Ese día entrarán en vigor las Tarifas de Ultimo Recurso (TUR), precios únicos -y no máximos como se dijo inicialmente- que serán fijados por el Gobierno y a los que podrán acogerse los clientes con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios (kW), unos 24,9 millones de usuarios que, no obstante, podrán elegir ir al mercado libre.
El objetivo de las TUR es garantizar el mejor precio a los consumidores finales que, por su pequeño consumo, no cuentan con capacidad para negociar precios más bajos en el mercado.
La distribuidora, que gestionará las redes, y la comercializadora que elija el cliente, que se encargará de gestionar su facturación, podrán pertenecer a grupos empresariales distintos.
Fuentes del sector consideran que, por lo menos hasta 2013, cuando se prevé que se deje de generar el conocido como déficit de tarifa, las TUR no reflejarán todos los costes que soporta el sistema eléctrico, por lo que a estos clientes no les interesará acudir al mercado a negociar su suministro, y elegir entre una u otra comercializadora no les supondrá ventajas.
Por su parte, los clientes con potencias superiores a 10 kW -en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas-, que aún no están en el mercado libre deberán pasarse a él o, de lo contrario, sufrirán recargos del 5 por ciento en su factura de la luz cada trimestre.
Estos usuarios tendrán 9 meses para hacer el cambio, por lo que al final del periodo podrían sumar un recargo de hasta el 15 por ciento, y se espera que las 25 comercializadoras a mercado libre inicien una «batalla» de ofertas para hacerse con sus contratos, según las mismas fuentes, que recordaron que estos cambios buscan avanzar en la liberalización del sector eléctrico.
Para poder beneficiarse de las TUR, los clientes deberán elegir entre las cinco comercializadoras de último recurso autorizadas por el Ejecutivo (Iberdrola Comercializadora de Último Recurso, Endesa Energía XXI, Unión Fenosa Metra, Hidrocantábrico Energía Último Recurso y E.On Comercializadora).
De no hacer una elección, les será asignada automáticamente la comercializadora que corresponda a su actual distribuidora.
Las distribuidoras dejarán de suministrar energía y se dedicarán exclusivamente a la gestión de las redes, por lo que serán las que respondan ante los consumidores en caso de avería o cortes en el suministro.
Las comercializadoras de último recurso sólo podrán facturar en función de las TUR vigentes, que serán calculadas semestralmente por el Gobierno mediante una fórmula que aún no se ha concretado, aunque se sabe que tendrá en cuenta los costes del sistema y precios de mercado, así como que habrá dos tipos en función del horario.
Paralelamente, el 1 de julio entrará en vigor el denominado «bono social», por el que la tarifa eléctrica quedará «congelada» para los clientes más desfavorecidos.
Hasta que el Gobierno establezca un indicador de renta per cápita, podrán disfrutar del bono social los consumidores con una potencia contratada inferior a los 3 kW, los jubilados mayores de 60 años que cobren pensiones mínimas, las familias numerosas y los hogares con todos sus miembros en paro.
El bono social, del que se calcula que se beneficiarán 5 millones de clientes, sólo se aplicará en el caso de primeras residencias y el Ejecutivo aún debe establecer cómo deberán acreditar los consumidores que tienen derecho a él.
