Asturias y Extremadura piden “tiempo” y avanzar en la transición energética antes de cerrar las centrales térmicas y las nucleares

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado que «no hay plazos puestos» para el cierre de las centrales nucleares en España, y considera que antes se debe «producir una transición ecológica» que permita «ir de lo que tenemos a lo que debemos tener«. Asimismo, el presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, exigió «prudencia» a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en relación al cierre de centrales térmicas, exigiéndole además «tiempo».

En su respuesta parlamentaria al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que se interesó por la transición y la situación de Alcoa, Javier Fernández ha asegurado que en cuanto a la transición energética su posición sigue siendo «exactamente la misma», contraria a que no se lleve a cabo en un «tiempo acorde a las necesidades» de la industria asturiana y española.

Fernández señaló que, si bien su Gobierno no está en contra de «ninguna ética de futuro para salvar el planeta», también quieren que se salven «otras cosas», algo que solo se podría hacer «con tiempo». Respecto al anuncio realizado por el secretario de Energía, José Domínguez, de que el Gobierno prevé el cierre tanto de centrales térmicas como de nucleares antes de 2030, ha alertado de que «tendrá una incidencia en los precios absolutamente inasumible».

El portavoz de IU se ha mostrado «entre la preocupación y la alarma» ante los anuncios de la ministra Teresa Ribera y ha pedido al presidente que «aumente la presión» al ver que Ribera «no aumenta el diálogo». «Hay que responderle con las mismas armas», ha aseverado, para después subrayar que «cada vez que la ministra habla, una empresa anuncia su cierre«. En cuanto al otro asunto planteado por el portavoz parlamentario de IU, Javier Fernández ha pedido «prudencia» y «unidad» en cuanto a Alcoa.

El cierre de las nucleares

«Yo creo que eso es algo que no es planteable», replicó el presidente extremeño, que señaló que «el secretario de Estado dijo una cosa y la contraria, primero 2030 y luego 2040», tras lo que ha reafirmado que «no hay plazos puestos» para este cierre. En ese sentido, ha abogado por que «antes de suprimir lo que tenemos, tengamos lo que tenemos que tener», ya que a juicio del presidente extremeño, «no se pueden tomar decisiones» sobre las fuentes de energía actuales «mientras las futuras no estén puestas, si no nos quedaríamos absolutamente cojos», señaló.

Por eso, Fernández Vara ha considerado que «solo es posible plantear en España una transición ordenada, si se produce un relevo en empleo, en mano de obra y en riqueza para las comarcas donde están esas fuentes de energía», ha dicho. Así, una de las propuestas que Fernández Vara ha trasladado al presidente del Gobierno es que «alguna de las subastas próximas que haga, las haga solo para los sitios donde hay carbón y nuclear», ya que «de esa manera la gente verá con claridad que el Gobierno está apostando por una transición de lo que había a lo que tiene que haber», ha dicho.

Ante esta situación, «bien haríamos en no precipitar», ya que en la actualidad se está «saliendo de un camino», tras lo que ha señalado que la Ley de Cambio Climático cuando llegue al parlamento tendrá 84 votos, tras lo que ha considerado que «esas leyes, que van a ser el futuro de un país, no se pueden aprobar por minoría, hay que aprobarlas por mayoría».

En ese sentido, el presidente extremeño ha reafirmado que «la estrategia energética de este país no admite juegos», por lo que ha abogado por «abrir una vía de diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales, incluidos los gobiernos autonómicos«, con el objetivo de «definir un modelo que de verdad sea duradero y útil para la vida de la gente».

