La AEE asegura que la alta generación eólica en octubre ha contribuido a reducir la tarifa eléctrica un 5,3%

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Europa Press. – La alta generación eólica en el pasado mes de octubre ha permitido contribuir a un ahorro en la tarifa eléctrica PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) del 5,3% con respecto al mes anterior, según datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

Específicamente, el viento registró una cifra récord de producción para un mes de octubre, con 4,33 teravatios hora (TWh), contribuyendo a contener el precio del mercado eléctrico mayorista, que ha pasado de 71,27 euros por megavatio hora (MWh) en septiembre a 65,08 euros por MWh en octubre.

De esta manera, la eólica, que ha pasado de cubrir un 12,2% de la demanda total peninsular en septiembre a un 20,6% en octubre, ha contribuido a esa disminución del 8,7% en el precio del ‘pool’. En cuanto a las emisiones mensuales de CO2 del sector eléctrico han sido las más bajas desde 2010 para un mes de octubre.

 

Islas Canarias

Por otro lado, en las Islas Canarias, las nuevas instalaciones eólicas que se han puesto en marcha entre 2017 y lo que va de 2018 han contribuido a que el viento haya batido récords de generación.

En las islas afortunadas a finales de julio, ya se había superado la producción anual del año pasado, registrando en ese mismo mes un nuevo máximo de generación mensual, con un 12,5% de cobertura de la demanda Canaria, superando por primera vez el umbral del 10% mensual. Además, durante varios días de ese mes se superó el 15% de cobertura de la demanda, con un máximo del 16,2% el 15 de julio.

En el mismo sentido, hasta finales de octubre se ha conseguido cubrir un 7,4% de la demanda en las islas con el viento, frente al 4,5% del mismo periodo – enero-octubre – del año pasado.

La CNMC propone recortar la retribución de redes eléctricas al 5,58% y de renovables al 7,09% para el período 2020-2025

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Europa Press.- Las compañías eléctricas consideran que la retribución para las redes que propone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «es insuficiente” después de que el organismo regulador haya propuesto una tasa de retribución para el periodo regulatorio 2020-2025 del 5,58% para las actividades de transporte y distribución de electricidad y del 7,09% para la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Esta propuesta supondría un recorte del 14,15% con respecto a la retribución actual del 6,5% para los negocios de redes y generación extrapeninsular y un 5,5% menos con respecto al 7,5% vigente para las renovables. No obstante, representa un recorte menor para estas actividades respecto a la propuesta inicial que había planteado el regulador cuando sacó a consulta pública su metodología, que dejaba la retribución a las redes en el 5,47% y a las renovables entre el 7,04% y el 7,18% para ese segundo periodo.

La principal novedad de la propuesta de la CNMC es que la metodología seguida se basa en el coste medio ponderado del capital (WACC en inglés), que es la metodología más comúnmente aplicada por los reguladores europeos dentro del ámbito de sus competencias para establecer la tasa de retribución de las actividades reguladas del sector energético. Competencia señala que la metodología propuesta es «consistente, reproducible y ampliamente utilizada, y proporciona tanto estabilidad regulatoria como seguridad jurídica a empresas y consumidores».

La metodología WACC refleja la realidad de los mercados de capital donde las empresas reguladas encuentran su financiación. Es decir, el WACC garantiza una rentabilidad razonable para que los proveedores de capital aporten sus fondos para la financiación de la actividad regulada. La utilización de esta metodología WACC, frente a la que fue establecida en la reforma eléctrica de 2013 de ligar la rentabilidad razonable para estas actividades al bono del Tesoro a 10 años más un diferencial de puntos básicos, ha sido bien recibida por la mayoría del sector.

Además, la CNMC indicó que esta metodología se adapta a los requisitos establecidos en la normativa sectorial para el cálculo de la tasa de retribución financiera; como son la duración del periodo regulatorio, la base de activos sobre la que aplica, una similar tasa para todas las sociedades que realizan la actividad, una similar tasa para las distintas tecnologías de generación, etc. Asimismo, en el caso de las redes, la regulación sectorial establece, entre otras cuestiones, que se debe considerar el coste de financiación de las empresas transportistas y distribuidoras comparables eficientes y bien gestionadas.

