En declaraciones a la prensa, Pedro Rivero, que participó en el XVIII Observatorio Económico de la FAES centrado en energía, subrayó que ya se han sentado las bases para lograr ese pacto con la creación de una subcomisión en el Congreso para definir las estrategia energética de España para los próximos 25 años.
La creación de la subcomisión recibió el apoyo de todos los partidos, recordó Rivero, que subrayó que hacía «mucho tiempo» que no había acuerdos por unanimidad, «lo que demuestra que hay una necesidad compartida, tanto por el Congreso como por nosotros».
Rivero pidió al Ejecutivo que aproveche la subcomisión y que consulte al sector para que las decisiones sobre política energética «nazcan ya con consenso y, a ser posible, se mantenga la unanimidad».
«Es necesario e imprescindible, y si no es factible lo pagaremos entre todos», aseveró Rivero, que subrayó que ese consenso reforzaría la confianza de bancos y cajas en el sector eléctrico, lo que les permitiría obtener financiación más barata y a más largo plazo.
Esta situación redundaría en beneficio del consumidor, al que las eléctricas podrían ofrecer mejores precios.
Durante su intervención en el Observatorio, el presidente de Unesa subrayó que toda inversión que requiere financiación necesita una normativa estable y predecible que evite que las decisiones cambien en función del partido que gobierna.
En este sentido, explicó que, en los últimos años y a pesar de que no existía moratoria nuclear, las compañías no han construido centrales nucleares en España porque ningún «loco» las financiaría ante la falta de una política energética que aclare el futuro de este tipo de energía.
«Sin programación energética es imposible saber qué va a pasar con el activo a financiar», recordó Rivero.
Durante la celebración del Observatorio, el ex presidente de Endesa y diputado del PP Manuel Pizarro coincidió en señalar que habría que elevar la política energética a pacto de Estado para que las inversiones no se vean afectadas por los cambios de Gobierno.
Respecto a la central nuclear de Garoña, Pizarro consideró que es un error cerrar emplazamientos que han sido «pacíficamente» asumidos por los ciudadanos y destacó que, en todos lo sectores, las cuentas de resultados de las compañías imponen la «racionalidad» que en ocasiones falta a los políticos.
El profesor Roberto Centeno aseguró que el cierre de la central burgalesa costará a los usuarios unos 285 millones de euros al año, cantidad que se duplicará si los precios del gas retornan a los niveles de hace un año.
Añadió que el coste de cerrar todas las centrales nucleares que actualmente operan en España sería de entre 3.600 y 5.700 millones de euros, según los precios de la energía, con lo que la factura de la luz se elevaría entre el 14 y el 23 por ciento, algo «inasumible» para muchas familias.
Centeno aseguró que sin la moratoria nuclear aprobada por el Gobierno de Felipe González, España contaría en la actualidad con 195.000 millones de kilovatios hora al año procedentes de centrales nucleares que permitirían un ahorro de 8.300 millones de euros al año al tratarse de una energía más barata.
El vicepresidente de Unión Fenosa, Honorato López Isla, dijo que si se hubieran hecho todas las centrales previstas entonces «nos las habríamos tenido que tragar por el precio del dinero», aunque abogó por mantener este tipo de energía, sobre todo para poder permitir el desarrollo y uso de las fuentes renovables.
En su opinión, en un mix energético equilibrado, la energía nuclear debe aportar el 25 por ciento del consumo y lamentó que en España en vez de hacerse política energética se hace «política con la energía».
