El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, afirmó ayer que la decisión sobre el uso de la energía nuclear corresponde a cada país, es política interna, y que a la Unión Europea sólo le compete la creación de un «mercado común de la energía».

López Garrido, en una rueda de prensa conjunta con sus homólogos belga y húngaro, señaló que la UE tiene que establecer las bases para la creación de un mercado común energético con el objetivo de asegurar el suministro y que para ello debe potenciar la «interconexión» energética entre Estados.

Además, el secretario de Estado para la UE indicó que el futuro Tratado de Lisboa, que se espera entre en vigor el próximo año, concede a Bruselas las competencias en energía, si bien añadió que «la UE quiere diversificar las fuentes de energía, pero la nuclear tiene que ver con las políticas internas».

En una nota, Greenpeace explica que está preparando un recurso contra el CSN porque, durante el proceso de redacción del informe, este organismo no ha garantizado el derecho al acceso a la información y participación del público.

Greenpeace recuerda que según la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo y el Convenio de Aarhus, entre otras normas, las organizaciones ecologistas tienen derecho a exigir al Ministerio de Industria que ponga en marcha el llamado «trámite de Audiencia» que permite a los interesados presentar alegaciones.

Asimismo, Greenpeace considera que la actuación del CSN es impugnable por dos razones: porque no ha abierto un proceso de participación pública y por no haber motivado sus conclusiones.

También recuerda que otras dos leyes (una de ellas la de la creación del CSN) permiten que el público y los interesados puedan opinar en todo lo que se refiere a la seguridad nuclear y la protección radiológica.

«Como establece su propia Ley, es fundamental que las actuaciones del CSN cuenten con la necesaria credibilidad y confianza por parte de la sociedad a la que tiene la misión de proteger contra los efectos indeseables de las radiaciones ionizantes, pero en este caso el CSN ha vuelto a actuar a espaldas de la sociedad civil, vulnerando su propia normativa», denuncia el responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo.

Greenpeace está desarrollando una «ciberacción» para recabar apoyos y exigir al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que «cumpla su palabra y cierre Garoña», tras el informe favorable a prorrogar la actividad de esta central nuclear que ha emitido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por diez años, una vez analizada sus condiciones de seguridad.

Bajo el lema «Ayúdanos a cerrar Garoña», la nueva acción de Greenpeace recoge firmas para solicitar la clausura de estas instalaciones. Greenpeace se reafirma en la «peligrosidad» y «obsolescencia» de la central de Garoña e insiste en que está «totalmente amortizada», aunque los informes consignen lo contrario. Además, invita a firmar una carta dirigida a Rodríguez Zapatero.

Por otra parte, Greenpece ha lanzado el registro «Yosoyantinuclear» con el que Greenpeace hace oposición a esta fuente energética, en respuesta al que recientemente lanzó el Foro Nuclear («yosoynuclear»).

Ecologistas en Acción y otros grupos, en globo

Por su parte, Ecologistas en Acción pidió ayer en un acto en la Plaza Mayor de Burgos, el cierre de la central de Santa María de Garoña, sobre un globo aerostático. Los grupos convocantes de esta propuesta son Ecologistas en Acción, CGT, Izquierda Capitalista, Burgos con Bici y Acción en Red.

En este acto, Ecologistas en Acción señaló que admitiría durante un máximo de dos años la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña, aunque aboga por su cierre inmediato. Así lo apuntó el responsable de campañas antinucleares de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, quien participó hoy en Burgos en un acto simbólico con un globo aerostático con el que se buscaba «llamar la atención de los ciudadanos sobre la situación en la que se encuentra la central nuclear». Según Castejón, este periodo sería admisible ya que en la central se ha producido una recarga, «algo que no debería haberse hecho».

Sin embargo, y volviendo a la retórica del pánico, señaló que «cuanto más tiempo pase más probable es que ocurra un accidente». «El propio informe realizado por el Consejo de Seguridad Nuclear demuestra que la planta atómica no está en condiciones de seguir», remarcó el dirigente ecologista, pese a la autorización condicionada para continuar operando.