La CNMC lanzó a consulta pública en julio esta propuesta de metodología, con carácter previo a su aprobación y que respondía a la solicitud de informe realizada por el secretario de Estado de Energía, recibiendo en ese periodo un total de 38 documentos de alegaciones de empresas del sector energético, asociaciones empresariales y administraciones públicas. La CNMC indicó que estas alegaciones «han sido analizados y sus consideraciones tenidas en cuenta en la elaboración de la versión final de esta metodología».

Insuficiente para la patronal eléctrica

Por su parte, AELEC, la patronal centrada en las actividades reguladas que agrupa a las 5 principales compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo), considera que la retribución del 5,58% propuesta por la CNMC para las actividades de distribución de energía eléctrica a partir de 2020 «se aleja de los valores aprobados por los reguladores europeos y es insuficiente».

Fuentes de AELEC indicaron que el diferencial con respecto al bono del Estado se sitúa casi un 20% por debajo de la media de los países del entorno por lo que, si se consolide esta propuesta, «España competirá en inferioridad de condiciones para obtener los fondos e inversiones necesarios para la transición energética«. No obstante, la patronal valoró la metodología propuesta por el regulador, basada en el WACC, ya que es la que emplean casi todos los reguladores europeos y «se ajusta a un proceso ortodoxo de cómo debe fijarse la tasa financiera de rentabilidad».

AELEC subrayó que la transición energética necesita «un fuerte esfuerzo inversor en redes durante la próxima década», en el que la distribución va a jugar «un papel esencial» actuando como facilitador de este proceso de transición. Por ello, consideró que la contribución de las redes eléctricas de distribución será «crucial» para fomentar la electrificación de la economía y alcanzar los compromisos de descarbonización para 2030 y para 2050. Así, recordó que la distribución es una actividad intensiva en capital y con largos periodos de recuperación de las inversiones, «por lo que sin una rentabilidad suficiente, capaz de atraer el capital necesario para acometer dichas inversiones, será más difícil afrontar con éxito los retos y oportunidades futuras para descarbonizar la economía».

El CSIC desarrolla un método para analizar la eficiencia de los materiales orgánicos para dispositivos fotovoltaicos

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Europa Press.- Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado un nuevo método de análisis que evalúa la eficiencia de los materiales orgánicos para dispositivos fotovoltaicos. El nuevo método desarrollado por el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB) evalúa los materiales y optimiza su eficiencia de una forma 50 veces más rápida que los métodos convencionales. El estudio se publica en Advanced Electronic Materials.

El director de la investigación, Mariano Campoy-Quiles, ha destacado que los materiales orgánicos tienen «un enorme potencial» para ser el ingrediente principal en tecnologías de energía limpia de bajo coste. «En particular, estos materiales se están investigando para ser la capa activa en dispositivos que convierten la luz o el calor en electricidad, es decir, tecnologías fotovoltaicas y termoeléctricas», ha explicado. El nuevo método analiza con más rapidez y fiabilidad los materiales orgánicos que son aptos para ser empleados en estos dispositivos fotovoltaicos y termoeléctricos.

Campoy-Quiles, ha señalado que, por ejemplo, la fabricación de células solares orgánicas lleva entre días y unas pocas horas (si se procesa en paralelo), mientras que en medir su eficiencia se tardan solo minutos. El estudio cuenta con financiación del Ministerio de Economía a través del Programa Severo Ochoa para Centros de Excelencia en I+D y por el proyecto del Consejo Europeo de Investigación (ERC) Finding a needle in a haystack: efficient identification of high performing organic energy materials (FOREMAT).

La factura de la luz se encarece un 4,2% en octubre

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Redacción / Agencias.– Un consumidor doméstico medio pagó 75,1 euros en su factura de la luz de octubre, por lo que esta factura se incrementó en un 3,2% respecto a los 72,07 euros de octubre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 3,03 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 75,1 euros abonados en los 31 días de octubre del 2018, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de octubre, 43,67 euros obedecen al consumo, 3,02 euros al impuesto eléctrico y 13,03 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

En el caso del precio medio del mercado eléctrico español, el conocido como pool, el nivel de octubre es un 14% más caro que los 56,77 euros por MWh de media que marcó hace un año. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El mercado mayorista funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para todas.

