Estos usuarios deben estar obligatoriamente en el mercado libre desde el 1 de julio de 2008, aunque se les concedió un año de plazo para hacer el cambio que posteriormente se amplió seis meses.

Desde entonces, estos usuarios sufren recargos en su factura, que inicialmente fueron del 5 por ciento al trimestre y que desde julio de este año son del 20 por ciento sobre la Tarifa de Último Recurso (TUR), la única que fija el Gobierno.

Fuentes del Ministerio de Industria apuntaron que el Ejecutivo no tiene previsto aprobar una nueva ampliación, por lo que las comercializadoras podrán cortar la luz a estos clientes indebidamente acogidos a tarifa salvo en el caso de servicios esenciales, como pueden ser los hospitalarios, el alumbrado urbano o las instalaciones militares.

Por su parte, representantes del sector explicaron que muchos de estos puntos de suministro de alta tensión pendientes de pasar a mercado corresponden a organismos y administraciones públicas que tienen una menor movilidad a la hora de hacer cambios y que deben convocar concursos para adjudicar contratos.

En otros casos, el problema radica en que las compañías, dado su historial como clientes acogidos a tarifa, los consideran «malos pagadores» y no les ofrecen contratos por morosos.

Antes del verano, los clientes de alta tensión indebidamente acogidos a tarifa rondaban los 20.000, cifra que se ha reducido sensiblemente tras las campañas de captación individualizadas efectuadas por las eléctricas, que buscan la forma legal de poder traspasarlas a una comercializadora libre.

En su última reunión del año, el Consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) analizó las dificultades para contratar el suministro de energía eléctrica en el mercado liberalizado que están enfrentando muchas entidades locales y otras administraciones públicas.

Tras el análisis, el supervisor de los mercados energéticos ha abierto un expediente informativo para analizar los casos de los que tiene conocimiento y, en su caso, formular a Industria una propuesta regulatoria que permita paliar «razonablemente» las dificultades detectadas.

El 1 de julio de 2008 desaparecieron todas las tarifas reguladas de alta tensión y en julio de este año ocurrió lo mismo con las de media y baja tensión, salvo para aquellos usuarios con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios (unos 25 millones hogares y pequeños negocios), que pueden escoger entre acudir al mercado o acogerse a la TUR.

Los clientes con potencias superiores a 10 kilovatios que aún no están en el mercado libre -principalmente empresas- sufrirán recargos del 5 por ciento al trimestre sobre la tarifa hasta abril de 2010, con lo que al final del periodo sumarían un sobrecoste del 15 por ciento.

A partir de esa fecha, pagarán la TUR más un recargo del 20 por ciento y dispondrán de otros seis meses para elegir comercializadora, tras lo que, en caso contrario, les será cortado el suministro.

El Ministerio de Industria apuntó que la subida de la TUR sin discriminación horaria supondrá un incremento mensual de 89 céntimos para un consumidor tipo medio (aquel que consume unos 293 kilovatios hora al año).

Por su parte, la TUR con discriminación horaria -antigua tarifa nocturna- no se encarecerá, al igual que las tarifas del gas natural para uso doméstico, que «subirán cero», apuntó Fernández de la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La vicepresidenta primera del Gobierno recordó que los beneficiarios del bono social eléctrico tampoco sufrirán incrementos en su recibo de la luz, ya que éste congeló la factura eléctrica a precios de enero de 2009.

Según Industria, los consumidores que tienen TUR -tarifas de último recurso- con discriminación horario y los usuarios acogidos al bono social suman en conjunto 4,2 millones de hogares.

Estos cambios fueron aprobados por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y están en línea con las previsiones del ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien recientemente apuntó que la luz podría subir el 2,7 por ciento o incluso menos.

En lo que respecta al gas natural para usuarios domésticos, las tarifas T1 (sin calefacción) y T2 (con calefacción) permanecerán invariables en su revisión trimestral.

En el cálculo de la TUR eléctrica influyen los peajes de acceso, para los que Industria propuso a comienzos de mes una subida del 14,23% en baja tensión (hogares y pymes, habitualmente); y el resultado de la subasta CESUR para la adquisición de la energía, que se celebró el pasado 15 de diciembre.

La energía para el primer y el segundo trimestre de 2010 se adjudicó a precios entre un 6,1 y un 13,23 por ciento más bajos que los obtenidos en la anterior subasta. El precio final de la TUR, que se revisa semestralmente, también contiene costes de comercialización e impuestos.

Desde el pasado mes de julio, los clientes con potencias contratadas inferiores o iguales a los 10 kilovatios (kW) pueden elegir entre acogerse a tarifa o contratar su suministro en el mercado libre.

Por su parte, tienen derecho al bono social las primeras residencias con potencias instaladas iguales o inferiores a los 3 kW, así como los pensionistas de más de 60 años que cobren pensiones mínimas, las familias numerosas y aquellas con todos sus miembros en paro.