Endesa instalará 108.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 5 años mientras pide “inteligencia” para la transición energética

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Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, pidió que no «pueda la ansiedad» en el proceso de transición energética y ha llamado a que se realice «con inteligencia», ya que «es inviable» tener un sistema energético 100% renovable de un día para otro. Asimismo, la compañía eléctrica lanzó un macroplan para instalar 108.000 puntos de recarga públicos y privados para vehículos eléctricos en España durante los próximos 5 años, con lo que el grupo quiere promover la electrificación de la economía.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, destacó que la movilidad eléctrica «es un pilar estratégico» para el grupo y con el lanzamiento de este plan «muy ambicioso» demuestra que es «un firme creyente» en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía. Este plan se llevará a cabo bajo la marca Endesa X, la nueva línea de negocio de la energética que ofrecerá servicios de valor añadido y soluciones tecnológicas innovadoras en el mundo de la energía. El presidente de Endesa, Borja Prado consideró que la iniciativa lanzada por Endesa supone «el plan más ambicioso» puesto en marcha en España en materia de movilidad eléctrica.

En concreto, se instalarán más de 8.500 puntos de recarga pública entre 2019-2023, cuya inversión ascenderá a 65 millones de euros; así como otros 100.000 puntos privados en parkings residenciales y corporativos. De estos puntos, más de 2.000 se instalarán entre 2019-2020 para dar acceso a la infraestructura al 75% de la población, conectando las principales ciudades (de más de 35.000 habitantes) y carreteras, cubriendo así los 15.000 kilómetros de vías principales y áreas urbanas.

En la segunda fase, entre 2021-2023, se instalarán los otros más de 6.500 puntos de recarga de acceso público para garantizar una cobertura más amplia de las zonas urbanas (centros comerciales, parkings, cadenas hoteleras, áreas de servicio, vía pública…), las principales autopistas y las islas. En paralelo, Endesa impulsará el desarrollo de puntos de recarga en parkings privados, residenciales y de compañías, con el objetivo de alcanzar 100.000 puntos de recarga instalados en el periodo de desarrollo del plan. Este proceso estará acompañado por la entrada de los nuevos modelos de vehículo eléctrico, que tendrán en su mayoría una autonomía de más de 400 kilómetros, según han adelantado los fabricantes.

La electricidad suministrada en estos puntos de recarga de acceso público será 100% certificada de origen renovable, lo que asegura que esta energía procederá de fuentes de generación limpia. Bogas consideró que, una vez que los fabricantes de automóviles consigan incrementar de manera sustancial la autonomía de las baterías y que el precio de los vehículos eléctricos empieza a ser competitivo frente a los de combustión, es necesario superar una última barrera en su desarrollo, la de las infraestructuras, donde Endesa puede ofrecer «su aportación».

Así, destacó que el objetivo del plan lanzado por la energética a 5 años es que cualquier conductor pueda desplazarse por España teniendo un punto de recarga a una distancia máxima de 100 kilómetros. El plan lanzado por Endesa incluye la carga doméstica a 3,7 kW, puntos de carga semirápida de 22 kW, puntos de carga rápida de 50 kW y más de 150 kW de puntos de carga ultrarrápidos.

Hacer transición energética «con inteligencia»

Por otro lado, Bogas afirmó, al ser cuestionado por la voluntad del Gobierno de no alargar la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años, que esa transición energética hay que hacerla «con inteligencia», tal y como recuerdan todos los agentes del sector (eléctricas, gobiernos y otras instituciones). «Hacerlo con inteligencia es gradualmente ir introduciendo más renovables, gradualmente ir cerrando centrales que hoy en día funcionan. Querríamos muchas veces que el sector eléctrico 100% renovable fuera mañana, pero eso es inviable«, afirmó. Así, subrayó que en esta transición energética hay que acompasar la mayor reducción posible de CO2 con unos costes de la electricidad competitivos y, siempre, preservando la seguridad de suministro.

Bogas afirmó que habrá que ir cerrando centrales, pero recalcó que este proceso se debe llevar a cabo de «forma planificada, de forma gradual, que es lo que creo que el Gobierno ha dicho». Por otra parte, el directivo consideró que el reto de pasar de un sistema eléctrico con centrales que emiten CO2 pero ofrecen firmeza al sistema a otro con un desarrollo de las baterías y el almacenamiento para complementar las renovables es «muy grande, pero es viable».