El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Para contrarrestar la espiral alcista de la luz en los últimos meses, el Gobierno aprobó en octubre un real decreto de medidas urgentes que contempla, entre otras medidas, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

Por ello, la factura de la luz de octubre bajó un 3,59% respecto al mes anterior, septiembre, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,42 euros en octubre respecto a los 2,51 euros de septiembre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. De esta forma, el recibo eléctrico corta la espiral alcista que le había llevado a encadenar 6 meses consecutivos de subidas.

Con esta subida interanual en octubre, el recibo de la luz cerró los primeros diez meses del año con una subida del 2,54% con respecto al mismo periodo de 2016. La subida de precios en octubre ha contribuido a que el recibo de los diez primeros meses del año se haya situado en 701,11 euros, 17,35 euros más frente a los 683,76 euros en el mismo periodo del 2017. En los primeros diez meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 150,82 euros por el término fijo, de 400,43 euros por el consumo, de 28,18 euros por el impuesto de electricidad y 121,68 euros por el IVA.

Castilla y León aprueba la ley que gravará los residuos de Garoña con críticas de Ecologistas en Acción

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Europa Press.- Ecologistas en Acción advierte de que el impuesto a Garoña «no protege el medio ambiente» después de que el PP fuera el único grupo con representación en las Cortes de Castilla y León que ha respaldado la Ley que regula el impuesto que gravará los residuos de la central nuclear de Garoña tras su cierre con el objetivo de recaudar unos 15 millones de euros para reinvertirlos en la zona. PSOE y Ciudadanos votaron en contra mientras Podemos e IU se abstuvieron.

En concreto, la Ley se ha aprobado después de que se aceptara una enmienda de Podemos a través de la que se endurecía la penalización por residuos para ampliar la recaudación de los 10 millones de euros iniciales a los 15 previstos ahora. La norma se ha aprobado con el rechazo del PSOE ya que, como ha explicado la procuradora Virginia Jiménez Campano, se trata de impuesto que supone un «escarnio» ya que, como ha asegurado, será declarado inconstitucional porque grava únicamente el almacenamiento, algo que «el Estado ya grava».

Pataleta de la Junta autonómica

«Se trata de una pataleta de la consejera que se ha quedado con el culo al aire en relación a Garoña, tras años defendiendo su mantenimiento va Nuclenor y por razones económicas decide cerrarla«, ha señalado, tras lo que ha insistido en que la Junta, después de negarse a gravarla por razones medioambientales, plantean ahora un impuesto por dejar de producir. Sin embargo Jiménez Campano ha asegurado que el impuesto planteado es «una cortina de humo» porque la Junta sabe «que no va a recaudar ni un solo euro». «Es el peor impuesto de la historia autonómica y nace sin respaldo«, ha lamentado, tras lo que acusó a Podemos de ser «cómplice» de esta situación.

El procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, cuyo grupo también ha votado en contra del impuesto, ha señalado que finalmente estas cuantías «las acabarán pagando los ciudadanos» porque repercutirá «en el recibo de la luz«. No obstante, ha señalado que se trata de un gravamen que no va a ser operativo y no incentiva el traslado de residuos, al tiempo que ha exigido un Plan de Dinamización para la zona que no dependa de esta recaudación.

Sin embargo, el procurador de Podemos, Félix Díez, cuyo grupo se ha abstenido en la votación, ha insistido en que su partido no está de acuerdo con este impuesto y por eso no lo apoyan, aunque ha reseñado la necesidad de lograr cuantías para que en la zona se invierta en la reindustralización. «No vamos a permitir que se diga que se pretende gravar a todos los españoles», ha zanjado. Por último, el procurador de IU, José Sarrión, quien también se abstuvo en la votación y considera que la recaudación no va a lograr que se haga «gran cosa en la zona». «Nuclenor va a pagar muy poco», ha concluido.

«No protege el medio ambiente»

Por su parte, Ecologistas en Acción ha advertido de que el impuesto a los residuos «no protege el medio ambiente», al tiempo que ha pedido que los fondos obtenidos con este gravamen se destinen a inversiones ambientalmente «sostenibles y beneficiosas para la sociedad«. En este sentido, la organización ecologista ha criticado la postura de la Junta de Castilla y León por apostar por la continuidad de la central. Asimismo, apunta que «para poder hablar de fiscalidad verde», el impuesto «debe destinarse a fines que compensen ese impacto», como «modificar las pautas de consumo o incentivar el uso de otras tecnologías».

