China rozará los 300 megavatios en energía solar fotovoltaica a final de año

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Esta es una de las principales conclusiones que se desprende de la Feria y Conferencia Internacional de Energía Solar Fotovoltaica 2009 (IPVSEE, en inglés), que se ha celebrado estos días en Pekín.

En 2008, el gigante asiático tenía instalados 140 megavatios de potencia y durante este año los proyectos fotovoltaicos se multiplicaron al calor de las medidas de impulso gubernamentales.

Wang Sicheng, miembro del Instituto de Investigación de Energías, perteneciente a la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (NDRC, el máximo órgano de planificación económica del país), aseguró durante la feria que los nuevos parques solares iniciados este año sumarán otros 150 megavatios.

El Gobierno chino aprobó en marzo un plan de subsidio que cubre la mitad del coste de instalación de sistemas fotovoltaicos en los tejados de los inmuebles, mientras que en julio lanzó medidas similares para potenciar la instalación en tierra.

Además, el país asiático, segundo mayor consumidor de energía del mundo después de EEUU, revisó al alza su objetivo de energía solar para 2020, desde 1.800 hasta 20.000 megavatios.

En este contexto, las firmas chinas y las grandes compañías internacionales aprovechan la feria pequinesa para iniciar contactos y desarrollar posibles proyectos.

El país ya se convirtió en los dos últimos años en el principal suministrador de paneles solares, aunque no para el mercado doméstico, todavía incipiente.

China es el país con mayor potencial para el mercado fotovoltaico, como prueba el reciente acuerdo para la creación de una planta de energía solar en Mongolia Interior con una potencia de 2.000 megavatios, el mayor proyecto solar del mundo hasta la fecha y que desarrollará la firma estadounidense First Solar.

El país asiático se encuentra inmerso en una campaña de desarrollo de las energías alternativas, como la eólica y la solar, con el objetivo de reducir su excesiva dependencia de fuentes energéticas altamente contaminantes, como el carbón, que todavía supone dos tercios del consumo de China.

Según datos de la NDRC, China tiene previsto invertir cerca de 202.000 millones de euros en energías alternativas hasta 2020.

Por otro lado, también la Corporación de Inversión de China (CIC), el fondo soberano del país, anunció un acuerdo para adquirir el 20 por ciento de la firma hongkonesa GCL-Poly Energía Holdings, dedicada a la industria fotovoltaica.

La operación, anunciada a través de la página web de la CIC, ascenderá a 475 millones de euros.

Un experto aboga por unificar la ley sobre la eólica para cumplir el mandato europeo

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Así lo ha puesto de manifiesto durante un congreso internacional sobre el régimen jurídico de la energía eólica, que se ha celebrado en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de Granada, y en el que participan expertos procedentes de España, Alemania, Estados Unidos, Japón o México.

Al tener cada autonomía competencias en materia de energía eólica, ha explicado el profesor, éstas establecen sus propios procedimientos y requisitos, algo que impide cumplir con las exigencias comunitarias.

La normativa europea establece una reducción del 20 por ciento en las emisiones de dióxido de carbono y un consumo de energía renovable que represente el 20 por ciento del gasto total de los países miembros de la Unión Europea antes de 2020, así como una racionalización y agilización en los procesos administrativos.

Según Sánchez, al ser las normativas autonómicas tan dispares en materia de energías renovables también dificulta la labor de los promotores a la hora de preparar los proyectos y presentar las solicitudes para la autorización de los parques eólicos.

Los problemas jurídicos en la instalación de estos centros, ha señalado, se encuentran en cuestiones medioambientales y en la implicación de la ordenación del territorio, por lo que el congreso trata de analizar estos aspectos con el fin de cumplir la directiva comunitaria.

Asimismo, también se estudiará el procedimiento administrativo en la autorización de las instalaciones eólicas con el fin de establecer las barreras administrativas y legales, ya que su regulación afecta directamente al desarrollo de estas energías renovables.

«Las energías eólicas tienen mayores beneficios con respecto al cambio climático que las tradiciones», ha explicado Sánchez, que ha manifestado que cuentan con algunos inconvenientes desde el impacto visual y medioambiental.