El Gobierno propone edificios descarbonizados en 2030, coches solo eléctricos en 2050 y un 90% menos de CO2 en 2050

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Europa Press.- El Gobierno quiere «poner en el centro de la acción política» la lucha contra el cambio climático y la transición energética para «construir el futuro» mediante un plan que prevé la «neutralidad» de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050 con pasos previos que incluyen la descarbonización de los edificios de aquí a 2030, la prohibición de circular a los vehículos que emitan CO2 en 2050 y una economía descarbonizada al 90%.

Así consta en el borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el que para facilitar esta transición de una manera justa se podría destinar el 30% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión a los «elementos con incidencia social» provocados por la transición hacia una economía descarbonizada o relacionados con la vulnerabilidad de los impactos del cambio climático. La propuesta normativa, que consta de 31 artículos en 9 títulos y varias disposiciones, reconsidera el papel de los combustibles fósiles, la electricidad, el consumo, la movilidad o la vivienda y un nuevo sistema fiscal que grave las prácticas perjudiciales para el medio ambiente.

Los objetivos, superiores a los marcados por la Unión Europea, son reducir en 2030 un 20% las emisiones de GEI respecto a 1990 y que el conjunto de la economía española deberá reducir en un 90% sus emisiones de aquí a 2050 respecto a 1990, con un sistema eléctrico basado «exclusivamente» en fuentes de generación de origen renovable. Al mismo tiempo, en 2030 se deberá alcanzar una penetración de energías renovables en el consumo de energía final del 35% en 2030 y alcanzar en esa fecha un sistema eléctrico con al menos un 70% de generación renovable y mejorar la eficiencia energética en un 35%.

En el camino de cumplimiento, el Gobierno plantea la aprobación de los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima que incluirán los objetivos, políticas y medidas correspondientes así como un presupuesto de carbono quinquenal que precisará lo que corresponde a los sectores cubiertos por el régimen europeo de comercio de derechos de emisión de CO2 y lo que le toca al resto. Para facilitar el impulso a las energías renovables, el Gobierno propone abrir procedimientos para construir un mínimo de 3.000 megavatios de potencia al año entre 2020 y 2030.

Otra de las principales cuestiones que prevé el anteproyecto es que cuando entre en vigor la Ley no se darán en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial, ninguna autorización nueva de exploración o permisos de investigación o de explotación de hidrocarburos ni tampoco para fracking, al tiempo que las autorizaciones en vigor podrán solicitar prórrogas solo hasta 2040. También se prohibirán los subsidios o incentivos económicos a los combustibles fósiles, mientras que se aprobarán mecanismos de apoyo al biometano, al hidrógeno y a otros combustibles sintéticos a partir de materias primas y energías renovables y se permitirá la inyección de gases renovables en la red de gas natural.

El título V del anteproyecto de Ley se centra en la movilidad y la edificación, dos aspectos en los que el cambio que se plantea de aquí a los próximos 32 años es casi de 180 grados. En concreto, el borrador apuesta porque el parque de turismos que circule por las carreteras no emita CO2 en 2050 y para ello, 10 años antes no se permitirá en España la matriculación y venta de vehículos que emitan CO2, lo que incluye a los de gasolina y diésel, pero también a los híbridos. Solo se libran los vehículos históricos, que sí podrán circular siempre y cuando no se utilicen con fines comerciales.

Las gasolineras deberán presentar un plan para instalar infraestructuras de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kW que además se deberán abastecer con renovables. Para ello dispondrán de un plazo que va de 9 a 15 meses en función de su volumen de ventas. En materia de vivienda, la propuesta normativa prevé la rehabilitación de al menos 100.000 viviendas anuales entre 2021 y 2030 mediante una estrategia que deberán elaborar las comunidades autónomas. Además, todas las edificaciones que liciten las administraciones públicas deberán ser de energía casi nula en 2025, cuando tampoco podrán arrendar edificios no eficientes.

En general, todos los planteamientos, tanto de inversiones como de planificación, deberán considerar los riesgos del cambio climático. En este objetivo, las comunidades autónomas y los municipios de más de 100.000 habitantes deberán contar con planes de energía y clima antes del 31 de diciembre de 2021. La política fiscal, según el anteproyecto, incorporará incentivos a la economía baja en carbono. Concretamente, estima que al menos el 20% de los Presupuestos deberán impactar de forma positiva en la lucha contra el cambio climático de aquí a 2025 y entonces ese porcentaje se revisará al alza.