Fomentar la electrificación de la economía y la fiscalidad ambiental son “claves” según el comité de expertos sobre transición energética

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Europa Press.- El presidente del Comité de Expertos sobre transición energética, Jorge Sanz, considera que promover la electrificación es la forma más barata de descarbonizar la economía y que para garantizar la seguridad energética en España es preciso reducir la demanda o «evitar que las centrales, sean las que sean» cierren, así como otras medidas que pasan por modificar la fiscalidad para que sea verdaderamente ambiental y no enfocada a la recaudación.

En la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados para presentar las conclusiones del documento, que analiza los distintos escenarios de cara al cumplimiento de los objetivos comprometidos por España en el marco del Acuerdo del Clima de París, Sanz indicó que promover la electrificación es «la forma más barata» de descarbonizar la economía frente a otras, como los biocombustibles, que asegura que son mucho más caras y son «a costa» de la deforestación en otros países.

Entre los escenarios analizados por el grupo, el presidente de la Comisión de Expertos advierte de que será «difícil» alcanzar los objetivos de renovables en la demanda final de energía si no se obtiene un nivel «suficiente» de electrificación de la economía ya que en la actualidad la electricidad es el 23% de la demanda final de energía en España.

En cuanto a la fiscalidad ambiental, plantea una «nueva definición» de los impuestos ambientales, que se dirija al pago por los costes ambientales y no a la mera recaudación, y ve la generación «muy importante» para la eficiencia energética. Por otro lado, Sanz ha añadido que el comité de expertos, creado en julio de 2017 a instancias del Ejecutivo del PP, ha denunciado que los impuestos «distorsionadores» son los que hacen que la energía en España sea más cara que en Francia, ya que «lo único» que hacen es subir el precio de la luz y no por motivos ambientales.

De ese modo, Sanz no ve tan «necesario» fomentar las interconexiones con Francia cuando la verdadera razón de ese alto coste de la electricidad son los impuestos, salvo que sea por razones de seguridad. Así, ha dicho que para garantizar la seguridad energética «lo interesante» es que las centrales españolas «sean las que sean, no cierren», porque se corre el riesgo de cerrar las plantas e importar electricidad de Francia.

Respecto a la energía nuclear, ha recordado su capacidad para garantizar la seguridad del suministro porque es una energía «síncrona», con inercia, que se mueve a 50 vueltas por segundo, cosa que en el caso de las renovables como la eólica o la fotovoltaica no ocurre y en caso de parada, una tarda mucho en dejar de producir electricidad frente a la segunda. Esto, según ha explicado, significa que no es lo mismo sustituir los 7.000 megavatios nucleares por una energía con inercia que sin ella. De modo que insiste en que «va a haber cambios» en la energía y que hay que tomar decisiones.

A ese respecto, ha añadido que sería bueno fomentar el fondo de eficiencia energética que gestiona el IDAE que, a su juicio, debe analizar dónde consigue sus objetivos con el mínimo coste porque ese «lo pagan los ciudadanos». En todo caso, recuerda que «hay que hacer cambios» pero es preciso conocer las consecuencias del escenario elegido porque «las decisiones no son gratuitas» y la sociedad ha de saberlo. «Todo hay que hacerlo progresivo, intentando amortiguar los efectos sobre los perdedores. Aquí va a haber impactos, hay que minimizarlos y la sociedad tiene que asumirlos», comenta.

Otra de las propuestas para descarbonizar la economía y que la industria internalice los daños ambientales sería proponer el establecimiento en la Unión Europea de aranceles al CO2 de los productos que se importen. Esto pasaría por eliminar algunos impuestos, como a los hidrocarburos, y crear un impuesto a las emisiones de CO2 y otro para las emisiones de otros gases contaminantes como el NOx o el SOx para que «todo el mundo» pague en función de lo que emita y contribuir así al principio de que «quien contamina paga«.