Sánchez ha apuntado que el desarrollo de las energías renovables se está produciendo de forma escalonada debido a que son más costosas que las convencionales, por lo que ha abogado por medidas de apoyo para su fomento.

La subasta que marcará la revisión de la tarifa eléctrica se realizará el 15 de diciembre

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La de diciembre será la décima subasta Cesur y la segunda, después de la del 25 de junio, en la que su resultado tendrá peso ponderado en la fórmula de cálculo automático de tarifas. En esta ocasión, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se subastarán 14.670 megavatios (MW) en distintos productos a plazo tanto en carga base como en punta, de los que la mayor parte serán colocados en el mercado por Endesa e Iberdrola.

En la subasta de junio, el producto de carga base del tercer trimestre se colocó a 42 euros por megavatio hora (MWh), por debajo de los 58,86 euros por MWh de la subasta de enero y por encima de los 36,58 euros por MWh de la subasta de marzo.

Según informa Europa Press, fuentes del sector indican que el precio medio del megavatio en 2008 fue de 65,9 euros, frente a los 41,1 euros de 2007, y que durante 2009, en plena crisis, este producto se ha abaratado hasta situarse de nuevo en torno a los 40 euros.

Tras aplicar la fórmula en junio, Industria decidió subir un 2,2% la nueva TUR a partir de julio, en una medida que sucedió a la congelación de la revisión de abril y a la subida del 3,4% en enero. En enero también se tuvieron en cuenta, a través de la tarifa de acceso, los costes regulados del sistema.

Fuentes de Industria explican que las tarifas de acceso, que se revisan anualmente en enero, pueden tener un peso cercano al 50% en la fórmula final de cálculo, pero que este porcentaje nunca es fijo.

En su informe sobre el real decreto para solucionar la falta de consumo de carbón nacional, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) dice que la tarifa de acceso en enero debería subir un 13,5% para evitar que se supere el límite máximo de 3.000 millones de déficit de tarifa para 2010.

Si se contempla el impacto del decreto del carbón, aún pendiente de aprobación y valorado en entre 700 y 800 millones el próximo año, la subida debería ser del 17,9%. Además, si el Gobierno decidiera incluir en los costes del sistema el lucro cesante de las centrales desplazadas por la mayor utilidad de las térmicas, la subida de tarifa de acceso debería ser del 18,6%.

El precio de la luz viene subiendo cada año desde 2003, aunque sólo desde 2006 (5,28%) lo hace por encima del IPC. Si en 2007 la subida fue del 2,98%, en 2008 registró un incremento del 9,08% –3,3% en enero y 5,6% en julio–. En enero de 2009 se aplicó una subida del 3,4% y en julio, del 2%.

Por otro lado, desde julio se aplica la nueva TUR para consumidores con menos de 10 kilovatios (kW) de potencia que no quieran contratar una comercializadora en el mercado libre. Industria calcula que 24,9 millones de clientes podrán acogerse a la nueva TUR, esto es, el 95% de los consumidores, que representan el 68% del consumo.

El consumidor español ahorra hasta 22 euros al año en luz si acude al mercado libre

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Así se desprende del «Análisis comparativo de las ofertas de suministro de gas y electricidad, para los consumidores domésticos en el mercado liberalizado», correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre de 2009, y que fue examinado por el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Se trata de un análisis comparativo de las ofertas de suministro de electricidad y de gas natural que las empresas comercializadoras en el mercado liberalizado están ofreciendo en la actualidad a los consumidores españoles del segmento domestico residencial.

La comparativa de ofertas muestra que un consumidor de gas, con un consumo medio de 8.000 kWh/año, correspondiente a viviendas con calefacción a gas, puede ahorrar hasta 16 euros en su factura anual de gas natural en el mercado libre en comparación con la Tarifa de Último Recurso (con un importe anual estimado de 455 euros/año).

En el caso de la electricidad, para un consumidor de electricidad de 8.000 kWh/año, generalmente correspondiente a una vivienda con consumo de alumbrado, fuerza, cocina eléctrica, aire acondicionado/bomba de calor, supone un ahorro estimado sobre la TUR en el entorno de 22 euros anuales, según los cálculos de la CNE.