Por último, para garantizar el cumplimiento de la ley, de los planes y las estrategias dirigidos a lograr los objetivos finales, el Gobierno creará el Comité de Cambio Climático y Transición Energética, que estará integrado por la Presidencia y 8 expertos que asesorarán al Ejecutivo y contarán con independencia. Sus miembros serán propuestos por el Consejo Nacional del Clima y serán aprobados por el Congreso de los Diputados. Este órgano se encargará de realizar recomendaciones y propuestas que el Gobierno deberá valorar de forma motivada.

UGT pide a Endesa que acometa las inversiones necesarias para la continuidad de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla

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Europa Press.- La sección sindical de UGT remitió una carta urgente al consejo de administración de Endesa en la que le insta a que realice las inversiones que sean necesarias con el objetivo de cumplir con los nuevos límites de emisiones establecidos por la Unión Europea para que las centrales térmicas de carbón de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) «puedan continuar produciendo más allá del año 2020».

El sindicato señala que, en caso de no realizar estas inversiones, «se confirmaría la estrategia de descapitalización y desmantelamiento que está llevando a cabo la compañía». A este respecto, la sección sindical de UGT exige que, visto que el consejo de administración ha aprobado «ya el cierre efectivo de las centrales para el próximo 30 de junio de 2020», se prorrogue «con la mayor urgencia posible» el acuerdo marco de garantías, con el consiguiente acuerdo voluntario de salidas, que está en vigor hasta el próximo 31 de diciembre de 2018.

No hay aún comunicación oficial

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no descarta que Endesa haya considerado el cierre de las centrales térmicas de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) al no estimarlas rentables, pero asegura que el Gobierno aún no ha recibido una comunicación oficial por parte de la compañía sobre esta decisión. Asimismo, la ministra ha recordado que, en caso de que esa decisión sea formalizada, la eléctrica deberá elaborar un plan de acompañamiento que permita garantizar la viabilidad económica de las zonas que presentan dependencia de estas plantas.

9 centrales térmicas cerrarán pronto

Ribera ha destacado que, de acuerdo con la normativa europea, existe la obligación de hacer inversiones «muy importantes» en aquellas centrales térmicas de carbón que quieran seguir funcionando a partir del año 2020 y que son las empresas propietarias las que deben analizar y valorar si les interesa o no optar por esta medida. Estas han sido las declaraciones de la ministra después de que el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, confirmara que 9 de las 14 centrales térmicas echarán el cierre en junio de 2020, al no haber cumplido las inversiones requeridas por la normativa europea en materia de desnitrificación y desulfurización para continuar con su actividad.

Asimismo, Domínguez prevé que las 5 restantes no alarguen su actividad más allá de 2030. «Lo que nosotros creemos que va a ocurrir, pero no lo estamos imponiendo, es que van a cerrar entre 2020 y 2030 todas. En 2030 no habrá ninguna central de carbón, pero mi vaticinio es que cerrarán bastante antes de una manera natural, y no porque las cerremos», subrayó Domínguez.

No ha pedido el cierre

Por otro lado, Endesa ha comunicado a las centrales sindicales que no ha procedido a presentar al Gobierno la solicitud oficial de cierre para sus centrales térmicas. No obstante, la empresa también ha transmitido a los representantes de los trabajadores que el consejo de administración de Endesa ha aprobado su nuevo plan estratégico y que en él no se recogen, al igual que en las anteriores hojas de ruta de la compañía, las inversiones necesarias para adaptar estas dos centrales de carbón a las medidas requeridas por la directiva de emisiones de la Unión Europea.

