La patronal eléctrica Unesa ha acogido con «positiva resignación» la norma aprobada por el Gobierno para solucionar el déficit tarifario (diferencia entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico) porque, aunque no coincide en todo con sus planteamientos, sí «despeja» el futuro.

Según fuentes de Unesa consultadas, las medidas adoptadas por el Ejecutivo «no responden exactamente» a lo que hubiera deseado el sector, pero suponen «el inicio de una solución definitiva para una situación insostenible«.

La patronal eléctrica considera que el sector deberá afrontar ahora «tres años de esfuerzo importante» para aplicar lo aprobado, pero precisa que lo puede abordar «con la tranquilidad de que el futuro está despejado«.

Las fuentes consultadas recalcaron que la decisión del Gobierno sobre el déficit tarifario «responde a una política de Estado que era inaplazable«.

El objetivo de esta norma es, según el Ejecutivo, resolver el llamado déficit tarifario, que asciende a 16.000 millones de euros, de los que 14.000 millones están aún sin recuperar.

El Real Decreto-Ley incluye la creación de una tarifa eléctrica reducida, o «bono social«, que supondrá la congelación del recibo de la luz para cinco millones de hogares hasta 2012.

El coste será asumido por las eléctricas y podrán acogerse a ella los consumidores con potencias contratadas de hasta 3 kilovatios (Kw), así como las familias numerosas, las que tienen a todos sus miembros en paro y quienes perciben pensiones mínimas.

Las eléctricas asumirán también los costes derivados de la gestión de los residuos radiactivos y del combustible gastado, que ascienden a unos 2.700 millones.

El Estado, por su parte, avalará hasta 10.000 millones de euros las cantidades del déficit tarifario pendiente de titulizar (convertir en títulos negociables) y asumirá los costes de la generación eléctrica extrapeninsular (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

Así respondieron los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, a una pregunta sobre el «bono social» que ha propuesto el Ministerio de Industria, para las familias con menos recursos, en la rueda de prensa para presentar el manifiesto y los actos del Primero de mayo.

Toxo señaló que habría que conocer con más detalle cómo se va a aplicar dicho bono social pero subrayó que los sindicatos no estarían de acuerdo con que se reproduzca una situación como la del año pasado, «de subidas fortísimas» de los precios de la energía eléctrica, tanto para las familias como para las empresas.

Para Toxo, en estas cuestiones, además de plantearse cuestiones de eficiencia y ahorro, «habría que poner el acento en el modelo energético español» y, en particular en el modelo eléctrico.

En su opinión, se deben tomar decisiones políticas y económicas y encarar un debate para definir un modelo que funcione de aquí a 30 años, «un periodo que dé estabilidad, seguridad jurídica y de precios a empresas y familias», lo demás serán «parches de coyuntura».

Méndez cree positivo que se tenga en cuenta a los trabajadores que están en situación difícil, especialmente a los que han perdido su empleo, pero considera que se trata de un asunto de dialogo social que encaja perfectamente en el «diálogo social reforzado«.

Coincidió con Toxo en que es «fundamental» abrir un debate para definir el modelo energético futuro y, con respecto a la tarifa, establecerla «más allá de la situación de crisis«, de tal forma que quienes estén en peor situación económica tengan un mejor tratamiento a la hora de abonarla.