Desde julio de 2008 en el caso del gas y desde julio de este año en el de la electricidad, los consumidores pueden acudir al mercado libre o mantenerse en esa denominada tarifa de último recurso.

Por otro lado, la CNE ha valorado que el proyecto de Real Decreto sobre hidrocarburos simplifique algunos procedimientos administrativos, aunque ha señalado que, en el caso de hidrocarburos líquidos, deberían derogarse los reglamentos vigentes y aprobar unos nuevos.

Sobre la propuesta de Real Decreto para adaptar algunas disposiciones del sector eléctrico a la nueva legislación sobre actividades de servicio, la CNE propone que modifique el sistema para definir las cantidades que reciben las instalaciones de régimen especial mientras están en pruebas.

España perderá el liderazgo en fotovoltaica por su mala regulación, según el sector

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La cúpula fotovoltaica se reunió en Madrid para la presentación de un estudio elaborado por la asociación europea EPIA y la consultora A.T. Kearney, que revela que esta energía solar se abaratará anualmente un 8% en los próximos años, una reducción de precios que no se prevé para ninguna otra fuente eléctrica.

Según los responsables del estudio España debe fijarse un objetivo de, al menos, 20 gigavatios fotovoltaicos instalados en 2020.

El vicepresidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), Javier Gorbeña, criticó la «absoluta indecisión» que sufre la industria y afirmó que el actual marco regulatorio, basado en un sistema de cupos, «no está funcionando adecuadamente».

Recordó que en breve habrá que decidir el futuro del sector hasta 2020 y pidió al Gobierno que tenga en cuenta las recomendaciones del estudio para que la industria fotovoltaica española mantenga su posición de liderazgo.

Aseguró que de no afrontar cambios regulatorios algunos «no podrán aguantar más» y España perderá la oportunidad histórica de ser líder mundial en una tecnología por primera vez.

El presidente de APPA Solar Fotovoltaica, Javier García Breva, afirmó que el problema de la fotovoltaica no es la tecnología sino la «mala regulación» y dijo que el mundo no se termina en 2012, en referencia a la reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros de la potencia eólica y termosolar a instalar en España hasta ese año.

Exigió al Gobierno que defina cuanto antes un escenario a 2020 para cumplir con las directivas europeas y agregó que la actual normativa de cupos es «cortoplacista, miope e interesada» porque sólo resuelve los problemas de «mañana», no ve lo que pasa en el resto del mundo y retrasa el cambio de modelo energético.

La fotovoltaica ya forma parte del sistema porque aporta el equivalente a 8 centrales de ciclo combinado y en agosto cubrió el 4 por ciento de la demanda total eléctrica, añadió.

Por su parte, el presidente a la Asociación de la Industria Fotoltaica (ASIF), Juan Laso, lamentó que la industria en España discurre por una senda «muy limitada» porque el Ejecutivo le ha marcado un camino «muy estrecho» del que está intentando salir mediante el apoyo del «autoconsumo».

El estudio de EPIA, basado en entrevistas a más de cien expertos, analiza varios escenarios de implantación de la fotovoltaica en Europa, entre los que destaca el que fija un objetivo de cubrir el 12 por ciento del suministro eléctrico europeo en 2020.

Según el informe, este objetivo se puede lograr si se avanza en asuntos como la integración de red, las interconexiones, la competitividad en costes o una regulación adecuada.

Añade que España tiene una «posición privilegiada» porque cuenta con una industria «capaz y competitiva» y con un alto grado de irradiación solar, al tiempo que constituye un puente natural en la región mediterránea.

Además, la integración de futuras capacidades fotovoltaicas no supone una complejidad adicional, a diferencia de otros países, y la paridad de red en el segmento residencial se puede alcanzar en un horizonte temporal no superior a tres años.

La clave está en un «entorno regulatorio adecuado», añade el informe, en el que se recuerda que España deberá presentar en junio de 2010 su Plan Nacional de Acción de Energías Renovables (NREAP), con propuestas concretas para alcanzar el objetivo global europeo de cubrir el 20 por ciento de la demanda con fuentes renovables.