En su actual plan inversor presentado en 2017, Endesa preveía unas inversiones totales de 5.000 millones de euros en el periodo 2017-2020, de las cuales unos 300 millones de euros se destinarían a adaptar el carbón a las mejores prácticas ambientales. Este plan inversor para el carbón que preveía la energética se centra en las centrales térmicas de Litoral (Almería) y As Pontes (A Coruña). Las otras centrales que el Gobierno prevé que alarguen su vida más allá de 2020 son las de Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, y Aboño y Soto de Ribera (Asturias), ambas propiedad de EDP España.

Araluce (Foro Nuclear) ve inviable el cierre de las centrales españolas antes de 2030 porque supondría triplicar la potencia renovable

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Europa Press.– El presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, ve poco factible el cierre nuclear español antes de 2030 en el contexto de lucha contra el cambio climático y en plena transición ecológica porque esto supondría «triplicar» el parque de renovables en ese plazo, algo que considera «poco factible».

En la actualidad, según ha explicado Araluce, para cumplir con el Acuerdo de París en un objetivo de limitar la temperatura global del planeta de 2 grados centígrados, la generación eléctrica actual debe reducir en torno a un 70% sus emisiones. «Eso significa un esfuerzo tremendo de introducción de energías no emisoras de CO2», ha señalado Araluce, por lo que habría que actuar sobre los 100.000 GW/h de tecnologías emisoras de CO2 (carbón, gas fuel) sobre los 260.000 GW/h que se generan actualmente en España.

De este modo, Araluce estima que hay que instalar la potencia necesaria para generar 60.000 GW/h, lo que equivale a duplicar estrictamente las renovables. Pero para garantizar la estabilidad del sistema, porque las renovables «fluctúan mucho», suprimiendo las nucleares se necesitaría «triplicar» la potencia instalada actual. Según las cifras del sector, que reclama su papel en la transición energética, se necesitaría instalar en España 30 GW de potencia instalada de renovables de aquí a 2030, lo que para Araluce supone un «esfuerzo enorme» que equivale a «toda la potencia renovable instalada en la historia de España en 12 años» para rebajar un 60% las emisiones.

Aún más, ha añadido que si además de reducir en un 60% las emisiones de CO2, España quiere prescindir de la energía nuclear, habrá que instalar otros 60 GW de potencia instalada. «Habría que triplicar el parque renovable español de aquí a 2030 para llegar a 90 GW. Eso supone, sin nuclear, instalar cada año 6.000 MW y nosotros pensamos que eso es irrealizable», ha sentenciado. De ese modo, defiende que en los próximos años, sin la «fundamental» energía nuclear «no va a ser posible cumplir el Acuerdo de París».

Por ello, asegura que el sector en España está «relativamente tranquilo» porque los números «hablan por sí solos» aunque luchará por la «continuidad» del parque actual y quizá, en el futuro, por plantearse aumentar la potencia nuclear como en «otros muchos» países. A nivel internacional, lamenta que en Europa «curiosamente» se cree que la energía nuclear está en declive a pesar de que en estos momentos se construyen más centrales que nunca. Si bien, admite que el mercado se ha trasladado de Estados Unidos y Europa hacia Rusia y Asia. «En la actualidad aumentar la potencia nuclear instalada en España es una utopía. Podría ser en el futuro, pero ahora no veo las circunstancias», reconoce.

En esta situación, confía en que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sepa distinguir que una cosa es el programa electoral, lo que al partido de Gobierno le gustaría, y la realidad de lo que se puede hacer o no. Por ello, a pesar de las declaraciones del secretario de Estado de Energía, cree que el Gobierno compaginará el programa electoral con la realidad de la lucha contra el cambio climático. «Todo cae por su propio peso, nos guste más o menos y la nuclear es fundamental ahora y en el futuro«, opina.

Así, confía en poder mantener alguna interlocución con la ministra Ribera como representante de la industria aunque cree que la mayor interlocución se hará con los dueños de las empresas eléctricas. «Tenemos que llevarnos todos bien para cumplir con el Acuerdo de París. Este es un esfuerzo de todos», avisa. En este contexto, ha afeado al Gobierno de Mariano Rajoy, porque se declaraba «partidario» de la energía nuclear pero «la dejó morir» y no hizo los esfuerzos suficientes para defenderla y darle herramientas para continuar. Por ello, recuerda que las desavenencias entre las eléctricas y el Ejecutivo popular fueron públicas y claras. «Obras son amores y no buenas razones», comenta.

