«Gracias a las alteraciones de las tarifas a principios de 2009, podemos entrar en el mercado, aunque con muchos riesgos», declaró el presidente de Endesa Portugal, Nuno Ribeiro da Silva, quien matizó que aún es necesario cambiar otras normas para asumir una estrategia «más ambiciosa».

La Entidad Reguladora de los Servicios Energéticos (ERSE) lusa modificó este año algunas reglas para ayudar a dinamizar el mercado eléctrico de Portugal, lo que animó a Endesa a explorar el sector doméstico y competir con EDP.

Sin embargo, Ribeiro da Silva subrayó que «todavía» existen algunos obstáculos para un «verdadero mercado», entre los que citó la saturación de las redes de interconexión entre Portugal y España por las que Endesa no puede obtener energía a precios competitivos.

La empresa avanzó que comenzará el próximo mes de junio con un periódico de prueba sobre un segmento reducido de clientes domésticos en espera de que el Gobierno luso termine de modificar el resto de condiciones el próximo mes de julio.

Actualmente EDP posee el 96 por ciento del mercado de electricidad en Portugal, mientras Endesa tiene apenas un 2,5%, por lo que el objetivo «realista», según la compañía, es alcanzar en cinco años el 10% de cuota.

Endesa Portugal, que comercializa energía desde 2004, suspendió en julio de 2007 la venta de electricidad debido a los cambios de tarifas decididos por el Gobierno portugués y a la imposibilidad en aquellas fechas de importar energía desde España.

EDP ve «positiva» la entrada de Endesa en el mercado luso

Antonio Mexia, presidente de Energías de Portugal (EDP), consideró «positiva» la entrada de la española Endesa en el mercado doméstico de Portugal a pesar de que rompe el monopolio de hecho que su compañía ostenta en ese segmento.

«Ya estuvieron aquí (Endesa) hace dos años, después se fueron (…) Es positivo. Nos gusta de competencia y de la competencia», dijo a los periodistas Mexia, quien se congratuló de que «se hayan creado las condiciones» para a entrada de nuevos operadores en el mercado luso.

«Nosotros hacemos nuestro trabajo. Cada uno hace el suyo. EDP lo hace de forma sistemática, como siempre», concluyó Mexia después de presentar en Lisboa los resultados de la eléctrica correspondientes al primer trimestre de este año.

En declaraciones a la prensa tras participar en un curso sobre contabilidad en empresas energéticas, Rivero rehusó comentar el decreto aprobado el jueves por el Gobierno para poner fin al problema del déficit tarifario porque aseguró desconocer su contenido.

No obstante, afirmó que el sector lo asume con «resignación positiva» porque aunque no recoge todas sus peticiones pone fecha final al déficit de tarifa, la diferencia que surge porque los ingresos del sistema eléctrico no cubren los costes y que en el acumulado desde 2000 asciende a unos 16.000 millones de euros.

«Ahora sabemos que acaba dentro de tres años», cuando no habrá más que «precios, contratos y acuerdos entre la gente», afirmó Rivero, que dijo que para la estrategia de negocio de las compañías es muy importante poder «prever los ingresos de futuro», sobre todo para conseguir préstamos para financiar sus inversiones.

El presidente de Unesa valoró la «valentía» del Gobierno por afrontar la situación «en el peor momento de toda la historia del déficit».

Rivero recordó que el decreto deberá ser desarrollado y apuntó que, en su opinión, tiene que contener la petición de las eléctricas de que se anule la normativa que establece la devolución de los ingresos obtenidos a través de la tarifa por los derechos de emisión de CO2 que reciben gratuitamente.

Según informó el jueves el Ministerio de Industria, podrán disfrutar del bono social los consumidores con una potencia contratada de hasta 3 kilovatios (KW) en su primera vivienda, las familias numerosas, las que tengan a todos los miembros en paro y quienes perciban pensiones mínimas.

Además, el Estado avalará hasta 10.000 millones de euros el déficit tarifario pendiente de titulizar -convertir los derechos de cobro en títulos negociables- y asumirá los costes de la producción de electricidad fuera de la península, mientras que las eléctricas costearán el «bono social» y la gestión de residuos radiactivos.