La compañías Endesa y Red Eléctrica de España podrían ser sancionadas con hasta tres millones de euros, en el primer caso, y 60.000 en el segundo, por su responsabilidad en el apagón del pasado 13 de noviembre, que dejó sin luz a cientos de miles de ciudadanos de Mallorca y Menorca.

La consejera balear de Comercio, Industria y Energía, Francesca Vives, y la directora general de Energía, Marilena Tugores, explicaron las conclusiones del informe elaborado con motivo del apagón que afectó a las dos islas.

Los diferentes estudios e informes realizados por los técnicos de la
Dirección General de Energía del Gobierno balear y por el consultor
externo Blas Hermoso (de la Universidad Pública de Navarra) han dado como conclusión que el apagón se produjo debido a la conjugación de varios factores.

La causa directa fue el cortocircuito fase-tierra que se produjo en un
seccionador (SF6) en tensión, que se estaba revisando en aquel momento en la central eléctrica de Alcúdia (Mallorca). Este cortocircuito se atribuye a las sobretensiones producidas por los rayos que se sucedieron durante la tormenta de aquel día. Los trabajos que se hacían en el seccionador se realizaron sin tener en cuenta el riesgo que suponía para la central trabajar en tensión en condiciones de tormenta.

El Gobierno balear señala que las diferentes normativas nacionales y
europeas establecen que los trabajos en tensión no se deben realizar en condiciones de tormenta, ni cuando haya o se oigan rayos o truenos, norma que no se siguió aquel día en la central de Alcúdia.

Agrega el informe que se constató que el día 13 de noviembre se produjo una fuerte tormenta con aparato eléctrico sobre Mallorca, especialmente en la zona de Pollença y Alcúdia, según ha confirmado la red de localización de rayos de la Agencia Estatal de Meteorología y de la empresa catalana Fulgura, dedicada al estudio de fenómenos meteorológicos.

En la central de Alcúdia se estaba revisando el citado seccionador que
estaba en tensión, y además, se añadió que el nivel de aislamiento del
aparato no se encontraba en las mejores condiciones para poder soportar las sobretensiones que se produjeron con la tormenta.

Tampoco se informó a la Consejería de Energía de un estudio de carencias, elaborado por Red Eléctrica y Endesa, de donde se deduce que ambas entidades y Gesa Generación eran conscientes de la situación crítica de la subestación de Alcúdia para el sistema.

De igual modo, no se siguieron los procedimientos establecidos para la
manipulación de algunos aparatos, como el seccionador. El Govern considera que ni Red Eléctrica ni Endesa Distribución han mantenido informada a la Consejería de aspectos «de vital importancia para la seguridad del sistema eléctrico balear«.

Este hecho podría constituir, en el caso de Red Eléctrica, una infracción
tipificada como leve, en el régimen sancionador de la ley 54/1997, puesto que se trata de un incumplimiento de sus obligaciones. La sanción en este caso podría ascender a 60.000 euros.