Solaria y Fairway crean una sociedad para desarrollar 160 MW en Brasil hasta 2012

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Mediante este convenio se constituirá una sociedad limitada brasileña en la que Solaria contará con una participación del 55 por ciento y Fairway del 45 por ciento.

El plan de negocio firmado prevé realizar ventas de módulos y de proyectos «llave en mano» de 160 MW durante el trienio 2010-2012 y «apoyarse en las importantes medidas de apoyo al sector de energías renovables que está desarrollando el Estado brasileño».

El acuerdo, que contempla «el diseño, instalación y operación de plantas fotovoltaicas con tecnología cristalina y venta de equipos fotovoltaicos», ha sido suscrito en Sao Paulo (Brasil) por los presidentes de Solaria, Enrique Diaz-Tejeiro, y de Fairway, Saturnino Sérgio da Silva.

CCOO pide al Gobierno que proteja la minería española más allá del año 2012

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En un encuentro con medios de comunicación, el secretario general de Industria de CCOO, Felipe López, dijo que el Plan 2006-2012 fija los objetivos del sector del carbón y asegura el empleo en las zonas mineras, por lo que es muy importante firmar un nuevo plan que garantice que las actividades de reindustrialización y fomento del empleo en estas comarcas continuarán más allá de 2012.

Según López, España necesita un pacto de Estado que determine una política energética estable, en la que el carbón tiene que jugar un papel «muy importante» por su carácter estratégico.

El Ministerio de Industria ha elaborado un borrador de decreto que tiene el objetivo de incentivar el uso de carbón autóctono en un contexto de caída de la demanda eléctrica, que ha provocado que este combustible deje de utilizarse por su menor competitividad ante otras tecnologías de generación.

Desde CCOO también pidieron al Gobierno que durante su turno en la presidencia de la Unión Europea ponga los medios para que se prorrogue el reglamento europeo del carbón, que sería el que marcaría las directrices del nuevo plan español.

El secretario de Industrias Extractivas de CCOO, Juan Carlos Liébana, aseguró que sólo piden «el cumplimiento de los acuerdos» y que «España no puede renunciar a una fuente autóctona de energía» porque garantiza el suministro y ofrece «una cierta autonomía».

Además, explicó Liébana, la reducción de la producción de carbón nacional es un riesgo, porque las minas implican unas inversiones de mantenimiento y si se abandonan la recuperación posterior resulta muy costosa.

El responsable de las industrias extractivas defendió la competitividad del carbón nacional y señaló que no es tan caro como indican algunas fuentes «interesadas», ya que aunque está subvencionado «no es la energía que más primas recibe».

Liébana también señaló que el sector del carbón está trabajando en las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2, que con unos incentivos adecuados podrían lograr que en 2020 las centrales térmicas de carbón eliminen el 90% de sus emisiones.

Respecto al borrador de decreto para el carbón, señaló que el sindicato se pronunciará cuando reciban el informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Sin embargo, el responsable de CCOO señaló su desacuerdo con las propuestas publicadas en la prensa sobre las restricciones a las minas a cielo abierto porque no se basan en criterios reales, ya que sólo contaminan las minas que incumplen las normativas medioambientales.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) planteó al Ministerio de Industria varias propuestas para mejorar el decreto del carbón, entre las que se encuentra limitar la producción de las minas a cielo abierto por sus altos niveles de emisiones de CO2.

Castilla y León pide que se financie y se repare el daño creado tras cerrar Garoña

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De este modo se manifestó Tomás Villanueva ante el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, en la reunión del Consejo para el impulso del Plan de Dinamización Económica y el Empleo en Garoña.

Villanueva reiteró que «la Junta no comparte la decisión tomada por el Gobierno de España sobre el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña» y explicó que deben ser ellos los que financien las medidas en apoyo a esta zona porque fueron los que tomaron la decisión.

«Tienen que traer algún proyecto de referencia empresarial industrial que sirva de tractor, de motor. Y el Gobierno de España puede hacerlo porque tiene posibilidades, capacidad e información para hacerlo», precisó Villanueva.

