta 2027

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica, CCOO de Industria y UGT FICA alcanzaron un preacuerdo para lograr una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027. Eso sí, a cada línea de ayudas, y en función de sus características, le corresponde un marco diferente de vigencia. Así, las medidas excepcionales para las empresas van hasta el año 2025 y las medidas en materia de reactivación se extienden hasta 2027.

Además, se ha acordado un Plan social dirigido a trabajadores de edad equivalente avanzada de 48 años, con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda o 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, pudiendo también acceder al mismo los que, con 20 años trabajados en empresas mineras de anexo, con diferentes reducciones, según el ámbito temporal: (20 años el 10%, 21 el 8%, 22 el 6%, 23 el 4% y 24 el 2%).

Aquellos trabajadores afectados por el cierre de empresas y que no tengan derecho a prejubilación podrán optar por la recolocación en aquellas empresas que continúen a partir del 31 de diciembre de 2018 y a tales efectos de recolocación de los trabajadores prevista en este acuerdo, se considerarán excedentes a aquellos trabajadores que hayan prestado servicio en empresas auxiliares (contratas y subcontratas) de las mineras.

Para estos trabajadores excedentes se articularán con las comunidades autónomas su participación prioritaria en las actividades de restauración que se faciliten con las ayudas previstas, en la normativa que se establezca para apoyar los proyectos de rehabilitación contenidos en el Plan para la Restauración de explotaciones en comarcas mineras 2018- 2023, dentro del Plan de Acción Urgente en Transición Justa, y se establecerá como uno de los criterios prioritarios para acceder a la financiación pública la recolocación de estos trabajadores.

La línea de medidas dirigidas a la reactivación económica y desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y bienestar social conllevan ayudas económicas destinadas a financiar nuevas instalaciones empresariales y a ampliar las existentes, así como el desarrollo de un Plan de Acción Urgente para las Comarcas Mineras. Dicho Plan contemplará actuaciones de restauración de explotaciones, de desarrollo de energías renovables y transición y la elaboración de contratos de transición justa para comarcas afectadas por el cierre de las minas con el objetivo de crear y fijar en empleo a medio y largo plazo.

En materia formativa y a fin de facilitar la búsqueda de nuevos empleos en los distintos ámbitos industriales y energéticos se acuerda la puesta en marcha de un Plan de formación dirigida hacia las necesidades tengan las nuevas industrias y proyectos empresariales que se vayan a implantar en las comarcas afectadas. En sus servicios de empleo correspondiente se les asignará un orientador que trabajará con los trabajadores excedentes del sector.

En un afán de recuperar la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) los sindicatos han pactado con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo (IRMC) su recuperación convencidos de aprovechar su doble vertiente, la tecnológica y la de potenciación de la actividad económica, destinada a jugar un papel determinante cómo agente de desarrollo territorial. Para ello se pondrá a la Ciuden al servicio del proceso de transición energética justa.

Finalmente, el acuerdo incluye que Hunosa por sus especiales características y su particular relevancia en el sector y en la Cuenca Central Asturiana, estará sujeta a su propio Plan de Empresa, con características propias en materia de Plan Social y compromisos específicos en el ámbito de la reactivación de las comarcas mineras de la Cuenca Central Asturiana y su transición a un nuevo modelo económico.

Desde UGT han destacado su «defensa inequívoca» del carbón autóctono «como parte de nuestro mix energético» y han insistido en ello hasta «pactar con el IRMC que mas allá de 2018 y allí donde la generación eléctrica basada en el carbón se mantenga, se promoverá el uso del carbón autóctono para favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a la minería competitiva».

Siemens Gamesa reorganiza su cúpula ante una nueva fase de su plan estratégico y nombra presidente a Miguel Ángel López

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Europa Press.- Siemens Gamesa decidió reorganizar su estructura organizativa dentro de una nueva fase de su plan estratégico, que supone también el nombramiento de Miguel Ángel López como nuevo presidente no ejecutivo del grupo, relevando en el cargo a Rosa García, que ha presentado su renuncia voluntaria.

El fabricante de aerogeneradores señaló que esta reestructuración se enmarca «en la siguiente fase de su plan estratégico hacia el liderazgo global, ajustando su equipo directivo y su estructura organizativa para responder mejor al entorno dinámico del mercado«. El consejero delegado de Siemens Gamesa, Markus Tacke, señaló que 18 meses después de la fusión hemos concluido la primera fase de nuestro plan estratégico, «centrada en fusionarse y estabilizar la compañía».

«Hemos alcanzado importantes logros tanto en nuevos negocios, como en la integración. En esta nueva fase, nos centraremos en maximizar las economías de escala y crear las bases para una rentabilidad sostenible. Estos cambios fortalecerán la organización para afrontar los desafíos que tenemos. Estoy convencido de que son los pasos adecuados para garantizar el éxito futuro de la compañía», indicó.

El fin de Rosa García

Así, el consejo de administración de Siemens Gamesa ha nombrado a Miguel Ángel López, actual director general financiero (CFO), nuevo miembro y presidente no ejecutivo del órgano rector con efecto a partir del 1 de diciembre. Sucede en el cargo a Rosa García, que ha dejado el grupo Siemens y buscará nuevos retos después de 7 años. López también relevará a García al frente de Siemens en España. Tacke dio las gracias a García «por su dedicación y por los logros conseguidos desde la fusión, guiando a la compañía en esta compleja integración» y se mostró convencido de que López seguirá contribuyendo de «forma significativa al éxito» de Siemens Gamesa.

Además, el consejo de administración de Siemens Gamesa ha designado a David Mesonero como nuevo director financiero (CFO), también efectivo a partir de diciembre. Como director de Desarrollo Corporativo, Estrategia e Integración, Mesonero ha gestionado la integración y ha contribuido al desarrollo del plan estratégico. El grupo, participado en 59% de su capital por Siemens y en un 8% por Iberdrola, también ha decidido introducir la figura del director general de Operaciones (COO) con el objetivo de afrontar mejor los retos actuales y futuros del mercado y reforzar los esfuerzos de reducción de costes. Este nuevo cargo directivo tiene por objetivo impulsar la eficiencia en todas las áreas de negocio.

Mientras, Ricardo Chocarro, consejero delegado (CEO) del negocio Onshore, dejará Siemens Gamesa después de una trayectoria de 19 años en la compañía. Por su parte, Mark Albenze, consejero delegado (CEO) del negocio de Servicios, ocupará de forma interina el cargo de CEO Onshore de forma adicional a su responsabilidad actual. El consejero delegado de Siemens Gamesa, Markus Tacke, se mostró convencido de que el nuevo equipo directivo y la nueva estructura organizativa «son la respuesta adecuada al entorno dinámico actual».