Sanz admite la incertidumbre pero señala que el futuro en el sector del transporte pasa por los vehículos eléctricos y que, por ejemplo, el gas será «importante» en el transporte marítimo. En todo caso, asegura que se producirán cambios y que corresponde al Gobierno tomar decisiones pero estas, en su opinión, deben ser trasladadas a la sociedad, que debe saber el coste que conllevan. «Va a haber cambios y al final ganará el más barato. Hágase con prudencia. No apostemos cantidades ingentes a un solo caballo no vaya a ser que el que acabe perdiendo sea el consumidor», ha advertido.

Durante la comisión, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha valorado el informe para abandonar las dicotomías políticas en un asunto que «va más allá de una legislatura» e incluso de una generación. A este respecto, destaca que el informe advierte de que la supresión «inmediata» de la energía nuclear tendrá como consecuencia un aumento del precio y de las emisiones contaminantes. Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Lucio, subraya que la transición energética es el gran reto y el objetivo prioritario es reducir las emisiones de CO2 para evitar el incremento de la temperatura global pero hacerlo en condiciones de seguridad de la red y coste eficiente.

Desde Unidos Podemos, el diputado Juan López de Uralde tiene «coincidencias sustanciales» con el informe del equipo de expertos en cuanto a que es «imprescindible reducir la demanda», introducir más renovables y establecer la electrificación de la demanda final para obtener un sistema energético flexible y porque deja claro que el carbón «no tiene un papel en un sistema sostenible y va a desaparecer en un periodo bastante corto». Eso sí, discrepa del respaldo al sistema de la energía nuclear durante la transición porque asegura que es posible, según estudios, prescindir del carbón y de la nuclear de forma simultánea.

GES instalará un parque eólico de 263 megavatios en Egipto

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Europa Press.- Global Energy Services (GES) instalará un parque de 263 megavatios a 25 kilómetros de Ras Ghareb (Egipto). El proyecto contará con tres fases que se ejecutarán durante los últimos meses de 2018 y el primer semestre de 2019. Esta instalación será el primer parque eólico ejecutado bajo un esquema BOO (Build, Own y Operate). Además, es parte del impulso del Gobierno egipcio para aumentar la proporción de renovables con un objetivo para la generación eólica de 7 gigavatios en 2022.

El plan contempla una participación del sector privado que alcanzará el 60% y la energía producida en el proyecto se venderá bajo un acuerdo PPA (Power Purchase Agreement) a la EETC (Egyptian Electricity Transmission Company). GES será el responsable del montaje de las 125 turbinas de 2,1 megavatios que conformarán el parque. La entidad ha asegurado que la adjudicación de este proyecto se ha debido gracias al «buen trabajo realizado en proyectos anteriores en la misma zona». GES se implantó en Egipto en 2006 y desde entonces realizó proyectos de construcción por un total de 320 megavatios, tiene 380 megavatios en instalación y presta servicios de mantenimiento para 240 megavatios.

Las organizaciones ecologistas exigen reducir las emisiones un 7% anual y prohibir en 2028 los vehículos que no sean eléctricos

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Europa Press.- Las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han trasladado al Gobierno una propuesta para su inclusión en un Plan Nacional de Energía y Clima que sea efectivo en la lucha contra el cambio climático y que pasa por reducir un 7% al año las emisiones, cerrar las térmicas de carbón y las nucleares en 2025 o prohibir todos los vehículos no eléctricos en 2028.

El Gobierno debe enviar a la Comisión Europea la propuesta de España antes de final de año y las ONG consideran necesario un proceso de participación y recuerdan que el último informe del Panel de Cambio Climático (IPCC) señala que un aumento de más de 1,5 grados centígrados de la temperatura global tendría unas consecuencias irreparables para España, por lo que las 5 ONG consideran «necesario» un esfuerzo «sin precedentes» en la lucha contra el cambio climático. Así, la propuesta que sugieren al Gobierno pasa por que se fije 2040 como un año de emisiones netas cero mediante una planificación coherente que cada 5 años plantee objetivos obligatoriamente más ambiciosos.

Además, señala que se deben reducir las emisiones un 7% anual porque aplazar la acción climática es «una temeridad» que obligará a «mayores esfuerzos» a medio plazo. También aconsejan al Gobierno que se comprometa a lograr el 100% de la demanda de energía final total con energías renovables acorde con alcanzar emisiones netas 0 en 2040 y a acelerar la transición a un sistema eléctrico 100% renovable en 2030 e insta a cerrar el parque de generación con carbón y con energía nuclear en 2025.