En concreto, el vicepresidente de la Junta pidió al ministro en el Consejo «que pongan en marcha incentivos fiscales ventajosos para el desarrollo de alternativas económicas».

Por ello, abogó por «una discriminación positiva para generar actividad económica y que se apliquen «los mismos beneficios que tienen otras comunidades, como el caso del País Vasco para competir en condiciones de igualdad», afirmó Villanueva.

En este sentido, reclamó «un mayor esfuerzo para la financiación de la instalación de empresas en la zona, que pueden llegar al 30 por ciento, si se recurre a la Unión Europea», para casos por impacto negativo del cierre de la central.

Además, calificó de «exagerado» que el plan se extienda al vecino País Vasco, así como a La Rioja, ambas comunidades que no sufren el problema. En el primer caso, «porque cuenta con el blindaje vasco», y en ambos casos, porque «el objetivo pasa por buscar alternativas económicas y empresariales para la zona del Valle de Tobalina y éstas no se pueden encontrar si están en desventaja con zonas colindantes».

También criticó que desde el Ejecutivo se plantee un Plan Especial de Empleo para la zona valorado en seis millones de euros y que pidan su cofinanciación al 50 por ciento por parte de la Junta, cuando el presidente autonómico reclamó un plan para Castilla y León como el que tienen otras comunidades y todavía no recibió respuesta.

Sin embargo, el vicepresidente segundo de la Junta mantuvo que «la actitud del Gobierno regional será de lealtad para trabajar en la búsqueda de esas alternativas».

Lamentos por vincular el desdoblamiento de la N-1 al cierre de Garoña

Por su parte, el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, ha lamentado que el desdoblamiento de la carretera nacional N-1 entre Burgos y Miranda de Ebro, prevista en el Plan de Dinamización de Garoña, se vincule al cierre de la central nuclear.

A preguntas de los periodistas tras la firma de la constitución del consorcio para la promoción del aeropuerto de Burgos, Silván ha recordado que se trata de una reivindicación «histórica» para el único tramo de esta vía que queda sin desdoblar.

Sin embargo, ha considerado que «nunca el desdoblamiento de un tramo de carretera ha resultado tan caro», porque a su juicio el cierre de Garoña supondrá un daño muy importante tanto en riqueza como en pérdida de puestos de trabajo.

Silván ha señalado que el Gobierno se refirió primero a liberalizar la autopista de peaje AP-1 y después del desdoblamiento, aunque nunca se llegó a incluir en los planes de infraestructuras.

Por otra parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en Burgos, Luis Oviedo, ha calificado de «disparate» el paquete de medidas que el Gobierno central ha presentado dentro del Plan Garoña.

Oviedo ha criticado especialmente que las medidas se hayan fijado sin tener en cuenta los deseos y necesidades de los habitantes de la zona afectada.

En su opinión, el plan es «una especie de parche» que se ha formado con proyectos de diferentes ministerios, muchos de ellos ya comprometidos, que no parten de un diagnóstico real de las necesidades de la zona.

El Plan Garoña incluirá 26 medidas con inversiones de 2.350 millones de euros

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Así lo ha asegurado durante la presentación de plan en el municipio burgalés de Miranda de Ebro el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, quien ha destacado que el proyecto se articulará en cinco ejes.

Chaves ha subrayado que el centro de investigación no será un cementerio nuclear y que se convertirá en un eje de investigación nacional y europeo para aplicar procesos de desmantelamiento de centrales nucleares.

El ministro ha destacado que esta iniciativa debe convertirse en uno de los pilares de la generación de empleo para suplir la pérdida de puestos de trabajo de la central nuclear de Garoña cuando se cierre en 2013 por decisión del Gobierno.

Esta instalación, según Chaves, será una infraestructura de innovación e investigación que se constituye como un «plan piloto» para el desmantelamiento de centrales nucleares en España y la Unión Europea.

El plan incluye medidas para el fomento industrial, infraestructuras, capital humano, medio ambiente y turismo e I+D+I y se prevé aprobarlo en el próximo consejo de ministros, aunque podría sufrir algún retraso a la espera de la incorporación de nuevas propuestas.