Esto es así «ya que reconoce que existen dos elementos clave en la seguridad que no se han cumplido: la sustitución de kilómetros de trenes de cable, vitales para la seguridad, y la reparación y la puesta a punto del sistema de ventilación de emergencia de contención, cuyo mal funcionamiento puede ser catastrófico», refiriéndose a las inversiones y condiciones solicitadas por el CSN para continuar con su operación.

Desde Ecologistas en Acción consideran «inadmisible» la continuidad de Garoña y añaden que las inversiones que se proponen «son como tirar el dinero». Además, según Castejón, la central es «prescindible» ya que sólo produce el 1,3% de la electricidad que se genera en España y supone aproximadamente la tercera parte de lo que se exporta.

Según el responsable de campañas antinucleares, la única razón existente para su continuidad es que supone «un negocio redondo para Nuclenor, su empresa propietaria», ya que explicó que en estos momentos la central ya está amortizada. «Posee unos márgenes de beneficio del 75%, sin parangón en ninguna otra actividad industrial», determinó.

La decisión que debe tomar el Gobierno central sobre el futuro de Garoña se traduce, a juicio de Ecologistas en Acción, «en un aviso para navegantes», ya que se verá qué se hará posteriormente con el resto de centrales nucleares. Castejón quiso dejar claro que desde el año 2000, las plantillas de todas las centrales nucleares españolas se han reducido en un 50%.

Sin embargo, explicó que durante el proceso de desmantelamiento de Santa María de Garona, que puede durar entre 10 y 15 años, «el número de personas que trabajan allí se puede incluso duplicar». En este sentido, apuestan por la elaboración de un plan de desarrollo alternativo, ya que la retirada de la central «puede empobrecer más la zona».

El presidente de las cámaras de comercio de Castilla y León ha explicado que la nueva central propuesta podría ser construida ya con técnicas de cuarta generación y llegar a generar 1600 megavatios, «una potencia muy superior» a la que genera la planta actual, que ronda los 400 megavatios.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Burgos, Antonio Miguel Méndez, ha destacado que frente al «temor» existente en otros lugares a la energía nuclear, el entorno de Garoña es «favorable» a este tipo de instalaciones.

En opinión de Méndez Pozo, el gobierno debería conceder la prórroga de 10 años solicitada por Nuclenor, empresa propietaria de Garoña, y en ese tiempo diseñar y construir la nueva central nuclear.

Vidal y Méndez han realizado estas declaraciones a los periodistas tras la reunión del pleno del Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria celebrado en Briviesca, donde los representantes camerales han manifestado su apoyo a la continuidad de Garoña.

En este sentido, Vidal ha señalado las limitaciones marcadas por el protocolo de Kioto en la producción de CO2, que en su opinión requieren la aportación limpia de la energía atómica, la necesidad de aumentar la potencia instalada y la energía producida, los elevados costes de las energías alternativas o su vinculación al desarrollo de la alta tecnología.

El director general de Nuclenor, Martín Regaño, ha considerado que el cierre de Garoña tendría efectos «irreversibles» en el entorno y ha recordado que la esta central invirtió en 2008 un total de 125 millones de euros, de los que 75 se quedaron en Castilla y León y la mitad en el entorno de la instalación nuclear.

Martín Regaño ha señalado que la nueva petición de informes por parte del gobierno al Consejo de Seguridad Nuclear supone que «todavía no se ha tomado una decisión» y ha expresado su confianza en que finalmente se siga el primer informe y se conceda la prórroga de 10 años solicitada.

Regaño ha considerado que «no existen razones ni técnicas ni económicas» para cerrar Garoña en un momento en el que España cuenta con un 20% de producción de energía nuclear cuando el «mix energético» por el que se apuesta en el mundo de cara al futuro cifra esta energía en un tercio.

En este sentido, ha señalado que, poder diseñar una «estrategia» a medio o largo plazo, incluyendo la posibilidad de construir nuevas centrales, como proponen las Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León, requiere «consenso político» y «estabilidad jurídica».