El Foro de la Industria Nuclear considera que la construcción de nuevas centrales serviría para dinamizar la economía y calcula que el proceso, la instalación y la puesta en marcha de cada nueva planta nuclear crearía por lo menos 2.000 empleos directos durante más de seis años.

Además, según los cálculos del foro, durante ese periodo se podrían dar picos de trabajo en los que estarían ocupadas más de 4.000 personas.

Desde esta asociación recuerdan que con el objetivo de obtener la mejor composición del parque de generación de electricidad en 2030 se debería contar con 11.000 megavatios (MW) de origen nuclear adicionales, lo que equivaldría al desarrollo de entre siete y diez nuevas centrales.

En declaraciones, la presidenta del Foro de la Industria Nuclear, María Teresa Domínguez, explicó que para cumplir ese reto se necesitan 33.000 millones de euros, de los que la industria nacional podría aportar un 86 por ciento.

El foro subraya que el sector nuclear nacional, «experto y competitivo«, participa en el desarrollo de plantas en el resto del mundo y está preparado para afrontar la construcción de nuevos reactores en España. Posteriormente, cuando una central nuclear esté en funcionamiento mantendrá entre unos 800 y 1.000 empleos directos durante su periodo útil.

Así lo han confirmado fuentes de la planta nuclear, donde se ultiman las últimas pruebas y comprobaciones para verificar que la revisión llevada a cabo durante su vigésima primera recarga de combustible ha ido bien.

Durante esta parada, que comenzó el pasado 10 de febrero, se han revisado e inspeccionado prácticamente todos los elementos de la central, incluida la propia vasija del reactor, en lo que constituye la parada más larga y compleja de la historia de la central, según ha reconocido el director de la planta, Aquilino Rodríguez.

Una recarga de estas características sólo se lleva a cabo cada diez años y en el caso de la central de Trillo, tan sólo se ha efectuado una anterior de similares características.

Por lo que respecta a la notificación hecha desde el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a todas las centrales de España para que no reduzcan sus inversiones en seguridad pese a la crisis, desde la central de Trillo han asegurado que en esta planta no se ha llevado a cabo ninguna reducción, y «normalmente, las centrales no recortamos en estos temas«.

Hoy entra en vigor un real decreto que regula la vigilancia y control de traslados de residuos radiactivos y combustible nuclear gastado entre Estados miembros.

Mediante este real decreto, que ayer publicaba el Boletín Oficial del Estado (BOE), se incorpora al derecho español una directiva comunitaria del año 2006.

Uno de sus aspectos más novedosos es la ampliación del campo de aplicación de esta normativa da a las transferencias de combustible gastado, no sólo en el caso de que éste vaya a ser destinado al almacenamiento definitivo, sino también cuando se destine al reprocesamiento.

En virtud de este real decreto, todo poseedor de residuos radiactivos o de combustible gastado que prevea efectuar un traslado intracomunitario desde España de dicho material, u organizar dicho traslado, requerirá la autorización de la Dirección General de Política Energética y Minas (del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Cuando España sea el Estado miembro de origen, si se han dado todos los consentimientos necesarios para el traslado, se podrá autorizar al poseedor de los residuos radiactivos o del combustible gastado a efectuar el traslado e informará de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de destino y, en su caso, a las de los Estados miembros de tránsito.

Una autorización no podrá ser válida y eficaz por tiempo superior a tres años. Al establecer el período de validez y eficacia, la Dirección General de Política Energética y Minas tendrá en cuenta todas las condiciones fijadas, tanto por el CSN como en el consentimiento dado por los Estados miembros de destino o de tránsito.

Este real decreto no afectará al derecho de España o de una empresa española a devolver, en condiciones seguras, a su país de origen los envíos de residuos radiactivos y combustible gastado que no hayan sido debidamente autorizados, así como los que hayan sufrido contaminación radiactiva o contengan una fuente radiactiva (incluso aunque no hayan sido declarados como residuos radiactivos por el país de origen).