Otro de los aspectos por los que Araluce insiste en la necesidad de ampliar la vida de las centrales nucleares es el hecho de que la generación futura será más distribuida, con parques más pequeños y con un aumento de la demanda, para lo que habrá que modificar la estrategia de la red con mayor interconexión con Francia e incremento de la electrificación. «La electrificación de la economía requerirá un parque mayor de generación y si esta es distribuida, el reto para la red eléctrica será mayor, por lo que sin la nuclear en la transición no salen los números y no se puede cumplir el Acuerdo de París», insiste.

Por otro lado, critica la «fiscalidad ambiental gigantesca» que soporta el sector frente a la «idea instalada en el ambiente» de que las nucleares son un «sector boyante que gana dinero a espuertas». Así, afirma que las centrales pagan más del 40% en impuestos sobre su facturación, lo que asfixia a las plantas, que además realizan un importante esfuerzo inversor.

Respecto a la medida de quitar el impuesto del 7% a la generación eléctrica, cree que beneficiará a todos y que se traducirá en una rebaja de la factura de poco más del 2%, por lo que pide otros mecanismos para bajar el precio. «El sector se siente maltratado en cuanto a fiscalidad y subvenciones, porque tiene una sobrefiscalidad asfixiante que conduce a la no viabilidad de las centrales», ha defendido. Por eso, añade que si al final «se decide» que la nuclear es importante en el tránsito hacia el objetivo de frenar el cambio climático, entonces hay que hacerla viable porque el parque español «nunca» va a dejar de invertir en seguridad y renovación.

De hecho, afirma que la central nuclear de Almaraz (Cáceres) está en la actualidad «mucho más nueva» que cuando el propio Araluce dirigió la planta durante su arranque. «Almaraz está fantástica. Se han cambiado cantidad de componentes, muchos sistemas son nuevos y está en condiciones de pedir la renovación de su licencia, aunque eso compete a las propias compañías«, comenta. La solicitud deberá hacerse antes de la próxima primavera pero antes, advierte, habrá que sentarse «concienzudamente» a hablar con el Ministerio para establecer unas normas de juego y conocer si habrá o no estabilidad jurídica.

Por último, respecto al almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares y combustible gastado que ya debía haber entrado en funcionamiento, cree que Teresa Ribera «se está tomando su tiempo» para tener una visión más amplia de la situación en España, a pesar de que «es de sobra conocida» y que los estudios para la infraestructura estaban terminados «al 95%». Finalmente, estima que si el ATC se relanza no funcionará hasta 2024 mientras «se sigue pagando a Francia» por los residuos de Vandellós I y se invierte en construir almacenes en las propias centrales que «no son la solución definitiva«.

La central nuclear de Garoña afronta en su simulacro anual un terremoto que afecta a sus sistemas de seguridad

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Europa Press.- La central nuclear de Garoña (Burgos) ha simulado un terremoto que ha afectado a los sistemas de seguridad de la planta, en el marco del preceptivo simulacro anual de acuerdo con su Plan de Emergencia Interior. En el ejercicio ha participado la Organización de Respuesta ante Emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de la Subdelegación del Gobierno en Burgos.

El simulacro comenzó cuando el titular de la instalación declaró la prealerta de emergencia por un terremoto que ha afectado a los sistemas de seguridad. Posteriormente se declaró la alerta de emergencia debido a que se vio deteriorada la funcionalidad de los sistemas de seguridad que impedían mantener la refrigeración del combustible irradiado en piscina. Asimismo, se ha simulado también la contaminación interna y externa de 2 trabajadores que estaban realizando una ronda para valorar los daños en la piscina de combustible gastado. Se comprobó que no se habían superado los límites anuales de dosis para el personal profesionalmente expuesto.