Asimismo, pide que se acuerde un compromiso de reducción progresiva de la demanda energética compatible con los objetivos de reducción de emisiones anteriores e impulsar una «transformación radical» del transporte, que pase por el fin de la venta de automóviles de gasolina y diésel, incluidos los híbridos convencionales, para 2028, lo que significa que todos los automóviles nuevos deben ser eléctricos después de esta fecha.

Las ONG recomiendan también un conjunto de medidas y políticas para reducir las emisiones de gases efecto invernadero, sobre todo en los sectores de la energía y transporte y en cuestiones transversales, además de identificar la necesidad de que el PNEC aborde las emisiones de otros sectores, como la agricultura, la gestión forestal, los residuos, la industria y la edificación. Finalmente, insisten en que este conjunto de medidas deberá suponer un cambio «sin precedentes» en todos los aspectos sociales, culturales y económicos y advierten de que esto supondrá a corto, medio y largo plazo «transformaciones imprescindibles» para garantizar el futuro.

Muertes por contaminación del aire

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte, con motivo de la celebración de la primera Conferencia Mundial sobre Contaminación del Aire y Salud, de que el 90% de la población respira aire contaminado y que, por esta causa, cada año mueren 7 millones de personas, ya que tiene un efecto «equivalente» al de fumar tabaco. «De la contaminación del aire es difícil escapar, porque no importa qué rica sea el área en la que se viva, ya que está a nuestro alrededor. Los contaminantes microscópicos en el aire pueden deslizarse más allá de las defensas de nuestro cuerpo, penetrando profundamente en nuestro sistema respiratorio y circulatorio y dañando nuestros pulmones, corazón y cerebro», alerta la OMS.

Por este motivo, el organismo de Naciones Unidas presentó la Plataforma Global sobre Calidad del Aire y Salud, la cual está trabajando en técnicas para detectar con mayor precisión la contaminación del aire proveniente de diferentes fuentes de contaminación. Además, está trabajando para mejorar las estimaciones de la calidad del aire mediante la combinación de datos de varias redes de monitoreo de la calidad del aire, el modelado atmosférico y la detección remota por satélite.

Hay dos tipos principales de contaminación del aire: la contaminación del aire ambiente y la contaminación del aire en los hogares, la cual se refiere a la contaminación generada por la combustión de combustibles en los hogares (como carbón, madera o queroseno) que utilizan estufas básicas en espacios poco ventilados. En este sentido, según datos de la OMS, la contaminación del aire en los hogares mata a 4 millones de personas al año y tiende a afectar a África y Asia, donde se utilizan combustibles y tecnologías contaminantes para cocinar, calentar e iluminar. La población más afectada son las mujeres y los niños porque suelen pasar más tiempo en casa.

La quema de combustibles fósiles

Concretamente, los principales contaminantes son las partículas, una mezcla de gotitas sólidas y líquidas que surgen principalmente de la combustión de combustible y el tráfico rodado; el dióxido de nitrógeno, del tráfico o de las cocinas de gas en interiores; el dióxido de azufre por la quema de combustibles fósiles; y el ozono a nivel del suelo, causado por la reacción de la luz solar con contaminantes de las emisiones.

Y es que, mientras que las partículas con un diámetro de 10 micrones o menos pueden penetrar y alojarse profundamente dentro de los pulmones, las partículas aún más dañinas para la salud son aquellas con un diámetro de unos 2,5 micrones, partículas que son tan pequeñas que se necesitarían 60 para alcanzar el ancho de un pelo. Todas pueden aumentar el riesgo de patologías cardiacas, respiratorias o cáncer de pulmón.

Además de afectar la salud, los contaminantes en el aire también están causando daños ambientales a largo plazo al impulsar el cambio climático, que en sí constituye una gran amenaza para la salud. Por todo ello, la OMS y sus socios, como ONU Medio Ambiente, están apoyando a los países de diferentes formas. Por ejemplo, la OMS está desarrollando un conjunto de herramientas (el Conjunto de herramientas de soluciones de energía doméstica limpia, CHEST) para ayudar a implementar las recomendaciones sobre la combustión de combustible en los hogares y para desarrollar políticas para expandir el uso de energía doméstica limpia.