En el capítulo de industria incluye la mejora de incentivos regionales y la cofinanciación de proyectos empresariales viables de emprendedores y Pymes, así como la convocatoria específica del Programa de Ayudas a la Reindustrialización, dotado con 25 millones de euros anuales durante cuatro ejercicios, para financiar actividad industrial en las comarcas de Las Merindades y Ebro Bureba.

Asimismo, prevé el mantenimiento, adaptación y modernización de los talleres de Renfe Operadora, y la puesta en marcha del parque empresarial de El Bullón.

En infraestructuras, destaca la conversión en autovía de la carretera Nacional I entre Burgos y Miranda de Ebro, la mejora de la carretera N-629, así como en las vías de acceso a la zona de referencia del plan.

Se incluyen además la línea de Alta Velocidad entre Burgos y Vitoria, el corredor ferroviario Cantábrico Mediterráneo y la autopista Dos Mares que unirá la localidad cántabra de Reinosa con Miranda.

En el apartado de capital humano, se prevé la puesta en marcha de un plan de intervención intermodal de medidas de políticas activas de empleo y de un programa de diversificación económica y capacitación social.

En el capítulo de medio ambiente y turismo, el Ministerio se decanta por el desarrollo sostenible y la potenciación de los recursos naturales de la zona, el turismo y el desarrollo rural. Para ello se detallan proyectos como la ampliación de la depuradora de aguas residuales de Miranda y limpieza y recuperación de riberas.

Asimismo se hace referencia a un plan de dinamización turística y de un parador, y se pretende potenciar Vía Verde Meseta Castellana-Cantábrico a través del recorrido ferroviario Santander-Mediterráneo.

En I+D+I se apuesta, entre otras medidas, por crear una planta piloto de reciclaje de materiales procedentes de la industria nuclear y la ampliación del Centro Tecnológico de Miranda de Ebro.

Estas actuaciones se desarrollarán hasta el año 2013 y afectarán a 78 municipios de Burgos, País Vasco y La Rioja ubicados hasta a 30 kilómetros de la planta, con una población de casi 100.000 habitantes.

Chaves ha resaltado que se trata de un conjunto de medidas que garantizarán el empleo que actualmente genera la central y que servirán para el desarrollo equilibrado de la zona de influencia de la planta atómica.

Fernández Vara pide a Industria aclarar la estructura societaria de las nucleares

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En un desayuno informativo organizado por Europa Press celebrado en Mérida, Guillermo Fernández Vara dijo que tras la petición formulada, el ministro le dijo que ya están trabajando en ello porque también lo ha solicitado el Gobierno de la nación y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

«Cuando hablo con el director de la central -de Almaraz-, ¿estoy hablando con la propiedad, sí o no?, creo que no», planteó el presidente extremeño en relación con las negociaciones para que esa planta tribute en Extremadura, ya que «parece que no son de nadie».

Fernández Vara, que cree que la licencia de explotación se prorrogará en 2010, abogó por «destrozar» las balanzas fiscales, ya que no son verdaderas si la Central Nuclear de Almaraz paga el impuesto de sociedades donde tiene su sede, fuera de Extremadura, en lugar de donde produce la riqueza.

El proyecto de la Refinería Balboa fue otro de los temas que abordó con el ministro, el cual nunca ha estado «paralizado», según Fernández Vara, quien prevé que la Declaración de Impacto Ambiental esté para «los próximos meses, no muchos».

El presidente extremeño indicó que de los 40.000 empleos que destruirá la crisis en la región, la mitad se recuperará con el aumento del consumo y el otro 50 por ciento será por medio de «otros mecanismos», ya que el nivel del sector de la construcción no será el de antes.

En este sentido dijo que 10.000 empleos se podrían recuperar por medio del sector energético y otros tantos «si se da la vuelta» al agroindustrial.

En el primero de esos sectores, en el que incluye la energía termosolar, nuclear, la refinería o la biomasa, también abogó por «dar la vuelta» a las condiciones de implantación de los parques eólicos, pero sin que la Junta dé «marcha atrás» en sus exigencias de creación de empleo.