Mientras, el CSN recomendó al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de la Subdelegación del Gobierno que activase los controles de acceso al emplazamiento de la central establecidos en el Plan de Emergencia Nuclear de Burgos (PENBU) y ha activado en modo 2 su Organización de Respuesta ante Emergencias. De haberse producido realmente, este suceso se habría clasificado con nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

Cierre nuclear en 2028: el Gobierno no prevé alargar el funcionamiento de las centrales más allá de los 40 años

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Europa Press.- El Gobierno no prevé alargar la vida útil de las centrales nucleares en España más allá de los 40 años, de manera que se obligará al cierre del parque nuclear antes del horizonte de 2030, según indicó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

Domínguez indicó que en la decisión de cierre del parque nuclear «va a primar que fueron diseñadas para 40 años» por lo que, aunque se podría prorrogar su vida útil, no es algo que contemple el actual Gobierno. «Lo que sí contemplamos es un cierre escalonado», añadió. «Tienen un diseño de 40 años, pero eso hay que hacerlo compatible con un cierre ordenado y con las capacidades que tenemos en España…hay que hacerlo de la mano del CSN, de acuerdo con las compañías», ha explicado.

Dentro del parque nuclear español, uno de los reactores de Almaraz cumple los 40 años de vida útil en 2021, y este proceso de cierre escalonado se alargaría así hasta 2028 para los 7 reactores existentes en España, cuando alcanza los 40 años la central de Trillo (Guadalajara). «Nos va a llevar probablemente más allá de 2020, pero no llegaremos a 2040. Antes de 2030 habremos cerrado«, afirmó el secretario de Estado de Energía, quien subrayó que habrá un proceso negociación con los diferentes actores para que «sea compatible con un cierre ordenado y con las capacidades que tiene España», así como una fase de desmantelamiento que deberá marcar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Domínguez destacó que el cierre nuclear es «una decisión social» aunque señaló que hay que hacerlo «de una manera segura y ordenada». «Y eso lleva lustros», añadió. No obstante, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron posteriormente que «no hay ninguna decisión tomada aún» respecto al calendario de cierre para las centrales nucleares y señalaron que está decisión «se adoptará dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima» en el que se trabaja.

Sobre al carbón, también confirmó que 9 de las 14 centrales térmicas que hay en España echarán el cierre en junio de 2020, tras no haber hecho las inversiones requeridas por la normativa europea en desnitrificación y desulfurización para poder continuar con su actividad. En concreto, las 5 centrales que el Gobierno prevé que alarguen su vida más allá de 2020 son las de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), ambas propiedad de Endesa; Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, y Aboño y Soto de Ribera (Asturias) y propiedad de EDP España. «En 2030 no habrá ninguna central de carbón, pero mi vaticinio es que van a cerrar bastante antes de una manera natural, y no porque las cerremos», subrayó.

En su participación en el XX Encuentro Sector Gasista organizado por Expansión, Domínguez también advirtió que el sector gasista se deberá reinventar si quiere ir más allá de la primera fase de la transición energética. «El sector gasista está para echar una mano inicial, pero no se puede quedar ahí», afirmó. Así, consideró que el gas va jugar un papel importante en los primeros años de esta transición como respaldo a las renovables tras la desaparición del carbón, pero subrayó que «si quiere luego seguir acompañando tiene que ser diferente, basado en gas renovable, en hidrógeno». «Un sector gasista cero emisiones y diferente al que tenemos hoy», añadió al respecto.

De esta manera, señaló que el gas deberá jugar «un papel importante» en sectores como el transporte pesado de mercancías o en el transporte marítimo. «Están ante un reto muy interesante y tenemos en este sentido que evolucionar desde un sistema y un sector basado en los grandes volúmenes de gestión de algo que sabíamos hacer, hacía un sector que maneje menos volumen, algo diferente, con mucha más ciencia y gestión de lo que ha venido haciendo hasta ahora», señaló.

APPA pide que la Ley de Cambio Climático dé estabilidad regulatoria y una planificación energética a medio y largo plazo

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) expresó su confianza en que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética «siente las bases de una necesaria estabilidad regulatoria y marque una planificación a medio y largo plazo» para el sector de las renovables.