«La contaminación del aire está atrofiando los cerebros de nuestros niños, afectando a su salud más de lo que sospechábamos. Pero hay muchas formas sencillas de reducir las emisiones de contaminantes peligrosos. La OMS está apoyando la implementación de medidas de política de salud, promoviendo el uso de transporte más limpio. Estamos preparando el terreno para la generación de energía de baja emisión, tecnologías industriales más seguras y una mejor gestión de residuos municipales», ha zanjado la directora del departamento de Salud Pública, Determinantes Ambientales y Sociales de la Salud de la OMS, Maria Neira.

OIEA recomienda a España actualizar el plan de residuos y asegurar que el retraso del ATC no disminuya la seguridad

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Europa Press.- El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha recomendado al Gobierno de España que asegure que el retraso en la instalación del almacén temporal centralizado (ATC) no afecte de forma negativa a la seguridad de los residuos nucleares y combustible gastado y considera también que el Gobierno debería dar «pasos inmediatos» para actualizar el plan general de residuos radiactivos.

Son las conclusiones de una doble misión internacional que ha examinado el marco regulatorio español para la seguridad nuclear y radiológica, del que se encarga el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), así como la gestión de los residuos y el combustible gastado, que gestiona Enresa, representantes de la OIEA han subrayado que España tiene un «fuerte compromiso» con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

El director de la misión de la OIEA, Victor McCree, ha explicado que el organismo ha trasladado al Gobierno, al CSN y a ENRESA un total de 17 recomendaciones y 22 sugerencias, al tiempo que ha detectado 2 buenas prácticas de estas entidades que podrían replicarse en otros países. McCree ha destacado que entre las principales recomendaciones al Gobierno, la OIEA considera que debe asegurarse de que el retraso en el establecimiento del ATC no genera un impacto negativo en la seguridad de la gestión de los residuos de alta actividad y el combustible gastado.

De momento, ha dicho que el equipo no ha identificado «ningún riesgo» asociado precisamente a la falta de un ATC pero ha reflexionado que la instalación se previó vinculada a las actividades de desmantelamiento y clausura de las centrales y valora que en su diseño se incluya la investigación en materia de gestión de residuos y mejora de la instalación. En concreto, ha indicado que se recomienda a España que actualice las previsiones de residuos nucleares para asegurar que los recursos económicos consignados sean suficientes, aunque ha aclarado que no detectó carencias a este respecto.

Además, la misión de revisión, en la que han participado 24 expertos internacionales, urge a España a dar «pasos inmediatos» para realizar la actualización del Plan General de Residuos Radioactivos. A este respecto, el presidente de ENRESA, José Luis Navarro, defiende que el OIEA valora como «integral y robusto» el sistema de gestión de los residuos radiactivos aunque pueda mejorarse.

Además, ha recordado que según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a principios de 2019 tendrá listo un borrador del plan y que ENRESA ya ha iniciado los trabajos previos para actualizar el plan general de residuos radioactivos, cuya aprobación podría demorarse hasta 24 meses, de acuerdo con los plazos que marca la legislación de evaluación ambiental, hasta 2021. Por otro lado, McCree ha añadido que la misión ha recomendado también que el Gobierno, el CSN y ENRESA comiencen a desarrollar las regulaciones, los requerimientos técnicos y a implantar un plan para lograr una instalación geológica profunda para almacenar de forma definitiva los residuos y el combustible.

Asimismo, la misión recomienda reforzar la coordinación entre los diferentes operadores de centrales nucleares en materia de organización de respuesta y con el regulador durante una emergencia radiológica y nuclear. En ese sentido, McCree comentó que no ha podido concretar cómo se comunicarían la autoridades con la sociedad durante la respuesta a una emergencia, o si se requeriría institucionalmente una coordinación con los explotadores. Si bien, ha recordado que, según las normas de la OIEA, la coordinación con los medios de información debería realizarla el responsable de la seguridad nuclear, en este caso el CSN.

Una estructura regulatoria “muy fuerte”

Otra de las conclusiones estima que el CSN debería reforzar también sus procedimientos para mejorar la revisión sistemática de la regulación nuclear, es decir las guías y directrices, de modo que se adapten «mejor» a los estándares de seguridad de la OIEA. Para el director de la misión, las conclusiones y recomendaciones efectuadas, si se implantan, podrían «reforzar aún más» la estructura reguladora en España que «ya es muy fuerte».