En este sentido, la asociación considera que tanto la Directiva Europea de Renovables, que fija el objetivo europeo del 32% de renovables en el mix energético europeo en 2030, como la Ley de Cambio Climático en España, que pretende marcar una meta en 2030 de un 35% de renovables, representan un «impulso al sector renovable nacional». No obstante, reclamó predictibilidad en la transición energética, dado el volumen de inversiones superiores a los 100.000 millones de euros que deberá acometer el sector privado en la próxima década «para dar respuesta a los objetivos fijados para 2030».

El presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, cree que el anuncio de que habrá un mínimo anual de 3.000 megavatios (MW) de nueva potencia en concurrencia competitiva «es positivo para dotar de seguridad al sector». Así, subrayó que la planificación energética «es fundamental» para acometer las inversiones y considera que «es mucho más importante hacer bien la transición energética que tener objetivos”. «Debemos hacer grandes esfuerzos en electrificación y en los sectores difusos, especialmente en penetración de renovables, para satisfacer nuestras necesidades de usos térmicos y transporte», añadió Villarig.

La patronal Protermosolar cree que las centrales termosolares son «la pieza que les falta a las energías renovables» como respaldo

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Europa Press.- El presidente de Protermosolar, Luis Crespo, impartió la conferencia inicial en la XII Cumbre Internacional de Concentración Solar Termoeléctrica en España, donde indicó que las centrales termosolares «son la pieza que les falta a las energías renovables, la eólica y la fotovoltaica, para complementar su producción y eliminar la dependencia respecto a los ciclos combinados».

En el informe Transición Energética del Sector Eléctrico, Protermosolar demuestra que no harían falta las centrales nucleares ni la totalidad de ciclos combinados para disponer de una generación mayoritariamente renovable cumpliendo todos los requisitos y a un precio final inferior a 0,05 euros por kilovatio. «No se entendería que países como España no aprovechasen las excelentes condiciones para el despliegue de centrales termosolares», ha indicado Crespo, que añade que estas permitirían avanzar hacia una generación eléctrica mayoritariamente renovable, retirando las centrales de carbón y las nucleares sin sufrir un encarecimiento.

Además, el presidente de Protermosolar asegura que es posible limitar a 2030 el respaldo del gas a niveles inferiores al 5% con el despliegue de una nueva potencia termosolar, junto con las tecnologías, eólica, fotovoltaica y biomasa, y junto con una contribución de la hidráulica. En la Cumbre participaron más de 27 países y se expusieron los casos de Emiratos Árabes, Marruecos, China, Sudáfrica y Chile, en los que las centrales termosolares están planificándose para el sistema con una combinación del resto de energías renovables.

El sector de la cogeneración pide al Gobierno la extensión de la vida de las plantas hasta 2030

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Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Antonio Pérez, exigió al Gobierno que actúe con celeridad y ponga en marcha las medidas anunciadas para la extensión de la vida de las plantas cogeneradoras hasta 2030 o hasta la implantación del nuevo Plan Renove, que está previsto en la Ley del Sector Eléctrico desde el 2013.

En los dos próximos años, 50 plantas de cogeneración llegarán al final de su vida útil y 99 industrias tendrán que tomar decisiones de inversión sin que exista un marco legal que haga posible su actividad y esas nuevas inversiones. Pérez calificó de «desastroso» este contexto, que en cinco años afectará a 250 plantas, algo que supondría perder «sus positivas» contribuciones a la eficiencia y acción climática, además de conllevar subidas en los mercados mayoristas de electricidad que repercutirían en los consumidores y en la competitividad de las industrias españolas.

Por ello, la solución propuesta por Acogen es mantener en operación las plantas hasta 2030, extendiendo la retribución actual de aquellas que llegan al final de su vida útil o hasta la llegada del nuevo Plan Renove, un programa que acumula un retraso de más de 5 años. Acogen también entregó su premio Cogeneración de Honor a Sedigas por su labor de apoyo y fomento a la cogeneración y en reconocimiento del «papel clave» del gas en la eficiencia energética, reducción de emisiones y competitividad.