«Al invitar a la OIEA a dirigir esta misión única, el Gobierno español ha demostrado un fuerte compromiso con los principios básicos para la excelencia en la seguridad nuclear y radiológica dirigida a una mejora continua», elogió McCree, ex director ejecutivo de operaciones de la Comisión Reguladora de Estados Unidos. Estas conclusiones serán compartidas con el resto de países miembro de la OIEA así como las dos buenas prácticas que la misión ha reconocido a España, una del CSN y otra de ENRESA y que serán promocionadas a nivel internacional.

En concreto, del CSN ha destacado una innovadora herramienta de gestión de datos para asegurar el transporte de los materiales radiactivos, mientras que de ENRESA ha valorado el «diseño vanguardista» del ATC como parte de una estrategia de gestión del combustible gastado. En este contexto, el presidente del CSN, Fernando Martí, ha informado de que es la primera vez que un país acoge dos misiones de la OIEA y ha calificado la acción de «éxito» porque «lo importante» es que se emitan recomendaciones y sugerencias para detectar áreas de mejora.

«Es una oportunidad para que España mejore en todos los aspectos posibles y estamos satisfechos por las recomendaciones y sugerencias», apreció Martí que cree que cuantas más sugerencias emita la OIEA mejor, porque siempre hay un margen de mejora que realizar «paso a paso», sobre todo después de Fukushima que supuso «un antes y un después» que ha enseñado que «no hay que dormirse en los laureles» con la seguridad.

El presidente del CSN se ha referido a la recomendación de la OIEA respecto al almacén geológico profundo y ha dicho que «hay que empezar en serio a buscar ubicación» para poder realizar todo el proceso de aquí a los próximos 20 o 30 años, con transparencia y comunicación a la sociedad. No obstante, ha afirmado que «muchas» de las cuestiones recomendadas o sugeridas por la OIEA ya estaban en el plan de acción y se incorporarán en los próximos años, antes de que se vuelvan a evaluar. En ese contexto, reclamó «más independencia» para el CSN, tanto a nivel financiero como de las decisiones de su ámbito de aplicación.

Por su parte, el presidente de ENRESA ha defendido el sistema de residuos español y ha insistido en transmitir a la sociedad que las instituciones trabajan y permiten a los ciudadanos estar tranquilos sobre estas cuestiones y valora los consejos dados por la OIEA que han sido realizados desde miembros de la misión de países con «las mismas preocupaciones». Por último, el director de la división de seguridad nuclear de instalaciones nucleares del OIEA, Greg Rzentkowski, ha valorado que el marco regulador en protección radiológica y seguridad nuclear está «perfectamente alineado» con las directrices de la OIEA y considera que en materia de transparencia la misión no ha observado «nada» que haga cuestionar al CSN.

Lambán cree que el acuerdo para la transición justa del carbón no soluciona el problema integral de las cuencas mineras

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Europa Press.- El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que el acuerdo para una transición justa del carbón rubricado por sindicatos y patronal «es un paso, pero no soluciona el problema integral de las cuencas mineras». El documento se firmó en Madrid ante la presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como de distintos miembros de los sindicatos y patronal del carbón.

Lambán comentó que el preacuerdo «se anunció hace algunos días» y «ya tomó forma definitiva», pero «tenemos que seguir hablando sobre de qué pasa con la central térmica de Andorra» y, a medio plazo, con el cierre del carbón, «algo que tarde o temprano todos sabíamos que iba a llegar». El presidente ha asegurado que el Gobierno aragonés mantiene conversaciones «hace tiempo con la ministra Ribera y con la ministra de Industria», Reyes Maroto. En concreto, ha recordado el compromiso de Teresa Ribera de visitar en noviembre Aragón y «trabajar in situ sobre el problema y empezar a buscar soluciones».

Además, ha indicado que la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, se ha reunido recientemente con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, quien le ha anunciado «que estaban trabajando para ver de qué forma se puede alargar la vida de la central térmica, cuyo cierre, no lo olvidemos, depende fundamentalmente de una decisión de Endesa», empresa propietaria de la misma.